La Portada | Tamaulipas, una narcoelección

Las agencias de seguridad de Estados Unidos comenzaron a dar seguimiento a un vuelo privado, la sospecha de estar vinculado con operaciones de lavado de dinero los llevó a monitorearlo. No sólo hacía vuelos constantes, sino los horarios y lugares que visitaba alimentaba las dudas. Después de casi un año de vigilancia confirmaron que su dueño estaba vinculado con redes criminales de robo de combustible, drogas y posiblemente armas.

Pero lo más interesante, aseguraron fuentes de primer nivel, fue descubrir que entre los personajes que viajaron en ese avión privado se encontraban líderes morenistas, miembros del gobierno federal y de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, y al parecer “personas muy cercanas” al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las investigaciones comenzaron hace más de dos años. Un documento en poder de ejecentral muestra que la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) es la que tiene a su cargo las indagatorias, que aún no se han formalizado ante alguna Corte, y el seguimiento los ha llevado a identificar al gobernador de Tamaulipas y los candidatos del PAN-PRI y Morena en esta red de operaciones criminales y de alto perfil.

Es por eso que la disputa por el poder político en Tamaulipas se ha convertido en un foco de gran interés para el gobierno de los Estados Unidos. Ya no sólo es la DEA, se sumaron otras oficinas estadounidenses que tienen en la mira el proceso electoral en ese estado, ante las cada vez más contundentes evidencias de la posible intromisión y financiamiento ilegal por parte de organizaciones del crimen organizado.

Las entrañas

De acuerdo con documentos y diversas fuentes consultadas por ejecentral, en la serie de evidencias y la red de vínculos que están bajo la lupa de las autoridades estadounidenses por la probable vinculación de empresarios, políticos, funcionarios y legisladores con integrantes de la delincuencia organizada parte de las pesquisas en torno a cinco personajes claves, incluidos dos de los tres candidatos a gobernar el estado y el actual mandatario en Tamaulipas.

A partir de las indagatorias del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la DEA, del Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como del Departamento de Seguridad Nacional, del Departamento del Tesoro y la Fiscalía General del Sur de Texas, se señala a los hermanos Julio César y Sergio Carmona Angulo, este último asesinado el pasado 22 de noviembre a plena luz del día al interior de una barbería en San Pedro Garza García, Nuevo León, como los conectores principales en esta maraña de vínculos en la que se desdibuja el poder político del criminal.

Los empresarios tamaulipecos, principalmente Sergio Carmona, identificado como presunto operador financiero de Morena, e investigado junto con su hermano como contrabandistas de mercancía proveniente de China, y por el tráfico y venta de combustible robado (huachicol); pero también por ser vínculo de operaciones para tráfico de armas y lavado de dinero a través de la aduana de Reynosa, la cual incluso llegó a administrar su hermano Julio César Carmona en el primer trimestre de 2019, son identificados por haber generado ganancias millonarias a partir de sus operaciones ilícitas a cambio de favores políticos, financiamiento de campañas electorales, y relaciones con elementos de las Fuerzas Armadas, según las indagatorias en Estados Unidos.

Para sustentar estas acusaciones, los documentos señalan que tienen testimonios, registros de las operaciones, fotografías de reuniones e intercepciones de comunicaciones.

Por ello una de las principales líneas de investigación de las autoridades de Estados Unidos apunta al financiamiento por parte de los hermanos Carmona Angulo a la campaña del abanderado de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Y de acuerdo a testimonios también a favor de César Augusto Verástegui Ostos, del PAN-PRI.

De acuerdo con documentos del Departamento de Seguridad Nacional de ese país en poder de ejecentral, sobre el seguimiento de las cuentas y movimientos financieros de Sergio Carmona, evidencia al menos tres transferencias por un monto superior a los mil 500 millones de dólares, en favor de una cuenta en un banco holandés vinculada a Francisco Villarreal Santiago, hijo del hoy morenista.

Mientras que por el lado del candidato del PAN-PRI-PRD al gobierno tamaulipeco, Verástegui Ostos El Truco, las indagatorias señalan al exsecretario general de gobierno como el presunto enlace entre el aún mandatario y los jefes de grupos criminales, particularmente con Francisco Carreón Olvera alias Pancho Carreón, jefe regional de Los Zetas abatido durante un operativo de la Marina el 22 de abril de 2017, aunque su muerte no detuvo la relación.

