#LaPortada | Las maromas de Encinas

La respuesta fue contundente: “se considera que el propio López Astudillo puede proporcionar mayor información, en virtud de las conversaciones (mensajes/chats) proporcionadas por la DEA, en los cuales se advierte que López Astudillo fue uno de los orquestadores y autores materiales de la desaparición de los estudiantes”.

Así le respondía al subsecretario Alejandro Encinas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Lo que quería el funcionario era conocer la conversación completa de aquella noche del 26 de septiembre entre Gildardo López Astudillo El Gil, exjefe de plaza y de sicarios de Guerreros Unidos, en la que le exige al subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, le entregue a 17 estudiantes.

Una vez más el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez insistía en la falta de documentación por parte del Ejército, a pesar de que él mismo reconocía que habían revisado libremente los archivos de la Sección Segunda de Inteligencia del Ejército y que horas antes su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, había asegurado que los militares habían entregado todo lo referente al caso Ayotzinapa.

La Defensa se refería al testigo estrella de la nueva versión de la desaparición de los normalistas y al que ha dado plena validez el propio Encinas, pues tras cinco años de interrogatorios a dicho criminal se han obtenido “resultados”, pero ninguno cercano a conocer el paradero de los jóvenes.

“Este testigo (Juan, por su nombre clave) está aportando información, lo seguirá haciendo y esperemos que nos dé más resultados”, aseguró el subsecretario al agradecer a la Sedena la recomendación de consultar al Gil, lo cual dijo, ha hecho la Comisión que encabeza desde 2019.

Las versiones de Alejandro Encinas en sus declaraciones e informes han ido sufriendo algunos cambios, incluso tuvo que reconocer que no se podían confirmar los supuestos mensajes de WhatsApp que incriminaban a funcionarios, ahora tiene que enfrentar lo que declaró el que antes era su aliado, Gómez Trejo, quien aseguró en una entrevista que concedió al periodista estadounidense John Gibler y que se publicó en Quinto Elemento Lab, que en un desayuno el 15 de agosto de 2022, donde López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, donde se habrían puesto de acuerdo para realizar una serie de acciones que dinamitarían la investigación del Caso Ayotzinapa.

Pero ahora se sabe que justo en agosto había comenzado una investigación interna a las pesquisas de Gómez Trejo, de las que conocía Encinas y que sabe de los resultados, indagatoria que pone en duda el caso que armó el fiscal con el apoyo del subsecretario.

El testigo útil

Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, uno de los personajes fundamentales en la violencia que fue creciendo en Iguala, Cocula y Huitzuco, porque ordenaba asesinatos, extorsiones en las minas y desapariciones, mucho antes del ataque de los normalistas de Ayotzinapa, y a quien más de una docena de testigos atribuyen las órdenes de llevarse a los estudiantes en la noche de Iguala, es el mismo que ha declarado en por lo menos seis ocasiones de las que se conozcan y formen parte formal del expediente. Y en cada declaración ha ido cambiando su versión hasta el punto de que él sólo es un testigo de oídas sin alguna responsabilidad y que todo se lo contaron otros.

Pero El Gil es al mismo al que identifican los mensajes de texto de la DEA y testigos directos aún detenidos, como un poderoso líder de sicarios Guerreros Unidos, y a quien en sus propiedades y casas de seguridad que instaló se le encontraron armas, drogas y restos de desaparecidos. También fue identificado como quien organizó, equipó y financió a los Bélicos, un grupo de civiles armados incrustado en la policía municipal para operar a favor del cártel en todas las operaciones ilegales y de violencia, y que fueron identificados por la fiscalía estatal desde 2014. Ese fue uno de los grupos de sicarios que en la noche de Iguala recibió la orden de llevarse a los normalistas

Ahora a El Gil se le identifica con la clave Juan, como testigo colaborador, y ese mismo personaje ha pasado de reconocer el ataque porque entre los normalistas había “contras” (refiriéndose a infiltrados del cártel rival de Los Rojos), a decir que no sabe qué pasó con ellos y hasta asegurar que “supo” que dieron la orden de desaparecer a los normalistas y los llevaron para su cremación a una funeraria llamada El Ángel, en Chilpancingo y durante un día los estuvieron incinerando, para luego llevar las cenizas y algunos restos a diversos lugares y tirarlas.

Incluso, Pedro Flores Ocampo alias El Pantera, declaró el 27 de enero de 2016, que “se rumoraba que lo de los estudiantes fue plan con maña de Gildardo López Astudillo alias El Gil, porque comentaba Gaby que El Gil no había entregado como cerca de seis millones que le había dado la minera, y que los había mandado para el profe y por eso calentó la plaza para que muchos se desaparecieran”.

Es el mismo testigo que para el subsecretario Alejandro Encinas, el exfiscal Omar Gómez Trejo y los integrantes del GEI, goza de toda credibilidad para acusar a exfuncionarios públicos como cómplices del cártel de los Guerreros Unidos. Sólo que hay un problema, documentos oficiales confirman que ninguna de las nuevas versiones de El Gil se corroboró con más pruebas.

Sin cumplir la ley

Para que un testigo pueda considerarse legalmente como colaborador, primero tiene que reconocer su responsabilidad. En el caso de El Gil, es un trámite que no cumplió el fiscal Gómez Trejo y, aún así, sabiéndolo en su oficina y en la subsecretaría de Encinas, sus versiones han sido públicamente validadas.

De acuerdo a la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, un “testigo colaborador” es la persona que “accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos”.

