La Portada | Santiago Nieto, las acusaciones detrás de su caída

Pasaban de las siete de la mañana en el frío Palacio Nacional. Era lunes, el segundo de enero de 2019, y las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador gozaban entonces de un rostro de espectacularidad. Ese 14 de enero, el presidente le dio la palabra a Santiago Nieto, quien apenas tenía un mes de haber llegado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto a él estaba su jefe directo, el entonces secretario de Hacienda Carlos Urzúa, y hasta el fiscal Alejandro Gertz.

Todos sonreían. Vestido con un traje negro, camisa blanca y corbata gris a cuadros, Nieto se colocó tras el micrófono y mostrando un rostro serio, voz gruesa y seca, anunció que su oficina investigaba operaciones por 45 mil 567 millones de pesos, que involucraba a 50 sujetos en ocho estados, presuntamente ligados al robo de combustible.

“Muchas gasolineras compran a Pemex e importan combustibles, sin embargo, sus ventas superan las compras ante Pemex. ¿Qué significa eso? Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol”, acusó entonces el titular de la UIF.

En ese momento el tema del robo a Pemex no sólo ocupaba los principales espacios de noticias, llevó a la ciudadanía a sufrir un desabasto de gasolina. Así que el anuncio de Santiago Nieto lo colocó de inmediato bajo los reflectores, pero especialmente en la confianza de López Obrador.

En los siguientes días comenzó a filtrar detalles sobre el caso que le garantizaban la atención de los medios. Sin que apareciera su nombre, sólo el de su oficina, un día soltaba que ya había congelado cuentas bancarias, otro que ya había presentado denuncias y uno más que mantenía bajo investigación a más empresas, las más importantes del país en la venta de gasolinas.

Dos semanas después, ya la noticia era que había procedido contra el general Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, y quien habría permitido el robo de combustible.

Lo que no se publicaría en algún lugar es lo que ocurrió meses después. Al menos la mitad de las cuentas que había anunciado como congeladas por irregularidades, fueron liberadas poco a poco, y el caso se desvaneció.

Una cosa era lo que el titular de la UIF filtraba o declaraba, y otra el expediente. En realidad no había delito que perseguir. Muchas de las cuentas eran correctas y lo demostraron ante la Fiscalía General de la República. Comprobaron que Nieto se había equivocado, en el mejor de los casos, o en el peor, que había actuado con dolo.

Fue entonces que comenzó la molestia de Gertz Manero contra el titular de la UIF, no sólo porque eran inconsistentes sus denuncias, faltaba información o era confusa, sino porque le gustaba alardear ante el presidente López Obrador, lo que generaba presión a la FGR.

Entonces no se dijo nada, al menos tres de esas grandes empresas que mostraron su inocencia, una de ellas Hidrosina, no contrademandaron a pesar de las pérdidas que les generó, porque no quisieron confrontarse con Nieto.

Al paso de los meses, por otros casos, habría señalamientos públicos contra el titular de la UIF, pero se desvanecían en la vorágine informativa. Pero poco a poco, confirmaron tres fuentes de primer nivel del gobierno, las quejas del fiscal Gertz y los señalamientos de empresarios, por lo que llamaban chantajes y presiones a cambio de beneficios económicos, comenzaron a llegar a Palacio Nacional.

Al mismo tiempo las reuniones de Santiago Nieto con integrantes del PAN y Movimiento Ciudadano aumentaron. En agosto pasado la columna Estrictamente Personal lo dio a conocer bajo el título “Santiago Nieto, una bomba de tiempo”. Desde el círculo cercano del Presidente le advirtieron que él tenía conocimiento y no era de su agrado. No atendió el mensaje, siguió con los acercamientos que, consideraba, serían la vía para una carrera política, aseguraron las fuentes.

Los errores y la caída de Santiago Nieto

El titular de la UIF no dio oportunidad a que sus fracasos trascendieran. Su estrategia fue seguir de un caso tras otro, filtrando de todos ellos algo de información. Primero ofrecía algunos datos, sin que apareciera su nombre, luego salía confirmando las investigaciones.

Ese patrón siguió desde 2019 hasta hace unas semanas. Comenzó con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, caso que más de dos años después continúa investigando la UIF; el de empresas intermediarias para la compra-venta de medicamentos y 50 operaciones en las que estarían involucrados exfuncionarios de Salud de la administración de Enrique Peña Nieto, casos que no han sido judicializados; y lo mismo que la revisión a funcionarios del gobierno de Guanajuato por posible relación con el huachicoleo, que hasta la fecha no avanzó.

Pero no era nueva su táctica. Desde su paso por la Fiscalía Electoral filtraba información, aunque no estuviera sustentada. Así lo hizo con Odebrecht, del que aseguró había solicitado a Brasil la información, pero era mentira, lo hizo apenas poco antes de salir. Lo mismo cuando dio a conocer la acusación contra Arturo Escobar, exvocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que no enfrentó juicio alguno. Ambos casos, que en realidad no eran logros, y que por el contrario sus filtraciones sería una violación al debido proceso, le sirvieron a Santiago Nieto para aparecer públicamente como víctima y parecer el paladín contra la corrupción.

