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› La Fiscalía del estado ubicó a los 10 personajes medulares en la triangulación de recursos hacia empresarios, quienes permitieron, mediante diferentes operaciones, diluir el origen de los recursos a favor del exgobernador, familiares, amigos y funcionarios partidistas
La red de corrupción del exgobernador César Duarte que investiga la Fiscalía General de Chihuahua ha sido construida a través de más de 50 testimonios cuyas declaraciones ministeriales superan los 70 tomos. La red investiga a 10 personas clave que serían la médula del entramado por el cual presumen se desfalcó al erario de Chihuahua por más de seis mil millones de pesos, que toca a cuando menos otros cinco exgobernadores y a dos de las figuras del priismo nacional, el coordinador de la bancada en el Senado, Emilio Gamboa, y el exlíder del partido, Manlio Fabio Beltrones. De acuerdo a lo que ha logrado reconstruir el equipo de investigadores del fiscal César Augusto Peniche, el desfalco estatal liderado por el exgobernador César Duarte a través de sus enlaces, se llevó a cabo durante cuando menos cinco años. La hebra de la investigación que permitió establecer las primeras conexiones, se encontró durante los cateos a las propiedades del exgobernador Duarte y de su contador Jesús Manuel Esparza Flores, entre marzo y abril de 2017. Duarte se encuentra en Miami, donde enfrenta la solicitud de extradición presentada la semana pasada al Departamento de Justicia por la Procuraduría General de la República (PGR). Esparza Flores, extitular de la Auditoría Superior de Chihuahua, fue detenido en junio del año pasado. Los cateos a sus propiedades y oficinas se realizaron entre enero y abril de 2017. Lo que arrojan las diversas carpetas de investigación de la Fiscalía estatal es que la red de corrupción que desfalcó a Chihuahua requería de una base soterrada que le permitiera operar, y que propició que el modelo se reprodujera a otros estados. En el expediente existe copias de cheques y movimientos bancarios que les han permitido reconstruir la ruta de operaciones en Veracruz, Nayarit, Ciudad de México y Oaxaca.
›Los nombres fueron surgiendo en los testimonios, emergieron en algunos documentos y aparecieron durante la reconstrucción de hechos que en los últimos seis meses ha acumulado la dependencia estatal, integrada en una carpeta de investigación relacionada con por lo menos otras dos investigaciones más. Una de ellas es la indagatoria sobre el presunto desvío de 250 millones de pesos al PRI nacional; las otras se relacionan al uso y desvío de recursos económicos y materiales a fines distintos de los establecidos por la ley y que en conjunto suman seis mil millones de pesos.
Se trata de 10 personajes, en su mayoría empresarios y funcionarios públicos de bajo perfil. Su tarea era facilitar el envío y traslado de recursos mediante el contacto con empresarios y obtener beneficios económicos mediante contratos. Para las autoridades, esta parte de las pesquisas han sido complejas y por ello continúan, porque su participación en esta madeja de complicidades y beneficios se llevó a cabo, en algunos casos, a través del otorgamiento de contratos que alcanzarían varios millones de pesos. En otros, su participación sería más entre las sombras, porque consistía en ser intermediarios, facilitadores o las conexiones entre el gobierno estatal y empresarios y estos, a su vez, con otros gobiernos y políticos o el PRI. Por lo complejo de su papel en la maquinaria duartista, podrían llamarse los Hombres de Paja de César Duarte, y se trata de Eugenio Baeza Fares, Benito Adolfo Tagle Rodríguez, Eduardo Almeida Navarro, Rafael Arteaga Maldonado, Santiago Moreira Valles, Gabriel Aude Venzor, Eduardo González, Armando Medina Maldonado, Anuar Elías Karam y Ángel Meixueiro González.
Para la Fiscalía de Chihuahua, sin su participación el desfalco de Chihuahua no se hubiera concretado. La red fue tan sofisticada que llevó sus lazos a otros estados en un entramado de corrupción que apunta a los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y Quintana Roo, Roberto Borge, ambos detenidos e investigados por encabezar sus propias redes de corrupción. El modelo con el que operaron, de acuerdo con datos del expediente, se habría trasladado no sólo a estas entidades, sino a Nayarit, estado de México y Oaxaca. Lo que parecía un modelo de operación estatal, en realidad es investigado como una posible trama de corrupción nacional que entrelaza mediante intermediarios de bajo perfil, a gobiernos estatales de un mismo signo político, y del Partido Revolucionario Institucional, específicamente Manlio Fabio Beltrones, como líder del partido, y Emilio Gamboa, como coordinador del grupo parlamentario en el Senado. [caption id="" align="alignnone” width="850"] Prófugo. César Duarte radica desde hace meses en Miami. FOTO: Saúl López / Cuartoscuro[/caption]
› PRECISIÓN. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) no atraerá la investigación de peculado agravado en contra del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez.Sólo investigará lo concerniente al ámbito electoral por el presunto desvío de 250 millones de pesos para financiar las campañas del PRI en 2016.
