La Portada | Zacatecas, batalla crítica

En Zacatecas da igual cerrar las puertas con cerrojos y candados. Da igual caminar acompañado o hacerlo solo. También da igual caminar sobre las transitadas calles del centro de la capital o en la pequeña localidad que te vio nacer y en donde todos son viejos conocidos. Todo eso da igual, porque en cualquier momento, especialmente en la madrugada, los grupos criminales se sienten con derecho de irrumpir en la casa de cualquiera o llevarse a cualquiera.

La seguridad simplemente se desvaneció. Muy atrás quedó el lema de los zacatecanos, que decían con orgullo, que habitaban en “el estado más seguro de México”. La violencia ha escalado al punto de dejar sólo en el recuerdo de aquellos tiempos sosiegos en los que las únicas notas rojas en los periódicos eran el choque de un vehículo contra un animal de granja o un pleito entre parroquianos que terminaba en lesiones o con la vida de alguno, en la peor de las situaciones.

Atrás también quedó la certeza de que los jóvenes salieran a “dar una vuelta” con sus amigos, divertirse en alguna fiesta de XV años, salir “de antro” o visitar a sus familiares. Atrás quedó la calma.

›La guerra de los cárteles por el control del territorio zacatecano ha desatado una guerra con varias aristas: la disputa en los territorios de la montaña, las minas y, lo más importante, el control carretero que conecta el corredor de tráfico de drogas, armas, personas y todo lo ilegal.

Pero en esta batalla hay pocos zacatecanos. De acuerdo con fuentes especializadas y consultadas por ejecentral, se ha descubierto que quienes libran la mayor parte de las batallas por el control del territorio provienen de Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí y Michoacán.

Para esas mismas fuentes de primer nivel, esta confrontación criminal está midiendo las capacidades de los cárteles y sus alianzas, los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en el corazón donde gobiernan morenistas, donde llegan un gran número de remesas y su posición geoestratégica para las rutas criminales, por ser punto de conexión, a través de tres carreteras, al Pacífico y la frontera norte. Por eso las oficinas de inteligencia colocan como de alta prioridad la atención a esta confrontación, al mismo nivel que la de Michoacán. Ambos casos han sido mencionados en las reuniones con funcionarios de Estados Unidos, porque los generadores de violencia son blancos de interés para las agencias de seguridad de ese país, Nemesio Oseguera, El Mencho y su familia, y la familia Cabrera Sarabia.

Primeros datos de terror

Las cifras oficiales ponen en evidencia que el aumento de la violencia en Zacatecas coincide con el cambio sexenal de las administraciones de gobierno, de hecho dan un gran salto los números. Por ejemplo, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SENSP) muestran que de 2015 a 2016, años en los que el priista Miguel Alonso Reyes entregaba el relevo de la gubernatura a su correligionario, Alejandro Tello Cristerna, la tasa de homicidios dolosos aumentó de 17.86 a 34.14.

El mismo patrón se repitió de 2020 a 2021, cuando la sucesión en el gobierno de Zacatecas fue para David Monreal Ávila, la tasa de homicidios fue de 63.91 a 96.67, según cifras oficiales. Esto último se traduce a mil 622 víctimas reportadas durante el año pasado.

En municipios que apenas rebasan 10 mil 276 habitantes, como es el caso de Vetagrande, que poca atención mediática ha recibido en la prensa local, por la penetración de los grupos criminales ha sido escalofriante. A finales de enero pasado, dos jóvenes de 17 años fueron vistas caminando a las 8:00 de la noche por las calles de la cabecera municipal, y poco tiempo después desaparecieron. Al otro día sus cuerpos fueron descubiertos. No presentaban señales de tortura ni de agresión sexual. Estos casos se han repetido en varios municipios, pero las comunidades no quieren que se conozcan los detalles. Estos actos han cumplido su primer cometido silenciar a la población por el miedo.

Incluso en Valparaíso, zona de constantes enfrentamientos entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS), fueron secuestrados y asesinados tres hombres originarios de tres localidades diferentes, todos mayores de 60 años.

