Expertos y grupos de trabajo que integran el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzaron de nuevo el “llamado al Estado Mexicano a rechazar” el proyecto de Ley de Seguridad Interior que será discutido hoy en el Senado de la República y advirtieron del debilitamiento de los derechos humanos que representará dar a las fuerzas armadas liderazgo en tareas de seguridad. Esta ley, señalan seis organismos internacionales, da a las Fuerzas Armadas “un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos”.
Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, menciona el comunicado emitido desde la oficina del Alto Comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos.
La misiva la suscriben el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Joe Cannataci, relator especial sobre el derecho a la privacidad; Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. En 2011, a finales del sexenio de Felipe Calderón, el Grupo de Trabajo de ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias solicitó al Estado Mexicano que Ejército y Marina “se retiraran de las operaciones de seguridad pública”. También firman Agnès Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Esta es la cuarta ocasión que un organismo emanado de la ONU se pronuncia contra la Ley y solicita su análisis. A esta carta se le suman el área de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”.
El pronunciamiento reitera que los Mecanismos de las Naciones Unidas “vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión”. Además de que “se investigue y sancione debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos”, incluidos casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura. Ayer por la noche, las Comisiones de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda aprobaron el dictamen y se turnó al Pleno que hoy la discutirá en la sede de la Cámara Alta en Paseo de la Reforma. La discusión de la ley se realizará en medio de un operativo de seguridad alrededor del edificio legislativo y con la presencia de Organizaciones de la Sociedad Civil, de Derechos Humanos y ciudadanos que están contra la aprobación general del dictamen.
Parlamento Europeo también se pronuncia contra “Seguridad Interior”
Congresistas europeos manifestaron su preocupación por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior “que se está debatiendo actualmente en el Senado de la República”. Puntualizando que “no es la solución idónea” para los problemas de seguridad en el país, pues “un mando militar en tareas de seguridad pública, según todas las experiencias internacionales, es inapropiado”. “En el caso de México, se ha demostrado además que el despliegue militar para combatir la delincuencia organizada no sólo no ha llevado a un decremento de la violencia, sino que por el contrario ha resultado en más violaciones a derechos humanos al tiempo que los homicidios no descienden”. La carta fue leída por la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en donde se pide “no aprobar dicha ley”. “El proyecto de ley también preocupa por sus eventuales retrocesos en transparencia y acceso a la información y no garantizar un control democrático –legislativo y judicial- del uso de la fuerza”, asegura el Parlamento Europeo. El Parlamento se une al llamado de los organismos de la ONU, universidades públicas mexicanas y organizaciones que pugnan por los derechos humanos y la libertad de expresión. (FOTO: Cuartoscuro)
