Jonathan Nácar, Bet.Birai Nieto, Juan Carlos Rodriguez Francisco Pazos, y Luis Nieto
Al navegante de los portales de transparencia se le podría comparar con el hobbit Frodo, creado por el escritor J.R.R. Tolkien para la saga El Señor de los Anillos, en su viaje por la Tierra Media hasta Mordor; un destino al que el usuario de la transparencia nacional no siempre llega. 
El rediseño al que fueron sometidos los portales de transparencia parece una transformación estética más que un cambio que condujera de forma amable, sencilla y eficiente a quien busca información. Las búsquedas resultan enredadas cuando el usuario debe navegar por páginas y más páginas con enlaces confusos y poco reveladores. La ausencia de filtros que sistematicen las bases documentales es una constante. Al final, y luego de varias horas de navegación, el usuario común termina perdido en una cadena de clics que derrotan su voluntad y curiosidad.
Las propias estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) muestran que en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha bajado la calidad de la información proporcionada por las autoridades federales.
En el segundo semestre de 2012, último tramo del gobierno del presidente Felipe Calderón, la “confiabilidad” de la información proporcionada por los 247 sujetos obligados de la administración federal era de 94%, cifra que bajó a 93% en el segundo semestre de 2015, según el Indicador de Respuestas a Solicitudes de Información elaborado cada año por el Inai.
Lo mismo ocurre con la “oportunidad” con que se obtiene la información; mientras que en el segundo semestre de 2012 la calificación era de 97%, para el segundo semestre de 2015 (último reporte con que se cuenta), el porcentaje bajó a 96.
ES DE INTERÉS | Tentados por la opacidad
Laberinto
Buscar información, entregada o negada por haber sido reservada, requiere horas y días. ejecentral realizó un recorrido por los portales de transparencia de 11 dependencias estratégicas: Gobernación, Hacienda, Función Pública, Defensa Nacional, Economía, Salud, Presidencia y Economía, entre otras, y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el ejercicio se comprobó que para navegar con alguna posibilidad de éxito se requiere, al menos, conocimientos legales, familiarización con los temas que se buscan, cierta destreza digital, paciencia y mucho tiempo.
Al sumergirse en los Portales de Obligación de Transparencia (POT) se halla información fragmentada y otra que es negada, como las encuestas de aprobación a la gestión del presidente Peña Nieto, los suplementos alimenticios que consume el mandatario o las razones para usar la plancha del Zócalo capitalino como estacionamiento.
Lo mismo ocurre con el índice IQ de los trabajadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que es información reservada por motivos de seguridad nacional o que se encuentra dispersa entre largas sesiones de los comités de transparencia.
La travesía en la búsqueda de la transparencia resultaría anecdótica de no ser porque el gobierno mexicano ha asumidos entre sus objetivos el cumplimiento y fomento de las mejores prácticas internacionales que buscan la garantía del gobierno abierto. De hecho, entre 2014 y 2105 México ostentó la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, un esfuerzo impulsado por 65 países, además de organizaciones civiles, que buscan detonar la transparencia en el sector público.
Aunque el Inai ha logrado avanzar en procesos de transparencia, para Liliana Veloz, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, aún hay vacíos, sobre todo en la forma como se entrega la información y en los alcances que ofrecen los portales digitales “porque no se ha logrado generar criterios claros en la política del manejo de la información a través de estos”, dijo la especialista.
En el acceso a los documentos que ya fueron pedidos y entregados, la eficiencia y amabilidad con el usuario de los portales de internet resultan fundamentales para el derecho a la transparencia, consideró Veloz, quien agregó que en México, los POT son diversos, principalmente en los estados y municipios que deciden, sin un criterio general, cómo entregar la información.
Hay criterios muy claros de usabilidad, accesibilidad, de cómo presentar la información, de cómo traducir las bases de datos; por ejemplo, de la información fiscal y contable, en herramientas que se puedan descargar en un Excel y no en un PDF que no te sirve para nada para el análisis de la información”, expuso la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
La puesta a disposición de plataformas eficientes y de documentación útil tendría que ser una obligación para las instituciones, si se considera que México forma parte de organismos internacionales que buscan combatir la corrupción a través de la rendición de cuentas y la transparencia, que el país cuenta con una legislación aparentemente robusta en la materia y que el gobierno habrá gastado dos mil 786 millones 923 mil 045 pesos de 2015 y hasta finales de 2017 en el Inai.
“Toda esta parte de generar herramientas de información proactiva que está en la misma Ley de Transparencia, está establecido como una actividad adicional que los gobiernos pueden o no hacer para ofrecer un poco más e ir un poco más allá de simplemente cumplir con las obligaciones de transparencia”, señaló Veloz.
¿Información veraz?