Pero el caso que tuvo más resonancia ocurrió el 12 de febrero pasado, cuando desaparecieron cinco jóvenes universitarios, cuatro de ellos originarios de Francisco R. Murguía –también conocido como Nieves– y otras dos personas de Río Grande. Y esto es lo visible. Comunidades abandonadas, migración obligada o la desaparición de familiares, pero los enfrentamientos y crímenes que ocurren en las zonas más apartadas y de difícil acceso del territorio zacatecano, reconocen funcionarios de seguridad, es real y se analiza aún su dimensión.

Batalla sin ganadores

La cruenta guerra que se ha desatado en el territorio zacatecano ha provocado que al menos 77% de las muertes violentas en la entidad, en los últimos siete años, fueran provocadas por un arma de fuego. Desde 2015 —año en el que comenzó el registro oficial de crímenes— a 2021 se ha incrementado gradualmente el número de homicidios dolosos. Uno de los síntomas que dan cuenta de cómo la violencia homicida en Zacatecas se ha mantenido descontrolada es que durante todos estos años se superó, por mucho, la tasa nacional de víctimas de asesinato.

El año pasado es uno de los ejemplos más críticos. Con un cálculo de mil 622 personas asesinadas entre enero y diciembre de 2021, la tasa estatal de víctimas de homicidio por cada 100 mil personas fue del 96.67, que al superar en más de 274% la media nacional que fue del 25.83, el estado cerró el año con la tasa más alta de homicidios del país.

“Podemos decir que presumiblemente se trata de integrantes de grupos criminales enfrentados, sin embargo, vamos a esperar a que las indagatorias concluyan y den certeza”, señaló el gobernador David Monreal Ávila al referirse a los 16 cuerpos hallados el pasado 5 de febrero en los municipios de Fresnillo y Pánfilo Natera.

El hallazgo de esos cadáveres con rastros de tortura y “tiro de gracia”, ocurrió exactamente un mes después de que, afuera del Palacio de Gobierno —sitio desde donde despacha el mandatario morenista—, una camioneta con 10 cuerpos apareciera en la madrugada del 6 de enero a un lado del árbol navideño puesto en la plancha de la Plaza de Armas.

Una “herencia maldita” del modelo político neoliberal de los últimos 40 años, fue la explicación que esa mañana dio el gobernador a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que aseveró que ese tipo de hechos de violencia eran la consecuencia de la estrategia de seguridad que en conjunto con el gobierno federal se había desplegado en la entidad. “Lo ha dicho nuestro presidente de la República, hay que atender las causas y después atender y contener el tema del delito”, subrayó el gobernador quien para este viernes cumplirá 166 días en el cargo.

El homicidio doloso o intencional no es el único delito que se agudizó. De acuerdo con los datos oficiales tanto del SESNSP y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Zacatecas al igual que Baja California y Colima se ubican con las tasas más altas de homicidios; no obstante, muestran niveles bajos de pobreza.

Una comparativa hecha por el Observatorio Nacional Ciudadano a partir de dichos indicadores señala que mientras el estado pasó de una tasa de homicidios del 4.28 en septiembre de 2020 a 6.39 en agosto de 2021, y de 7.18 en septiembre del año pasado, el nivel de pobreza entre 2018 y 2020 se ubicó entre 49.2 y 45.8%, respectivamente. Esto resulta contrastante con casos como el de Chiapas, donde los porcentajes de pobreza estuvieron entre 78.0 y 75.5% en el mismo periodo, pero en cuanto a la violencia homicida la tasa ni siquiera alcanzó el uno por ciento.

Lo anterior contraviene con el discurso oficial, tanto federal como local, el que se agudizó la criminalidad y violencia en general, por los “estragos de la desigualdad y la pobreza”, como ha dicho el propio gobernador Monreal Ávila.

El mapa de la confrontación

Pese a que en ese periodo de medición el fenómeno de violencia no ha impactado en un mayor aumento de la pobreza, otros delitos despuntaron drásticamente. Este es el caso las extorsiones, las lesiones dolosas y las amenazas. Por ejemplo, de 2016 a 2021, es decir durante el mandato del priista Alejandro Tello Cristerna, el índice de esos delitos aumentó en 526 y 172%, respectivamente.

Esto revela que el trasfondo en la evolución delictiva, y el incremento de hechos de alto impacto y extrema violencia en Zacatecas se ha consolidado como un campo de batalla entre organizaciones criminales y las principales escisiones que buscan apoderarse de las rutas terrestres para el trasiego de drogas. Esta pugna por el territorio ya se ha observado en los casos de Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Baja California, Jalisco y Veracruz.

