La viabilidad de Morelos se va a “muerte súbita”

CUERNAVACA, Morelos. 
Los legisladores locales lo acusan de violar la Constitución por no cumplir la paridad de género en su gabinete, de querer subir el presupuesto de su oficina en 600% y de pretender elevar los impuestos a los automovilistas morelenses para incrementar en 40% los ingresos estatales.

›En su defensa, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, asegura que el problema es que los diputados quieren sacar “moches”, por lo que se corre el riesgo de vetar el presupuesto e interponer una controversia constitucional si no se aprueba el proyecto de gasto como él lo mandó.

Como ocurre en la última instancia de la serie de penaltis en el futbol, los adversarios entraron a la fase de “muerte súbita”. El primero que anote, gana. En juego está la posible parálisis del estado. Todo se define este 24 de enero, fecha límite para que el gobernador devuelva al Congreso el proyecto de presupuesto.

Esta confrontación entre dos de los tres poderes en Morelos ocurre a 16 semanas de haber iniciado el gobierno. El problema para el exfutbolista es que tendrá que lidiar los próximos tres años con un Congreso de mayoría opositora, pues ya se unieron distintas fracciones que se hacen llamar G-15, integrada por los partidos Morena, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Social Demócrata (local) y al final se añadió al de la Revolución Democrática.

“LOS GOBERNADORES ANDAN MUY OBSEQUIOSOS CON NUESTRA GENTE, QUERIENDO ROBARNOS LOS DIPUTADOS Y QUEDARSE CON LO QUE NO GANARON EN LAS URNAS Y GANARLO A BILLETAZOS”. YEIDCKOL POLEVNSKY.

El origen de la discordia Esta es la primera confrontación que surge en un estado de la República después de las elecciones del 1 de julio, cuyos resultados provocaron que la mitad de las entidades se integraran con Congresos locales con mayorías distintas a los gobernadores. Morena domina 13 congresos (siete gobernadas por el PRI, cuatro por el PAN, y una por MC y PES) más tres donde también es gobierno. El diferendo comenzó a unos días de la toma de posesión del exseleccionado nacional como gobernador, justo en las “negociaciones” del reparto de los cargos en el gabinete, y acusaciones del “fichaje” de diputados locales de Morena para que pasaran a la alineación del PES. En una guerra de dimes y diretes, Blanco Bravo respondió a la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky: “Que no venga a decir que por el señor Andrés Manuel López Obrador yo gané”. A lo que aquella contestó: “Cuauhtémoc Blanco es gobernador por la nobleza del exsenador Rabindranath Salazar Solorio, quien cedió la candidatura a Blanco”. La dirigente morenista manifestó: “Hubiera esperado del futbolista que le dijera a Rabin: ‘Aquí está el estado, ¿qué quieres? Sé tú el secretario de Gobierno, ten la mitad de los cargos para Morena, la mitad para nosotros y gobernamos de forma conjunta’. Tristemente esto no ha sucedido”. A los señalamientos de incumplimiento de los acuerdos políticos que dieron origen a la candidatura de Blanco se sumaron acusaciones de un draft en la que se “compraron” diputados electos de Morena para pasarse al PES. La presidenta de Morena acusó abiertamente a José Manuel Sanz, actual jefe de la Oficina de la Gubernatura y su exrepresentante deportivo, de convocar a los ocho diputados electos de Morena a quienes les ofreció dinero para cambiar de equipo. “Era un tema muy importante para nosotros mandarles un mensaje a los gobernadores, porque andan muy obsequiosos con nuestra gente, queriendo robarnos los diputados y queriendo quedarse con lo que no ganaron en las urnas. Entonces, ellos quieren que lo que no ganaron con votos ganarlo a billetazos”, reprochó Polevnsky. Las acusaciones fueron desmentidas por el examericanista; sin embargo, a inicios de la Legislatura local se registraron tres cambios de partido. Los tres salieron de las filas de Morena para integrarse a las bancadas del PT (José Casas González y Erika García Zaragoza), aunque este movimiento obedeció más para que el PT tuviera fracción, pues ganó dos diputados, ya con una fracción de cuatro logró el partido acceder a la titularidad de la Junta Política y de Gobierno. Y uno más que brincó de Morena al PES (Andrés Duque Tinoco), por lo que este partido consiguió tres escaños y se adueñó de la presidencia de la Mesa Directiva para el primer año en la persona de Alfonso Sotelo Martínez, quien presentó un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, el pasado 14 de enero, contra su remoción de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado, proceso iniciado por la Junta Política y de Gobierno, a solicitud de algunos diputados. En esos trámites para ampararse está la única diputada del PRI, Rosalina Mazari Espín, pues el G-15 busca removerla de la presidencia de la Comisión de Hacienda.

