Estados Unidos insistió a México, desde 2013, que Rafael Caro Quintero era su prioridad. Lo colocó en el rango de los más peligrosos terroristas, y lo quería preso en su territorio. El error del líder fundador del Cártel de Guadalajara fue el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena.
El gobierno de Enrique Peña Nieto (2006-2012) no pudo capturarlo. Aunque un equipo especial de la Marina —un cuerpo de élite—, lo intentó y estuvo muy cerca de conseguirlo en dos ocasiones, no pudieron vencer la barrera de protección familiar y el complejo del terreno por el que se movía, siempre al norte del país, particularmente en la zona serrana del llamado “Triángulo Dorado”, que abarca zonas de Sinaloa, Chihuahua y Durango.
El equipo de marinos trabajaba con su información de inteligencia y la que le proporcionaban las agencias estadounidenses. Incluso el propio Caro Quintero envió un mensaje a sus perseguidores, intentando frenar así las operaciones de captura. En una entrevista en 2016, aseguró que no se dedicaba a las operaciones de narcotráfico, que se había retirado. Estados Unidos insistió en que eso era falso.
Y los esfuerzos por capturarlo, tras su liberación en agosto de 2013, escalaron justamente en noviembre de 2020, ya en el gobierno actual de López Obrador, con el ofrecimiento por parte de la DEA de una recompensa de 20 millones de dólares por información que llevara a su captura, la más alta ofrecida por un capo de la droga, al tratarse de “algo personal” para el gobierno estadounidense, como llegó a reconocer el entonces titular de la agencia antidrogas, Ray Donovan.
Ahora, después de nueve años de salir de prisión, su captura se convierte en el más importante logro de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en la agenda estadounidense, las presiones por su extradición están vigentes.
Aunque en la presente administración han sido detenidos otros blancos criminales importantes, prioritarios para el gobierno de México, como el caso de José Antonio Yépez Ortiz El Marro, líder del llamado Cártel de Santa Rosa de Lima y principal generador de violencia en Guanajuato y zonas del Bajío; así como Juan Gerardo Treviño Chávez alias El Huevo, identificado como el líder del Cártel del Noreste, quien al mantener su principal zona de operación en Tamaulipas y municipios cercanos a la frontera con Estados Unidos, figuraba como uno de sus objetivos prioritarios.
Equiparada con la misma relevancia que la captura de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, Rafael Caro Quintero es considerado el capo más buscado, y tras su captura a cargo de una unidad elite de la Marina en la comunidad de San Simón, municipio de Choix, Sinaloa, podría ser juzgado en Estados Unidos por el asesinato de Kiki Camarena, quien a la fecha continúa siendo un símbolo al que se le rinde homenaje por parte de las autoridades y el gobierno de ese país.
Bartlett y Buendía, las revelaciones
Este texto lo publicó ejecentral el 22 de julio de 2021, reveló documentos que muestran la trama que existió tras el crimen del periodista Manuel Buendía, y en la que están involucradas agencias estadounidenses y mexicanas con el tráfico de armas para mercenarios y guerrillas; así como con cártel de Guadalajara, del que era líder Rafael Caro Quintero.
Poco antes de que fuera asesinado, el periodista Manuel Buendía investigaba al entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, porque tenía información sobre su relación con el narcotráfico. No era el único, pero sí el más importante, en la cadena de complicidades dentro de la poderosa oficina encargada de la política interna de México con el cártel de Guadalajara.
Un testigo fundamental para el gobierno estadounidense, Lawrence Victor Harrison, señaló directamente al entonces priista Bartlett, asegurando que tuvo un papel central en el crimen de Buendía, el más importante periodista de la época.
Esta declaración rendida ante la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), es el eje en el expediente que mantiene vigente Estados Unidos contra el ahora director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sus palabras dan cuenta de la conexión entre el cártel de las drogas más poderoso de México entre los años 80 y 90 —que dirigían Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca— con la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), generales del Ejército como Juan Arévalo Gardoqui, policías federales y estatales; así como políticos en los diferentes estados, particularmente Jalisco. Pero el verdadero poder de los narcotraficantes radicaba en el lado estadounidense, por su relación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y hasta con el Ejército estadounidense. Al menos Harrison atestiguó cómo a la casa de Fonseca llegó una caja, que parecía oficial de la oficina militar, cargada de armas con visión nocturna, rayos infrarrojos y pintura de camuflaje.