Un análisis de la consulta especializada InSigt Crime, tras los primeros hallazgos de cuerpos de este 2022, sostiene que “Zacatecas se ha convertido en la nueva víctima de la macabra guerra que libra el cártel Jalisco Nueva Generación contra el cártel de Sinaloa por la producción de drogas sintéticas. Antes de eso, el CJNG combatía al cártel de Santa Rosa de Lima por el control del huachicoleo en Guanajuato. A los Cárteles Unidos para exprimir a los productores de aguacate en Michoacán. Y otra vez al cártel de Sinaloa para extorsionar al sector turístico en Quintana Roo. Y al cártel del Noreste para asegurar los pasos fronterizos a Estados Unidos en Tamaulipas”. Sin embargo, las oficinas de inteligencia han rastreado recientemente información que muestra que los grupos criminales trataron de llegar a un acuerdo por el punto de conexión que es Zacatecas en las rutas criminales. Es una conexión desde el centro del país, que puede llevar hasta Laredo, Texas en menos de ocho horas por carretera; o a Monterrey, Torreón, Durango y hasta Mazatlán.

Pero los intentos se fracturaron y la confrontación se agudizó en los últimos años. Los investigadores han identificado, de acuerdo al rastreo de los orígenes de personas asesinadas o detenidas, que ambos cárteles, el de Sinaloa y el de Jalisco, han desplazado a equipos completos de sicarios para ganar el territorio, ante la debilidad de los grupos locales.

Desde la perspectiva de las principales instituciones de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos como lo es la agencia para la Administración de Control de Drogas del Departamento de Justicia (DEA, por sus siglas en inglés), en varias zonas de Zacatecas, al igual que en Tamaulipas, aún se mantiene una “base de poder” del cártel del Golfo, donde varios de los subgrupos han forjado alianzas con el Cártel liderado por Nemesio Oseguera El Mencho; mientras los remanentes del Cártel del Golfo buscan preservar el tráfico de heroína y cocaína, a través de las unidades de transporte de carga hacia McAllen y Brownsville, Texas, principalmente, según el último informe de la agencia estadounidense.

En México, consultoras como Lantia Intelligence han referido que la disputa territorial en la entidad se focaliza en las derivaciones de organizaciones que anteriormente mantenían cierta hegemonía a nivel estatal e incluso regional. En el caso de Zacatecas, células y grupos del Cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y cártel del Golfo son quienes principalmente mantienen la llama de la violencia homicida.

Fuentes consultadas sobre los movimientos de los grupos criminales refieren que mientras en la región norte de la entidad, colindante con Coahuila y Nuevo León, se mantiene una fuerte presencia del Cártel de Sinaloa, en la zona limítrofe con Durango se advierte una mayor dominancia del grupo conocido como Las Flechas, también derivado de Sinaloa, pero afín a Ismael Zambada El Mayo. En esta parte, la familia Cabrera Sarabia, leales al capo, son los que dirigen, desde Durango, la confrontación.

Las principales zonas de conflicto como focos rojos de violencia se ubican en parte en los límites con Durango y la región centro, en Fresnillo, Valparaíso, General Enrique Estrada, Calera, Morelos, Pánuco, Vetagrande y Jerez, entre otros donde el CJNG, que atesora dominio en las localidades colindantes con su bastión, Jalisco, así como con Aguascalientes.

Mientras que en los límites con San Luis Potosí hay una fuerte presencia de la escisión de Los Zetas identificada como el cártel del Noreste, y particularmente en Pinos se ubica la célula conocida como Los Talibanes, escisión de los Zetas derivada del liderazgo de Iván Velázquez Caballero El Talibán, detenido en 2012 en San Luis Potosí, para luego ser extraditado y sentenciado en 2017 en Estados Unidos a 30 años de prisión.

“En Zacatecas está en desarrollo una de las principales ofensivas de estos grupos criminales, de la que prácticamente que depende si se intensifica o extiende la violencia en el país, por eso es tan importante la acción del Estado”, sostiene un investigador que conoce la zona.

