Los dos activistas defensores de migrantes, Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez fueron liberados después de que el juez Héctor Manuel Cervantes Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula, Chiapas, desestimó las acusaciones en su contra de tráfico de personas y por lo tanto, no les vinculó a proceso.
Posteriormente, en conferencia de prensa, Cristóbal Sánchez declaró: “somos los primeros presos políticos de esta llamada Cuarta Transformación. No es casualidad ya que el sector más golpeado han sido los migrantes que transitan por México, lo hemos visto por todas las caravanas”.
Además, añadió que “esta política migratoria que la 4T plantea es una política de guerra contra los migrantes, ello responde a los intereses políticos del imperio yanqui y obedece a una militarización, la respuesta ha sido la represión, hoy se enviarán 6 mil elementos”.
Por su parte, Mujica dijo que “fue duro estar en esta situación. Después de 15 años de estar ayudando cómo es posible; 20 años casi todos los días dando y de repente era tratado como criminal. Decía se me acabó la vida, dediqué toda mi vida a ayudar a los migrantes y el resto de mi vida encarcelado, por ayudar, y por una caravana ficticia”.
En tanto, la organización Pueblo Sin Fronteras a la que pertenecen ambos defensores, destacó en un comunicado que sigue la preocupación “por la campaña de criminalización en contra de personas migrantes y defensores de derechos humanos en el contexto de presión política del gobierno de Estados Unidos”.
Mújica y Sánchez fueron detenidos la semana pasada, en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a
México
por el creciente flujo migratorio irregular.
La liberación de los activistas, que han acompañado con su organización a las caravanas de centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza de sus países, se registra luego de que el viernes los gobiernos de ambos países llegaron a un acuerdo migratorio para evitar los aranceles.
Tras la detención, organizaciones civiles denunciaron la detención que calificaron como ilegal, cometida por la
Fiscalía General de la República
(FGR). Ambos defensores fueron acusados de exigir dinero a centroamericanos para ingresar al país y trasladarlos a la frontera con Estados Unidos.
México se comprometió a enviar a 6 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para reducir el paso de indocumentados en un lapso de 45 días, y a expandir su política de acoger a los migrantes centroamericanos mientras Estados Unidos procesa sus peticiones de asilo.
Con información de AFP y Milenio.
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