Jonathan Nácar, Francisco Pazos y Juan Carlos Rodríguez
Ya sea por considerar que son datos personales, información que vulnera la seguridad de los funcionarios o incluso la del país, o hasta por tratarse de hechos pasados que “ponen en riesgo” a las personas o las instituciones, el gobierno determina qué no revelar, reservarse o considerar que son datos confidenciales.
A través de las dependencias del gobierno federal, los espacios relativos a los cuestionamientos ciudadanos de su gobierno se ven cerrados, incluso hasta aquellos temas que parecieran no afectar en cuanto al funcionamiento de los órganos y servidores públicos obligados a ser transparentes y rendir cuentas.
Conocer los detalles sobre el estado de salud del Presidente, los avances e informes del Ejército sobre casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, etc., o información sobre viajes como las que hiciera el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray a Londres, son datos solicitados y rechazados por las instituciones involucradas.
Uno de los secretos mejor guardados del gobierno del presidente Peña Nieto es el arreglo que alcanzó la Secretaría de Gobernación con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para desactivar el conflicto laboral que inició tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), ocurrida en octubre de 2009.
De las 302 solicitudes de información que la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong ha rechazado desde hace cuatro años por tratarse de información reservada o confidencial, al menos una veintena tiene que ver con los detalles del acuerdo que firmaron Segob y el gremio que dirige Martín Esparza Flores.
Espacios de opacidad
Pese a que la proyección del propio presidente, Enrique Peña Nieto, cuando en mayo de 2015 promulgó la ley general de transparencia fue que “con esta nueva ley se cierran espacios de opacidad y discrecionalidad y se abre una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en todo el país”, la realidad es que al momento de que cualquier ciudadano de a pie intenté acceder a esa transparencia se ve imposibilitado desde la formulación de la pregunta.
›En el caso de la SHCP con 612 registros, destacan las preguntas dirigidas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre actividades de los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, el listado de personas o entes bloqueados para realizar actividades financieras, actividades de lavado de dinero en Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Guerrero, y datos sobre casos de defraudación como el que involucró a Ficrea.
Todos estos documentos fueron negados bajo el argumento de poner en riesgo la efectividad de las indagatorias que lleva a cabo la UIF.
Curiosidades específicas
Otras solicitudes negadas tuvieron que ver con la deuda pública de Tabasco, Quintana Roo, Nuevo León, Puebla y Chiapas. Sin embargo, los grandes temas nacionales no destacan y son opacados por solicitudes muy específicas como la que pidió los resultados de las pruebas para ingresar a la dependencia, vínculos conyugales de funcionarios que presuponen casos de nepotismo o la capacidad intelectual de los funcionarios; información que fue negada por la dependencia.
La Secretaría de Economía también niega información a los usuarios, principalmente con datos sobre concesiones mineras y zonas de explotación para esta misma actividad y datos sobre las empresas que participan en programas del Instituto Nacional del Emprendedor.
Sobre las 790 actas que están en el rubro de reservadas o confidenciales por parte de la CFE, la gran mayoría de la información restringida tiene que ver con documentos como actas notariales y documentos que acrediten la construcción y operación de gasoductos y otros proyectos.
La información en negada o parcialmente respondida en el caso de nombres, número de contratos y documentos que tienen que ver con la operación y funcionamiento de la Comisión, así como de los servidores públicos que la integran.
Saber el número de intervenciones quirúrgicas practicadas al titular al presidente Enrique Peña Nieto o conocer el motivo de por qué el Ejército cuidó los trabajos de la empresa italiana denominada Bonatti SPA para la construcción del gasoducto Morelos en la zona del Popocatépetl, información que se reservaron por cinco años.
Así como los reportes, informes, bitácoras y todo lo que generó la Sedena a través de sus instalaciones en los casos Iguala, Ostula, Tlatlaya, entre otros, donde se reservaron los datos por 12 años al formar parte de una averiguación previa.
Asuntos clasificados
Algunos de los temas que la Secretaría de Gobernación ha clasificado como reservada o confidencial en los últimos cuatro años son: primeros documentos que elaboró sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y las computadoras portátiles y iPads asignadas a funcionarios públicos.
Además del presupuesto asignado a la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, vehículos blindados, chalecos antibalas y escoltas asignados a altos funcionarios de Segob, y los contratos de seguridad privada, entre otros temas.
