La Portada | Tula, botín de los líderes del Cruz Azul

En 1905 comenzó a funcionar la planta que sería el eje del crecimiento de uno de los grupos más importantes en producción de cemento y mortero de México, Tula, en Hidalgo. Hoy sigue siendo uno de los más importantes bienes para la cooperativa Cruz Azul, porque representa la tercera parte de toda su producción, con más de 11 toneladas al año. Ahora, es una arena en disputa legal del actual consejo directivo, que para ganar el conflicto, ha decidido aplicar el refrán de que “en la guerra y en el amor todo se vale”: suspendió el pago de pensiones y prestaciones a socios jubilados y viudas, que alguna vez fueron el motor de la planta; aplicó despidos injustificados, varios en litigio, e interrumpió el pago a trabajadores en activo.

›La estrategia para presionar a los cooperativistas tiene ya consecuencias. Hombres y mujeres mayores, sin atención médica y viviendo de prestado, incluso con deudas, porque simplemente dejó de llegar su pago, a pesar de existir por ley, los recursos económicos dentro de su cooperativa.

“Esto para mi es un crimen, es con derecho de prisión. Nunca se han acercado a explicarnos por qué estamos excluidos, si nosotros tenemos derechos y ya trabajamos lo suficiente para recibir nuestra pensión y nuestros hijos están trabajando, son hijos de socios. El único delito que yo he cometido, si ellos (actuales dirigentes) lo ven así, es que yo tengo a mis hijos trabajando aquí –en la planta de Cruz Azul Hidalgo-- y ni siquiera dentro de la fábrica sino en las filiales”, denunció a este periódico uno de los jubilados afectados con la falta de su pensión.

Los responsables de esta operación, de acuerdo al organigrama, es el mismo Consejo de Administración y de Vigilancia de la Cooperativa, específicamente de sus presidentes Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, respectivamente, quienes ya enfrentan acusaciones e investigaciones por presunta administración fraudulenta y delincuencia organizada con fines de lavado de dinero dentro de Cruz Azul.

Este caso fue dado a conocer por ejecentral desde agosto del año pasado. Ahora enfrentan una nueva denuncia ante la Fiscalía General de Hidalgo

como responsables de haber despojado, sin fundamento ni justificación legal, el pago de pensiones y demás prestaciones a por lo menos unas 60 personas, socios jubilados y viudas de cooperativistas de la planta ubicada en Ciudad Cruz Azul.

Es un ultimátum, denuncian los afectados, “estás conmigo o contra mi”, les han advertido las personas vinculadas a los líderes. Es decir, los socios jubilados a quienes les han condicionado el pago de sus pensiones y prestaciones a cambio de que se disculpen y concedan, por escrito, el respaldo hacia la actual administración, según se establece en la denuncia de hechos por extorsión en detrimento de los jubilados, que desde el pasado 23 de febrero se presentó ante la Fiscalía y a la que este periódico tuvo acceso. La posesión de la planta está en litigio, y la rodea una serie de denuncias, por lo que necesitan del respaldo para tratar de ganar los juicios.

La incertidumbre y la desesperación que desde diciembre de 2021 a la fecha abruma a las decenas de trabajadores retirados y viudas, en su mayoría personas de la tercera edad con padecimientos crónicos como hipertensión y diabetes, y cuyo único sustento para sobrevivir y sortear sus gastos médicos se basaba en el monto que recibían de sus pensiones y en algunos casos también de las prestaciones legales como el haber social, la revaluación, la caja de ahorros y los vales de despensa, entre otras, ha implicado que desde hace más de tres meses de exigir respuestas, siguen sin ser escuchados y mucho menos atendidos.

Las tensiones en torno a la disputa por la posesión de las instalaciones de la Cooperativa escalaron este mismo viernes en las oficinas de Concretos Cruz Azul, ubicadas en calles de la colonia Del Valle en la Ciudad de México, donde incluso hubo reportes de personas armadas y disparos.

A través de la cuenta de Twitter de los Consejos de Administración y de Vigilancia que encabezan Velázquez Rangel y Marín Gutiérrez se informó que la confrontación en dichas instalaciones se debió a que “seguimos recuperando el patrimonio de los socios cooperativistas”.