Fuentes cercanas al caso Chihuahua confirmaron a ejecentral que todos estos personajes figuran dentro de las investigaciones, tanto en la Fiscalía General de Chihuahua, y sólo algunos de ellos en la que mantiene abierta la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero. Son personas clave porque, de acuerdo al avance de las pesquisas, fueron quienes facilitaron los encuentros entre funcionarios públicos de la administración de César Duarte con empresarios y familiares mediante los que fluyeron los recursos estatales. Sin embargo, su huella en los registros oficiales del estado es muy endeble, algunos de ellos aparecen como contratistas directos y beneficiados con multimillonarios recursos y algunos otros no dejaron rastro alguno, porque su misión era otra, organizar los encuentros entre los funcionarios del estado con empresarios, a quienes se les solicitarían facturación para comprobar fiscalmente la salida de los recursos financieros estatales pero que en realidad irían a parar a los operadores electorales del PRI Nacional. Según las pesquisas de las autoridades federales podría constituir el delito de asociación delictuosa.
LO QUE PARECÍA UN MODELO DE OPERACIÓN ESTATAL, EN REALIDAD ES INVESTIGADO COMO UNA POSIBLE TRAMA DE CORRUPCIÓN NACIONAL, QUE ENTRELAZA A GOBIERNOS ESTATALES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
El origen
El 14 de septiembre de 2014, se presentó la primera denuncia penal contra el entonces gobernador Duarte y el secretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Ramón Herrera Corral, ante la PGR por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y lavado de dinero. En esa época, estaba al frente de la PGR, Jesús Murillo Karam, exsecretario General del PRI y exdelegado de la campaña de Enrique Peña Nieto en el estado de México. Uno de los señalados por la fiscalía de Chihuahua de integrar ese tejido criminal es Anuar Elías Karam. Una vez que se llevó a cabo el cambio de gobierno en Chihuahua y Javier Corral asumió el poder, se iniciaron las investigaciones contra su antecesor y su gabinete, y el 27 de marzo de 2017 fueron detenidos tres excolaboradores de Duarte Jáquez: Javier Garfio, exsecretario de Comunicaciones y Transportes; Ricardo Yáñez, extitular del Instituto de la Vivienda y exsecretario de Educación, y Gerardo Villegas, exdirector de Administración en la Secretaría de Hacienda, en el marco de la conocida Operación Justicia Chihuahua. Fue entonces que Anuar Elías Karam, en junio de ese año, junto con más de 50 funcionarios y exfuncionarios estatales, solicitó un amparo, según el Expediente 834/2017, en contra de Fiscal General del Estado de Chihuahua. Los meses siguientes y tras celebrarse los juicios, Javier Alfonso Garfio Pacheco fue sentenciado a tres años de prisión; Ricardo Yáñez Herrera fue condenado a 4 años de cárcel, y el empresario Germain Lezama Cervantes, lo sentenció un juez a 5 años y 6 meses de cárcel. Elías Karam viajó con César Duarte a China, el 13 de noviembre de 2013, y se hospedaron en el Hilton de Bejing. Su misión fue sentar al entonces gobernador de Chihuahua con un empresario español, para tratar de solucionar un conflicto que ya había escalado en los tribunales españoles por el incumplimiento de pago de su gobierno a la compañía. En esa demanda, se revelaba que el funcionario estatal intentaba pagar con deuda pública y dinero del erario estatal el monto, cuando los trabajos realizados fueron en una propiedad del hoy prófugo de la justicia mexicana. De acuerdo con los testimonios y documentos disponibles, Anuar Elías ha sido uno de sus compañeros de aventuras políticas de Duarte Jáquez, ya que a la par que representaba al grupo Miled, era también representante del gobierno de Chihuahua, y en junio de 2009, cuando Duarte era coordinador del PRI en San Lázaro, Elías Karam trabajaba como apoyo a la presidencia de la Mesa Directiva de la LX legislatura. Otro señalado por la Fiscalía del estado y quien también buscó el amparo de la ley ante cualquier posible acción penal en su contra, es Eugenio Baeza Fares, empresario presidente de grupo Bafar y quien suplió a Javier Garfio, cuando pidió licencia para dejar la presidencia municipal de Chihuahua y buscar ser candidato a gobernador. ›Fue también presidente del Consejo Consultivo de Nacional Financiera del Estado de Chihuahua, consejero de BBVA Bancomer, del Banco de México y de Banamex. Actualmente forma parte del Consejo Nacional Agropecuario, miembro del “Food Group”, del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, “ConMéxico”, del Consejo Coordinador Empresarial y del Grupo XXI de la Ciudad de México. De acuerdo con los registros, este empresario de la industria alimentaria fue acusado de recibir 60 millones de pesos para la construcción de la plaza del mariachi mediante el fideicomiso para la regeneración del centro histórico, sin que tuviera la experiencia para realizar las obras. Como apoderado legal de sus empresas aparece Raúl de la Paz Garza, quien en el periodo de 2012 al 2014 fue vicepresidente de normalización y legislación, y presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua. Mientras que en la misma estructura figuraba Nayeli Jáquez, sobrina del gobernador, en el área de fortalecimiento institucional.
