Tras el señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, acerca de que las órdenes que tenían las Fuerzas Armadas en administraciones anteriores mantuvieron “elevadísimas” las tasas de letalidad, especialistas sostienen que este tipo de observaciones abren la puerta para profundizar en casos de crímenes extrajudiciales cometidos en el pasado.
“Había la consigna de rematar a los heridos en enfrentamientos, por eso había tasas de letalidad elevadísimas (…) Hubo, por ejemplo, dos años en el gobierno de Felipe Calderón que no había prácticamente heridos y tampoco muchos detenidos, eran más los muertos”, subrayó en conferencia de esta mañana el presidente López Obrador.
Al respecto, David Peña Rodríguez, abogado y maestro en Derechos Humanos y Democracia, reconoció que el mensaje del mandatario resulta “políticamente correcto”, en razón de que la instrucción del actual gobierno en cuanto a la actuación de las Fuerzas Armadas sí es diferente a la de sexenios anteriores.
“Sí ha habido una diferenciación cuando menos con los últimos dos sexenios, donde incluso se llegaron a filtrar documentos, por ejemplo, en el caso de Tlatlaya donde la instrucción era abatir delincuentes, es decir llegar y asesinar, masacrar literalmente, por eso se suscitaron tantas masacres en esos periodos”.
Actualmente, señaló, “sí hay una diferenciación sustantiva a que la instrucción no es abatir, sino responder o en todo caso contener la agresión”.
Referente al documento que anunció el presidente enviaría hoy mismo al Senado en aceptación para que en los casos de desaparición forzada intervenga “sin ninguna limitación la ONU”, Peña Rodríguez infirió que se trataría de la adopción del protocolo facultativo de la Comisión Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas para que el Comité de Desaparición Forzada pueda conocer de casos particulares en México.
“No se había ratificado ese instrumento, no se había aceptado la competencia para que conociera de casos individuales, sólo se tenía un conocimiento de acciones tempranas o urgentes. Es una demanda que trae el movimiento de Derechos Humanos y el movimiento de víctimas de desaparición desde 10 años, y me parece que es un buen signo el que se haya adoptado”.
Respecto a la investigación de dichos casos, David Peña señaló que deben ser la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación las que “tendrían que impulsar varias de esas investigaciones que están abiertas, pero prácticamente muertas, suspendidas. En algunas de ellas, incluso, ha habido sanciones o sentencias del ámbito militar. Eso se tiene que revisar”, apuntó.
Para Cesar Gutiérrez Priego, abogado, especialista en derecho penal, militar y seguridad nacional, la declaración del Presidente va en un sentido de deslindar responsabilidades respecto a la filtración de un video en el que aparecen militares cometiendo una supuesta ejecución extrajudicial, pero hasta que se hagan las indagatorias pertinentes, y la aportación de pruebas que confirmen la comisión delictiva.
“El Presidente está tratando de deslindar responsabilidades y siendo muy claro: ‘a ver señores, yo no sé por qué les extraña que pase una situación de este estilo cuando en gobiernos anteriores el índice de letalidad supuestamente de las Fuerzas Armadas en enfrentamientos era muchísimo mayor, al grado de que no había casi sobrevivientes’”, expuso.
›Al señalar que la filtración de una prueba como tal viola la presunción de inocencia y el debido proceso de los elementos que parecen, el jurista reiteró que las denuncias sobre casos graves a violaciones a derechos humanos y de crímenes extrajudiciales siguen vigentes, pues sostuvo “no pueden prescribir por ser delitos de lesa humanidad”, y el seguimiento de las mismas corresponde a quienes las interpusieron y les han dado seguimiento.
“El Presidente puede tener interés en denunciar que en gobiernos anteriores se pudo haber trabajado de cierta forma, pero será, para no violar el debido proceso de las instituciones y en este caso del personal militar, una autoridad jurisdiccional, llámese juzgador ya sea en México o a nivel internacional, las competencias para poder llevarlo a cabo, a través de una resolución se determine que operativamente se llevaron a cabo (las ejecuciones extrajudiciales)”.
Para el jurista, quien ha defendido en diversas ocasiones a elementos castrenses, la difusión de ese tipo de videograbaciones sin contexto y con un corte de la misma, implica que el tema se está politizando en agravio, no sólo de la Sedena como institución sino en contra de los efectivos, las personas que día a día deben lidiar con ese tipo de situaciones durante los operativos.
“Al personal militar siempre lo defenestran, y no le dan oportunidad de defenderse porque las políticas de la Sedena son cuidar primero la imagen de la institución y que el personal, si cometió algún delito, se defienda por cuenta propia”, sostuvo.