Hasta el cierre de esta edición, la Policía no había dado cuenta de personas lesionadas o detenidas, no obstante que se confirmó el cierre de vialidades, así como personas tanto adentro y afuera del edificio que eran resguardadas por uniformados del sector y tránsito.

Una joya en pugna

El botín que implican las operaciones y producción de la planta en Ciudad Cruz Azul no es cosa menor. De los 11 millones de toneladas de cemento que anualmente se calcula que producen las cuatro plantas que integran la Cooperativa, la de Hidalgo genera alrededor de unas 3.5 millones de toneladas; es decir más del 32% de la producción total de la empresa.

Mientras que datos de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem) señalan que la producción de cemento en México durante 2019 ascendió a 305 millones de toneladas anuales, de los cuales, 271 millones fueron de cemento gris, 28 millones de mortero y 6 millones de cemento blanco. De esta producción, el 23% lo aportó solamente la cementera la Cruz Azul, es decir, 70.1 millones de toneladas al año.

Con una producción estimada en las 7 mil toneladas de cemento diarios, lo que equivale a 2.55 millones de toneladas anuales, el 3.64% de su producción total, la planta de Tula en Hidalgo se ha convertido prácticamente en la joya de la corona de la Cooperativa, de la cual no han podido apropiarse Velázquez Rangel y Marín Gutiérrez, pues los cooperativistas encabezados por Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales, presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia quienes cuentan con un amparo que les reconoce legal y jurídicamente la posesión de la empresa, lo cual implica que la producción y control de la planta se mantenga como hasta ahora, en tanto no se resuelva la suspensión de amparo de manera definitiva.

Y es que la batalla legal entorno a la Cooperativa y los nombramientos de Velázquez Rangel y Marín Gutiérrez se encuentra aún en vilo. Aunque el pasado 9 de septiembre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil negó el amparo al grupo encabezado por Federico Sarabia contra la asamblea del 29 de septiembre de 2018, en la que los primeros fueron nombrados presidentes de los consejos de Administración y Vigilancia, los cooperativistas consideraron como “intrascendente y no reviste importancia legal alguna para la resolución del conflicto que vive La Cooperativa”, señalaron los cooperativistas en un comunicado de septiembre pasado.

Toda vez que, “aunado a todo ello, existe otro juicio, el 454/2019, radicado en el Juzgado 30 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, que sigue en proceso y aún no ha sido resuelto y que impugna también la validez de la asamblea de septiembre de 2018, por lo que todavía no ha sido resuelta en definitiva”, al sostener que en marzo de 2021 el Juez Primero de Distrito de Hidalgo determinó que el Consejo de Administración electo en 2018 cesó sus funciones con motivo de los nuevos miembros electos en una asamblea de agosto de 2020.

“Debido a esta resolución la administración ilícita encabezada por José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel se vio obligada a establecer un nuevo esquema que les permitiera seguir al frente de La Cooperativa por lo que montaron una convocatoria ilegal, con el apoyo del Juez 60 Civil del TSJCDMX, para emplazar a una Asamblea General Extraordinaria de Socios el pasado 5 de abril de 2021, la cual actualmente también se encuentra impugnada”, reiteró entonces el grupo encabezado por Sarabia Pozo y López Morales.

De la ambición a la saña

La denuncia interpuesta el pasado 23 de febrero contra Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, a la que este periódico tuvo acceso, señala a ambos directivos por la suspensión de los pagos mensuales para al menos 60 jubilados y viudas de socios, de lo correspondiente a su pensión; así como varios casos en los que también se les dejó de pagar su haber social, revaluación, crédito, cooperativa de vivienda, caja de ahorros y hasta vales de despensa.

Aunado a que dicha situación, ha implicado diferentes tipos de maltrato que, desde la perspectiva gerontológica de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), se consideran como maltratos que incluyen la “explotación financiera” a través del uso ilegal de los fondos, la propiedad o los recursos de la persona adulta mayor, como establece dicha organización, implica una flagrante violación a lo establecido no sólo por las propias Bases Constitutivas y el Plan Múltiple de Beneficios de la Cooperativa, sino también por lo previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley General de Sociedades Cooperativas, como se advierte en la denuncia.