La manzana envenenada

Los posibles nexos entre los hermanos Carmona Angulo y el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tienen su origen con el principal impulsor de la candidatura de El Truco: el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, sobre quien las autoridades estadounidenses mantienen abiertas investigaciones; así como de su familia por su aumento patrimonial y actividades empresariales, las cuales se remontan desde que el gobernador se desempeñó como alcalde de Reynosa.

Fue precisamente durante su mandato en ese municipio (2005-2007) cuando Cabeza de Vaca conoció a Sergio Carmona, quien ya entonces era percibido en el círculo político-empresarial como una persona “muy amable y buena onda” que apoyó con recursos, posiblemente ilegales, campañas de Acción Nacional, señalaron las fuentes consultadas.

Durante ese periodo a Cabeza de Vaca se le identificó como el diseñador de una red de operaciones irregulares en las secretarías municipales de Finanzas, Desarrollo Administrativo y Desarrollo Urbano y Ecología. Pero no fue sino hasta el 2018, cuando empresas propiedad de Carmona comenzaron a tener contratos bajo la administración de Cabeza de Vaca. Por ejemplo, el caso del Grupo Industrial Permat que fue contratada por la delegación del IMSS en Tamaulipas, para la construcción y equipamiento de consultorios en ciudad Reynosa por un monto superior a los 37 millones de pesos.

Así como la contratación por parte de la misma institución, pero de la empresa Grupo Industrial Joser para la segunda etapa de restructuración y recimentación en la unidad médica familiar 76 en Nuevo Laredo por un monto de más de 21 millones 237 mil pesos. No obstante, las contrataciones de las empresas de Carmona, incluyendo la de Consultoría Reymar, se ampliaron entre 2019 y 2021 a otras instancias del gobierno federal como las delegaciones de Comunicación y Transportes en Tamaulipas y otros estados como Nuevo León y Nayarit, así como de servicios de salud del IMSS en otras entidades cuyo monto total ascendió a los más de 300 millones de pesos.

A partir de la relación de Carmona con el gobernador de Tamaulipas, y otros políticos blanquiazules, incluyendo el apoyo económico en las campañas de legisladores locales y federales, habría surgido el vínculo con políticos morenistas, pues de acuerdo con las investigaciones los negocios del empresario tamaulipeco se dieron a partir de una aparente ruptura, aunque las hipótesis señalan al propio Cabeza de Vaca como artífice de la cercanía que los hermanos Carmona Angulo afianzaron con el Movimiento de Regeneración Nacional, a partir del arranque de la administración y que resultó en un fuerte impulso de los morenistas para los comicios del año pasado.

Acuerdos entre amigos

Tras el asesinato de Sergio Carmona, su hermano Julio César salió del país y pidió protección a las agencias estadounidenses que sabía lo investigaban, y así se incorporó al programa de testigo protegidos del Departamento de Justicia estadounidense, a fin de proporcionar información referente a los negocios que él y su hermano habrían logrado establecer a partir del tráfico de combustible en Tamaulipas, el trasiego de pipas desde la Unión Americana; así como comercio ilegal de productos chinos, armas y lavado de dinero. De estas operaciones, consideran las pesquisas estadounidenses, se beneficiaron políticos y funcionarios, además de que la labor de supervisión que Julio César mantuvo al frente de la aduana de su natal Reynosa desde el 2002 y hasta el 2019 también contribuyó a que sus negocios prosperaran.

La red de vínculos apunta al diputado federal Erasmo González Robledo como el principal enlace entre Carmona y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carillo, quienes han sido señalados por diversos medios con base en registro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al igual que el candidato Américo Villarreal, de haber viajado en aviones y vuelos privados a la residencia del presunto empresario en la ciudad de Monterrey, así como viajes que hiciera Villarreal Anaya a Sinaloa, donde fungió como delegado estatal para las votaciones del año pasado.