DEAD LINE. 
El 24 de enero es la fecha límite para que el gobernador devuelva al Congreso el proyecto de presupuesto

Manejo del balón

Los movimientos le resultaron a Cuauhtémoc Blanco, pues se aseguró el control del Congreso local y asumió que las iniciativas que enviara serían aprobadas en tiempos normales sin llegar a extras ni a los penales. De ahí que solicitó una prórroga para presentar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos 2019, así pasó de noviembre a diciembre del año pasado para entregar el paquete económico. Aun así, el gobierno estatal entregó un presupuesto incompleto. Copia del proyecto que obra en poder de ejecentral revela que carece de uno de los anexos y es el relativo a “Plazas del Magisterio del estado de Morelos”. Al respecto, en el mismo proyecto de egresos de manera escueta informa: “la información que se presenta en el Anexo 36 es de carácter informativo”. Pese a la prórroga para presentar el proyecto, no les dio tiempo para concretar uno de los aspectos más relevantes de la administración pública: el Plan Estatal de Desarrollo, pues, como dice el documento “se encuentra en proceso de elaboración”. Al revisarlo, los diputados locales agrupados en un frente opositor denominado G-15 hicieron modificaciones y, sin la presencia de Encuentro Social, partido del gobernador, lo aprobaron y lo regresaron al Ejecutivo estatal, quien hasta el momento no lo ha devuelto al Congreso para su análisis y discusión. Keila Celene Figueroa Evaristo, coordinadora de Morena en el Congreso morelense, dijo que el exseleccionado nacional “el 15 de noviembre de 2018 debió entregar el presupuesto, pero pidió prórroga para el 15 de diciembre. Se hicieron modificaciones, con 20 días de retraso, la primera semana de enero se votó y se llevó a Palacio de Gobierno para que revise y regresarlo con observaciones”. La fecha límite que tiene el Ejecutivo estatal para regresarlo es el 24 de enero, “para entonces analizar las observaciones”.

Los excesos del mandatario

En entrevista con este periódico, la diputada destacó que observaron “varios excesos en comparación con el 2018 en cada secretaria, pues vimos que en algunas las necesidades eran las mismas, en otras no, porque se reformó la Ley Orgánica del estado en la que se fusionaron algunas secretarías, se hablaba de un plan de austeridad, y tampoco se cumplió”.

›Abundó: “Nos vimos en la necesidad de recortar algunas partidas, ellos (el gobierno estatal) se inconformaron. Ahora estamos a la espera de que nos lo regresen y estamos en la mejor disposición de trabajar en beneficio de los morelenses para hacer mesas trabajo y que la ciudadanía pueda darse cuenta de lo que está ocurriendo en relación a este tema”. Sin embargo, no se han logrado instalar.

