La Portada | Secuestros, el delito que no se cuenta

Seis horas y media estuvo secuestrado Ricardo. Sentado en la terracería, más o menos a medio kilómetro de donde dejó su tractocamión, rodeado por hombres con armas largas, con uniforme tipo militar, pasamontañas y radios que no dejaban de sonar. Por su cabeza pasó de todo, menos que la “iba a librar”.

A diferencia de otras “bajadas” que ocurren sobre la llamada “carretera de la muerte”, la de Monterrey-Nuevo Laredo, en la que los criminales detienen a los operadores a punta de pistola para asaltarlos y llevarse la mercancía que trasladan, esta vez fue diferente.

Al hombre de 55 años lo bajaron, lo golpearon y lo privaron de su libertad sólo porque les dieron “el pitazo” de que en la línea —la empresa de transporte— se estaba distribuyendo droga “y querían saber quién era el bueno”.

Un oportuno —para Ricardo— mensaje a uno de los radios de sus captores en el que se alertaba del “arribo del gobierno (autoridades)” al lugar, provocó casi el milagro de que Ricardo fuera liberado.

Lo más interesante es que pese a las amenazas ni él, ni la empresa, cuyos datos se omiten por seguridad, quisieron presentar la denuncia por esos 390 minutos de secuestro.

“No me tocaba o no sé, pero ese día sentí que volví a nacer. En la línea me aconsejaron que no metiera denuncia, y no lo hice, porque sabemos que no es la primera ni la última vez, a eso nos exponemos, pero prefiero seguir jalando (trabajando) a que después me busquen por denunciar”, relató a ejecentral Ricardo.

Así, el secuestro “exprés” del que fue víctima se sumó a la cifra negra (ilícitos que no se denuncian) de uno de los delitos que, aunque en los datos oficiales pareciera que va a la baja, en realidad su incidencia se ve cada vez más diluida entre la falta de denuncia y un cada vez mayor subregistro en categorías poco transparentes.

Además de no denunciar, en estos casos suceden otras situaciones con las víctimas. Se convierte en un tema del que poco se habla, casi no se cuenta en el entorno familiar y, en algunos casos más, las personas cambian de trabajo o “desaparecen” del lugar, convirtiéndose en un desplazamiento forzado que disipa toda posibilidad de saber de estas víctimas silenciosas.

Esta cifra negra, consideran especialistas, ocurre por varias razones, entre las principales se encuentra el desgano de padecer la burocracia de la justicia o la desconfianza que persiste en las autoridades locales y su falta de especialización para atender uno de los delitos más delicados ante el riesgo de rescatar con vida o no a la víctima.

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Desmanteladas las unidades antisecuestro en el país y convertidas en “unidades de alto impacto”, que lo mismo se encargan de combatir la incidencia de extorsiones, trata de personas, homicidios, robo de hidrocarburos, entre otros delitos, los casos se acumulan y también se desvanece la expertise. Adicional a ello también se encuentra

la ausencia de una estrategia en los tres niveles de gobierno que se enfoque al combate de quienes lucran con la libertad de las personas.

Pero hay algo más. El registro que hacen las fiscalías estatales de este delito no es confiable, y con razón, porque cómo se lleva el registro de los números y cómo se acomoda la tipología de los ilícitos distorsiona todo. Lo cierto es que los secuestros en México persisten, y no se están contando ni combatiendo como debería ser.

En ese sentido, Fernando Escobar Ayala, investigador en la organización civil Causa en Común, apuntó que la CONASE ha transitado por una historia similar a la de la extinta Policía Federal, en la que prácticamente “se les ha abandonado, relegado, mientras que el grueso de los operativos está siendo comandado por la Guardia Nacional, y en consecuencia por la Sedena”.

Los “otros” secuestros

En 2022 hubo al menos 79 mil 852 secuestros que dejaron 77 mil 825 víctimas, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, de manera oficial las fiscalías y procuradurías del país abrieron 506 carpetas de investigación por los secuestros que acumularon 724 víctimas en todo el país, reportan las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Si se considera que la cifra negra de ese delito se ubicó en 2022 en 86.4%, la más baja desde 2017 (cuando el Inegi empezó a contabilizarla), aunado al hecho de que el grueso de la incidencia, tanto de casos como de víctimas, se aglomera en la subcategoría de “víctimas por otros delitos que atentan contra la libertad personal” (donde también se incluyen víctimas de desaparición forzada de personas cometidas por particulares, entre otras modalidades de secuestro), entonces la claridad sobre la situación de los secuestros en el país se vuelve difusa.

“El hecho de que el grueso de estos delitos se vaya a esta categoría extraña, oscura, sumamente cuestionable, lo que refleja es una muy mala regulación y un auténtico desinterés por parte de las autoridades sobre el funcionamiento de nuestros ministerios públicos, de nuestras fiscalías”, aseguró Escobar Ayala.