Pero la lista de las agencias estadounidenses incluyen a más personajes que se trasladaron en ese mismo avión, la cual está bajo revisión, pero incluye, aseguraron las fuentes, al menos a 10 personajes cercanos al presidente López Obrador.

Según las hipótesis bajo investigación apuntan a que por la vinculación entre Carmona y Morena fue motivo para que el 28 de mayo de 2021, un comando detuviera el vehículo en el que viajaba el líder nacional morenista, junto con la senadora por Tamaulipas, Guadalupe Covarrubias, y el diputado Erasmo González durante una gira por las ciudades de Matamoros y Reynosa.

“Hay que investigar este asunto, es una camioneta con armas largas; fuimos detenidos, nos apuntaron a la camioneta con armas largas, pero estamos bien”, instó entonces Mario Delgado, quien en enero de este año, a dos meses del asesinato de Sergio Carmona admitió públicamente haber conocido al empresario tamaulipeco, pero descartó que haya aceptado el recibirle dinero para las campañas o haber viajado en aeronaves de su propiedad.

“Sí lo conocí (a Sergio Carmona), pero nunca me subí a sus aviones (…) Él como muchos empresarios tratan de participar, pero no, nosotros no necesitamos porque hacemos siempre campañas austeras”, señaló Delgado Carillo durante la presentación de Marina Vitela como precandidata de Morena a la gubernatura de Durango, al desmentir que se haya subido a un vuelo con el empresario y el legislador Erasmo González, presidente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Y es que precisamente los antecedentes de la intromisión del crimen organizado en el anterior proceso electoral incrementan las expectativas y alertas sobre los efectos que este fenómeno pueda tener en las elecciones a celebrarse en prácticamente dos semanas. Considerando que como senador y entonces delegado del partido en el poder en Sinaloa, el expriísta Américo Villarreal fue clave para el triunfo de Rubén Rocha Moya.

Donde la evidente participación de la delincuencia organizada se materializó con el secuestro del secretario de organización del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado, José Alberto Salas Beltrán, quien fue agredido y privado de su libertad por casi dos días por uno de los comandos que ese 5 de junio amedrentaron las calles de Culiacán, empezando por los integrantes del equipo de campaña de Faustino Hernández Álvarez, candidato por el mismo partido a la alcaldía de ese municipio.

Es por todos estos elementos que las oficinas de Estados Unidos han ubicado su mayor atención en Tamaulipas, aunque también se renovará gobernador, el próximo 5 de junio, en Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Hidalgo y Quintana Roo.

Mientras que el caso de San Luis Potosí, colindante con Tamaulipas, fue otro de los casos emblemáticos donde quedó documentada la intervención del crimen organizado, pues el entonces candidato del PVEM y hoy gobernador José Ricardo Gallardo Cardona ha sido vinculado e investigado por autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con personajes y grupos del crimen organizado, sin que dichas indagatorias hayan prosperado a la fecha ante el aparente pacto político entre el mandatario y el presidente nacional de Morena, según versiones periodísticas al respecto.

No obstante que, en días previos a la jornada electoral, se dio a conocer que hombres armados procedentes de Tamaulipas habían ingresado a San Luis Potosí, para intervenir al menos unas 600 casillas en la entidad donde se impusieron presidentes de casillas y se falsificaron actas, según evidencias documentadas por partidos opositores como la coalición PRI-PAN-PRD que incluso exigió la anulación de los comicios.

Cuentas pendientes

El seguimiento de la DEA y otras agencias estadounidenses sobre las operaciones fronterizas de Sergio Carmona Angulo, y su hermano Julio César, hoy testigo protegido sobre quien no se han presentado cargos en su contra, se remonta a al menos un año antes de su asesinato que a la fecha sigue sin ser esclarecido, aunque el propio gobernador de Tamaulipas se ha pronunciado por indagar por su relación con el partido de Morena.

“Que sea la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Poder Judicial quien determine cuál es la situación jurídica de todos y cada uno de éstos (refiriéndose a Américo Villarreal; el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, y el diputado federal Erasmo González), pero lo que no pueden negar es que estuvieron ahí, lo que no puede negar es eso: la relación directa con alguien que fue asesinado en San Pedro Garza García y que era el operador para el contrabando de diésel, de gasolina y que es del dominio público que con esos recursos estuvieron financiando esas campañas”, acusó Cabeza de Vaca en conferencia de prensa del pasado 10 de mayo.