Y es que quienes lo conocen lo describen como un hombre inteligente, amable, que suele mostrarse con nobleza, y muy audaz en materia de Derecho, le facilitó el camino para estar cerca del poder, y en este gobierno en el ánimo del presidente López Obrador, quien llegó a referirse a él como “hijo”, y que su abrigo y cargo lo convirtieron en uno de los hombres más poderosos de su administración. Pero esas mismas personas que lo conocen de cerca, también hablan de la mezcla que proyecta Santiago Nieto, su dedicación al trabajo y su sobrado protagonismo.

Al menos desde diciembre de 2019, Santiago Nieto comenzó a revelar la lista de nombres de personas y empresas supuestamente ligadas con el exsecretario Genaro García Luna, y el presunto vínculo en las operaciones de desvío con funcionarios del gobierno de Peña Nieto y Felipe Calderón, y cuya denuncia interpuesta en Estados Unidos también fue filtrada a diversos medios en México, aunque el documento es una clara contradicción respecto a las acusaciones de la FGR.

Otro caso fue el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien denunció a la UIF por haber filtrado información confidencial a la prensa, así como a autoridades de Estados Unidos. El propio Santiago Nieto aseguró que el gobierno del mandatario tuvo “contacto financiero con Odebrecht”, pero hasta la fecha esa acusación no obra en ninguna acusación formal de la FGR.

También fue la oficina de Santiago Nieto la que filtró el caso de la exsecretaria Rosario Robles, quien lleva presa más de dos años sin sentencia, pero cuya denuncia de la UIF sobre los vuelos y las operaciones financieras que realizó derivaron en la orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, que aún tiene pendiente por cumplimentar la FGR en contra de la exfuncionaria.

A la lista de denuncias de la UIF filtradas también se sumó la del exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes, quien además de señalar el uso de los órganos del Estado mexicano para perseguir adversarios en tiempo de campañas electorales, acusó que la denuncia que la FGR presentó en su contra se derivó de dos denuncias que la Unidad de Santiago Nieto “sacó del bote de la basura” por hechos de hace 15 años, cuando fue director general del ISSSTE y en los que la PGR determinó el no ejercicio de la acción penal por no haber delito que perseguir.

Otra más, fue la solicitud para rastrear operaciones “inusuales” del magistrado José Luis Vargas Valdez en Estados Unidos, Canadá. Y las investigaciones a Julio Scherer, exabogado de la presidencia.

En enero de 2020 el fiscal Alejandro Gertz Manero hizo públicas sus diferencias con el entonces titular de la UIF, al acusarlo de no respetar la presunción de inocencia “porque no son legítimas y generan una grave crisis en el aspecto procesal y luego nos acusan de faltas al debido proceso”.

Aunque entonces salió en su defensa el propio presidente: “Santiago (Nieto) no hace nada sin consultar con el presidente”, dijo López Obrador el 10 de enero de 2020, no se sabría entonces, pero allí comenzó la cuenta regresiva para Santiago Nieto.

Las quejas de Gertz Manero se acumularon. No le entregaba todas las pruebas a la Fiscalía. Después, llegaron los señalamientos de dinero que se pedía a empresarios desde la UIF. Los últimos casos: un empresario dedicado a elaborar facturas, otro con empresas papeleras y dos más dedicados al outsourcing. En todos los casos se pidió dinero por descongelar las cuentas o no presentar toda la documentación ante la Fiscalía, entre 2 y 15 millones de pesos.

Estas acusaciones, en principio fueron desechadas en Palacio Nacional, se trataba, adujeron de una reacción natural de quienes están siendo afectados por las investigaciones de la UIF.

Pero luego Nieto se compró una casa en San Ángel, un costo que dijo no superaba los 22 millones de pesos, pero que investigaciones de inteligencia la tasaron entre 24 y 26 millones de pesos. Y de acuerdo a los ingresos de Santiago Nieto era difícil adquirir aunque fuera a través de un crédito. Si bien López Obrador aún dudó que fuera un caso de corrupción, porque no había pruebas claras, lo consideró incorrecto.

Una información adicional llegó al escritorio presidencial. La forma de obtener dinero aparentemente fue muy bien elaborada, explicaron dos fuentes que conocieron de las tarjetas, y fue a través de personas de confianza que colocó en las distintas direcciones generales de la UIF.

En la estructura de la Unidad aparecen cinco direcciones generales: la de Análisis, Asuntos Normativos, Procedimientos legales, de Amparo y de Garantías de audiencia, pero estas dos últimas son eventuales y no aparecen en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.

Y eran precisamente en esas dos áreas las que, según las denuncias, operaban a partir de aplicar o no la garantía de audiencia a las personas investigadas. Si lo hacían, les era más difícil a los investigados conseguir un amparo, pero si se omitía este derecho, ganaban los juicios y descongelaban las cuentas. Es decir, la acción u omisión de la audiencia era lo que supuestamente sería la estrategia que un grupo de empresarios señalaron como una de las vías para obtener recursos.

El último dato que definió la caída de Nieto fue que a su boda acudieron muchos panistas y miembros del Movimiento Ciudadano, además de otros personajes que, confirmaban la información que ya tenía el presidente López Obrador, su cercanía con sus adversarios, a quienes en algunos casos también habría ayudado.

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