Escapar de la muerte

Esta batalla sangrienta que han protagonizado las diferentes células y unidades de sicarios al servicio de los cárteles, que utilizan el secuestro y asesinato de personas inocentes como forma de sometimiento, también se han intensificado las acusaciones entre los grupos criminales antagónicos e incrementando el número de multihomicidios en varias partes del estado.

Una reciente muestra de ello fue el video difundido en redes sociales esta semana, en el que una veintena de hombres con armas largas y equipo táctico, que se identifican como integrantes de la Operativa MZ, al servicio del Cártel de Sinaloa, interrogan y culpan a sus rivales del Jalisco Nueva Generación de haber sido quienes secuestraron y asesinaron a los cinco estudiantes universitarios en la capital del estado para “calentar la plaza”.

En el video donde se muestran a tres hombres sometidos, uno de los encapuchados, advierte: “lamentamos los hechos de los últimos días, donde estas basuras mataron a unos estudiantes inocentes, se les hará justicia”.

Esto se suma a las pruebas de cómo están utilizando todos los recursos disponibles para esta guerra entre grupos, métodos que incluyen desacreditar a las autoridades, de la misma forma, redes sociales, mantas o rumores.

La magnitud del fenómeno de violencia se ha intensificado a tal grado en territorio zacatecano, particularmente en las zonas serranas de los municipios de Jerez, Monte Escobedo y Valparaíso, en donde el propio gobernador del estado ha reconocido que son sitios donde los grupos criminales han hecho “una especie de zona, una estancia” en donde han ido despojando y desplazando a los pobladores de sus viviendas, su patrimonio.

“Lo que se está viviendo en Zacatecas es consecuencia del abandono del que fue objeto por sus anteriores gobernadores en el tema concretamente de seguridad, se cerró los ojos, se abandonó y eso hizo que se empoderada, creciera (…) El comportamiento del delito se ha ido profesionalizando, empoderando, deshumanizando, ya es un exceso, son cosas ruines, viles como el estar descuartizando, estar torturando”, refirió el mandatario en entrevista con Grupo Imagen esta semana.

Precisamente, sobre el desplazamiento a causa de la violencia, fue desde septiembre del año pasado cuando el alcalde Antonio Aceves Sánchez dio cuenta del abandono de hogar de pobladores de 11 comunidades del municipio, lo cual habría aumentado a 14 comunidades de Jerez para inicios de este mes.

El diputado de Morena por Zacatecas, Marco Flores, señaló que la cifra estimada de personas desplazadas por la inseguridad en el estado asciende a más de dos mil en al menos unas 18 comunidades, por lo que llamó “a los malos”, en referencia a los grupos criminales confrontados, “que por favor no se metan con la gente de bien, que vive de su trabajo, del campo”, refirió el legislador y cantante zacatecano de la Banda Jerez quien en 2012 fue víctima de un secuestro en el municipio que da nombre a su agrupación.

Además de la pelea por rutas y fronteras, los grupos criminales también luchan por un botín de guerra, que representa la extorsión a mineras y la apropiación de recursos provenientes de las remesas.

Ante la evidencia de que Zacatecas, como uno de los nueve estados prioritarios donde el gobierno federal mantiene una estrategia y un mayor despliegue de fuerzas de seguridad, a fin de reducir el índice de homicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido en por lo menos tres ocasiones a la situación de violencia e inseguridad que prevalece, lo cual ha señalado como un caso de excepción en comparación con los estados vecinos a la entidad.

“Es interesante que se conozca que lo de Zacatecas es algo especial, porque sus estados vecinos no tienen el mismo problema, decidieron los grupos utilizar como escenario para el enfrentamiento a Zacatecas (…) No está así San Luis como Zacatecas, ni Aguascalientes ni Durango… bueno, ni Jalisco. Es una circunstancia ahí especial”, señaló el pasado 7 de enero al reiterar que elementos del Ejército y la Guardia Nacional reforzaron los operativos de seguridad.

Sobre el hallazgo de los 16 cuerpos a inicios de este mes, el mandatario acusó, por primera vez, que se trataba de un “acto de provocación”. El descubrimiento de un dron que sobrevolaba sobre uno de los lugares donde abandonaron los cuerpos, aseveró el mandatario que evidenciaba que se trataba de “un acto propagandístico” en el que, si bien había un enfrentamiento de grupos (criminales), “pero también hay mucho de provocación”. Esta ha sido la primera ocasión en que el presidente López Obrador reconoce que los cárteles tienen una estrategia de más largo alcance y no se trata de “unos cuantos”.

