Faltan 39 semanas, a partir de enero, para cerrar esta administración, y en el tema de seguridad pública y justicia, los expertos advierten un camino tortuoso. Y es que los índices de violencia e inseguridad perfilan a este sexenio como el más violento en la historia reciente. Aunque ese no es el mayor de los problemas por venir.
El debilitamiento de las instituciones encargadas de garantizar la paz y la justicia; la mayor confrontación entre los Poderes, y la polarización política en el marco electoral del 2024, son elementos que influirán negativamente en el mantenimiento de la paz.
Nos va a entregar el país en mucho peores condiciones en seguridad y justicia, con mayores niveles de corrupción, de impunidad, de control de la delincuencia sobre el territorio nacional y con instituciones mucho menos capaces, menos sólidas y efectivas para combatir los delitos”, advirtió Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
Desde esa perspectiva, la caída en más del 22% que tuvo el gasto en seguridad pública y justicia en el gobierno actual provocó no sólo el “desmantelamiento” de las instituciones responsables de prevenir y combatir los delitos, sino también implicó un rezago presupuestal calculado por el Observatorio en, al menos, 225 mil millones de pesos para el próximo año, según el estudio ¿Transformación o retroceso? El costo de la tragedia en seguridad y justicia.
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Estado rebasado
Escenas como la confrontación en Texcaltitlán, estado de México, donde el hartazgo de los pobladores ante el acoso criminal de la Familia Michoacana provocó la muerte de 14 personas, o el ataque a un bar en Guanajuato donde murieron 12 personas, reflejan el nivel de violencia e ingobernabilidad en el que se encuentra buena parte del territorio y la poca capacidad del Estado para frenar la crisis de inseguridad.
Ante el déficit de policías estatales que hay prácticamente todo el país, y que se cuenta con apenas una cuarta parte de la cantidad de jueces por debajo del promedio mundial, para Jonathan Maza, consultor especializado en seguridad nacional es muy importante atender “la creciente interconexión entre los grupos de la delincuencia organizada y las autoridades a nivel municipal, e incluso a nivel estatal”.
Para el director de Estrategia e Inteligencia de Stratop Risk Consulting, firma de asesoría de riesgos políticos y de seguridad, esa simbiosis entre autoridades y criminales de cara a un año electoral genera una dinámica en la que las capacidades de los grupos criminales superan a las del Estado, al verse “subordinado y al servicio de los intereses criminales”. Esto es uno de los principales desafíos para 2024.
Migración y confrontación
Frente a un fenómeno migratorio desbordado, en el que el 90% de las más de 556 mil personas que han solicitado la condición de refugiado en la última década lo hicieron en lo que va de esta administración, y si consideramos que en los primeros 11 meses de 2023 suman 136 mil 934 peticionarios, la seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos (donde también habrá elecciones) tiene un papel trascendental para el último tramo de gobierno.
Maza consideró que el tráfico de drogas y armas se ha convertido en parte de la estrategia para centrar la campaña electoral estadounidense en torno al fentanilo. En paralelo la agenda migratoria tiene gran relevancia para Texas, California y Arizona, que representan muchos votos por ganar.
“Numerosas poblaciones fronterizas se ven abrumadas, careciendo de las capacidades necesarias para gestionar los flujos migratorios irregulares que provienen de Centroamérica, África y otras partes del mundo, atravesando México en su camino hacia la frontera norte. Anticipamos una presión adicional sobre el gobierno mexicano, con la amenaza potencial de cierres fronterizos”, advirtió el especialista.
Y la insistencia del presidente López Obrador en buscar reformar a al Poder Judicial, a fin de “acabar con los privilegios” a través de la reducción de su presupuesto y la injerencia en el nombramiento y control de ministros y juzgadores, es otro de los focos rojos que podrían detonar a una mayor confrontación entre los Poderes y agudizar la tensión y polarización social.
Para Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, estas acciones del Presidente reflejan “una clara intencionalidad de la captura política del Poder Judicial”, ya que la propuesta para elegir a ministros, jueces y magistrados por voto popular implicaría “un grave retroceso para la independencia judicial, porque se politizarían los nombramientos de una manera inadecuada”.
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