Llegó el primero de diciembre de 2018, fecha en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador se puso la banda presidencial ante la Cámara de Diputados y prometió que durante su gestión, las políticas públicas se harían al considerar “primero a los pobres”, a los más descobijados por el periodo neoliberal.
En esos momentos comprometerse a que la deuda pública no crecería más, que ningún impuesto aumentaría, combatir la corrupción, implementar una austeridad republicana, permitiría traer grandes beneficios para la población del país.
“La deuda es de 10 billones de pesos, nada más para pagar el servicio de esa enorme deuda; tenemos que destinar del presupuesto alrededor de 800 mil millones de pesos. Por eso ya no va a aumentar la deuda pública. Ese es nuestro compromiso”, expresó ante la Cámara de Diputados en su toma de protesta, aquel 1 de diciembre de 2018.
“No gastaremos más de lo que ingrese a la Hacienda Pública. Se respetarán los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, pero ya no habrá más corrupción ni influyentismo en negociaciones con empresas particulares”, aseguró el ya presidente López Obrador.
Una bola de nieve
Actualmente, la deuda pública de México se ha incrementado en un promedio de 8.2 % anual en la administración lopezobradorista, dejando lejos aquella promesa de evitar que creciera.
Aunque en repetidas ocasiones el mandatario ha asegurado que el déficit no han aumentado, las
cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo desmienten. Los pasivos al cierre del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto se ubicaban en 11 billones 19 mil 212.3 millones de pesos brutos.
Hasta diciembre de 2022 ya se alcanzaba la cifra de 14 billones 240 mil 191 millones de pesos. Para los primeros tres meses de este año, la deuda avanzó 414 mil 250 millones de pesos más, por lo que alcanzó 14 billones 654.4 mil millones. Estas cifras significan un aumento de tres billones 635 mil 229 millones de pesos en los pasivos del país tan sólo en esta administración.
A la par, durante los cinco años que van del actual gobierno, los programas sociales que ha implementado representan tres billones 768 mil 305 millones de pesos, es decir, los apoyos que otorga el gobierno son prácticamente el equivalente a la deuda del país. Los programas crecieron hasta 3.7 % más que la propia deuda pública.
Este monto considera los 65 programas prioritarios del gobierno federal, subsidios y otros apoyos previstos en los ramos 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 38, 47, 48, 49, 50 y 51, en las diferentes dependencias del Estado.
Así, el Presidente mexicano ha reiterado que los programas sociales no se financian por medio de préstamos o deuda, sino con ahorros derivados de una “austeridad republicana” desde noviembre de 2019 para que los recursos devengados por el Estado sean administrados con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, las propias cifras revelan que aunque existe austeridad en algunas dependencias, en otras se les inyectan recursos a discreción, como el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o en proyectos como el Tren Maya, cuyo costo se ha incrementado.
Además, se ha especulado que el presidente López Obrador ha pedido dinero a instituciones internacionales para financiar sus programas sociales; el más reciente fue un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
No obstante, el BID aclaró en noviembre pasado, que ellos no han emitido ningún tipo de préstamo al Gobierno de México para el financiamiento de programas sociales. “Es importante subrayar que el BID no ha recibido ninguna solicitud ni ha financiado los programas sociales de la actual Administración del Gobierno mexicano”, explicó el mandatario ante la suposición de que las autoridades mexicanas habían solicitado una financiación al organismo.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda señaló que ha reducido la utilización de líneas de crédito, aunque ha aumentado la emisión de deuda por medio de instrumentos financieros.
De acuerdo con documentos de la Secretaría de Hacienda, México aumentó su deuda externa e interna. La externa ha sido menos galopante con apenas 0.89 % entre 2018 y 2023, aunque en el lapso subió hasta 14.5 % a raíz de la pandemia, pero los refinanciamientos y una apreciación del peso frente al dólar redujo el monto. Por tanto, la deuda externa del país en la actualidad corresponde a cuatro billones 18.4 mil millones de pesos, que en dólares es de 221 mil 951.3 millones.
En cambio, la interna es la que se ha disparado, pues en casi cuatro años de esta gestión ha crecido en 51.2 %, lo que significó pasar de siete billones 36.3 mil millones de pesos a 10 billones 635.9 mil millones.
A pesar de que el dinero solicitado por medio de deuda no se toma directamente para los programas sociales, el crecimiento simétrico con respecto a la deuda soberana durante la gestión del presidente López Obrador revela que el costo de estos apoyos que ha otorgado a la ciudadanía como una medida de “justicia social” son equivalentes y podría decirse que, de cierta manera, indirectamente han sido financiados por deuda en estos poco más de cuatro años de la Cuarta Transformación.
Apoyos, ¿a qué costo?
De acuerdo con el gobierno federal, los apoyos gubernamentales siguen creciendo y llegan a más hogares, pues los reciben 30 millones de familias en el país a través de becas o subsidios; de manera indirecta son favorecidas cinco millones de familias a través de los apoyos gubernamentales.
“Somos 35 millones de familias y de esas 35 millones de familias, 30 están recibiendo de manera directa algo del presupuesto (…) porque, si no recibe un beneficio, un programa de Bienestar en su domicilio, en su familia, dependen del presupuesto, porque son maestros, porque son médicos, porque son enfermeras, porque son policías, porque son soldados, porque son servidores públicos”, ha asegurado el presidente mexicano en reiteradas ocasiones.
