Por Douglas Gillison, Nick Turse y Moiz Syed
A las 9:30 A.M. de un lunes gris e invernal, los funcionarios del Departamento de Estado comenzaron a certificar los nombres a un ritmo de uno cada dos minutos y 23 segundos. En rápida sucesión, confirmaban que 204 oficiales de policía, soldados, marineros y pilotos de 11 países no cometieron violaciones graves de los derechos humanos y les permitieron asistir a uno de los más de 50 entrenamientos patrocinados por el gobierno de EU. Los programas se llevaron a cabo en una amplia variedad de lugares, desde los estados de Louisiana y Minnesota hasta Italia, Albania y Jordania.
Treinta y dos egipcios fueron aprobados para la instrucción de, entre otras cosas, el mantenimiento del helicóptero de combate Apache y los simuladores de vuelo para el Black Hawk UH-60 Sikorsky. A algunos azerbaiyanos se les permitió el acceso a un curso del Ejército de Estados Unidos para la identificación de agentes de guerra biológica en Maryland y al entrenamiento para la demolición submarina con la Marina en San Diego. Treinta y tres iraquíes fueron certificados para asistir a una sesión de entrenamiento para guardaespaldas de parte del Departamento de Estado, celebrada en Jordania. Un grupo de bosnios se dirigía a Macedonia a prepararse para su despliegue en Afganistán. Se seleccionó a la policía ucraniana para un entrenamiento de mantenimiento de paz en Italia. Unos rumanos iban a estudiar operaciones navales en Rhode Island y lucha contra el terrorismo en Skopje.
Éste fue sólo el comienzo de un día de trabajo de investigación sobre el entrenamiento de personal de seguridad de Estados Unidos. Una investigación conjunta entre The Intercept y 100Reporters revela los caóticos y en gran parte desconocidos detalles de una vasta constelación de ejercicios mundiales de entrenamiento, operaciones, instalaciones y escuelas –una muy poco conocida red de programas de Estados Unidos que cada año ofrece instrucción y asistencia a aproximadamente 200 mil soldados, policías y demás personal de otros países. La investigación expone los contornos geográficos y políticos del sistema de formación que tiene EU y que, hasta ahora, desafiaba en gran medida cualquier descripción minuciosa.
Los datos muestran entrenamientos en no menos de 471 locaciones en 120 países –en todos los continentes excepto la Antártida– que implica, por parte de Estados Unidos, a 150 organismos de defensa, organismos civiles, colegios de fuerzas armadas, centros de formación de fuerzas de defensa, unidades militares, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, así como a las fuerzas de la Guardia Nacional de cinco estados. A pesar del hecho de que el Departamento de Defensa ha invertido unos 122 millones de dólares (mdd) en este tipo de programas desde el 11 de septiembre de 2001, la amplitud y el contenido de esta red de entrenamiento siguen siendo prácticamente desconocidos para la mayoría de los estadounidenses.
Los límites de este sistema en expansión fueron descubiertos mediante el análisis de 6,176 cables diplomáticos que fueron filtrados por WikiLeaks en 2010 y 2011. Si bien el alcance de la red de formación puede resultar ser una sorpresa, el hecho más sorprendente podría ser que esa red es incluso mayor que lo que muestran los datos disponibles, debido a que los cables de Wikileaks no son exhaustivos. Contienen, por ejemplo, poca información sobre esfuerzos de formación en Colombia, el destino más grande de entrenamiento de los Estados Unidos cubierto por el proceso de investigación de los derechos humanos que produjo estos registros.
Otros grandes receptores de asistencia de seguridad por parte de los Estados Unidos, como Pakistán, no están lo suficientemente representadas en los cables por razones que no aún no están claras.
“Lo que hemos encontrado es una falta sistemática de pensamiento estratégico, una falta sistemática de evaluación, y un gigantesco compromiso de personas, dinero y tiempo en un gran número de países”, dijo Gordon Adams, ex alto funcionario de la Casa Blanca encargado de los presupuestos para la seguridad nacional y la política exterior. “Creo que la palabra ‘sistema’ es un término equivocado. Éste es un sistema sin cabeza”, aseguró.
Un análisis de la corporación Rand del 2013 descubrió que solo el Pentágono cuenta con 71 autoridades diferentes bajo las que presta ayuda extranjera como una forma de “desarrollar la capacidad de sus aliados” (o BPC por sus siglas en inglés), que forma parte de un sistema que el informe criticó como algo similar a “una maraña, con agujeros, superposiciones y confusiones”.
El Pentágono, por ejemplo, no lleva un registro de la gente que entrena ni cuenta con las cifras agregadas. “La manera en que abordamos la cooperación en materia de seguridad ha sido un rompecabezas al que hemos añadido piezas una y otra vez”, dijo Rachel Kleinfeld, asociada senior de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional y ex miembro del Consejo de Políticas para los Asuntos Exteriores del Departamento de Estado.
“Hay más de 180 autoridades y decenas de organismos que trabajan en estas áreas, y la forma en que ha evolucionado con el tiempo ha hecho que sea absolutamente imposible que alguien sepa lo que está pasando… Realmente no hay supervisión”, agregó Kleinfeld.
