Seguir la pista de la empresa venezolana de Transporte Aerocargo del Sur, S.A. (Emtrasur), filial de carga de la aerolínea venezolana Conviasa, es para las oficinas de inteligencia de Estados Unidos e Israel, seguir la pista al terrorismo internacional y de un aliado de Rusia en la aparente dotación de drones kamikaze usados contra Ucrania.
La trama no es sencilla, porque es una historia de muchos años (al menos desde 2005), muchos países y muchos intereses económicos ocultos involucrados. Por ahora, las autoridades argentinas no lograron demostrar que los tripulantes venezolanos e iraníes --que fueron retenidos desde junio pasado en ese país y hasta hace dos semanas--, estaban involucrados en operaciones terroristas.
›Si bien esta liberación ofreció un aparente triunfo al gobierno venezolano, que recibió como héroes a la tripulación; para las agencias estadounidenses e israelíes es sólo una parte de la hebra que pretenden los lleve a identificar a todos los personajes involucrados en la complicidad de Venezuela con maniobras de ayuda al terrorismo.
Esta historia se remonta a 2005, cuando el entonces presidente Hugo Chávez recibió en Venezuela al expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad.
Allí comenzó la relación entre Irán y Venezuela, país que para las oficinas de inteligencia se podría convertir en una base de operaciones del terrorismo transnacional en América Latina, en donde un elemento fundamental es el uranio sudamericano.
Apenas en 2020 Nicolás Maduro creó como empresa estatal Emtrasur, que opera desde la base aérea militar El Libertador, una de las más importantes de Venezuela y junto a su hangar se ubica el de la también venezolana Empresa Aeronáutica Nacional S.A., que está produciendo diferentes equipos y aspira hasta construir satélites, pero que Estados Unidos sospecha que incluye el ensamblaje de drones posiblemente kamikaze para Irán.
Operaciones aéreas
Tanto Emtrasur como Conviasa son para Venezuela una forma de conexión con el mundo y la obtención de recursos, por lo que promueve su extensión por varios países latinoamericanos, pero también con Rusia, China, Argelia, Irán y otros de sus aliados.
Ante las operaciones sospechosas, Estados Unidos ha pedido a sus aliados latinoamericanos que investiguen a estas aerolíneas. Esto porque Mahan Air, de propiedad iraní, es una aerolínea sancionada por el Departamento de Estado, por considerar que utilizan fachadas comerciales para suministrar armas a zonas de guerra como a Siria y Yemen, o a Hezbolá en el Líbano; así como apoyar al traslado de miembros de grupos terroristas.
Ecuador, por ejemplo, que está pidiendo apoyo estadounidense para combatir a grupos criminales, decidió hace unos días no renovar el permiso de operaciones en su territorio a Conviasa, bajo el argumento de que sus estados financieros muestran que está en quiebra y ello podría llevar a la venezolana a incumplir sus obligaciones.
En el caso de Chile, la Cámara de Diputados integró a principios de octubre una comisión para investigar las operaciones de Conviasa en su territorio. Y las pesquisas en Uruguay y Paraguay continúan.
Mientras, desde Estados Unidos la Corte de Distrito de Columbia ordenó la incautación del Boeing 747-300M que llegó a Argentina en junio pasado y que operaba Emtrasur, esto con base en una investigación conjunta del FBI y el Departamento de Comercio, un trámite que ya está en curso desde esta semana en el país sudamericano.
En México no se ha reconocido una investigación sobre las operaciones de aerolíneas venezolanas, pero las Fuerzas Armadas mantienen como parte de su agenda de riesgos la intención de utilizar grupos terroristas el territorio y los vuelos de Conviasa y Emtrasur sí están bajo vigilancia, aseguraron fuentes consultadas por este periódico.
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