La Suprema Corte se quedó a un voto de anular una parte esencial de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, junto con el presidente Arturo Zaldívar y el ministro Juan Luis González Alcántara, votaron en contra, y con ello avalaron todos los aspectos de Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y seguirá vigente.
Aunque hubo opiniones diferenciadas, que deberán incluirse en el engrose, siete ministros coincidieron en que la reforma a dicha legislación vulnera el régimen de libre competencia en generación y comercialización de energía, y de transición hacia energías limpias. Dicha posición sienta un precedente, no obligatorio, pero que servirá de referencia para las resoluciones de procesos a cargo de jueces y magistrados.
La votación de este jueves en la Corte no revoca las resoluciones de amparo que se han emitido a favor de algunas empresas, ni las suspensiones definitivas en trámite contra la LIE.
Aunque la mayoría de los ministros felicitaron el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, salvo ella y Yazmín Esquivel, lo votaron íntegramente. De todas formas el sentido que proponía, el dejar vigente la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), fue validado al no reunir los ocho votos que se requerían en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anularlo.
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Cada uno de los ministros dio las razones de su voto, en algunos casos fue confusa su posición, pero al menos siete de los 11 integrantes del máximo tribunal consideraron que de los preceptos impugnados sí se viola la libre competencia en generación y comercialización de energía. Aunque esta mayoría no tiene impacto real, fija un precedente que podrá servir de referencia para otras resoluciones de jueces y magistrados sobre casos en particular.
La consultora Integralia apuntó que el fallo de la Corte, “si bien no del todo anticipable, pone en entredicho la autonomía de la Corte, pues la votación sugiere que el gobierno tiene cuatro votos casi seguros a favor de los temas prioritarios de AMLO”, refiriéndose a las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, junto con el presidente Arturo Zaldívar y Juan Luis González Alcántara.
Pasadas las 11 de la mañana inició la sesión que concluyó después de las cuatro de la tarde y en la que sólo hubo un receso. Los temas que causaban más interés y en los que se pronunciaron la mayoría de los ministros en contra fueron, entre otros, en lo referente al despacho preferente a energía generada por la CFE o el que las empresas privadas sólo pueden venderle a la empresa del Estado. También la figura de los contratos de cobertura con compromiso de entrega física, y la eliminación de las subastas obligatorias para la compra de energía a quien presente los precios menores.
“Se está imponiendo, desde esta norma, un privilegio que quizá tienda a fortalecer a la empresa productiva del Estado. El problema es que lo hace a partir de dejar en un permanente segundo lugar a las energías limpias tan necesarias para la sustentabilidad y la salud de todos. Tenemos derecho a un medio ambiente sano y más las generaciones que nos siguen”, subrayó la ministra Margarita Ríos Farjat, al referirse a la garantía de contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física en favor de la CFE.
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El ministro Alberto Pérez Dayán destacó que bajo la consideración de que existieran otros modelos para el mercado eléctrico “más modernos y adecuados”, se incluyeron en la norma limitaciones de la libre competencia, sin considerar el marco constitucional vigente y los cambios que pudieran derivarse.
“Si la Constitución llegara a cambiar, entonces, tendríamos que hacer un análisis bajo un nuevo parámetro, mientras tanto, eso no suceda, no se realizara así”, sostuvo.
En ese sentido, la ministra Norma Lucía Piña externó la preocupación del resto de ministros y ministras en el sentido de tomar a consideración en el análisis de la LIE y su constitucionalidad las disposiciones aprobadas con la reforma energética de 2013 en armonía con lo estipulado en la Constitución.
“Como órgano de control de la constitucionalidad del orden jurídico, nuestra función consiste en constatar que las normas sometidas a escrutinio se apeguen al marco de regularidad constitucional y convencional. Nuestra obligación es respetar y hacer que las normas jurídicas sujetas a escrutinio respeten la Constitución vigente”.
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