A lo que al día siguiente también urgió el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza quien exigió a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Delitos Electorales “se investiguen y sancionen los vínculos señalados entre una red de tráfico ilegal de combustibles entre dirigentes y candidatos de Morena, me refiero a Mario Delgado y a Américo Villarreal, con Sergio Carmona, líder huachicolero de Tamaulipas”.

Lo cierto es que las indagatorias abiertas mantienen en la mira las actuaciones del exsecretario general de gobierno de Francisco Javier Cabeza de Vaca, y actual candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, César Augusto Verástegui Ostos El Truco, a quien incluso responsabilizan por el atentado en contra de la Casa de Gobierno del estado del 24 de junio de 2018, al señalar el posible incumplimiento de parte del hoy candidato a gobernador.

Según información a la que este medio tuvo acceso, Verástegui Ostos, quien en dos ocasiones se desempeñó como presidente municipal de El Mante, además de haber sido diputado tanto local como federal y dirigente del PAN en Tamaulipas, fungió también como enlace entre García Cabeza de Vaca con mandos regionales de Los Zetas, principalmente con Francisco Carreón Olvera alias Pancho Carreón, quien hasta antes de ser abatido controlaba las operaciones del cártel en el centro y sur de la entidad.

Aunque se ha documentado que El Truco no era el que mantenía la comunicación directa con dicho capo, el vínculo entre ambos se estableció a través de Edgar Noé Ramos Ferretiz, compadre de El Truco, conocido empresario de la región de El Mante y quien ha sido señalado como operador financiero de Pancho Carreón y otros mandos delictivos, además de haber fungido como director de Bienestar Social de ese ayuntamiento y aspirante a la candidatura del PAN para la alcaldía en la elección del 1 de julio del 2018.

Escala conflicto

“Nos están tratando de callar, para evitar que apoyemos al candidato por Morena, Américo Villarreal Anaya, y que éste continúe arriba en las preferencias”, acusó el viernes pasado Octavio Leal Moncada, líder de la columna cívica Pedro J. Méndez, quien sostuvo una reunión con militares y guardias nacionales tras el bloqueo por más de 15 horas que la organización hizo de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, a la altura de El Tomaseño, municipio de Hidalgo.

De acuerdo con Leal Moncada, cuya columna apoya abiertamente al candidato de Morena, el supuesto acoso y los ataques en su contra provienen de personas cercanas al gobernador Cabeza de Vaca, pues advirtió que una vez que deje el cargo “será inminente su captura por las investigaciones que tienen abiertas la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, sostuvo el líder cuyos simpatizantes habrían hecho los bloqueos y quema de vehículos para evitar que la policía ministerial lo detuviera.

›Tras los hechos, Octavio Leal exigió al gobierno federal la presencia del Ejército y la Guardia Nacional para garantizar su seguridad, mientras que Juan José Contreras Castillo, presidente municipal de Hidalgo, Tamaulipas, acusó al gobierno estatal de no cumplir acuerdos y a las fuerzas de seguridad estatales de haber iniciado una persecución con disparos de arma de fuego.

“La presencia del crimen organizado, como brazo armado de ambos partidos políticos (PAN y Morena), influirá en el resultado de las elecciones, las organizaciones criminales intervienen en estos procesos como ‘maquinarias electorales’ que venden su apoyo a algún candidato (ya sea con recursos, movilización de votantes o mediante agresiones en contra de los otros candidatos o sus simpatizantes)”, advirtió una tarjeta informativa del Movimiento Ciudadano sobre el conflicto.

Esa misma semana, se dio a conocer que elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvieron a Nidia Virginia, exsecretaria particular de Sergio Carmona Angulo, sin que existiera una orden de aprehensión, denunció su abogado, Gerónimo Galván, quien expuso que su cliente fue prácticamente secuestrada e incomunicada por las autoridades en Reynosa. Mientras que la familia de la joven señaló al gobernador Francisco Javier García, al asegurar que semanas atrás el mandatario envió a funcionarios de su gobierno para hostigar a Nidia.

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