Los detalles sobre los programas de capacitación del gobierno estadounidense han sido una carencia permanente. En 2012, el gobierno de Obama presentó por única vez un informe al Congreso sobre la capacitación de la policía extranjera que cubría sólo dos años fiscales y el cual nunca se hizo público.
Las divulgaciones anuales del Departamento de Estado acerca de los programas de entrenamiento militar extranjero cubren muchos volúmenes, pero a menudo son vagas y difíciles de analizar; con frecuencia falta información o se informa de manera inconsistente.
Los cables diplomáticos que fueron analizados para esta investigación fueron escritos entre diciembre de 1999 y febrero de 2010 y se encontraban entre un lote mucho más grande de documentos filtrados por la soldado Chelsea Manning.
Posteriormente, un tribunal militar condenó a Manning a 35 años de prisión. Los cables proporcionan las identidades de los casi 60 mil alumnos y unidades de 129 países (hoy en día, el número asciende a más de 150 países) que fueron seleccionados por entidades gubernamentales de Estados Unidos tan diversas como el FBI, la Academia de Bomberos del Departamento de Defensa, la Oficina de Patentes y Marcas, la Agencia Nacional de Inteligencia Geo-espacial y el Servicio Nacional de Parques. Sólo algunos de los cables contenían suficiente información para que aparecieran en el mapa adjunto, que representa los movimientos planeados de poco menos de 39 mil personas y unidades entre 2003 y 2010.
Los cables también revelan que más de dos tercios de las aprobaciones de investigación del Departamento de Estado se concedieron a los programas de formación llevadas a cabo en el extranjero en lugar de en Estados Unidos. En el país, los entrenamientos se llevaron a cabo en 39 estados de Estados Unidos, así como Puerto Rico, Guam, y el Distrito de Columbia. Al menos 57 bases del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Infantería de Marina dentro del país estaban involucrados en estos esfuerzos de capacitación nacionales.
La investigación adicional realizada por The Intercept y 100Reporters indica que poco ha cambiado en los años posteriores a la filtración de los cables; el sistema global de formación de Estados Unidos sigue siendo extenso, opaco, y desordenado.
William Hartung, un asesor del Monitor de Asistencia para la Seguridad, que monitorea la ayuda militar estadounidense en todo el mundo, dijo que la magnitud de los esfuerzos de capacitación era “simplemente alucinante”.
“La pregunta es: ‘¿Dónde no estamos capacitando a la gente’”, dijo. “Es difícil imaginar a cualquier otro país en el mundo en una posición para hacer todo esto y hacerlo con tan poco escrutinio”.
Los cables de Wikileaks examinados en esta investigación se escribieron para cumplir con la llamada Ley Leahy, un proceso de investigación que se dedica a eliminar a extranjeros que hayan recibido capacitación y se hayan visto implicados en “violaciones graves a los derechos humanos”. Si bien la Ley Leahy ha impedido que llegue alguna ayuda de las unidades a países como Pakistán e Indonesia, se ha criticado rutinariamente como ineficaz y llena de lagunas que se usan para eludir la intención de la ley.
Su aplicación también ha sido obstaculizada por la falta de fondos. Como ha señalado Lora Lumpe, un analista senior de políticas para la Open Society Foundation, la Oficina del Departamento de Estado que controla la investigación Leahy operó con un presupuesto de sólo 2.75 mdd en 2014, mientras que los proyectos de seguridad que supervisó valían hasta 15 mil millones.
El número de casos que investigó en 2015 fue asombroso: 191 mil 899.
El número total de personas capacitadas es sin duda más elevado: de acuerdo con el Departamento de Estado, un solo caso puede comprender a miles de personas.
“Cuando decimos que tenemos que observar a cada individuo y a cada unidad y se hace una investigación, se obtienen demasiadas personas que han recibido una aprobación técnica pero de las que en realidad se sabe muy poco“, dijo Kleinfeld de la Fundación Carnegie. “Así que construyes un pajar donde buscas una aguja. Y a medida que creas ese pajar, la investigación se vuelve más compleja”.
Las preguntas sobre el proceso de selección vienen acompañadas de preocupaciones sobre la efectividad de los programas de capacitación. El año pasado, un esfuerzo que costó 500 mdd al Pentágono para entrenar y equipar a los rebeldes sirios, programada para producir 15 mil combatientes durante tres años, produjo solo unas pocas docenas antes de ser desechado por el gobierno de Obama.
El esfuerzo de 13 años en Afganistán se ha traducido en un ejército lleno de soldados “fantasma”, asolado por las deserciones y que continua sufriendo contratiempos y perdiendo terreno frente a una insurgencia relativamente impopular. Y luego sucedió el espectacular colapso del ejército iraquí en 2014 ante unas fuerzas mucho más pequeñas del Estado Islámico (aunque al momento el territorio perdido comienza a ser recuperado).
Estos fallos ponen en duda si estos programas remotos “pueden lograr alguna vez sus efectos deseados”, según un informe del 2015 del Servicio de Investigación del Congreso. “A pesar del creciente énfasis en la BPC, y su centralidad, en la estrategia de seguridad nacional y las operaciones militares, el supuesto de que la construcción de las fuerzas de seguridad extranjeras tendrá beneficios tangibles en la seguridad nacional de Estados Unidos sigue siendo una propuesta relativamente sin probar”.
