Incurrieron en tortura, armaron pruebas, la administración anterior fabricó la llamada “verdad histórica”, reiteró el fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, en rueda de prensa junto al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas.
En el marco del séptimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, informaron a los medios de comunicación los avances presentados a los padres de los normalistas en la reunión que sostuvieron, este viernes en Palacio Nacional, con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Restos sin huellas de fuego
Durante el informe, el fiscal del caso precisó que los restos humanos hallados en Cocula, Guerrero, no presentaban huellas de exposición al fuego, lo que “no sólo desvirtúa que todos los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula sino que además pone de relieve la responsabilidad de quienes operaron la verdad histórica.”
Criticó que se dejaron los restos, que siempre estuvieron ahí “hasta el punto de que muchos de ellos al día de hoy ya no pueden ser analizados”.
Destacó que en dos años realizaron 53 ejercicios de búsqueda en distintos municipios, donde se rescataron alrededor de más de mil piezas óseas y en 8 mil metros lineales se encontraron más de 180 restos óseos, de los cuales 22 fueron enviados a la Universidad de Innsbruck y permitieron la identificación de Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Rodríguez Telumbre.
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Ejercieron tortura generalizada
Gómez aseguró que “existe evidencia” que sustenta que durante la investigación que concluyó en la llamada “verdad histórica”, la tortura ejercida por parte de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) fue generalizada.
“Hoy existe evidencia que efectivamente la tortura se utilizó de forma generalizada. Tenemos más de 40 videos que fueron aportados a la investigación por la colaboración que hemos recibido de otras dependencias y que muestra a funcionarios públicos interrogando de forma irregular y a través de tortura física y psicológica a estos presuntos culpables”, dijo.
En este sentido, el fiscal resaltó que debido al mal manejo de las diligencias, todas las personas que fueron presentadas por la PGR, así como los presuntos autores materiales de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, fueron exonerados al encontrarse indicios de que fueron torturados con la “finalidad fue cerrar el caso en tres días.”
“La verdad histórica nació viciada desde su inicio por el efecto corruptor de funcionarios públicos que unidos en una empresa criminal y abusando de sus facultades decidieron el caso, dejando en el completo del desamparo a las víctimas de este terrible hecho”, declaró.
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