Considerando que la explotación de litio en nuestro país no es actualmente un negocio boyante ni en marcha, las reformas aprobadas a la Ley Minera podrían implicar más riesgos y obstáculos para incentivar la inversión que los beneficios esperados en lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador defiende como “la nacionalización del lilio”.
Así lo consideró el abogado Alejandro Barrera Fernández, especializado en derecho fiscal y en temas vinculados al sector minero, al señalar que la única reforma de fondo consistió en disuadir las posibilidades reales de inversión, pues además de que la Constitución ya establece en su artículo 27 que el litio y todos los minerales que hay en el país son de los mexicanos, cierra incentivos para que empresas especializadas en su exploración inviertan su capital de riesgo.
“El Estado mexicano no tiene experiencia, la posibilidad, ni capacidad para explotar el litio”, sostuvo el también socio de la firma Basham, Ringe y Corre al señalar que lo planteado en la reforma se trata de un “experimento fracasado” con el que en realidad México, uno de los 50 países donde se encuentra ese elemento, “se cerró la posibilidad para participar en el mercado de litio”.
El hecho de encargar a un “organismo público-descentralizado”, aún inexistente, toda la cadena productiva para el aprovechamiento del litio podría implicar cuantiosas demandas de las empresas que ya tienen las concesiones para explotarlo, pues las modificaciones para apropiárselas atentarían los tratados bilaterales de inversión, explicó el abogado.
“Si México quisiera expropiar -empresas como minera Bacanora en Sonora, ejemplificó Barrera Fernández, “obviamente va a haber demandas y vamos a tener que pagar muchísimos millones y si queremos persuadir esas inversiones poniendo limitantes vamos a tener ese tipo de demandas. Es un riesgo muy alto”, advirtió.