En entrevista, el politólogo, académico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especializado en la sociología de las violencias, seguridad pública y militarización, destaca el hecho de que las fiscalías del país, subordinadas al Poder Ejecutivo de las entidades, actúen bajo un margen de discrecionalidad y una “nula coordinación” entre instancias tanto locales como federales.

Esto ha propiciado que actualmente “las fiscalías son en buena medida un embudo que obstaculiza por completo la procuración de justicia”.

Una revisión de ejecentral a las estadísticas oficiales da cuenta de que de 2015, año en que la entonces nueva metodología del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó a contabilizar el número de víctimas a nivel nacional, a noviembre de 2023, las 10 mil 586 víctimas que las fiscalías del país representaron el 5.3% de las 198 mil 842 que se concentraron en “otros delitos que atentan contra la libertad personal”.

Para Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, el reflejo de esa situación se explica por el incumplimiento de las autoridades que “no acatan lo que marca la Ley (General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro), donde se define qué tipo de secuestro y cómo se debe de tipificar, pero esto, añade, no lo hacen los gobiernos en general, y si se trata de migrantes, menos”.

70 y 80% hay en subregistro de las cifras oficiales de secuestro, según informes mensuales de la organización Alto al Secuestro.

Y es que, a partir de los informes que mensualmente actualiza Alto al Secuestro, resulta cada vez más evidente el subregistro que se advierte en las cifras oficiales, que de manera sistemática se ubica entre el 70 y 80%, lo que “indudablemente genera impactos porque no hay una política adecuada para combatir el delito de secuestro”, sostuvo la activista.

La discrepancia en las cifras es evidente. El último informe de la asociación, al corte de noviembre, dio cuenta de un total de 85 casos con un total de 233 víctimas.

En contraste con las estadísticas del Secretariado, es decir, los informes proporcionados por las fiscalías del país, se abrieron 36 averiguaciones por ese delito durante el mes, con un total de 52 víctimas. De este grupo, el 86.5% correspondió a personas que fueron víctimas de secuestro extorsivo. En el mismo período, se registraron dos mil 781 víctimas de otros delitos que afectan la libertad personal.

La discrepancia en cuanto al número de indagatorias que oficialmente se reportó que fueron abiertas en el penúltimo mes de 2023 se ubicó por encima del 42%, y en más de 22% respecto a la cantidad de víctimas contabilizadas por el SESNSP.

Un cambio relevante

Ante la crisis de secuestro que azotó al país, al grado de que en 2012 se superaron los 105 mil casos en todo el territorio, en enero de 2014 (en el arranque del segundo año de la administración de Enrique Peña Nieto), se puso en marcha la “Estrategia Nacional Antisecuestros”, y con ella el surgimiento de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), con Renato Sales Heredia (actualmente fiscal general de Campeche), como el primer zar antisecuestros del país.

En 2015, ya integrado como un órgano de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), adscrita a la entonces Secretaría de Gobernación, la CONASE recibió un presupuesto de más de 79 millones 106 mil pesos, el mayor que ha recibido hasta la fecha.

Aunque a lo largo del sexenio anterior la CONASE mantuvo un monto presupuestal por arriba de los 72 millones de pesos, en 2019 registró la primera reducción que alcanzó el 24%, en comparación con los recursos con los que se echó a andar. Y desde entonces siguió cayendo su presupuesto.

El dato. En 2022 hubo al menos 79 mil 852 secuestros que dejaron 77 mil 825 víctimas, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 del Instituto Nacional de Estadística y geografía.

A partir de 2020, la CONASE pasó a ser un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y por los dos años siguientes recibió un presupuesto que osciló entre 52 y 54 millones de pesos.

El 19 de junio de 2023 se publicó en un decreto que la CONASE ahora se llamaría “Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto”.

El cambio no fue menor, pues en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación a las “atribuciones específicas” que se le confirieron a la ‘nueva CONASE’ para vincular las acciones entre las instituciones de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para la atención y el combate al delito de secuestro, se sumó también la extorsión y la trata de personas como delitos de alto impacto. En los hechos sus atribuciones y responsabilidades se diversificaron a muchos más ilícitos y en otras aristas.

“Es muy complicado el nivel de desconexión institucional que existe, y buena parte de sus funciones para auditar, vigilar, destinar recursos y procurar el fortalecimiento institucional de las unidades locales (antisecuestro) han sido delegadas y se han trasladado a otras instancias, por ejemplo, la Guardia Nacional y el Ejército”, señaló el investigador Fernando Escobar.

Un efecto de la disminución en la efectividad de la estrategia y la lucha contra el secuestro se atribuye al hecho de que en las entidades ya no existen unidades especializadas contra este delito. Estas unidades fueron transformadas en ‘Unidades de Alto Impacto’, las cuales abordan diversos delitos de manera indiscriminada, tales como trata, extorsión, entre otros, según destacó Miranda de Wallace.

