Wilmer Catalán Ramírez se despertó una mañana de marzo y encontró a dos hombres que vestían chamarras adornadas con la palabra “policía” parados junto a su cama. Los hombres lo desarroparon y le apuntaron con una linterna a la cara. Catalán Ramírez, que había quedado parcialmente paralizado en un tiroteo en un estacionamiento dos meses antes, salió cojeando de la cama y se dirigió a la sala de su casa. Allí encontró a otros cuatro oficiales de pie con su esposa, Celene Adame.
Los agentes habían visitado por primera vez la casa de la pareja en el barrio Back of the Yards de Chicago esa mañana, cuando Adame llevaba a sus hijos a la escuela. Ella pidió a los oficiales que se fueran, pero los encontró a su regreso. De nuevo, les pidió que se fueran. Adame pudo escuchar a su hijo de tres años llorar mientras entraba al departamento y encontró a más oficiales adentro. Uno de ellos le preguntó a Adame dónde estaban las pistolas y las drogas. “¿Qué armas, qué drogas?”, respondió ella.
Después de que Catalán Ramírez, un guatemalteco de 32 años que carece de documentos migratorios en regla, entrara a la sala de estar, los hombres le pidieron identificación a la pareja. Adame, suponiendo que eran policías, les dio el certificado de nacimiento de su marido y una copia de su pasaporte. Adame preguntó repetidamente a los oficiales si tenían una orden, quiénes eran y qué estaban buscando. No dieron respuestas.
Tres de seis oficiales dentro de la casa se movieron para rodear a Catalán Ramírez. Él les dijo en inglés que estaba enfermo, recuperándose aún de un tiroteo. Se había fracturado el cráneo y el hombro derecho, que lo habían dejado con una lesión cerebral traumática y parálisis parcial en el lado izquierdo. De acuerdo con su testimonio en los documentos judiciales, pidió a los agentes que lo esposaran al frente si tenían la intención de arrestarlo, pero dos oficiales, sin embargo, le pusieron los brazos en la espalda. Debido a la parálisis parcial de Catalán Ramírez, su brazo izquierdo era difícil de maniobrar, por lo que los oficiales lo tiraron al suelo. Tres de ellos lo inmovilizaron; uno se arrodilló sobre su espalda.
“¡Me estás rompiendo el brazo!”, gritó Catalán Ramírez en español. Los oficiales respondieron golpeando su cabeza contra el piso. En algún momento, Adame tomó su teléfono y comenzó a grabar el encuentro, ignorando las peticiones de los oficiales de que se detuviera. Eventualmente, los agentes llevaron a Catalán Ramírez a su auto y lo llevaron a un hospital, donde un médico confirmó que su otro hombro también estaba fracturado.
La siguiente parada de Catalán Ramírez fue una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), él había confundido a los agentes del ICE con policías. En ningún momento los agentes preguntaron a Catalán Ramírez sobre su estatus migratorio ni él les ofreció ninguna información. Finalmente, fue transferido a detención de inmigrantes, donde comenzó batallas legales paralelas para detener su deportación y obtener respuestas sobre por qué había sido blanco de ese ataque tan violento.
La semana pasada, después de 10 meses bajo custodia del ICE, Catalán Ramírez fue liberado; su deportación fue postergada temporalmente. Sin embargo, la Policía de Chicago lo añadió a la base de datos de pandillas del Departamento de Policía; y es esa lista la que condujo a su violento arresto en una operación antipandillas del ICE, el 27 de marzo.
Catalán Ramírez demandó al ICE, alegando que su arresto sin orden judicial en su casa era inconstitucional, y a la ciudad de Chicago y al Departamento de Policía de la ciudad, acusándolos de violar sus derechos al debido proceso al agregarlo a la base de datos de pandillas sin notificarlo ni darle oportunidad de cuestionar su inclusión en la lista.
El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, se ha posicionado como un firme defensor de los derechos de los inmigrantes, y el Departamento de Policía de Chicago sostiene que no coopera con las autoridades federales de inmigración y “no compartimos información ni nos comunicamos con el ICE con respecto a nuestra base de datos”.
La ciudad de los vientos ha brindado cierto nivel de santuario a los inmigrantes desde 1985, cuando el alcalde Harold Washington ordenó que todos los residentes de Chicago “independientemente de su nacionalidad o ciudadanía” tuvieran acceso equitativo a los beneficios municipales y les pidió a los funcionarios de la ciudad que no preguntaran ni ayudaran en la investigación del estatus de ciudadanía de un individuo, excepto según lo exija la ley federal.
La acción de Emanuel tenía un detalle. La Ordenanza de la Ciudad de Bienvenida tiene cuatro excepciones para las personas consideradas como una amenaza pública para la ciudad: aquellas con una orden criminal pendiente, una condena por delito grave, cargos penales pendientes o identificados como miembros conocidos de una pandilla.