Al comparar la política de gastos entre el presupuesto 2018 y el proyecto 2019, se detectó que sólo en la oficina del gobernador se buscaba incrementar en más de 600% el gasto corriente, esto es, mientras Graco Ramírez tuvo en gasto corriente de su oficina 33 millones de pesos, Blanco Bravo quería erogar cerca de 222 millones de pesos, es decir, 188 millones de pesos más. La Secretaría de Hacienda tenía una meta similar de gastos elevados, al pasar de 97 millones de pesos a 228.8 millones de pesos, un incremento de 131 millones de pesos; en tanto, la Secretaría de Administración pidió un aumento en sus gastos de oficina por más de 35 millones de pesos para pasar de 81.5 millones de pesos en 2018 a 116.7 millones de pesos que tenía proyectado para 2019. Estas cifras, a decir de la diputada por el Partido Humanista, Cristina Sánchez Ayala son “muy raras”. En la oficina del gobernador, en Secretaría de Hacienda y en la de Administración “venían cantidades muy disparadas, se nos hizo mucho; el Congreso lo revisó y pues adecuamos las cantidades”. Las modificaciones no afectan la Ley de Ingresos, sólo distribuyeron los gastos hacía otros rubros, “los pasamos a salud, a juventud no se le había asignado presupuesto, y lo etiquetamos a los programas de juventud 10 millones de pesos”, explicó en entrevista. Los gastos en las oficinas referidas quedaron tal como se trabajó en el gobierno de Graco Ramírez, situación que molestó a los funcionarios de la actual administración estatal, quienes comenzaron una guerra de declaraciones y acusaciones externadas a medios locales, entre ellas, que los diputados querían “moches”. Al revisar la cuenta pública del estado de Morelos, se observa que, en los últimos tres años, se ha priorizado el gasto en servicios personales (salarios, gastos de oficina, gasolina de autos oficiales, telefonía móvil, etcétera) sobre los gastos en inversión física con diferencias que van de los mil 121 millones de pesos en 2018 a 439 millones en 2017, en tanto, para 2019 se estimó gastar 685 millones de pesos más en servicios personales que en obras. ›Uno de los escenarios posibles es que la administración del exfutbolista vete el proyecto de presupuesto modificado para 2019 y trabaje con el 2018. Sin embargo, la coordinadora de Morena afirmó
que no puede ser probable. [caption id="attachment_949734" align="alignright” width="663"] Victoria estatal. 
Dos factores favorecieron a Cuauhtémoc Blanco en las pasadas elecciones: el efecto del triunfo de López Obrador y la mala gestión del exgobernador perredista Graco Ramírez FOTO: Cuartoscuro[/caption] “En Morelos no existe el derecho de veto, sólo lo mandamos a publicar y ellos tienen que ajustarse a lo que determina el Congreso del estado, pero ellos pueden irse a una controversia constitucional, que es a lo que están apostando”, apuntó Figueroa Evaristo. Para conseguir los recursos faltantes para el gasto corriente en las oficinas señaladas, la propuesta de ingresos del gobierno de Morelos pretende echar mano de los contribuyentes, a través de un modelo de impuesto bajo el rubro “reemplacamiento por motivos de seguridad” con el cual, el gobierno estatal pretende allegarse más de 500 millones de pesos a cuenta y riesgo de los morelenses. Cifras del Instituto Nacional de Estadística (Inegi) revelan que la cantidad de vehículos en circulación en Morelos era de 576 mil 327 en 2017, a ello hay que agregar el parque vehicular con placas de la entidad que circulan en otras entidades, las estimaciones más conservadoras revelan que se habla de unas 800 mil unidades. A los propietarios de unidades vehiculares se les cobran tres diferentes impuestos: tenencia, verificación y venta final de combustibles, a estos rubros se pretende cobrar un concepto denominado “Servicios de Control Vehicular” que es el reemplacamiento, cuya captación estimada es de 509 millones de pesos. Diputados integrantes del G-15 explicaron que el gobierno estatal pretende cobrar 10 Unidades de Medida Actualizada (UMA) por las nuevas láminas, esto es 845 pesos por cada automotor, y explicaron que el costo de cada placa no rebasa los 253 pesos, el diferencial de 591 pesos por cada lámina no se explica su destino en el proyecto de egresos. [caption id="" align="alignleft” width="517"] Costos del legislativo. El Congreso de Morelos ocupa el cuarto lugar nacional como el más caro tras haberse asignado un presupuesto de 498 millones de pesos para 2019. FOTO: Especial

[/caption] La relevancia del parque vehicular para las arcas de Blanco Bravo es que entre impuestos señalados más los relativos a la compra de autos viejos y nuevos, llega a representar, según la Ley de Ingresos 2019, unos 681.2 millones de pesos, lo que traduce en cerca del 40% de sus ingresos propios totales. Otro de los frentes de pugna entre ambos poderes morelenses es que el exfutbolista ha ignorado las disposiciones constitucionales del estado, pues en la integración de su gabinete, la ley establece que debe haber paridad de género, de esa forma, de 17 cargos posibles, sólo en cuatro (las secretarias de Administración, Cultura y Turismo, y Economía, así como el Sistema DIF Morelos) están encabezadas por mujeres, cuando al menos, debería haber ocho. En ese sentido, el Congreso ya ha emitido dos excitativas al gobernador, la última en la sesión más reciente de la Comisión Permanente con el subrayado de ser la última, y aunque existe la confianza de que Blanco Bravo rectifique y asigne a las mujeres faltantes en su gabinete, la advertencia de ser la última excitativa deja abierta la posibilidad de que pudiera abrirse un juicio político. https://youtu.be/1gLFbzBqnqQ