Iniciaba esta semana, eran cerca de las 11 de la mañana del lunes, y el estruendo de los disparos alertó a los habitantes de al menos seis colonias en la comunidad de Nuevo Progreso, en el municipio de Río Bravo. Del fuego cruzado entre criminales y fuerzas de seguridad resultó gravemente herido Edelmiro, un hombre de 58 años, quien minutos más tarde murió en el Hospital General de Reynosa, a donde fue llevado por elementos del Ejército.
Las escenas de pánico generalizado a plena luz del día, principalmente de madres y padres de familia que alarmados acudieron a las escuelas para recoger a sus hijos, se han vuelto una constante en varias regiones de Tamaulipas, incluyendo la Ribereña, pero que después de las elecciones se había moderado. Pero cuando ya faltaban unas semanas para el cambio de estafeta del gobierno estatal, se reactivaron las pugnas entre los grupos criminales y la difusión de sus actos, y con ello el nivel de violencia e inseguridad en la entidad.
De poco sirvió el reforzamiento en los despliegues de seguridad que anunció Francisco Javier García Cabeza de Vaca en sus últimas semanas como gobernador del estado. Se consideró que el riesgo era mayor en el gobierno federal y al siguiente fin de semana de que el morenista Américo Villarreal Anaya tomara protesta en el cargo, al menos 250 militares de la Cuarta Región Militar arribaron a la llamada “frontera chica” para reforzar la seguridad en los municipios de Miguel Alemán, Mier, San Nicolás y Méndez.
Pero el blindaje abarcó más territorios y se prevé que se sigan reforzando los operativos. El gobernador Américo Villareal confirmó a cinco días de haber rendido protesta que “son 600 nuevos elementos (del Ejército) que se distribuirán a lo largo y ancho de nuestra entidad para reforzar la seguridad, y también aquí a Ciudad Victoria va a llegar un equipo de fuerzas especiales para seguir manteniendo la tranquilidad y la seguridad de los tamaulipecos y las tamaulipecas”.
La razón, explicaron fuentes de primer nivel a ejecentral, es que el análisis de riesgo aumentó, porque se considera que grupos criminales con “alianzas” al gobierno panista que dejó el poder, podrían intentar una acción violenta de mayores dimensiones y mostrar así un escenario de inestabilidad en la entidad.
Aunque esta creciente violencia también se explica en parte por la pelea por el preciado territorio tamaulipeco, que representa una ruta y puerta de salida para el tráfico humano, drogas y combustible ilegal, el cobro de extorsiones, y el ingreso desde Estados Unidos de armas y dinero.
El cambio de gobierno estatal ha implicado la llegada de otros grupos políticos, lo que altera, aseguran fuentes consultadas, los pactos políticos, económicos y criminales que se dieron durante el panismo, algo que ya se investiga desde la administración local y federal.
En ese contexto también se enmarca un foco rojo que se encendió tras la inconformidad de las policías locales, ante una mayor presencia e intervención del Ejército en las tareas de seguridad pública, la cual no descartan que podría escalar a un paro de labores.
Una disputa que también podría entenderse ante la posible cooptación del crimen organizado de los elementos de la Guardia Nacional en el estado, como se dio a conocer tras el hackeo a información sensible de la Sedena por el grupo de hacktivistas autodenominado “Guacamaya”.
Tamaulipas podría convertirse en un foco de inestabilidad política y criminal, así lo advierten informes internos de seguridad que se han entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador. En lo que no se descarta que pueda ser utilizado por la oposición o hasta por los grupos criminales para alterar las elecciones de 2024, de allí que la preocupación federal.
De acuerdo con diversas fuentes consultadas, el incremento de los choques armados entre los grupos criminales, principalmente células afines al Cártel del Noreste y del Golfo, resulta un reflejo de la crisis política y social generada por la transición de gobierno, en la que además de los señalamientos y descalificaciones que han intercambiado ambas administraciones por la posible colusión con la delincuencia organizada, los riesgos de un posible estallido social no se descartan.
