A partir del 19 de julio, las empresas que incurran en delitos de corrupción podrán ser sancionadas administrativa y penalmente gracias a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3de3. Dicha legislación castigará a las corporaciones que cometan actos de sobornos, tráfico de influencias y uso indebido de recursos, que podrán ser sancionadas con penas que van desde una multa hasta la disolución de la sociedad. Otra de las sanciones contemplada por esta ley consiste en la extinción de dominio, es decir, que el Gobierno decomise los bienes, como propiedades o dinero en efectivo, con los que se hizo la empresa a partir de malas prácticas. Además, también serán sancionadas las malas prácticas que incluyan operaciones empresariales con dinero público o privado, por ejemplo, pagos ilegales a funcionarios o fraudes. Los casos de corrupción empresarial detectados por la autoridad podrán seguirse de oficio, por ejemplo, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encuentre una mala práctica, o, a través de una denuncia. La Secretaría de la Función Pública (SFP) será la encargada de las investigaciones cuando se identifique un posible delito sancionado por la Ley de Responsabilidades; sin embargo, si dicho delito entra en la dimensión penal, participaría la Procuraduría General de la República. Con esta ley se pretende perseguir y castigar casos como el de la empresa brasileña Odebrecht, en cuyo caso se demostró, en Estados Unidos, que la corrupción es una estrategia deliberada para mejorar la posición de la empresa, precisó Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana. Por su parte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, señaló que a raíz de la aprobación de la 3de3 se buscará reforzar el Código de Integridad y Ética Empresarial que se dio a conocer entre sus agremiados. (Con información de Reforma). MR/DA
24 de Noviembre de 2024
