La canciller venezolana Delcy Rodríguez dio y repartió. Al anunciar la salida de su país de la OEA, cuyos integrantes han cuestionado la represión por parte del presidente Nicolás Maduro, la funcionaria cuestionó la autoridad moral de las distintas naciones. En el caso de México, habló de desaparecidos, fosas y narcotráfico.
La crisis política por la que atraviesa el país se agudizó el pasado 30 de marzo, cuando el Tribunal Superior de Justicia —dominado por personajes afines al presidente Nicolás Maduro— decidieran extinguir la Asamblea Nacional —dominada por la oposición— y asumir funciones legislativas. En lo que va de abril se han contabilizado nueve personas muertas en el contexto de las protestas callejeras. Para restablecer la paz, el presidente Maduro convocó a una Asamblea Constituyente. 
En alusión al presidente Mauricio Macri, quien gobierna desde el 10 de diciembre de 2016. Enfrenta una compleja situación económica dominada por desempleo y alta inflación. Ha aumentado impuestos y elevado tarifas eléctricas. Más de cinco millones de colombianos viven en Venezuela, según datos de 2016, a consecuencia de la guerra civil en su propio país, incluyendo cientos de miles de personas que en las últimas décadas ingresaron ilegalmente en busca de trabajo. Colombia ha llegado a acusar al gobierno de Maduro de dar cabida a grupos paramilitares. La OEA fue creada el 30 de abril de 1948 como un foro político para fortalecer la paz, la seguridad y consolidar la democracia en los países del continente. 
La canciller se refiere al presidente Donald Trump, a cuyo gobierno atribuye acciones de intrusión para desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, defensor de causas antiestadunidenses. El pasado 6 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó un informe especial en el que confirma la existencia de
29 mil 903 desaparecidos y
855 fosas clandestinas
Se calcula que hasta en 27% de las desapariciones participó algún agente del Estado.
La semana pasada estuvo en México Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil que fue destituida en mayo de 2016. En sus conferencias aseguró que, aunque la corrupción no compromete la democracia en América Latina, es un problema muy grave y diverso, y para erradicarla se deben combatir los paraísos fiscales.