ÁNGEL ARTEMIO MEIXUEIRO ES EL VASO COMUNICANTE MÁS IMPORTANTE ENTRE LOS PRIISTAS DE PRIMER NIVEL Y LOS GOBIERNOS ESTATALES. ES CERCANO A ENRIQUE OCHOA REZA, ACTUAL DIRIGENTE DEL PRI, CON QUIEN COLABORÓ EN LA CFE, ENTRE 2013 Y 2016.
El DATO. La PGR trabaja en el trámite de ocho solicitudes por el mismo númeo de causas penales del fuero común contra el exmandatario César Duarte, quien se encuentra en Estados Unidos.
El puente medular
Ángel Artemio Meixueiro González, se puede catalogar como un priista de cepa. Este personaje sería, de acuerdo al expediente, el vaso comunicante más importante entre los priistas de primer nivel y los gobiernos estatales. Cercano a Enrique Ochoa Reza, actual dirigente del PRI, con quien colaboró en la Comisión Federal de Electricidad (CFE); al igual que con Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, en especial con su padre José Murat, de quien sería su asesor especial durante su gestión como gobernador de Oaxaca. Es concuño del recién nombrado secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña y ya con las investigaciones en su contra sobre la corrupción en Chihuahua, consiguió, en abril de 2017, que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, lo designara titular del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo del estado (Coplade), donde lo han señalado públicamente de cobrar “moches” del 20% para autorizar los recursos económicos a presidentes municipales y contratistas del gobierno. El funcionario estatal ahora busca ser diputado federal, un cargo que ya ha ostentado antes, del 2000 al 2003. Ángel Meixueiro fue asesor y evaluador del Programa de Tecnologías de la Información y Comunicación en el Estado de Oaxaca, responsable del Programa E-PRI, coordinador de las campañas de Roberto Madrazo para el Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Colima y de Humberto Roque a candidato presidencial por el PRI en Oaxaca, en mayo 1999. El 19 de febrero de 2014, durante la crisis de seguridad que vivió Michoacán, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer los nombres de los 24 representantes del gobierno federal que operarían en Michoacán, uno de ellos fue Meixueiro González, quien no tenía relación con la entidad ni conocía de temas de seguridad. A la salida de la CFE de Enrique Ochoa Reza, actual dirigente nacional del PRI, autorizó para sí mismo y para sus colaboradores más cercanos un finiquito muy generoso. Nuevamente el nombre de Ángel Meixueiro aparece como jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales que ocupó dos años y medio, recibiendo por indemnización por despido —aunque había sido renuncia— un millón 279 mil pesos. Una de sus acciones estratégicas de alto impacto a favor del PRI la llevó a cabo el 26 de mayo de 2015, junto con el entonces gobernador del Estado de Chihuahua, Duarte Jáquez. Ambos firmaron un acuerdo mediante el cual se apoyaba a los productores manzaneros que tenían adeudos con la CFE, por cerca de 30 millones de pesos cada uno, y la baja en la tarifa eléctrica de uso doméstico, en beneficio de cerca de un millón de ciudadanos chihuahuenses. Esta medida fue considerada por la oposición como una jugada electoral, porque ocurrió a unos meses de las elecciones federales intermedias, votaciones que favorecieron al PRI. En el entramado de corrupción del exgobernador de Chihuahua, Meixueiro González sería uno de los que operó contratos y relaciones entre César Duarte, empresarios y políticos federales. Sus relaciones políticas, de acuerdo a las pesquisas, no sólo habrían facilitado el desvío de recursos, sino diseñaron un modelo en el que empresarios que ofrecen diversos servicios son contratados y facturan con sobreprecios y ni siquiera realizan las tareas contratadas.
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