En una carta dirigida al Congreso de Estados Unidos y al presidente Joe Biden, un grupo de legisladores mexicanos solicitaron retirar los cargos contra Julian Assange, recluido en el penal de alta seguridad de Belmarsh, Reino Unido.
A cuatro años desde la reclusión del periodista y activista en Reino Unido, cerca de 100 legisladores mexicanos exigieron su “liberación inmediata”; consideraron que su condición refleja una de “las amenazas más graves a la libertad de prensa”.
Entre los firmantes destacan las senadoras Citlalli Hernández, Olga Sánchez Cordero, Nestora Salgado; el legislador Napoleón Gómez Urrutia y la diputada federal Yeidckol Polevsky.
En la misiva los legisladores afirman que se violentaron los derechos de Julian Assange al grabarlo constantemente en video y audio mientras se encontraba en condición de asilo polítitico en la embajada de Ecuador en Londres.
“Hacemos un llamado respetuosamente a su administración y al Congreso estadounidense para que renueven la confianza en el Estado de derecho internacional y el Estado de derecho en los EU, retirando los cargos contra el Sr. Assange y poniendo fin a los procedimientos de extradición en curso”.
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Recalcaron que continuar con los cargos de espionaje contra Julian Assange “criminalizarían” el trabajo periodístico al contactar a fuentes al interior de dependencias gubernamentales y después publicarlas; “prácticas rutinarias que están protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de EU”.
Al igual que los legisladores mexicanos (mayoritariamente de Morena); organizaciones defensoras de derechos humanos y congresistas de Reino Unido y Australia también fijaron su postura en contra de la extradición de Julian Assange a EU.
Parlamentarios de ambos países pidieron al fiscal general de EU, Merrick B. Garland frenar el proceso de extradición del fundador de WikiLeaks.
Argumentaron que Assange publicó “información con evidencias” sobre “crímenes contra la humanidad, corrupción y abusos a los derechos humanos” cometidos por EU en sus intervenciones militares en Afganistán e Irak.
Los legisladores argumentaron que un eventual juicio en EU contra Julian Assange y la posible condena por hasta 175 años de prisión por los 18 cargos que se le imputan, sería “un duro golpe contra el Estado de derecho y la libertad de expresión”. EJ
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