La estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador denominada “Abrazos, no balazos” es vista desde Estados Unidos como un plan que “ofrece una sensación de pasividad” frente a las amenazas del crimen organizado, y no como un “programa serio” contra la delincuencia.
De acuerdo con un análisis elaborado por la Texas Public Policy Foundation, la “despreocupación” de la administración de López Obrador para combatir las actividades de los cárteles de la droga ha ido acompañada de una drástica reducción de la colaboración entre las fuerzas del orden de Estados Unidos y México.
Titulado Abrazos, no balazos. El nexo del Estado Mexicano con los cárteles, el texto denuncia que “la falta de voluntad para trabajar con Estados Unidos va acompañada de gestos de simpatía del Presidente mexicano hacia cárteles criminales particulares y una falta crónica de voluntad para confrontar o incluso condenar retóricamente sus actividades”.
La Texas Public Policy Foundation se autodefine como una organización que promueve “la libertad, la responsabilidad personal y la libre empresa en Texas y la nación”, a través de iniciativas educativas e investigación, con lo que busca influir en legisladores y funcionarios involucrados en el desarrollo de políticas públicas.
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De corte conservador, la fundación tiene vasos comunicantes con el partido republicano y recibe financiamiento de empresas como Koch Industries, Geo Prison Group, Chevron y ExxonMobil.
Al privilegiar el combate a las causas de la delincuencia —reducción de la pobreza y dar oportunidades para los jóvenes— el gobierno de López Obrador ha evitado atacar de manera frontal a las organizaciones criminales, al tiempo que ha reducido a su mínima expresión la colaboración con la agencia antidrogas de Estados Unidos.
Al respecto, el documento de la fundación con sede en Austin, Texas, señala que “la administración de AMLO, más que cualquiera de sus predecesores, se ha esforzado por fomentar una clara impresión de persistente colusión entre el Estado mexicano y los cárteles”.
Agrega que “entre la tasa de homicidios persistentemente alta, los gestos de simpatía hacia el Cártel de Sinaloa y los impactantes arrestos del general Salvador Cienfuegos y Genaro García Luna, ya se han proporcionado pruebas más que suficientes para destilar un patrón claro y convincente de complicidad política, en el mejor de los casos, con operaciones de cárteles criminales”.
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