Hoy personal de la CONASE se encarga también de auxiliar en la cumplimentación de órdenes de aprehensión y la realización de operativos para el combate de delitos que van desde la pornografía infantil, hasta el robo de hidrocarburos, los homicidios y el narcomenudeo, entre otros.

La información tanto de Alto al Secuestro como del Secretariado indican que, pese al probable subregistro, desde 2020 ha habido una prevalencia en la disminución de secuestros, y en 2021 se registró la tasa de víctimas más baja desde 2012; no obstante, al año siguiente repuntó en más de 27%. La cifra negra en torno al secuestro es uno de los factores que podrían agravar los esfuerzos para combatirlo.

Si se toma en cuenta que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para este año se prevé destinar a la CONASE 78 millones 314 mil 533 pesos, la mayor cantidad de recursos desde su creación, el hecho de que ya no propiamente está enfocada a abatir el secuestro, sino a una amplia lista de delitos de alto impacto, el dilema recae en cómo hacer más eficientes esos recursos.

“Es muy complejo, ya que existen varias aristas, habría que contar con una verdadera estrategia de seguridad, y especialización de los delitos, situación que no existe”, lamentó la presidenta de Alto al Secuestro, para quien “es difícil hacer algo cuando el discurso es que todo va muy bien”.

Maquillaje y víctimas invisibilizadas

Como en el caso de Ricardo, quien prefirió no denunciar el secuestro exprés que sufrió por temor a represalias del grupo criminal que lo mantuvo cautivo. La inquietud, principalmente en los casos donde hay una evidente participación del crimen organizado, sigue siendo un factor que desincentiva la denuncia de los ciudadanos y aumenta la desconfianza en las instituciones.

Desde la perspectiva de Fernando Escobar “es tal el colapso y la ineficacia que perciben los ciudadanos en las instituciones de procuración de justicia, es decir, son tan malos en la cercanía con la ciudadanía, en la práctica cotidiana, que no ofrecen ningún incentivo para aprovechar los canales que existen para la denuncia de los delitos”.

En la opinión del investigador, un ingrediente que juega un papel central en lo que las organizaciones civiles señalan como el “maquillaje” de las cifras, tiene que ver con el “cálculo político”, y más en un año de elecciones, que se lleva a cabo en los gobiernos, en las entidades, a través de las fiscalías dependientes de los mismos.

“De cara a las elecciones a las autoridades salientes les interesa proyectar resultados y así asegurar ciertos márgenes de continuidad para su proyecto político, pero se trata de artimañas de la clase política que corresponde a todos los partidos. Hablamos de fiscalías que están bajo el control o dominio de los distintos partidos políticos, y la práctica de maquillar cifras es común en todas las entidades del país independientemente del partido gobernante”, advirtió Escobar Ayala.

Niños y adolescentes, daños colaterales

Al reconocer que es “sumamente complejo” lograr un control de los secuestros de migrantes, ya que no cuenta con un control sobre el flujo y los albergues, Isabel Miranda de Wallace denunció que la Ciudad de México es un claro ejemplo de cómo los “secuestradores rodean los campamentos (de personas en tránsito) y piden rescates a larga distancia a sus familiares”.

Uno de los fenómenos relacionados con el delito de secuestro se vincula a la afectación de niñas, niños y adolescentes. Según los datos del Secretariado, se registraron 1,070 casos cometidos contra menores de 18 años desde 2015 hasta noviembre de 2023. De este total, el 64.7% correspondió a varones, sumando 693 víctimas, mientras que el 35.2% restante afectó a aproximadamente 377 niñas y adolescentes.

“La situación de amenazas, extorsiones y secuestros a niños, niñas y adolescentes en México es crítica. Ante la falta de seguridad, la niñez y adolescencia también es víctima de estos delitos, cuyas consecuencias van más allá del impacto físico”, advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) en su informe anual de 2023.

La preocupación de la Red se da por el aumento que el año pasado se registró en el número de secuestros de niños, niñas y adolescentes, en comparación con los casos reportados en 2022, que pasaron de 50 a 81 (30 mujeres y 51 hombres), de enero a noviembre de 2023, y que se focalizó en ciertas entidades. En 2023, la mayor cantidad de niños y adolescentes secuestrados se concentró en la Ciudad de México, Chihuahua y Sonora.Pero en Chihuahua, Sonora y Oaxaca fue donde se tuvieron los mayores aumentos en la cantidad de víctimas de entre cero y 17 años, en los primeros 11 meses de 2022 y 2023.

“Es imperativo coordinar la cooperación entre autoridades, organizaciones de la sociedad civil y comunidad para abordar este problema de manera integral”, urgió la Redim.

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