Aunque será hasta el próximo 1 febrero cuando la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República (FGR) entreguen al Senado de la República las iniciativas de ley y la reforma constitucional en materia de procuración de justicia, el titular de la FGR dio hoy a los legisladores un avance de lo que se pretende conseguir con las reformas y el proyecto de la Ley de Justicia Cívica.
“La prevención de la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común y de su colusión con policías y funcionarios municipales. Habrá de priorizar la reparación inmediata del daño, con la obligación del Estado de repararlo en los casos de las personas más vulnerables”, señaló el fiscal general Alejandro Gertz sobre la implementación de dicha legislación, en la reunión de trabajo de este miércoles en la que la Junta de Coordinación Política del Senado se esperaba contar con el paquete de iniciativas.
Tras reconocer que para la crisis de seguridad y de justicia del país sólo se han generado “respuestas parciales que finalmente nunca han terminado por generar realmente una solución” no sólo para contener sino para evitar que estos problemas sigan creciendo, el funcionario reconoció que, “no podemos iniciar un proyecto si no entendemos la globalidad de la situación”; y apuntó que la falta de justicia se sustenta en tres factores principales: “una enorme inseguridad, una enorme corrupción y una enorme impunidad”.
En cuanto a la obligación del Estado en garantizar la reparación del daño, el titular de la FGR dijo que las reformas buscan promover el trabajo comunitario bajo la perspectiva de que quienes delinquen entiendan el daño que sus acciones causaron en la comunidad, pues señaló que las multas se han convertido “en una especie de subasta, de que yo pago una multa pero no me comprometo con lo que hice”.
Estado perversos
Bajo la premisa de que no puede haber 32 códigos penales distintos, sino un solo Código Penal Nacional que homologue todos los delitos, su tipicidad y agravantes en una sola ley, Gertz Manero dijo a los legisladores que debe quedar plenamente establecida la competencia local y la federal, pues calificó como perverso que las entidades y municipios no asuman su responsabilidad en el combate delictivo en razón de que hay ciertos delitos que son específicos de una cultura o región.
“Ese juego perverso de que el que no cumple, que el otro sea el que se responsabilice y que los delitos locales los atraiga la federación, porque el estado o municipio no cumplen, eso no nos ha dado el menor resultado, porque ni unos tienen la capacidad para poder resolver”.
En ese sentido, el fiscal acusó que muestra de esa diferencia de capacidades es que la Policía Federal Ministerial de la FGR, encargados de atender la comisión de delitos federales cuenta con un estado de fuerza de 3 mil 500 personas; mientras que las policías locales tienen más de 400 mil.
“Si no establecemos con toda claridad las responsabilidades, de acuerdo con el tipo de delito, con las características y conocimiento que la policía tiene y nos apoyamos en esto, eso no va a funcionar porque, ustedes lo saben, nunca ha podido funcionar”, lamentó el funcionario.
Sin ofrecer mayores detalles sobre las causas de por qué no se presentó el paquete de reformas e iniciativas que esperaban recibir los legisladores, el fiscal admitió que seguirá trabajando con los colegios de abogados a fin de que el próximo 1 de febrero, “yo pueda, si ustedes lo permiten, ya tener una visión completa para someterla, como es mi obligación, a la soberanía de ustedes, a su conocimiento; y que si ustedes lo ven así, ya lo hagamos en un debate público para que haya una participación muy, muy generosa de toda la sociedad en este aspecto y podamos trabajar juntos”. RB
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