“Me dijo que no podía haber ningún problema, porque estaban junto con los estadounidenses, sabían quiénes eran. (Javier) Bárbara (exporro de la Universidad de Guadalajara y relacionado con la DFS) me dijo que no había ningún problema, entre ellos había (agentes estadounidenses y el cártel de Guadalajara) una especie de entendimiento secreto que era una cuestión política en la que no debería involucrarme”, relató Lawrence Victor Harrison.
Y si lo había, era a tal punto, que con conocimiento de la Dirección Federal de Seguridad —oficina dependiente de Bartlett— y el apoyo de la CIA, se entrenaba a miembros de la guerrilla Guatemalteca en un rancho de Caro Quintero, ubicado en Veracruz. Se sostenían reuniones con rebeldes cubanos y aparentemente servían de apoyo a mercenarios y grupos desestabilizadores que operaban en Sudáfrica o con el grupo de los contras nicaragüenses.
Es así, que el expediente contra el ahora director de CFE en el gobierno lopezobradorista, involucra una red de intereses políticos y criminales en los que estaban involucrados funcionarios mexicanos y miembros de las agencias de seguridad estadounidense.
El asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar ha ensombrecido la carrera de Bartlett.
Los informes Harrison
Lawrence Victor Harrison vivió en México desde 1968 y bajo un nombre falso —se sabe que utilizaba al menos cuatro— se insertó en dos de las estructuras más relevantes del país: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el cártel de Guadalajara. La información que aportó sobre casos como los de Buendía y el agente de la DEA Enrique Kiki Camarena no es menor.
Manuel Buendía fue un periodista cuya columna “Red Privada” documentó la operación de grupos extremistas, la corrupción de funcionarios, y la colusión entre el gobierno y el crimen organizado. En mayo de 1984, a plena luz del día, recibió cuatro disparos a escasos metros de su oficina en la colonia Juárez en la Ciudad de México.
El expediente del gobierno estadounidense menciona a Manuel Bartlett, hoy titular de la CFE, por su presunta implicación en el caso; en una de las diligencias es el interrogatorio que la DEA realizó a Lawrence Victor Harrison en septiembre de 1989.
De acuerdo con el reporte de investigación de la agencia antidrogas, que incluye el testimonio de Harrison y que consta de 59 fojas —del cual ejecentral tiene una copia—, Manuel Buendía se encontraba investigando la colusión que existía entre Bartlett, entonces secretario de gobernación; Miguel Aldana Ibarra, quien fue director de la Interpol-México; Manuel Ibarra Herrera, extitular de la DFS; y narcotraficantes.
Además, entre 1981 y 1984 Buendía también estuvo investigando el presunto entrenamiento de guerrillas guatemaltecas en un rancho de Veracruz que pertenecía a Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.
“La fuente inicial de información de Buendía en Veracruz vino de un reportero de Veracruz llamado Velasco. Buendía y Velasco fueron asesinados con una hora de distancia, supuestamente por orden de Bartlett Díaz”, sostiene el documento de acusación contra Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, en la Corte Central del Distrito de California que también está en poder de este semanario.
En el caso Buendía Harrison agregó que el trabajo político en embajadas y consulados estaba bajo el cargo del comandante Alberto Guadalupe Estrella Barrera, mano derecha de José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la DFS cuando ocurrió el asesinato del periodista.
Las diligencias del caso sostienen que Buendía tuvo comunicación con Zorrilla Pérez y le comentó sobre los asuntos en Veracruz, así como de una posible operación de contrabando de armas entre la CIA y narcotraficantes. Él le respondió que se trataba de una situación delicada de la que era mejor no hablar. Poco más de un mes después el periodista fue asesinado.
El comandante Estrella, junto con Zorrilla Pérez fueron arrestados por el homicidio del columnista y en 1999 se ratificaron sus sentencias de 22 y 25 años de prisión, respectivamente.
Sin embargo, el caso de Buendía no es el único en el que el titular de CFE ha sido implicado, testimonios ante las autoridades de Estados Unidos lo señalan también como presunto responsable en el caso de la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena.
Sobre las acusaciones en su contra en el caso de Camarena, Bartlett dijo en 2014, durante una entrevista con Carmen Aristegui, que era “una artimaña de (Enrique) Peña Nieto y (Miguel Ángel) Osorio Chong para golpearme por mi posición de defensa del petróleo”.