Tal como está, estas excepciones entran en juego sólo cuando una persona es arrestada o detenida por la policía de Chicago. En el caso de Catalán Ramírez, no hubo interacción con la policía local que desencadenara su arresto por parte de agentes de inmigración. El ICE se presentó en su casa sin previo aviso. Y, según sus abogados, fue porque la policía le había dicho a las autoridades de inmigración que él pertenecía a una banda criminal.
La manera en que la policía comparte información sobre las pandillas al ICE “es una especie de caja negra. Es difícil saber qué hay dentro y, por supuesto, no van a decírtelo”, dijo Fred Tsao, abogado senior de política de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados.
Lo más parecido a un registro público de quién está en la base de datos de pandillas es la Lista de temas estratégicos del Departamento de Policía de Chicago (CPD), que usa un algoritmo para predecir quién estará involucrado en hechos de violencia con armas de fuego. El departamento compartió una versión redactada de la lista, que incluye una columna sobre afiliación a pandillas, con el Chicago Sun-Times en mayo en respuesta a una demanda. El grupo de investigación Policing in Chicago, de la Universidad de Illinois, analizó la lista y descubrió que incluye a casi 65 mil residentes de Chicago afiliados a pandillas, el 74.5% de ellos son afroamericanos y el 21.4% son latinos. Notablemente, los investigadores de la Universidad de Illinois descubrieron que el 67.5% de las personas identificadas como “afiliadas a pandillas” en la lista nunca han sido arrestadas por ofensas violentas o uso ilegal de un arma.
La base de datos de Chicago es una pieza con una añeja tendencia de los departamentos de policía urbana en todo el país que operan unidades antipandillas especializadas. Al menos 40% de las oficinas locales de aplicación de la ley encuestadas por el National Gang Center en 2011 tenían esa unidad, y más de tres cuartas partes de esas oficinas mantenían información de inteligencia sobre las actividades locales de pandillas. Al menos 84% de las agencias locales que recopilaron información de inteligencia sobre afiliación a pandillas en 2011 almacenaron esos datos en un sistema electrónico.
Las bases de datos de pandillas básicamente criminalizan la actividad no criminal, dijo Lena Graber, abogada en el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, que se enfoca en la aplicación de leyes migratorias por parte de la policía local. “Lo que hace la identificación de pandillas es que dice que no estamos obligados a tener evidencia de que se ha cometido un delito o violado la ley; vamos a detenerlos a pesar de la Cuarta Enmienda y acusarlos de un delito y sumarlos a esta base de datos que tiene consecuencias penales sin ningún debido proceso”, aseguró a The Intercept.
Los problemas se complican cuando hay consecuencias migratorias para la identificación de pandillas, agregó Graber, particularmente bajo la administración de Trump. “Actualmente tenemos un gobierno vociferantemente antiinmigrante y una agencia federal que constantemente demoniza a los inmigrantes y usa el miedo en torno a las pandillas para convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios y hacer que parezcan enemigos”, dijo Graber.
Otra abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, Angie Junck, dijo que el enfoque en las pandillas reforzó los prejuicios raciales y étnicos en las respuestas del gobierno a los problemas migratorios. La “inclusión excesiva” —incluir demasiadas personas en las bases de datos de las pandillas— “es una respuesta directa de por qué la inmigración implica un perfil racial y afecta desproporcionadamente a las comunidades de color que tienen más probabilidades de tener problemas con las pandillas”, dijo.
El proceso por el cual la unidad especializadas en pandillas de Chicago recopila información y la agrega a la base de datos es opaco. El criterio para ser miembro de pandillas es subjetivo. “Las pandillas se pueden identificar por cómo visten, los grafitis que exhiben y los gestos que hacen con las manos”, según el sitio web del Departamento de Policía. Los oficiales de policía de rango básico están facultados para decidir a quién incluir.
Una investigación del Departamento de Justicia sobre el Departamento de Policía de Chicago, cuyos resultados se dieron a conocer en enero pasado, encontró que muchos residentes afroamericanos y latinos de vecindarios con alto índice de delincuencia descubren que son sospechosos de actividad criminal o de pertenecer a una pandilla sobre la base única de su apariencia. “Como dijo un residente latino, ‘eres culpable por asociación’”, según la investigación. “Los latinos declararon que existe la tendencia de que los oficiales agrupen a todos”.
LA POLICÍA DE CHICAGO AGREGÓ a Catalán Ramírez a su base de datos de pandillas dos veces, según documentos judiciales. La primera vez, en junio de 2015, ocurrió después de un enfrentamiento con dos policías en su vecindario. Los agentes se acercaron a Catalán Ramírez mientras él estaba afuera de la casa de su vecino en Back of the Yards. “Estaba merodeando con otra persona en una conocida zona con problemas con la pandilla Latin Saint”, dijeron los oficiales, de acuerdo con los registros policiales de Chicago. Catalán Ramírez afirma que simplemente estaba pasando tiempo afuera con sus amigos y sus hijos. Los oficiales lo etiquetaron como miembro de la pandilla Latin Saints y agregaron su nombre a la base de datos de pandillas, algo desconocido por Catalán Ramírez.
