“Muy bien su respuesta. Claro que tenemos diferencias, pero por encima de nuestras diferencias, tiene que prevalecer siempre el interés general”, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la respuesta de la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación en favor de los damnificados de Guerrero por el paso de huracán Otis.
Si bien el mensaje de la Ministra es ambiguo y deja lugar a interpretaciones diversas, el mandatario celebró la respuesta. En dicho comunicado, la titular de la representante del Poder Judicial no establece explícitamente que se haya comprometido a entregar los mencionados recursos; sino que acepta dialogar con el Poder Ejecutivo para que una parte del dinero ahorrado en los fideicomisos se destine a apoyar a las familias afectadas en Acapulco.
El presidente López Obrador consideró que lo mejor es destinar esos recursos a los afectados de la costa guerrerense y que el mensaje de la Ministra es valioso en sí mismo; pues implica un compromiso escrito para entregar el dinero público que originalmente debían dirigirse a la Tesorería de la Federación.
Tras conocerse la respuesta del Poder Judicial, Alcalde Lujan informó que el Presidente instruyó para que establezca un diálogo con los otros dos Poderes de la Unión para instalar una comisión conformada por los tres. El objetivo sería administrar un fondo de ayuda con los recursos de los fideicomisos que el Poder Judicial reintegre a la Tesorería de la Federación.
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El Presidente también afirmó que su gobierno cuenta con los recursos necesarios para ayudar a los afectados en Guerrero; incluso si el Poder Judicial decide no deshacerse de los recursos.
En cuanto al amparo presentado contra la desaparición de los fideicomisos, manifestó no es un tema relevante en este momento; ya que se trata de un asunto que debe ser resuelto por el propio Poder Judicial.
Al respecto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer una carta enviada por los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados en la que se acuerda crear un comité y un fondo para atender los estragos del huracán, en cual se integrarán los recursos acumulados de los fideicomisos.
La incertidumbre reside en que la suspensión provisional otorgada por el juez décimo segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, impide que estos recursos se muevan de su actual locación. El amparo obliga a las autoridades responsables a abstenerse de transferir el dinero hasta que no se resuelva el asunto dentro del cauce judicial.
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