La realidad económica vista por organismos nacionales y extranjeros es muy distinta a la que transmite el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien desde el mes pasado asegura que la economía mexicana está ya en recuperación de la crisis que catapultó el coronavirus. “Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Ya se están recuperando los empleos perdidos (...), ya estamos empezando a crecer”, afirmó el Presidente en su discurso del Segundo Informe de Gobierno, pero que es frase que se ha vuelto recurrente en las mañaneras.
El escenario 2020, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), es que el PIB mexicano se desplome 10.5 por ciento. Para Banco de México (Banxico), la economía mexicana caerá hasta 12.8 por ciento. Un ejercicio de ejecentral con los pronósticos de Banxico, muestran que el sexenio actual quedará 1.9% abajo del nivel del PIB que dejó el expresidente Enrique Peña Nieto.
“La narrativa del presidente es de que él tiene otros datos, pero al ver lo que pasa en la economía, vemos que apenas estamos entrando al ciclo negativo. En junio, cinco millones de personas pasaron de la formalidad a la informalidad. En el IMSS de enero a agosto un millón 117 mil personas perdieron su registro”, comentó el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Ignacio Martínez Cortés.
Además su pronóstico es que “31% de los establecimientos en el país, no regresarán a la nueva realidad”.
Opinión que comparte el consultor privado en energía Ramsés Pech, quien sostuvo que el próximo año será complejo porque la recaudación de impuestos se desplomará. “En 2021, el gasto del gobierno estará en función de cuánta gente o empresas pueden pagar sus impuestos o cuánta gente podrá mantener sus empleos o mantener en operación sus empresas”, señaló Pech.
Así, ante la crisis económica de México, que será 24 meses (marzo 2019 -marzo 2021), los especialistas enfatizan que el gobierno federal debería ser el promotor de la inversión nacional y extranjera para crear
más empleos. Pero ha resultado lo contario. Por ejemplo, a mediados de agosto, el Presidente dijo que retirará la concesión para operar el puerto de Veracruz a la empresa privada Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz, SA de CV. Sin embargo, lo que desconoce es que dicha empresa como otros puertos son propiedad del Estado. Retirar la concesión generaría litigios internacionales, comentó Juan Paratore, exdirector de la llamada puerta comercial de México con Asia, el puerto de Lázaro Cárdenas, operado por la API con el mismo nombre.
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