Así, el aumento en los montos otorgados en los programas sociales, según la Cuenta Pública, en el mandato del presidente López Obrador se incrementaron en 43 %, por lo que hubo un ascenso de 604 mil 911 millones, que fueron al final de la administración del expresidente Peña Nieto, a 865 mil 227 millones de pesos para este 2023.
Estas cifras van en ascenso, por un lado porque el mandatario prometió un nuevo incremento en las pensiones de adultos mayores para 2024 a seis mil pesos bimestrales, que es 25 % más a lo que perciben en este año.
Asimismo, la plantilla de estudiantes, así como la de jóvenes que se integran al mercado laboral en su primer empleo y que el Estado les otorga un apoyo anual, lo que hará más pesada la carga presupuestaria al mismo tiempo que continúa gastando en sus proyectos insignia, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería Dos Bocas —estrenada hace casi un año— o el Tren Maya, que hasta el momento sólo han tenido costos y ningún beneficio monetario o social para el país. Sólo la Secretaría del Bienestar que tiene a cargo los programas de Pensión para los Adultos Mayores, Sembrando Vida, Madres Trabajadoras, Personas con Discapacidad, entre otros esquemas de ayuda, ha destinado un billón 248 mil millones de pesos en lo que va de esta gestión.
Sólo para este año se tienen programados 406 mil 432 millones de pesos para esta dependencia, que representa un crecimiento de 287 %, comparado contra el último año del exmandatario federal, Enrique Peña Nieto.
De este presupuesto, 81 % pertenece al programa de Pensiones para los Adultos Mayores, y la diferencia en el resto de los programas y la nómina de dicha dependencia.
En 2018, al término de la administración de Enrique Peña Nieto, las pensiones de adultos mayores eran del orden de 35 mil 619.5 millones de pesos, lo que aumentó para 2019 en 217.4 %.
Esto significó 113 mil 68 millones de pesos, cifra que ha ido en ascenso hasta llegar a 329 mil 161 millones de pesos, que en el periodo de la actual administración significa 960 mil 504 millones de pesos, siendo así el programa social más costoso de la historia de México.
Para darle otra dimensión a lo que destina el gobierno federal a los programas, subsidios, becas y apoyos, cabe apuntar que cada año durante la actual administración, es un tanto menos a lo que ha llegado en remesas en el mismo lapso, incluso la mitad del presupuesto federal de 2022.
Aunque las intenciones podrían tomarse como positivas al otorgar recursos a los hogares mexicanos, los cálculos de la Secretaría de Hacienda, comandada por Rogelio Ramírez de la O, no han atinado a las proyecciones para los ingresos presupuestarios de este año, lo que pone en riesgo el gasto sin acudir a más endeudamiento.
Según cifras de la Secretaría de Hacienda, de enero a abril, los ingresos presupuestarios presentan un déficit de 155 mil 913.4 millones de pesos, lo que anticipa que las expectativas podrían quedar cortas para el gobierno federal en las entradas de dinero y en riesgo de no cumplir con los requerimientos para operar el aparato del Estado para este año.
›Las autoridades de la Secretaría de Hacienda aseguraron las contingencias para este año con un techo de deuda superior a un billón 170 mil millones de pesos, que es equivalente a 3.8 % del Producto Interno Bruto (PIB). El monto es el más alto en la historia, lo que garantiza que las operaciones del Estado no paren, pero tampoco los programas sociales, algo que aumentará aún más la deuda pública y la llevará a niveles inéditos. Sin embargo, las familias continuarán recibiendo los apoyos gubernamentales, aunque a un alto costo.
El hecho de incrementar la deuda conlleva a tener menos recursos para los servicios públicos que otorga el Estado, ya que los intereses y la deuda impiden aprovechar de una manera óptima, ya sea en salud, educación o seguridad, sólo por mencionar los rubros que tiene como eje el gobierno y que no mejorarían sus cualidades ante un mayor déficit en la Cuenta Pública.
Según el informe de Deuda Pública, en los primeros cuatro meses de 2023, además de los ingresos, el gasto también bajó al existir una reducción en el dispendio. Dicho de otra manera, hay subejercicio de dependencias clave tanto de ramos administrativos como de autónomos, una mala señal que indica que los servicios otorgados por el Estado se encuentran en riesgo de empeorar o se les menosprecia, pues ante la “austeridad republicana” que pregona el mandatario mexicano, las oficinas de gobierno han tenido que hacer más con menos.
¿Cuánto debe cada mexicano?
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 126 millones 14 mil 24 ciudadanos mexicanos, lo que significa que entre 2018, a la entrada de la administración lopezobradorista, cada uno de los habitantes debía 87 mil 444 mil pesos, sólo por el hecho de nacer y estar en el país.
Actualmente esa cantidad aumentó 33 %, por lo que el adeudo de cada uno es de 116 mil 292.15 pesos, cifra que comparada con los apoyos sociales del gobierno federal es superior a lo que se recibe. Por ejemplo, si una familia obtiene la Pensión de Adultos Mayores y a la vez una beca de educación básica Benito Juárez, ese hogar sumaría 37 mil 550 pesos.
Sin embargo, si en ese hogar viven más de cuatro o cinco personas, hay una deuda adquirida de 581 mil 460 pesos, monto que podría pasar inadvertido desde el nacimiento de cada ciudadano.
Esto se podría traducir en la reducción de servicios básicos, educativos y de salud, rubros en los que se refleja la deuda pública de un país considerado emergente.
Si bien los programas sociales son un apoyo a las carencias de la mayoría de las familias mexicanas, su costo a largo plazo podría pasar una factura alta que ningún mexicano podría pagar.