“Yo conozco todas las bases constitutivas de la Cooperativa y en ningún artículo dice que una persona esté autorizada para quitarle su sueldo, su pensión o sus prestaciones, eso está bien claro en los lineamientos. Esas bases constitutivas no nada más las conocen todos los compañeros asociados, las conocen las dependencias de gobierno, incluso lo debe conocer ahora la Comisión de Derechos Humanos. Mi reclamo obviamente es que se nos informe por qué esas personas (Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín) se autodeterminan para quitarle la pensión a los compañeros y los más viejos”, refirió un socio de 87 años, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias.

Haberlos despojado de la pensión y prestaciones, no ha sido la única medida de presión o de “extorsión” como se afirma en la denuncia, por parte de la dirigencia que encabezaba Velázquez Rangel y Marín en contra quienes ellos consideran como “los socios patito”, según acusa otro cooperativista con más de una década en retiro, pues se ha afectado a unos 200 socios en activo de la Cooperativa, trabajadores de la planta de Hidalgo a quienes se les han retenido sus honorarios y prestaciones, de acuerdo a distintos testimonios recabados.

A los jubilados también se les ha negado y en el mejor de los casos mermado la atención médica con la cancelación o retiro de los servicios médicos debido al ‘desmantelamiento’ se ha ordenado de las instalaciones de Médica Azul, filial de la Cooperativa responsable de proveer servicios médicos a sus trabajadores, familiares y derechohabientes de los socios, tanto activos como en retiro, en la planta cementera de Tula, donde se han focalizado estas acciones, por lo que el grueso de los jubilados han tenido que endeudarse y buscar la atención particular, con algunas cuentas impagables al no tener ingresos.

Tal es el caso de otro de los socios en retiro a quien le dejaron de proveer el seguro de gastos médicos mayores y ahora tiene a cuestas un adeudo de más de 700 mil pesos debido a la cirugías y tratamiento que le implicó a su hija el librarse del cáncer que padecía, “pero ahorita Finagam --cooperativa de ahorro y préstamo de la Cruz Azul mediante la cual se les realizan los pagos a los socios-- me está presionando para que yo pague ese dinero, pero ¿de dónde voy a pagar si Cruz Azul no me está pagando?”, reprochó el cooperativista.

De todo esto hay pruebas, por lo que se incluyó en la denuncia penal contra la directiva: “las enunciadas personas (Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez) determinaron que se nos dejaran de brindar servicios médicos en las instalaciones destinadas para ello, tales como: consultas en la Casa de Salud y a domicilio, hospitalización, traslados hospitalarios, urgencias, atención odontológica, estudios de laboratorio y gabinete. Por último, se instruyó a efecto de cancelar el envío del numerario que está destinado al pago de actividades lúdicas, mismo que asciende a la cantidad de tres millones de pesos”.

Un balazo en el pie

La inconformidad entre los cooperativistas relegados por la administración actual ha ido escalando al grado de que a las denuncias penales por los delitos de administración fraudulenta y delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, que ejecentral dio a conocer y que se interpusieron en contra la estructura que encabezan José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez y al menos otros nueve funcionarios y exfuncionarios de la cooperativa, se sumaron recientemente al menos 200 socios en activo --sin considerar los más de 60 jubilados-- que laboran en la planta ubicada en ciudad Cooperativa Cruz Azul.

Sin embargo, para Víctor Manuel Velázquez, quien al interior de la empresa ha ocupado diversos cargos, entre los cuales destaca el haber sido precisamente el supervisor de producción en dicha planta, así como el haber estado al frente de la Dirección Comercial de la Cooperativa e incluso presidir el Consejo de Vigilancia, que hoy ostenta José Antonio Marín, la inconformidad que mantiene “secuestrada” la planta de Hidalgo no supera los 70 socios.

Así lo dijo Velázquez Rangel --quien junto a Marín Gutiérrez están bajo indagatoria por parte de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) de la FGR, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)--, en una entrevista que el cooperativista ofreció al periodista Javier Alarcón, publicada en su canal de YouTube el pasado 17 de febrero.

