El dictamen es concluyente: el gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa transfirió irregularmente mil 350 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
En el cuarto año de su gestión, en 2020, los Servicios de Salud de Oaxaca transfirieron mil 350 millones de pesos de la cuenta bancaria correspondiente al capítulo de “Servicios generales” a otra vinculada con la partida de “Servicios para programas adicionales”, para pagar la nómina del personal de salud.
Pese a que el gobierno de Murat Hinojosa había recorrido más de la mitad del periodo sexenal, mantenía la misma práctica observada con anterioridad: transferencias bancarias del dinero público de forma inusual. Así, el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue determinante: “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública”.
Aún cuando el gobierno estatal justificó que realizaría la reclasificación de las partidas para aclarar el señalamiento, no lo hizo. Y estas operaciones bancarias anómalas se convirtieron en el señalamiento con el monto más alto en la última revisión a las cuentas públicas ejercidas por el priista.
En otras palabras, el manejo de los recursos federales a través del FASSA fue desaseado.
Al priista le quedan cinco meses para atender la larga lista de observaciones realizadas al gasto público durante su administración o, de lo contrario, se convertirán en su legado.
Pero Hinojosa Murat sólo es uno de los seis gobernadores salientes que heredarán cuentas públicas comprometidas. Las anomalías detectadas por la ASF, como transferencias bancarias irregulares, pagos de remuneraciones no acreditadas y falta de documentación comprobatoria del dinero público erogado, ascienden a 36 mil millones pesos en las seis entidades, sólo de los primeros cuatro años de sus administraciones, de 2017 a 2020.
Para tener una idea de la magnitud del boquete, que aún está bajo revisión en una parte, esos 36 mil millones de pesos equivalen a dos veces el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), la mitad del presupuesto de Dos Bocas o podría servir para construir nueve estadios como el de Qatar 2022, con lo más avanzado y costoso del mundo para el futbol.
Los estados gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), Aguascalientes, por Martín Orozco Sandoval; Durango, José Rosas Aispuro, y en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, son los que acumulan observaciones con los montos más altos, al registrar 19 mil 621 millones de pesos, lo que representa el 54.5% del monto total señalado en las seis entidades.
Le siguen las administraciones encabezadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hidalgo, gobernada por Omar Fayad Meneses, y Oaxaca, por Alejandro Murat Hinojosa, que registran 14 mil 550 millones de pesos, que representa el 40.4% del recurso total ejecutado.
Quintana Roo, a cargo de Carlos Joaquín González, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no se salva del desaseo. Durante su administración, acumuló mil 60 millones de pesos pendientes de comprobar.
Este es el balance financiero en la recta final de los gobernadores de la oposición, y aún falta que el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados revise las dos últimas cuentas públicas de sus administraciones.
Este fin de semana, la jornada electoral será el prólogo del final de su gestión. Hasta ahora, ninguno de estos y otros hallazgos de la ASF, extrañamente se han convertido en denuncias penales ni en sanciones administrativas, a pesar de que las conclusiones de la auditoría establecen la promoción de faltas administrativas graves.
Los desaseos
La falta de documentación comprobatoria del dinero erogado, transferencias de recursos de cuentas bancarias a otras y el pago de remuneraciones injustificadas a trabajadores, son las principales anomalías cometidas por los gobernantes salientes, detalló Manuel Guadarrama, coordinador del área de Gobierno y finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“Esto se debe a la poca planeación de los estados. No consideran todas estas remuneraciones especiales que se les dan a los funcionarios públicos y que, al final de cuentas, se terminan pagando. Son remuneraciones que no estaban contempladas o que están injustificadas”, explicó.
Y añadió: “El error más grave es una falta de apego a la parte de planeación y presupuestación que deriva en que el ejercicio del gasto sea ejecutado de forma incorrecta, fuera de lo que se aprobó”.
La suma de estas prácticas de desaseo financiero asciende a 36 mil millones de pesos correspondientes a las seis entidades, y se trata de la revisión del ejercicio del gasto federalizado; es decir, a las aportaciones Ramo 33 y las participaciones Ramo 28, en los primeros cuatro años de sus gestiones.
Estas son las primeras seis administraciones a las que se les fiscaliza el rubro de participaciones federales, luego de la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en 2016.
De este total observado, 20 mil millones de pesos arrastran solicitudes de aclaraciones emitidas por el órgano fiscalizador, debido a que los gobiernos estatales no lograron justificar el gasto durante el transcurso de la auditoría. En tanto, los 16 mil millones de pesos restantes se relacionan con pliegos de observaciones, en los que se presume un probable daño al erario, precisó Roberto de la Rosa, investigador del programa Anticorrupción de México Evalúa.
La mayor parte del gasto, de esos 36 mil millones de pesos, aún no logra justificarse; es decir, aún permanece en el periodo de “seguimiento”. Esto significa que los gobernantes arrastran saldos pendientes de aclarar desde el primer año de su mandato. “No sabemos si se van aclarar, si se van a convertir en pliegos de observación, en daños al erario, aún no lo sabemos, están en seguimiento. En cuatro años, todos están en seguimiento”, criticó De la Rosa.
Ninguna entidad, subrayó, tiene algún procedimiento en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa derivado de la promoción de procesos sancionatorios y tampoco hay denuncias penales.
“Ninguna irregularidad de los seis estados en las cuatro cuentas públicas han salido de la Auditoría para llegar al Tribunal de Justicia Administrativa. Esto es muy importante porque los años son considerables, vemos que los montos en seguimiento son bastante elevados, y no solamente eso, sino que, aunque prosperan a una etapa más seria de responsabilidades administrativas graves no terminan por llegar al Tribunal y, por tanto, no hay una sanción final sobre si efectivamente la entidad lo ejerció de manera irregular”, denunció el investigador.
