Llaman a hacer ley para frenar caos en seguridad privada

La ausencia de una ley general que regule a las más de 6 mil empresas y 500 mil empleados que ofrecen servicios de seguridad privada en el país, ha generado en los últimos años numerosos casos de corrupción, triple tributación, abusos de autoridad, y el surgimiento cada vez de más empresas ‘patito’ que prestan estos servicios sin un marco normativo homogéneo.

Así lo subrayó Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), quien llamó a materializar la voluntad política de los legisladores para generar una ley de carácter general y una reforma constitucional que permita una simetría jurídica y normativa, pues la legislación federal que desde 2006 se promulgó no resulta obligatoria para todas las empresas que operan en el país.

“La problemática no es que no haya leyes y que se quiera regular este sector, el tema es que hoy el país, la sociedad y este sector requieren la imperiosa necesidad de contar con un marco de carácter general en seguridad privada (…) Esto no significa que los estados o municipios no puedan legislar en la materia, por el contrario, deberán hacerlo, pero acorde a la ley general como la ley marco que tiene que legislar y regular en la materia”, sostuvo Sapién Santos en entrevista con ejecentral.

Entre los objetivos que buscará atender el proyecto de iniciativa de reforma constitucional y de ley general será “justamente poner en orden, que se regule, se supervise, y se fiscalice los servicios vinculados a las policías complementarias en el país, dentro de ellas entran todas las policías auxiliares y complementarias”, destacó el presidente del CNSP.

Al respecto reiteró que un ejemplo del vacío legal que existe actualmente de estos cuerpos recae en la operación de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), “que obviamente son entes híbridos porque ni son seguridad pública, ni son seguridad privada porque no cumplen con las regulaciones, ni capacitaciones en la materia”.

Tras el Parlamento Abierto virtual del pasado 9 de noviembre respecto al “Análisis del dictamen que reforma los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada”, Raúl Sapién aseguró que hasta ahora hay voluntad política, particularmente de quienes presiden la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Comisión de Seguridad Pública, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para generar la simetría normativa que el sector requiere para poner en regla las llamadas ‘empresas patito’.

En la anterior Legislatura “no existió la voluntad política para hacerlo. Hoy estamos ante una oportunidad histórica donde este proyecto de iniciativa de reforma constitucional y proyecto de ley general en materia de seguridad privada es una iniciativa que ha sido trabajada con la apertura de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Protección Ciudadana, para realizar mesas de trabajo para generar un marco normativo adecuado”.

Raúl Sapién reiteró que esta legislación de carácter general-nacional no busca, ni pretende, “bajo ninguna circunstancia”, que el sector de la seguridad privada supla las funciones de seguridad pública, pues aclaró que esta sí esta regulado.

Sin embargo, la problemática que ha prevalecido por al menos los últimos casi 15 años, desde que en 2006 se promulgó la legislación federal en la materia, “es tratar de construir un cuerpo normativo que sea homogénea, que siente las bases para que los demás estados que tengan la necesidad, por es una facultad establecida en a la propia Constitución, que legislen o puedan legislar en seguridad privada lo hagan, pero con base en esta ley general marco”.