“El cemento que producen en esa planta –de Hidalgo– lo venden a través de (empresas) factureras y los beneficios de esa venta se lo reparten entre ellos sin atender todos los requerimientos que te conlleva una administración de una sociedad cooperativa tan grande, como atender jubilaciones, pensiones, atender, pues, servicios médicos y todo lo que tenemos que responderle a nuestra sociedad que somos más de 700 socios y que ahí pues están enquistados en Jasso Hidalgo desgraciadamente entre 60 socios más o menos”, sostuvo Víctor Manuel Velázquez en dicha entrevista.

La conversación con Javier Alarcón ocurrió seis días antes de que los jubilados presentaran la denuncia de extorsión en su contra, señalándolos de condicionarles el pago de sus pensiones, “destacando que en varias ocasiones se nos ha solicitado la confección y entrega de un documento de respaldo y disculpa en favor de Víctor Manuel Velázquez Rangel y Juan Antonio Marín Gutiérrez, y dejar de manifestar nuestro desacuerdo con su gestión”, como se refiere en la denuncia.

Velázquez Rangel reconoció que la asamblea de 2018 en la que se dieron cuenta a sus nombramientos llegó “hasta las últimas instancias”; no obstante, precisó que en una asamblea del 5 de abril sus respectivos cargos fueron ratificados, “pero ya con toda la legalidad que tiene”. Por lo que minimizó el que cooperativistas se pudieran inconformar por la vía civil, mientras que, en el ámbito penal, en el que sí están denunciados, también lo descartó: “tampoco tenemos nada, aunque no nos causa ninguna extrañeza de que puedan por ahí denunciar, pero no tienen ningún fundamento, ni nada lo que están haciendo estas personas”.

La realidad es distinta. Ya que, para los socios, tanto en activo como jubilados en la planta de Hidalgo, así como en la de Lagunas, Oaxaca, donde también se ha hecho extensiva la inconformidad por varios cooperativistas, no se les ha notificado formalmente sobre la legalidad de los nombramientos de Marín Gutiérrez y Velázquez Rangel, además de que tampoco se les ha dado justificación alguna sobre el cese de honorarios, en el caso de los trabajadores en funciones.

Así como la retención de los recursos de las pensiones y demás prestaciones a jubilados, cuyos montos se encuentran debidamente etiquetados y asignados para esa finalidad como establecen las Bases Constitutivas, sin que a la fecha se haya aclarado tampoco su destino a más de tres meses de que no se les han depositado.

“Hay mucha incertidumbre, no hay una información real. Hasta ahorita nadie nos ha dicho: ‘miren, aquí nosotros somos los consejos legales, aquí está el acta constitutiva’. Percibo que hay un grupo de personas que lo que están intentando y siempre han intentado hacer es dividir a la sociedad cooperativa para poder apropiarse de la Cooperativa, la intención ha sido dividirnos, echarnos a palear, para declararla en quiebra y venderla o que este grupo la adquiera, no lo sé, pero lo más importante es que nos devuelvan lo que nos han quitado de manera muy arbitraria y abusiva, porque es un derecho que nos corresponde”, acusó Sergio Maya, socio jubilado tras más de 40 años de servicio en la planta de Hidalgo.

La opinión de Maya, que coincide con la de varios de los jubilados entrevistados, es que el presionarlo, y extorsionarlos o condicionarles el pago de sus prestaciones evidencia la intención por parte de la estructura que dirigen Velázquez Rangel y Marín Gutiérrez de querer apoderarse de la planta, o parar su producción. Esto refleja la desesperación de quienes en su momento fueron omisos en denunciar el presunto desvío de los recursos de los cooperativistas durante la administración de Guillermo Álvarez Cuevas (prófugo de la justicia), de quien el propio Velázquez Rangel reconoció en la entrevista con Javier Alarcón que durante los cargos que desempeñó, “confiábamos ciegamente en la administración de Guillermo Álvarez”.

Y en ese sentido reconoció: “Si Guillermo Álvarez en un momento dado, y fue mi jefe directo por más de cinco años, yo te puedo decir que siempre la lealtad hacia su posición de jefe, pero sobre él siempre a la institución. Es por eso que cuando él pretende hacer una venta de la Cooperativa, aunque fuera mi jefe, realmente mi lealtad esta con la Cruz Azul y está con los socios”, aseguró en la entrevista que podría ser ofrecida como prueba ante la FGR.

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