Con motivo del proceso de reforma judicial en México, mucho se ha discutido sobre el mecanismo mediante el cual serán elegidos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece relevante analizar cómo se lleva a cabo este proceso en otras naciones, en particular en Estados Unidos, nuestro vecino del norte.
Incluso en países considerados democráticos y desarrollados, la designación de los jueces de los tribunales constitucionales suele depender de mecanismos en los que intervienen los poderes Ejecutivo y Legislativo. Siempre me ha parecido que cuando un poder soberano ejerce un control significativo sobre la selección de los jueces, puede influir directamente en la ideología del tribunal, con implicaciones profundas para la sociedad. Este control permite a las fuerzas políticas que los nombran preservar su hegemonía y favorecer la continuidad de sus políticas públicas.
En Estados Unidos, la Corte Suprema está conformada por nueve jueces que permanecen en el cargo hasta su fallecimiento o retiro voluntario. Cuando ocurre una vacante, el presidente en funciones designa al sucesor, cuya nominación debe ser ratificada por el Senado mediante mayoría simple. Durante la presidencia de Barack Obama, quien nombró a las juezas liberales Sonia Sotomayor y Elena Kagan, la Corte Suprema mantenía un equilibrio relativo entre conservadores y progresistas.
Sin embargo, en febrero de 2016, con la muerte del juez Antonin Scalia, pilar del ala conservadora, el equilibrio de la Corte quedó en juego. En ese momento, el Senado—controlado por el Partido Republicano—bloqueó la posibilidad de que Obama designara a su sucesor, argumentando que la decisión debía posponerse hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre. Finalmente, el republicano Donald Trump ganó la presidencia y tuvo la oportunidad de nominar al nuevo juez.
Cuando Trump asumió el cargo el 20 de enero de 2017, la Corte Suprema operaba con solo ocho jueces. Para completar su integración, nombró al conservador Neil Gorsuch, lo que mantuvo el equilibrio ideológico del tribunal. Sin embargo, el panorama cambió cuando, el 27 de junio de 2018, el juez Anthony Kennedy, quien solía alinearse con los liberales en casos de relevancia social, anunció su retiro. Esto le permitió a Trump designar a Brett Kavanaugh, inclinando la Corte hacia el conservadurismo. La situación se agravó aún más el 18 de septiembre de 2020, con la muerte de la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg. En su lugar, Trump designó a Amy Coney Barrett, magistrada de perfil ultraconservador.
Cuando Joe Biden asumió la presidencia, tuvo la oportunidad de reemplazar al juez liberal Stephen Breyer, quien se jubiló en 2022. Su nominación, Ketanji Brown Jackson, mantuvo la correlación de fuerzas en la Corte, sin alterar su nueva inclinación conservadora. Sin embargo, tras las tres designaciones de Trump, la Corte Suprema pasó de tener un perfil de centroizquierda a inclinarse marcadamente hacia el conservadurismo.
Si Trump obtiene un segundo mandato presidencial, la orientación ideológica de la Corte podría volverse aún más conservadora. Actualmente, tres jueces superan los 70 años de edad: Clarence Thomas, Samuel Alito y Sonia Sotomayor. Si al menos dos de ellos dejan su cargo, Trump podría nombrar a cinco de los nueve integrantes del máximo tribunal, algo que no ocurre desde la presidencia de Dwight D. Eisenhower en la década de 1950. Me resulta inquietante pensar en el impacto que esto tendría no solo para el equilibrio de poderes en Estados Unidos, sino para la democracia en su conjunto.
Siempre he creído que la configuración ideológica de un tribunal constitucional define el futuro de un país. En México, la discusión sobre la reforma judicial y la elección de los nuevos ministros de la Suprema Corte debe abordarse con suma responsabilidad. La independencia judicial y la pluralidad ideológica del tribunal son elementos clave para garantizar el Estado de derecho y preservar la democracia. No podemos darnos el lujo de tomar decisiones apresuradas ni de permitir que una sola fuerza política monopolice la justicia constitucional.