“Sí hay una reactivación, pero realmente son los intereses políticos porque prácticamente es un narcogobierno. Hay una reactivación en cuanto a enfrentamientos, por ejemplo, la zona sur donde era aparentemente tranquilo porque estaba muy acallada, porque era el precio que teníamos que pagar por estar en silencio, ahí en la zona sur ya ha habido enfrentamientos y retenes en el puente Tampico”, alertó Nestor Troncoso, periodista desplazado, que ha sido perseguido por denunciar los abusos de grupos como la Columna Armada “Pedro José Méndez”, al asegurar que dicho grupo pactó con el gobierno del morenista Villareal Anaya.
Pactos con grupos armados
Las alertas sobre una posible intromisión del crimen organizado en la elección de Tamaulipas estaban a la vista y se ignoraron. Este diario documentó la preocupación que agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos mostraron sobre los comicios, pero particularmente sobre la sospecha de que los entonces candidatos de Morena y Acción Nacional pactaron con el los grupos delictivos.
Dentro de estos señalamientos, en el reportaje “Tamaulipas, una narcoelección” que ejecentral publicó el 21 de mayo pasado, un par de semanas antes de los comicios, se señala el respaldo que la llamada Columna Cívica Pedro J. Méndez evidenció a la campaña de Américo Villareal, no obstante, su líder Octavio leal Moncada fue detenido el 5 de julio por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos personas en Hidalgo, uno de los municipios de Tamaulipas donde se focaliza la presencia del grupo armado.
›Tras los bloqueos carreteros y la movilización que realizó la Columna Armada en días previos a las elecciones, y tras la detención de líder, con la entrada del nuevo gobierno han mostrado una postura “reflejada”, pues a decir de Nestor Troncoso, “están tranquilos porque están a punto de liberar a su líder -Octavio Leal Moncada-, porque fue uno de los pactos que hicieron con Américo Villareal, además de no ejecutar las órdenes de aprehensión que hay en contra de sus integrantes, porque traen investigaciones tanto federales como estatales”, detalló.
Una revisión a la distribución de los votos en la pasada elección da cuenta de que en el Distrito 13 del estado, correspondiente a la región de San Fernando que abarca los municipios de Abasolo, Burgos, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jiménez, Mainero, Méndez, Padilla, San Carlos, San Fernando, San Nicolás y Villagrán, en donde la Columna mantiene una sólida presencia, le implicó al entonces abanderado de la coalición Juntos Hacemos Historia una suma de más de 44 mil votos.
Sin considerar los poco más de 500 votos que la candidatura de Américo Villareal recibió de electores en el extranjero, las votaciones en ese Distrito 13 significaron a más del 56 % de la votación en ese distrito, que en los hechos significaron más del 7 % de los más de 710 mil votos totales con los que ganó la gubernatura el candidato por Morena, PT y el Verde Ecologista.
Esto tuvo un impacto importante en el triunfo del morenista, incluso la preferencia que el grupo armado vinculado como parte de la estructura del cártel del Golfo fue reconocida por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al referirse al municipio de Hidalgo, donde se ubica el ejido Buenavista que fue literalmente secuestrado por la Columna Armada durante más de tres años, sin que ninguna autoridad interviniera, el presidente López Obrador refirió que pese a la presencia de esa organización “que se le acusa de estar vinculada a actividades ilícitas”, en actos de campaña de él, la Columna le permitía entrar “sin problema porque sabían que de manera directa nosotros no queremos la confrontación”.
“Esa organización (la Columna Armada) apoyó la campaña del doctor Américo. Yo he ganado ahí y ganó el PAN y ganó el PRI (…) Los que votan ahora por Américo Villarreal son los mismos que votaron por él (García Cabeza de Vaca) porque he escuchado eso”, refirió el mandatario el pasado 28 de septiembre al respaldar el apoyo de ese grupo al actual gobernador.
