Líderes demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado solicitaron al gobierno de Trump, se investiguen dos de las operaciones de las unidades de élite realizadas por la DEA en México que por filtraciones a Los Zetas derivaron en el asesinato de hasta 300 civiles. En una carta, cuatro legisladores demócratas solicitaron, al Departamento de Justicia iniciar una investigación interna sobre el papel de las Unidades de Investigación Sensible (SIU), por dudas en las prácticas realizadas en 2010 y 2010, que fueron formadas y financiadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Los legisladores mostraron su preocupación por dos hechos ocurridos en nuestro país: El primero de los casos en marzo de 2011, cuando un grupo armado de Los Zetas invadió Allende, Coahuila, y acabó con la vida e entre 60 y 300 civiles. La llamada matanza se Allende ocurrió entre el 18 y 20 de marzo de ese año? Según informes revelados por Pro Pública en 2017, agentes de la DEA en la Ciudad de México filtraron información a la SIU, lo que llevó a Los Zetas a atacar la ciudad fronteriza. El segundo de los hechos ocurrido en abril de 2010, mientras la DEA y la SIU realizaban una operación en un hotel de Monterrey, Nuevo León, al que llegaron miembros de la misma célula delictiva y tomaron como rehenes a cinco personas, cuatro huéspedes y el gerente, confundidos con miembros de la unidad, y de los cuales se desconoce su paradero, hasta la actualidad. El error de los miembros de la SIU fue utilizar tarjetas de crédito personales para alquilar vehículos y habitaciones del hotel, acciones que facilitaron a Los Zetas darles seguimiento, aunque la noche antes del ataque los elementos de investigación estadounidense se habían cambiado de hotel. La carta la firman los demócratas Eliot L. Engel, representante de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores; Jerrold Nadler, representante del Comité de Judicatura; el senador Patrick Leahy, vicepresidente del Comité de Apropiaciones; y la senadora Dianne Feinstein, vicepresidenta del Comité de la Judicatura, y está dirigida a los inspectores generales de los Departamentos de Justicia y de Estado a realizar la investigación. “Estas operaciones plantean serias dudas sobre las prácticas de las Unidades Especiales de Investigación formadas y financiadas por la DEA”, señalan en el documento. Los legisladores buscan, según describen, que la investigación exhaustiva determine qué papel jugó la DEA en ambos incidentes, y si el departamento modificó alguna práctica en México, luego de dichos casos.
27 de Noviembre de 2024