“En el caso de Zacatecas se hizo ya un análisis, una revisión. Se va a reforzar con más presencia y otras actividades y mucha inteligencia, es más importante a veces la inteligencia que el uso de las corporaciones o la presencia de las corporaciones. Más elementos y otras acciones que no puedo repetir, pero vamos a continuar garantizando la seguridad del pueblo de Zacatecas, porque es nuestra responsabilidad”, aseguró el mandatario el 7 de febrero pasado.

Pero la presencia federal y la estrategia desplegada aún no impacta en la contención de la violencia en la entidad.

Contar desde los medios

Pero la ola de violencia en territorio zacatecano comenzó antes de la llegada de los últimos dos sexenios estatales. De acuerdo con los registros de la prensa local y de un reportero en activo que prefirió el anonimato por seguridad, los hechos violentos vinculados al crimen organizado comenzaron hace 13 años.

“Desde 2008 empezamos a ver constantes hechos violentos, que se recrudecieron en 2009, años en los que llegaron los Zetas. Pero el 28 de diciembre de 2007 fue el arranque oficial de la violencia vinculada a la delincuencia organizada”, fecha en la que ocurrió un enfrentamiento a balazos entre agentes de corporaciones de Zacatecas y un comando de Los Zetas.

Y así lo consignó en aquella fecha el periódico La Jornada Zacatecas: ”En lo que va del año, al menos diez policías han muerto en enfrentamientos con grupos delictivos. Se sabe que con el reacomodo de los cárteles de drogas, comandos armados se han refugiado en Loreto, Jerez, Sombrerete y en las colindancias con Aguascalientes, Durango y Jalisco, donde se supone que actúan los narcotraficantes”.

Para este reportero, la diferencia entre los primeros hechos delictivos en el estado eran casi una novedad en las páginas de nota roja, casi inexistentes en los diarios de circulación local, pero año tras año se abrieron páginas especiales e incluso se inauguró el primer periódico dedicado a estos temas: El Centinela del pueblo.

Pobladores y reporteros coinciden en que la dinámica de la violencia fue evolucionando, por momentos lentamente y en otras etapas de forma acelerada. Pero en los últimos años ha sido de manera más aguda.

“Uno se movía más para la cobertura de hechos delictivos porque eran menos frecuentes. Sabías que había balaceras en municipios y te movías, pero ahora cuando cubres un evento similar, no alcanzas a hacer la cobertura completa ante dos o más hechos simultáneos. Incluso que algún medio saque un hecho delictivo y otro medio saque otro, es ahora muy común. Llega a ser tan abundante la cobertura”, apunta el periodista.

Al aumento de hechos delictivos y de enfrentamientos entre grupos criminales se suma el desconocimiento de un protocolo para estas coberturas por parte de los periodistas, como ocurrió con el fotorreportero que dirigía el portal de noticias en línea PrensaLibreMx, Jaime Castaño Zacarías, el 9 de diciembre de 2020, en Jerez.

De acuerdo con información del organismo Reporteros Sin Fronteras, tras una cobertura en Jerez, el fotorreportero se encontró con los cuerpos de dos hombres que acababan de ser ejecutados y se detuvo para tomar fotografías de los cadáveres. Un individuo que estaba en el lugar le pidió, aparentemente, que borrara sus imágenes, pero el periodista se negó. Unos kilómetros más adelante fue asesinado.

A la situación de peligro cotidiano se sumó un inconveniente más para trabajar: el hermetismo de las autoridades estatales. En el sexenio de Alejandro Tello, cuando la violencia aumentó significativamente respecto al de su antecesor, se creó la figura de vocero, las conferencias eran constantes y había “mucha apertura hacia la información”.

Con la llegada de David Monreal Ávila a la gubernatura conforme la situación de seguridad empeora en la entidad, obtener información cada vez es más difícil por el hermetismo de las autoridades estatales. Para los medios “reportar sucintamente desde la vocería un hecho no es suficiente”.