Y el Código Nacional de Procedimientos Penales ordena en el artículo 256 que los casos en que operan los criterios de oportunidad serán: “iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido”.

Pero es muy específica en que sólo podrán aplicarse estos criterios de oportunidad en varios supuestos, algunos de ellos:

Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia; se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares, o cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.

Pero adicionalmente es muy específico: “No podrá aplicarse el criterio de oportunidad aquellos que afecten gravemente el interés público”.

La auditoría que mostró la maraña

Durante cuatro años, tanto el fiscal Gómez Trejo como el subsecretario Alejandro Encinas caminaron muy de la mano con el mismo discurso de la nueva verdad sobre el caso Ayotzinapa. Algo que respaldaban los integrantes del GIEI. El soporte de estas nuevas afirmaciones estaba en la veintena de testigos colaboradores que habían pertenecido a Guerreros Unidos y habían sido absueltos porque fueron torturados.

Sin embargo, pocos habían subrayado las omisiones que hasta entonces las autoridades estaban cometiendo, una de ellas era que Gómez Trejo había favorecido la liberación de unos 70 integrantes de Guerreros Unidos. Y sólo fue cuando los juzgados seguían liberando a estos personajes, que acusó al Poder Judicial de estar cometiendo irregularidades. Pero no era así.

Antes de que las primeras liberaciones, el juez Samuel Ventura Ramos, en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Colegiado del XIX Circuito de Tamaulipas, le solicitó al fiscal Gómez Trejo que recabara nuevos Protocolos de Estambul, procedimientos que permiten corroborar si una persona fue sometida a tortura. El funcionario no lo hizo, y el juzgador, ante la falta de pruebas, validó la sentencia del tribunal y las pruebas que tenía, y liberó a los acusados del caso Ayotzinapa.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus mañaneras, señaló por estas liberaciones al Poder Judicial, en realidad no tenía la información completa, sobre las omisiones de Gómez Trejo. Pero Alejandro Encinas sí lo sabía, fueron varios personajes de su entorno que se lo hicieron notar.

Y las pruebas llegaron. En agosto del año pasado, la Visitaduría de la Fiscalía General de la República inició una auditoría a la oficina del fiscal Gómez Trejo.

Después de un mes de revisar expedientes y procedimientos, además de cuestionar a sus colaboradores concluyeron que existían diversas irregularidades que eran causales de responsabilidad administrativa y penal.

Así, esta oficina de asuntos internos de la FGR, en septiembre de 2022 inició diversos procedimientos administrativos de responsabilidad y carpetas de investigación contra el todavía fiscal. Pero semanas después, Gómez Trejo dejó el país para instalarse en Estados Unidos, donde permanece, y desde entonces al discurso del GIEI se sumó un elemento, el de víctimas, porque temían que fuera perseguido el fiscal por sus investigaciones.En realidad, ya se sabía que había varias investigaciones en su contra.

¿Y qué fue lo que encontró la Visitaduría? Desde faltantes de documentos, dilación en la integración de las carpetas, omisiones en pruebas y hasta el uso excesivo de testigos colaboradores sin llevar a cabo diligencias para confirmar o descartar lo que señalaban, uno de ellos era el famoso Juan.

Tan grave fue lo que encontraron, que uno de los argumentos que utilizó la Fiscalía General de la República para desistirse de un paquete de órdenes de aprehensión fue “la falta de objetividad” en las pruebas ofrecidas. Y entonces recomenzaron a integrar los expedientes.

Expediente contra Encinas

César González y Alejandro Robledo, abogados de 12 militares acusados por la desaparición de los estudiantes, consideraron que Alejandro Encinas debería estar en la cárcel porque fabricó pruebas y culpables.

En entrevista con ejecentral, César González comentó que el subsecretario y el exfiscal Omar Gómez Trejo, deberían de ser procesados por el mismo delito por el que permanece en la cárcel el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

El segundo informe me parece un refrito del primero, no aporta datos nuevos, no aporta soluciones, no hay nada nuevo. Yo no veo ningún avance, sigue existiendo la misma incertidumbre y no sólo eso, ahora hay muchos más componentes que enturbian la investigación. Me parece que el subsecretario ha estado engañando y jugando con los familiares de los desaparecidos y también con mis defendidos que hoy por hoy están siendo reos de la obsesión de Alejandro Encinas por dar un resultado al vapor o a cualquier costo, con pruebas falsas”, explicó el abogado.

Y añadió el litigante: “La cosa se torna mucho más perversa porque estamos ante el uso y abuso de las figuras de testigos protegidos que son miembros de la delincuencia organizada y que sí son los que participaron en la desaparición. Esta verdad es peor porque en esta verdad, Encinas, con tal de dar un resultado, ha utilizado y manipulado a su antojo a los testigos protegidos para fincar responsabilidades al Ejército a como dé lugar”.

El abogado César González reveló que el 28 de septiembre de 2023 presentó una ampliación a la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la República hace un año en contra de Alejandro Encinas por “fabricar pruebas e inculpar de manera indebida a miembros del Ejército”.

Entre los elementos nuevos aportados se encuentra una entrevista que dio Omar Gómez Trejo a Quinto Elemento Lab. El abogado enfatizó que el exfiscal reconoció que Encinas presentó como pruebas del caso Ayotzinapa mensajes de WhatsApp falsos.

De hecho, en la conferencia de prensa celebrada el pasado 27 de septiembre, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob precisó que la empresa WhatsApp le dijo que es imposible “validar la existencia o no existencia de las comunicaciones”.

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