“Y si votaron por él ¿qué?, por uno y por otro. ¿Qué, no tenían derecho a votar? ¿Estaban impedidos? ¿Y cómo ahora se descubre que tienen relaciones delictivas o se dedican a actividades delictivas? ¿Y cómo se comprueba? ¿Y cómo se va a usar eso para decir ‘hay vínculos con el narcotráfico’?”, cuestionó el presidente López Obrador.
La crisis que viene
La reactivación de las pugnas criminales en Tamaulipas es un hecho. Muestra del creciente clima de violencia es que en agosto ascendió a 51 las víctimas de homicidio en la entidad, el mayor número de asesinatos en los últimos 10 meses, sin tomar en cuenta el alto índice de “cifra negra”, es decir el porcentaje de delitos cometidos que no se denuncian.
De acuerdo con datos del Inegi, al cierre de 2021 Tamaulipas registró una cifra negra del 96.1 %, ubicando al estado dentro de las cinco entidades del país en donde menos se denuncian los delitos, superado sólo por Sinaloa, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca. Ubicando la incidencia de extorsiones, así como los robos o asaltos de mercancías, dinero, insumos y bienes, los delitos más frecuentes en la entidad durante el año pasado.
La permanencia de la inseguridad por estos crímenes, en suma, con el aumento de los enfrentamientos armados obligó incluso al entonces gobernador saliente, García Cabeza de Vaca, a que unos días antes de dejar el cargo solicitara apoyo de las autoridades en Estados Unidos, para hacer frente a las organizaciones delictivas que operan en ambos lados de la frontera.
“Estamos pidiendo la colaboración de nuestros vecinos del norte (Estados Unidos), que juegan un papel muy importante, porque muchos de estos grupos criminales también operan del otro lado de la frontera (…) Parte de las exigencias que hemos hecho una y otra vez es frenar precisamente el flujo de migrantes del sur, inclusive muchos de estos que agarran como centro de distribución el área de Monterrey y la zona metropolitana y desde ahí se empieza el flujo de migrantes que es sumamente lucrativo para los grupos criminales”, reconoció el entonces gobernador a mediados de septiembre pasado, y sobre quien ahora hay una orden de aprehensión y una alerta migratoria para que no abandone el país.
La complicidad entre los grupos delictivos con las autoridades se ubica dentro de los constantes riesgos que tanto periodistas locales como ciudadanos han denunciado en redes sociales. Un claro ejemplo de ese contubernio y el abandono de las autoridades en localidades donde, por ejemplo, grupos como la Columna Armada mantiene presencia se ha vuelto cotidiano en los primeros días de la actual administración, denunció Nestor Troncoso.
“Sin temor a equivocarme, en poco tiempo, la misma gente de la zona al ver que no hay autoridad, que no hay quien ponga orden ahí, la gente va a empezar a participar para defenderse, defender su vida porque no les asiste la Guardia Nacional, no les asiste el Ejército, no les asiste ninguna policía. Al contrario, las policías andan apoyándolos descaradamente disparando a la población, van custodiando a los cárteles”, acusó.
A decir del también activista, quien en mayo de 2019 fue secuestrado, golpeado e incluso su vida corrió peligro cuando fue atacado por integrantes de la Columna Armada, cuando él acudió a entregar ayuda humanitaria a pobladores del ejido Buenavista, el cual sigue a la fecha sitiado por dicho grupo, en el municipio de Hidalgo.
En esa región del estado se ha hecho habitual ver la complicidad entre autoridades y los grupos delincuenciales: “Es muy común ver a gente de la Columna Armada y atrás de ellos a la policía escoltándolos, son parte del mismo cártel. Y la policía del estado las funciones que cumplen en las carreteras es la de halconear, avisar cuando viene el Ejército o autoridades federales de las que no están compradas también, pero es la función que cumplen, no patrullan son halcones”.