Luego, en noviembre de 2016, otros dos agentes de policía arrestaron a Catalán Ramírez cuando conducía a pocas cuadras de su casa, supuestamente por no detenerse en una señal de alto. Lo arrestaron por esa ofensa y por manejar con una licencia suspendida, y lo agregaron a la base de datos de pandillas como miembro de los Satan Disciples (Discípulos de Satanás), pese a que los Latin Saints y los Satan Disciples son bandas rivales.
Los cuatro policías de Chicago “asumieron erróneamente que Catalán Ramírez era miembro de una pandilla porque era un joven latino que vivía en un barrio que se consideraba territorio de pandillas”, argumentaron los abogados de Catalán Ramírez en su demanda legal inicial contra la ciudad.
Según la demanda, Catalán Ramírez nunca fue miembro de una pandilla callejera y la policía no le notificó sobre su inclusión en la base de datos de pandillas ni le dio la oportunidad de impugnarla.
La Constitución de Illinois establece que cualquier municipio con 25 mil habitantes representa una unidad de gobierno local, por lo que tiene el poder de crear sus propias leyes. En 2013, la Suprema Corte de Illinois dictaminó que las ordenanzas promulgadas por los municipios, como la Ciudad de Bienvenida de Chicago, prevalecen sobre los estatutos estatales posteriores, a menos que la legislatura de Illinois ejerza expresamente el control exclusivo. Los legisladores estatales no escribieron una excepción en la Ley de Confianza, lo que estimuló a algunos a creer que no reemplaza a la ley de Chicago. Para quienes abogan por cambiar la política de Chicago, y marca la diferencia.
Catalán Ramírez ingresó a Estados Unidos sin autorización en 2005 o 2006, y fue deportado a Guatemala en 2006 luego de una redada del ICE en su lugar de trabajo, según su abogada de inmigración, Diana Rashid. Volvió a ingresar al país, sin autorización, después de su deportación, pero los detalles de su estado migratorio desde entonces son borrosos, dijo Rashid.
Los abogados de Catalán Ramírez impugnaron su deportación en un tribunal de inmigración al solicitar la suspensión de la expulsión, que protege a una persona de ser deportada a un país donde teme ser perseguido. También ha solicitado una visa U, que se otorga a las víctimas de delitos que han sufrido lesiones graves y coopera con las fuerzas del orden público, como lo hizo después de los disparos desde enero de 2017 que lo dejaron parcialmente paralizado. Una denegación de una retención de la deportación significa la deportación, incluso si hay una solicitud de visa U pendiente; un individuo no tiene que estar físicamente presente en Estados Unidos para obtener el estatus.
Mientras el caso de Catalán Ramírez estaba pendiente ante el tribunal de inmigración, un tribunal federal de apelaciones decidió que un juez de inmigración puede otorgar una exención temporal a un individuo que busca el estatus U. En el caso de Catalán Ramírez, una renuncia significaría la suspensión de su deportación hasta que el gobierno estadounidense tome una decisión.
En respuesta a esa decisión, los abogados de Catalán Ramírez solicitaron una exención al tribunal de inmigración, y los abogados de ICE respondieron presentando pruebas de su pertenencia a una pandilla —basada en los registros del Departamento de Policía de Chicago— que lo harían inelegible. En respuesta, los abogados de Catalán Ramírez llegaron a un acuerdo con la ciudad de Chicago. El 5 de diciembre, desestimaron la demanda contra la ciudad y el Departamento de Policía, y, a cambio, el Departamento de Policía envió una carta al juez de inmigración declarando que no tiene objeción a que Catalán Ramírez reciba una visa U. A pesar de los registros policiales, continúa la carta, el departamento “no puede verificar que el Sr. Catalán Ramírez sea miembro de una pandilla” según la ley de Illinois. La semana pasada, los funcionarios de inmigración acordaron liberar a Catalán Ramírez bajo una orden de supervisión y él, a cambio, abandonó la demanda contra el ICE. También se le garantizó congelar su deportación hasta que se decida si obtiene la visa U. Eso podría tomar un tiempo, pero mientras tanto, a pesar de que tiene que reportarse con frecuencia con el ICE, puede volver a la vida que tenía antes de ser despertado violentamente de su sueño hace 10 meses.
El lunes, Catalán Ramírez salió de la oficina del ICE en el centro de Chicago, donde se encontró con un grupo de simpatizante que gritaban “¡Wilmer! ¡Wilmer!” Durante casi un minuto, estrechó a sus hijos en un fuerte abrazo.