A pesar de la estructura y del presupuesto para su respaldo, hay voces que alertan sobre la posibilidad de que sea esa misma estructura la que permita mentir a los entes obligados.
“Puede ser en dos connotaciones: que no sepan que están dando información falsa o, lo que es gravísimo, que dolosamente lo hagan, por eso pensamos que hay que modificar estos artículos para sancionarlos”, sostuvo el senador del PRD, Benjamín Robles, quien en días recientes propuso adiciones a los artículos 143 y 206 de dicha norma para fortalecer el acceso a información veraz.
Acotó que se ha avanzado en el acceso ciudadano a la información “pero si esa información va a ser falsa, entonces tenemos muchas cosas que fortalecer”, dijo.
“Hay mecanismos mucho más sencillos para que no se necesite tener un doctorado para las plataformas, para poder llenar los requisitos que están pidiendo y que se tenga acceso a la información”, agregó el senador del PRD.
Hay portales, como el de la Secretaría de Gobernación que cuentan con motores de búsqueda para aplicar filtros y depurar la información. Pero en otros, como los de Presidencia de la República o el de las secretarías de Economía, Salud y de la CFE, es necesario revisar cientos de documentos, rastrear cadenas de enlaces y dar decenas de clics. Incluso, la revisión de la información que las dependencias niegan obliga a una inmersión entre cientos de documentos electrónicos, sesiones kilométricas que culminan con resoluciones reservadas y vueltas y vueltas por ventanas que terminan derrotando la curiosidad.
Alguien que quiera echar a andar un negocio propio, por ejemplo, que solicite información sobre el Instituto Nacional del Emprendedor buscará en el enlace de Acceso a la Información de la Secretaría de Economía (SE) que lo llevará a otro portal con direcciones de correo electrónico, la dirección de la dependencia y enlaces a 115 actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Información, sin otro filtro que el año y la fecha de realización.
Cuando encuentre el menú “Resoluciones”, la liga lo sacará hacia el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). Ya en ese punto, el usuario pensará que está en la antesala de la consulta documental.
Sin embargo, descargar los documentos que ya fueron solicitados y entregados, sin que exista ningún tipo de guía sobre los temas que tratan, el POT regresa al usuario a la página principal de la SE y en otros casos sólo indica que los documentos pueden consultarse en la Unidad de Enlace. Así ocurre con más de dos mil registros.
Para conocer la información que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechaza por considerarla reservada o confidencial hay que dirigirse al Portal de Transparencia del Inai, buscar en la Comisión y, en el apartado XVII, dar clic al índice de la información reservada, confidencial o inexistente. Se trata de una base de datos en formato PDF carente de filtros.
El ciudadano debe navegar en un archivo en el que la búsqueda por palabra clave no es permitida y el documento de cada sesión consta de 36 páginas, debido a que en promedio cada acta consta de alrededor de 41 folios de las preguntas y sus respectivas respuestas; en total, la revisión obligada de las solicitudes que por algún motivo fueron rechazadas requiere de la revisión de 28 mil 440 páginas con un promedio de 32 mil 390 solicitudes aproximadamente.
En las plataformas digitales de la Secretaria de la Función Pública, Declaranet y Compranet, resultan técnicamente imposible dar cabal cumplimiento al derecho de acceso a la información.
La fragmentación de la información pública es tal que aunque una persona tenga las habilidades para acceder a estos portales, no podrá consultar la relacionada con gobernadores, presidentes municipales y otros funcionarios por la falta de armonización en las leyes locales que permite huecos en las declaraciones patrimoniales.
Predicar con el ejemplo. La actual secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, el 21 de diciembre de 2016 realizó su declaración patrimonial, pero la cabeza de la transparencia del gobierno de Enrique Peña Nieto sólo declaro que sí estaba de acuerdo con: “hacer públicos parcialmente mis datos patrimoniales”. La declaración es enunciativa, no muestra montos de bienes declarados.
Lo mismo sucede en la plataforma Compranet sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas, registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles, función notarial y del patrimonio inmobiliario federal o local, compras gubernamentales y normatividad de contrataciones financiadas con créditos.
El ciudadano tendría que combinar una serie de habilidades jurídicas y fiscales. En materia fiscal; conocer el RFC de una empresa o persona para buscar respuestas de competencia publica; en qué régimen legal se encuentra y saber distinguir entre, por ejemplo, una obra pública licitada o adjudicada directamente.
La difícil tarea para transitar hacia una transparencia total resulta más complicada por la falta de una base de datos nacional que aglutine la información de toda la burocracia del país; así como de las compras y ventas que realiza el gobierno en turno.
Omisión. El Inai no ha incentivado a los gobiernos estatales para que armonicen su legislación y mantiene inservible la Plataforma Nacional de Trasparencia, que por ley debía funcionar desde mayo de 2016.
