Luis García exfiscal de Venezuela, entregó a Raúl Cervantes , procurador general de la república “información importante” y “reservada” sobre investigaciones en su país que podrían activar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, dijo la jurista en el Senado de México.
De acuerdo a la reserva de la investigación, no puedo dar mayores informaciones, ese fue el compromiso que asumí con el procurador; sin embargo, confío en que de acuerdo a las conversaciones sostenidas y a los instrumentos jurídicos internacionales como la Convención de Palermo, pudiéramos pronto tener respuesta sobre los delitos que se cometen en Venezuela”, dijo Ortega antes de reunirse a puertas cerradas con la senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la Cámara Alta.
Ortega informó que brevemente de su reunión con el procurador fue con el propósito de “abordar el tema de los derechos humanos, que es un grave problema que tenemos en Venezuela”. En un mensaje de pocos minutos a un pequeño grupo de periodistas en el Senado previo a la reunión privada, señaló “fundamentalmente, vine hasta este país a reunirme con el procurador general de la República, a quien le entregué alguna información importante, relacionada a unas investigaciones que cursan en Venezuela, que pueden ser del interés de este país”, dijo Ortega en un mensaje de pocos minutos a un pequeño grupo de periodistas en el Senado, antes de la reunión privada. La exfiscal se disculpó por no dar detalles de los documentos entregados al principal responsable de la procuración de justicia de México, porque, “de acuerdo a las conversaciones que sostuve con él, no puedo revelar mayor información”. “Sin embargo, ya los medios de comunicación deben presumir de qué se trata”, acotó Ortega, en alusión a las denuncias que realizó contra varios altos funcionarios del Gobierno de Venezuela, y en especial contra el presidente Nicolás Maduro, sobre presuntos actos de corrupción y otras ilegalidades. La Convención de Palermo, cuyo cumplimiento está bajo la jurisdicción de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, entró en vigor en 2003 y tiene tres protocolos complementarios sobre la trata de personas, sobre el tráfico ilícito de inmigrantes y sobre la fabricación y el tráfico ilícitos de armas.