De 2017 a 2020, la ASF realizó 552 auditorías, de las cuales el 83% fueron de tipo financiero, por lo que permite saber si el dinero público se ejerció conforme a la partida etiquetada en el presupuesto de egresos.
Tamaulipas, la mayor lana
Tamaulipas registra el monto observado más alto en las seis entidades. Durante los primeros cuatro años de la administración de García Cabeza de Vaca, las anomalías en el ejercicio de las aportaciones y participaciones federales sumaron 14 mil 956 millones de pesos.
La mayor parte del dinero público, es decir, 14 mil 655 millones de pesos, presentan solicitudes de aclaraciones. De este monto, el 73% se mantiene en estatus de seguimiento, y el 23% fue aclarado. En el 4% restante sí se confirmó la existencia del mal ejercicio del recurso, por lo que se transformó en pliegos de observaciones por el presunto daño a la hacienda pública federal.
En tanto, los 301 millones de pesos restantes corresponden a pliegos de observaciones en los que se presume afectación al erario, el 55% del monto no se ha logrado justificar. Sin embargo, el 43% se confirmó que hubo irregularidades, por lo que se inició la promoción de faltas administrativas graves.
“Este es el estado más emproblemado de los seis”, concluyó De la Rosa.
Pero Oaxaca no se queda muy atrás. Es la segunda entidad con más problemas financieros pendientes. De 2017 a 2020, la gestión de Murat Hinojosa fue señalada de ejecutar prácticas inusuales que suman 12 mil 824 millones de pesos.
De la cifra total, 3 mil 427 millones de pesos corresponden a solicitudes de aclaración, en las que el 94% continúan sin acreditar su manejo correcto por parte del gobierno estatal, y en el 6% restante se confirmó la existencia del mal ejercicio del gasto.
En el 73% del monto señalado, es decir, 12 mil 824 millones de pesos erogados por la administración de Murat Hinojosa, se presume un probable daño a la hacienda federal, porque aunque el 20% del monto fue aclarado y el 48% se mantiene en seguimiento, en el 32% restante sí se confirmó la ejecución de malas prácticas, por lo que derivaron en faltas administrativas graves.
“Es uno de los estados que tiene un problema más grave, digámoslo, que se están confirmando las irregularidades que detectó la auditoría en estas cuatro cuentas públicas, este 32 por ciento es importante para Oaxaca”, advirtió el investigador de México Evalúa.
Tan sólo en el último informe correspondiente a la cuenta pública de 2020 presentado por la ASF, evidenció que “el estado con más observaciones tiene pendientes por aclarar ante la Auditoría, es el gobierno del estado de Oaxaca, que son 4 mil 763 millones de pesos”, precisó Guadarrama.
Con esos 36 mil millones de pesos se podrían construir 9 estadios de futbol como los de Qatar; con lo más avanzado en tecnología.
Los otros cuatro
Aguascalientes es otra de las entidades con desaseos en la ejecución del gasto federalizado. En los primeros cuatro años del gobierno de Orozco Sandoval se acumularon irregularidades en las aportaciones y participaciones federales por mil 136 millones de pesos, de los cuales el 100% aún no se han aclarado ante el órgano fiscalizador, a pesar de que algunos señalamientos derivan de la cuenta pública de 2017.
“Esto es importante porque estamos hablando de cuentas públicas de tantos años y todavía están en seguimiento”, criticó De la Rosa.
En lo que corresponde al pliego de observaciones, acumula mil 574 millones de pesos, de los cuales el 89% aún permanece en el área de aclaraciones y el 8% se determinó la existencia de malas prácticas, por lo que pasó al informe de promociones de responsabilidades administrativas.
Los montos señalados en Durango e Hidalgo son casi similares. En la entidad gobernada por Rosas Aispuro, se emitieron solicitudes de aclaración en la ejecución de 475 millones de pesos en las aportaciones y participaciones federales de 2017 a 2020, del cual el 73% del monto se mantiene en seguimiento y el 1% se transformó en pliego de observación.
Además, acumula pliegos de observaciones por presuntos daño a la hacienda pública federal por mil 480 millones de pesos, de los cuales el 87% no se han aclarado y el 12% pasó a la presunción de responsabilidades administrativas.
Una situación similar se replica en Hidalgo. En las primeras cuatro cuentas públicas, la administración a cargo de Fayad Meneses acumuló solicitudes de aclaración por el gasto de mil 65 millones de pesos, de los cuales el 90% no se justifica.
En tanto, en los 661 millones de pesos restantes se advierte presunto daño al erario, el 65% del monto fue aclarado, el 21% se mantiene en seguimiento, pero en el 14% la ASF sí confirmó la irregularidad, detalló De la Rosa.
De las seis administraciones salientes, Quintana Roo es la entidad con el monto más bajo en anomalías reportadas en la ejecución del gasto federalizado, con mil 60 millones de pesos.
En los primeros cuatro años del gobierno de Joaquín González, la ASF emitió solicitudes de aclaración por 356 millones de pesos, sin que a la fecha se hayan solventado; mientras que, elaboró pliegos de observación por 704 millones de pesos, de los cuales el 96% se mantiene en estatus de seguimiento y el 1% fue confirmado.
Este es el panorama financiero que heredarán los gobiernos panistas, priistas y perredistas a sus sucesores, en la que al menos cuatro entidades, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, serían encabezadas por Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de acuerdo con las encuestadoras Consulta Mitofsky y Polls.
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