El sistema educativo mexicano vive un proceso simultáneo de centralización en sus programas y presupuestos, con una descentralización en su capacidad de actuar en las escuelas.
Hemos visto una gradual recentralización de la política educativa y del manejo presupuestal, pero también la disminución o desaparición de los programas federales. Al sustituirlos por transferencias en efectivo a estudiantes, la SEP dejó de tener herramientas para orientar la acción educativa de los estados, por lo que su papel se limita a la mera normatividad. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por su parte ha tenido un perfil bajo en esta administración. Si los liderazgos tradicionales se retraen, la incidencia sobre la agenda educativa se dispersa entre estados, organizaciones no gubernamentales e incluso las escuelas.
La recentralización de la política educativa comenzó con el siglo y es un proceso inverso a la federalización de los años 90. La gestión de Vicente Fox puso en marcha diversos programas que incentivaron a los estados a aportar recursos cuando se sumaban a esas iniciativas, como el caso del Programa Escuelas de Calidad (PEC). Las entidades se adherían a esos programas para abonar a una mayor alineación entre acciones federales y estatales, pero también una mayor capacidad de decisión de la Federación sobre lo que ocurría en los estados.
En la pasada administración, la conversión del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), reconcentró un porcentaje importante de la nómina, con ello los estados dejaron de disponer de miles de millones de pesos que cada año derivaban de la diferencia entre el FAEB que recibían y la nómina que no actualizaban.
Los cambios en la política educativa y la reorientación presupuestal en esta administración han disminuido la incidencia de la SEP en las acciones que llegan a las escuelas. Los programas federales fueron reducidos o eliminados en buena medida para financiar las transferencias universales en efectivo a los estudiantes de educación media superior. Al tener la SEP cada vez menos recursos que pueda decidir a quién “repartir” (el FONE y las becas están sujetas a criterios difíciles de cambiar aún para la SEP), la autoridad federal ve también disminuida su capacidad para ordenar y dar dirección al sistema. Si a ello le agregamos la salida de personal calificado por los continuos recortes presupuestales y por los relevos de funcionarios, tenemos a una Secretaría de Educación Pública con cada vez menos recursos financieros para distribuir y cada vez menos expertos para orientar acciones educativas. ¿Cómo va a apoyar y orientar a estados y escuelas?
En el caso de los estados, los escasos apoyos federales los hacen depender de sus propios recursos para efectuar las acciones que desean impulsar, aunque ello también los libera de seguir reglas de operación federales. Así, la política educativa que llega a las escuelas se diversifica y la diferencia entre los estados más avanzados y los más rezagados apunta a crecer.
Este cambio en la política educativa se ha comenzado a reflejar en una relación menos articulada entre Federación y estados. Así se vio cuando inició la pandemia, en marzo de 2020. Ante la incertidumbre y la tardía reacción federal, varios estados tomaron su camino con respecto al cierre de las escuelas. Durante la contingencia, esa relación se ha centrado en intercambios de información, más que en la definición de lineamientos, la puesta en marcha de programas de apoyo o el acompañamiento experto en los retos educativos que plantea la pandemia.
El cambio de titular de SEP en un momento tan complejo ha sido una dificultad adicional para mejorar la coordinación. Los estados han mostrado muy diferentes reacciones a este nuevo escenario. Hoy son como barcos en altamar en medio de una tormenta: la autoridad del puerto, en vez de mandarles apoyos, envía lineamientos y restricciones adicionales para la navegación. Así, algunos estados, los menos, han aplicado algún criterio diferente al Federal, con sus razones de por medio. Otros más, entre ellos los gobernados por el mismo partido del Presidente, han preferido esperar los lineamientos federales para actuar, aún cuando en algunos casos se han publicado con mucho retraso. Otros más buscan señales para saber cómo actuar con racionalidad y oportunidad sin contravenir las definiciones federales, pero sin emprender acciones que no sean señaladas por SEP.
El papel disminuido de las autoridades federales y estatales en la acción educativa ha dejado espacios libres. Cuando hay vacíos en temas que tienen efectos directos en las escuelas, éstas siempre han tenido que decidir y resolver lo necesario. Pero cuando se trata de temas menos operativos ¿quién ocupará esos espacios?
Hay muchas organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales operando en la actualidad, pero la dimensión y complejidad del sistema hacen pensar que el liderazgo que pierden las autoridades se dispersa. Hay una gran oportunidad para consolidar el liderazgo de la SEP, posiblemente la última de la administración: el inicio del siguiente ciclo escolar debe ser un hito para reposicionar la política educativa federal. Con nuevas autoridades en los estados y una expectativa general de mejora, debe haber líneas claras; objetivos concretos; apoyos a estados y escuelas; herramientas para docentes y familias. Es el ciclo escolar del Centenario, y esperemos que esa oportunidad única no se pierda.
Tiempos extra
La relación más directa de la SEP con el magisterio son los procesos de evaluación para la promoción docente. En la administración pasada, el diseño poco afortunado y la deficiente implementación de la evaluación de permanencia dañaron esa relación y ello derivó en la eliminación de ese programa, junto con la de otros que sí aportaban a la educación. La lección aún no se aprende: en las últimas semanas hemos visto que la SEP ha tenido una relación poco constructiva con el magisterio por declaraciones desafortunadas de su titular, un calendario escolar extraño, errores en los procesos de evaluación docente, y en general, una comunicación deficiente. Hay que corregir pronto, pues a nadie conviene una SEP sin una buena interlocución con el magisterio.