En noviembre pasado, cuando ocurrió el hallazgo de nueve cuerpos colgados y uno más a pie de carretera, el presidente López Obrador se vio obligado a visitar la entidad para refrendar su apoyo al gobierno de Monreal Ávila. Además de implementar el Plan Zacatecas II que involucraría el reforzamiento de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, a nivel estatal se asumió la estrategia de informar a través de dos conferencias de prensa al mes, pero al remontar la violencia, no han vuelto a convocarlas.

“Parecía que con el operativo iba a funcionar y al principio presumían que iba bajando (la violencia), pero pasó esto de los jóvenes de Río Grande y Nieves, y pasa esto que afecta la percepción de la seguridad y ves que se están escondiendo las autoridades por que el discurso no les funciona”, mencionó el reportero.

La respuesta que ha dado el gobernador se liga con el mensaje que manifestó aquel 6 de enero desde la Plaza de Armas, cuando pronunció que la alta tasa de violencia eran resultado de una “herencia maldita”, por lo que, dijo, “confío en la bendición de Dios y espero que hayamos llegado a tiempo para detener todo este deterioro”.

Al respecto, el reportero consultado por ejecentral advirtió que el “discurso de la herencia maldita lo maneja para todo, ya sea economía, estructura, mantenimiento de carreteras y lo mismo lo aplica para seguridad que para otros rubros”.

Los desplazados

Fresnillo y Zacatecas son dos de las cinco ciudades con la mayor percepción de inseguridad del país según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ambas ciudades se encuentran muy por encima del promedio nacional para dicho indicador, el cual fue de 65.8 por ciento. Según el informe publicado este miércoles, siete de cada 10 mujeres tuvieron una percepción de inseguridad, mientras que en hombres fueron seis de cada 10.

De acuerdo con esta misma encuesta, 20% de la población de Zacatecas dijo haber presenciado algún enfrentamiento, aunque en el municipio de Fresnillo la puntuación fue de 31.6; mientras que el promedio nacional correspondió a 32.7 por ciento.

A esta configuración del horror se suman las familias desplazadas. Según datos aportados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el año pasado hubo un importante desplazamiento a causa de la violencia en el municipio de Valparaíso.

Así, la CMDPDH estima que alrededor de mil personas de varias comunidades del municipio de Jerez no han podido retornar de manera permanente a sus hogares desde el año pasado, cuando la ola de violencia irrumpió en sus hogares. Algunas familias visitan sus casas con el tiempo contado para realizar algún pendiente.

›Pero esta semana pobladores de la localidad Palmas Altas, del municipio de Jerez, decidieron emprender el viaje hacia las comunidades de Durango –La Laguna, Vicente Guerrero y Súchil–, donde el gobernador José Rosas Aispuro aseguró que la entidad cuenta con la instrucción a la Secretaría General de Gobierno y de la Coordinación Estatal de Protección Civil para la atención de estas personas.

Jerez y Fresnillo son municipios que han cobrado más notoriedad en la prensa nacional, pero Valparaíso y Monte Escobedo también han reportado la salida de familias completas de sus comunidades que ahora parecen pueblos fantasmas.

Después del secuestro y la desaparición de los cinco jóvenes en el centro de Zacatecas, el 12 de febrero pasado, los bares y otros centros de diversión nocturna se quedaron solos, mientras que en otros lugares de la zona conurbada se advirtió que había menos gente en las calles.

“A la mejor en la zona del centro de la capital se ve más actividad, pero en el resto de los municipios hay toque de queda y en nada ayuda la información que hay en redes sociales y que advierten a la gente que no salga de sus casas por el peligro al que se puede exponer”, mencionó nuevamente el reportero.

Entre las amenazas y el temor, surge una reacción grupal en la población. El reportero que habla para ejecentral advierte que además de la convocada el 19 de febrero, habrá otra marcha para pedir paz en la capital del estado. “Aunque te paraliza el miedo y te impide reaccionar, el hecho de que hayan estas marchas te habla de una sociedad que tiene capacidad y sensibilidad de reaccionar”.

“Uno pensaba que los Zetas eran lo peor que le podría pasar a Zacatecas –añade–, pero la escalada es inimaginable y uno dice que ya tocamos fondo y que difícilmente se puede poner peor la cosa, pero parece que no es así”.