Los representantes legales, tanto de la Fundación Mary Street Jenkins, como de Guillermo Jenkins de Landa, partes en disputa legal por la administración de dicha fundación desde 2013 se deslindaron del ordenamiento judicial con el que ayer policías estatales de Puebla irrumpieron y tomaron posesión de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Entrevistados de manera independiente en el espacio de Aristegui Noticias, los abogados de ambas partes señalaron a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, órgano desconcentrado del gobierno estatal como la autoridad responsable de haber ejecutado la toma de las instalaciones del instituto ubicado en San Andrés Cholula.
“Es una cuestión bastante desafortunada (…) dejar totalmente claro que -la toma del campus- no fue a solicitud nuestra, no tenemos absolutamente nada que ver con ese operativo, nosotros no lo presentamos, nosotros no nos responsabilizamos por absolutamente nada de lo que haya ocurrido”, sostuvo Carlos Serna Rodríguez, abogado de Guillermo Jenkins, al señalar que no fueron notificados por ninguna autoridad sobre el nombramiento de un nuevo patronato provisional, “ni mucho menos del operativo que se hizo el día de ayer”, reiteró.
Al respecto, Virgilio Rincón Salas, representante de la Fundación Mary Street Jenkins y contraparte del conflicto legal-administrativo que sostienen integrantes de la familia Jenkins reiteró la postura que ayer manifestó en conferencia el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez Bautista, al señalar que la toma por parte de las autoridades estatales fue un acto ilegal que violó suspensiones provisionales y definitivas en favor del patronato de Margarita Jenkins De Landa.
“Hay una denuncia penal presentada, esa denuncia motiva una orden de aprehensión, esa orden de aprehensión es suficiente para la autoridad (la Junta de gobierno) yendo en contra del principio de presunción de inocencia. En base a eso se obtuvo una orden judicial para tomar unas instalaciones. Es descomunal, es brutal, es un atentado al estado de derecho”, acusó el jurista en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
No obstante que emitió juicios de valor como el hecho de señalar que “los patronos (presididos por Margarita Jenkins) fueron los que hicieron todo este movimiento de dejar a la fundación - Mary Street Jenkins- hueca”, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta aseguró que la diligencia en la UDLAP fue en auxilio de la petición que se hizo por parte de la autoridad judicial, de la cual no hubo incidentes.
“…Se desahogó de manera muy bien, y ya los litigios grandiosos que se van a llevar a cabo sobre ese asunto van a definir quién tiene la razón”, sostuvo el mandatario.
Esta mañana, a propósito del reinicio de clases, un grupo de estudiantes de la UDLAP acudieron a manifestarse de manera pacífica a las afueras del instituto, a fin de hacer entrega al “nuevo patronato” un pliego petitorio con el objetivo de poder regresar al campus.
Sin embargo, los policías que custodian las entradas les impidieron el ingreso y fue un delegado de la Secretaría del Gobierno estatal, de nombre Edgar Gómez, quien “se comprometió a ayudarnos en el tema de regresar a nuestro campus de manera pacífica”, señaló una de las alumnas que acudió a reclamar el ingreso a las instalaciones.
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