La realidad después de la condena a El Chapo

En los tres meses que duró el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel del Pacífico, ni las autoridades ni los criminales que fungieron como testigos protegidos contra el capo revelaron las conexiones y las personas que estarían involucradas en la distribución de la droga en territorio estadounidense. Y en México, a pesar de que las leyes obligan a la Fiscalía General de la República actuar ante el conocimiento de un posible delito; el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que las investigaciones sobre los funcionarios y exfuncionarios mexicanos que sí fueron ventilados en el llamado “juicio del siglo” se harán siempre y cuando haya una denuncia especifica. En las tres semanas que se presentaron las pruebas y testimonios contra El Chapo, prácticamente todas eran en torno a las operaciones que lideró en México, pues salvo el caso de los hermanos Flores (con nacionalidad mexicana-estadounidense), las complicidades que el Cártel del Pacífico mantiene en Estados Unidos quedaron prácticamente al margen del caso. Tras haber sido declarado culpable de los 10 cargos que se le imputaban, entre los cuales se ubica el de conspirar para distribuir e importar cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo y mariguana, así como uso de armas de fuego de grueso calibre y lavado de dinero, las operaciones del grupo criminal cártel, que actualmente tiene que figura de liderazgo visible a Ismael El Mayo Zambada no se verán afectadas de ninguna manera. Muestra de ello es que justo el 12 de febrero cuando se dio el cierre del juicio contra El Chapo, en el tribunal federal de Brooklyn, los agentes fronterizos de Arizona informaron de la ‘histórica’ incautación de fentanilo en un cargamento falso de pepinos que trasladaba un camión de carga que fue interceptado en el ingreso a Nogales, un cruce identificado como uno de los de mayor uso de Joaquín Guzmán y el cártel durante años y aún vigente. La incautación, según publicó el diario The New York Times, suficiente para 100 millones de dosis letales es muestra de “los agentes federales estadounidenses tienen mucho que hacer en sus intentos por desmantelar los infames cárteles de México”. “La organización criminal liderada por El Chapo permanece intacta y sigue siendo uno de los grupos criminales más poderosos de México actualmente. A pesar de que el cártel de Sinaloa continúa activo sin su líder, una muestra de las limitaciones de la polémica ‘estrategia de capos’, consistente en atacar a los líderes de estos grupos criminales, tanto las autoridades de Estados Unidos como México siguen empeñadas en ir tras los jefes criminales”, advirtió un análisis de la consultora Insight Crime. En ese sentido, refiere la organización especializada en investigación y análisis del crimen organizado, el próximo objetivo que vislumbra dicha estrategia anti-capos es el presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Ramos, quien actualmente se disputa el control territorial y rutas de trasiego con el cártel de Pacífico particularmente; se trata de uno de los 10 fugitivos más buscados por la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés). En México, los nombres de expresidentes, generales del Ejército y exfuncionarios mexicanos fueron mencionados en el juicio contra Guzmán Loera, algunos de ellos por haber presuntamente aceptado sobornos para beneficiar las operaciones del cártel y su entonces líder, no implicará investigación alguna a menos que haya una denuncia específica contra alguien, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. “El planteamiento nuestro es darle curso, no detener nada si existen denuncias; si se presentan denuncias, pues atenderlas”, indicó el mandatario durante su conferencia matutina al día siguiente de darse a conocer la condena del capo. En tanto trascurrían las 35 horas de deliberación en la que los jueces encontraron culpable a El Chapo; en nuestro país, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y el comisionado general de la Policía Federal, Arturo Jiménez Martínez, solicitaban a la comisaria Luz María García Rivas, directora de Asuntos Policiales Internacionales, retirar los pasaportes diplomáticos a 13 elementos de la Policía Federal que mantenían una Comisión adscrita al Servicio Exterior Mexicano en Estados Unidos y otros países de Europa y América Latina. Entre los elementos que se darían de baja se encuentra el agente que participó en la tercera captura de Guzmán Loera, el 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa, luego de que este despojara de su vehículo a una persona en la carretera a Navojoa. “Para periodistas, para la gente que está amenazada, la gente que requiere seguridad va a tener siempre la protección de nosotros, es una obligación que tenemos. Tiene que ver con los derechos humanos”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador y negó que el agente vaya a perder su protección. Tras la captura y luego extradición de “El Chapo” Guzmán, el policía fue asignado a una Comisión en Washington, por posibles represalias en su contra por parte de los hijos o miembros del cártel de Sinaloa.