La designación de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública, con el encargo de investigar si las casas que adquirieron a un exitoso constructor la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, incurren en un conflicto de interés, ha sido cuestionada porque en lugar de nombrar a un fiscal independiente del Ejecutivo –el sueño de muchos-, o procesarla a través de una Comisión Especial bicameral –la salida institucional-, se optó por alguien que depende del Ejecutivo. Es decir, el investigado es jefe del investigador, por lo que, dicta el sentido común, un subordinado no va a crucificar a su patrón.
Andrade declaró que por encima de ser empleado del presidente está la ley. Está claro, y no necesita decirlo, que si se ajusta a la legalidad, no encontrará delito qué perseguir porque el conflicto de interés, en sus términos legales, no se aplica a ninguno de los tres, de acuerdo con lo que establece el título IV del artículo 110 constitucional, que castiga el favorecer intereses personales con carácter económico, político, afectivo o familiar. La señora, porque no es servidora pública; el presidente, porque el único delito aplicable a él es el de traición a la Patria; y Videgaray, porque cuando hizo la compra de su casa de campo, no ocupaba ningún cargo público. ¿Se puede alegar que el presidente quiere engañar a todos?
Esta afirmación, desarrollada por algunos críticos desde el martes tras el anuncio de la investigación, es reduccionista. Un panel independiente revisará el trabajo de Andrade y el sector privado, que ha exigido legislar más profundo sobre el conflicto de interés, también estará involucrado. Pero además, el Congreso, una vez que el presidente quitó las cadenas al PRI con las que habían bloqueado la discusión y análisis de la presunta corrupción en el gobierno, podrá retomar las iniciativas para crear, porque nadie se los puede impedir, su propia comisión para investigar el mismo caso.
Para empezar, los legisladores, con más seriedad y menos panfletarismo, deben hacer lo que les corresponde por ley: revisar las adjudicaciones gubernamentales y determinar si se cumplió con todo lo previsto por la ley. Andrade ya anticipó que no entrará a la revisión de los contratos inmobiliarios, que es un asunto entre particulares, sino en el análisis de las licitaciones y adjudicaciones que se le hicieron a la empresa Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, viejo amigo del presidente, de Videgaray, y de una buena parte del gabinete, particularmente los mexiquenses. Es decir, su principal foco de atención será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por otro viejo amigo de Peña Nieto e Hinojosa, Gerardo Ruiz Esparza, y sobretodo la Subsecretaría de Infraestructura, que maneja otro viejo amigo de Andrade –y del presidente-, Raúl Murrieta.
No hay que caer en la simpleza de que con la designación de Andrade el presidente quiere engañar a todos mediante acciones de alto impacto mediático y esencialmente cosméticas. El presidente fue arrinconado por la tenaz labor de los medios de comunicación ante la ausencia de instituciones –como las cámaras- que hicieran con seriedad y responsabilidad su trabajo. Los medios de no son agentes de cambio, pero su trabajo obliga a que los agentes de cambio actúen. No lo hicieron en las cámaras, pero arrinconaron a Peña Nieto al grado de obligarlo a una fuga hacia delante. Sabe que no habrá sanciones legales, y los deslizó en su anuncio del martes –reforzando la idea que tuvo que caminar hacia la transparencia sin estar ideológicamente convencido de ella-, al recordar de manera poco elegante, que el presidente no participa en las licitaciones ni en las adquisiciones. Tampoco, para el caso, el secretario de Hacienda.
Pero lo que sucedió el martes es que por las razones que se quiera, se abrió una puerta que jamás había estado abierta. La fuga no puede ser a campo abierto. Peña Nieto fue obligado a quitar el blindaje histórico sobre la figura presidencial y pedirle al nuevo secretario de la Función Pública que lo investigue, lo que elimina las barreras institucionales que previamente obstruían llegar hasta el final en los casos donde se sospechaba corrupción. La primera estación de este inicio de construcción de un mecanismo de supervisión, rendición de cuentas y contrapesos del Ejecutivo en materia de transparencia e integridad, terminará seguramente con la exoneración legal de todos, que avivará la condena pública y la política.
Pero habrá que ver cómo se maneja para saber si esa es la conclusión. El propio presidente trazó en dónde se encuentra su conflicto de interés que tanto niega, cuando en su mensaje del martes dijo que este incluye aquellos casos, “los aparentes, en donde existe la percepción social o la sospecha de que hay un conflicto de interés, sin que en realidad exista influencia indebida en la toma de decisiones, ni violación legal alguna”.
Andrade tiene el camino allanado para determinar junto con el panel de expertos que en ese parte, sí incurrió el presidente en un conflicto de interés. Pero además, la revisión de las adjudicaciones de obra podría llevar a eventuales actos de corrupción, en figuras que aún no están en el escenario. ¿Qué puede venir después? Una legislación más clara, amplia y profunda sobre el conflicto de interés será indispensable, pero también, si se prueba que hubo funcionarios que favorecieron a Hinojosa, fincar las responsabilidades penales correspondientes, aunque se cimbren tierras mexiquenses.
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