El control de la seguridad
En medio de la información de inteligencia de la Sedena que se reveló con el hackeo a la institución, en la que se dejó al descubierto la posible infiltración del Cártel del Golfo en los grupos de operaciones especiales de la Policía Estatal de Tamaulipas, así como del agrupamiento de la Guardia Nacional en el estado, ha ido en aumento el descontento de las corporaciones de seguridad locales por una mayor injerencia del Ejército en las labores de seguridad, la cual fue sugerida desde el centro y ha sido avalada por el actual gobernador.
La gravedad de la inseguridad en la entidad y la necesidad de contener cualquier riesgo que busca la federación, para lo que el Ejército quiere el control, quedó en evidencia el primer día de gobierno del morenista.
Sin consultarlo, días antes de asumir el poder, Américo Villarreal designó como secretario de Seguridad Pública Estatal al excomandante de la Policía Federal, Óscar Alberto Aparicio Avendaño. Pero cuando tenía 24 horas de despachar en ese cargo, el gobernador le quitó el nombramiento y designó al general de brigada en retiro, Sergio Hernando Chávez García.
El nuevo funcionario no agradó a grupos de la entidad, todos anónimos, que comenzaron a atacarlo con videos y menciones en redes sociales, asegurando que estaba involucrado en hechos de corrupción.
También comenzó la resistencia de mandos y elementos estatales por tener a un mando militar como secretario, pero el gobernador Américo Villareal tomó como coyuntura la detención de dos policías tamaulipecos que viajaron a Nuevo León a realizar cobros ilegales y golpear a distintas personas, como punto de partida para pronunciarse por la transformación de la Policía Estatal en lo que llamó una “Guardia Nacional”, lo cual dijo que su gobierno propondrá al Congreso estatal.
“Podría pasar a estar funcionando y estar trabajando como lo hemos prometido la Guardia Estatal, con capacitación en derechos humanos, en contención y uso de la fuerza, y le podemos dar ese soporte y uso administrativo y lo hagamos con un cambio de elementos e instalaciones de lo que es de policía estatal a Guardia estatal”, refirió este jueves
el mandatario.
Sin embargo, el equipo del que se ha rodeado el mandatario desde el periodo de campañas, e incluso algunas de las designaciones que ha hecho ya como gobernador han sido cuestionadas al tratarse de personas que están vinculadas o lo estuvieron con grupos de poder cercanos al crimen.
Ese es el caso, por ejemplo, del excoordinador antisecuestros en el estado, Willy Zúñiga Castillo, quien en 2015 fue acusado y detenido por el delito de secuestro e incluso se le vinculó con Raúl Gámez La Borrega, expolicía ministerial integrante del Cártel del Noreste. Sin embargo, este martes pasado, el gobernador Villareal Anaya nombró a Willy Zúñiga como rector de la Universidad de Seguridad y Justicia del gobierno estatal.
En medio de la mayor actividad criminal, la inconformidad de las fuerzas de seguridad estatales y la creciente presencia de elementos castrenses en el estado para atender la violencia, el presidente López Obrador anunció que acudirá a la entidad para “definir” claramente los apoyos que recibirá el gobernador, sobre quien ha descartado que tenga vínculos con mafias, y justificó que no había acudido hace tiempo, pero adicionalmente mandó un mensaje adicional, tendrá allí la reunión de su gabinete completo de seguridad:
“El caso de Tamaulipas es especial porque no he visitado Tamaulipas, ya tiene algún tiempo, o es de los estados que menos he visitado en los últimos tiempos. Sí los he visitado todos, pero hace falta que se defina con mucha claridad el apoyo que vamos a seguir destinando al pueblo de Tamaulipas y el respaldo al gobernador Américo Villarreal (…) vamos a tratar el tema de seguridad, pero además va a haber reunión de todo el gabinete del gobierno federal en Tamaulipas”.
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