La Portada | Peña Nieto investigado por AMLO

En un hecho sin precedentes, hace casi cuatro meses la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por posibles hechos constitutivos de delito, cometidos por servidores públicos y relacionados con actos de corrupción. En este expediente penal, con el que se dio inicio a las investigaciones federales, aparece como uno de los principales imputados el expresidente Enrique Peña Nieto.

A partir de entonces, en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SEIDF) de la Fiscalía, dentro del expediente 329, emitió decenas de oficios de investigación a la Policía Federal Ministerial.

Información recabada por ejecentral establece que no es el único expediente en el que Peña Nieto aparece entre los indiciados. Se trata de “distintas” carpetas de investigación en las que se revisa no sólo los presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y la compra de fertilizantes, Agronitrogenados, también el uso de bienes públicos para beneficio personal, cohecho, peculado y no se descarta lavado de dinero.

Las fuentes consultadas y documentos a los que tuvo acceso este periódico confirman que la Fiscalía rastrea, en varios estados del país y al menos desde mayo pasado, todos los bienes que aparecen a nombre de Enrique Peña Nieto, su exesposa Angélica Rivera Hurtado y los cuatro hijos del expresidente.

Pero las pesquisas, al menos en una de las carpetas, se enfocan en deshilvanar una aparente red de corrupción que presuntamente construyeron entre la familia Peña y 11 empresas de diversos rubros, pero mayoritariamente de construcción e inmobiliarias, en las que el expresidente podría ser socio, a través de prestanombres; que se utilizaron para desviar recursos públicos o entregaron sobornos a cambio de contratos.

Al obtener en los expedientes la información de bienes, de cuentas bancarias, la evolución patrimonial e interrogatorios a testigos y posibles cómplices, la Fiscalía General de la República pretende consolidar varias acusaciones contra el expresidente. Uno de los testimonios clave para vincular a los sobornos y beneficios a empresas, como un patrón de conducta de Peña Nieto y su gabinete, será el que rinda Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y quien llegará a México, procedente de España, con un acuerdo de disminución de sentencia a cambio de presentar declaraciones sobre los actos de corrupción vinculados a Pemex y que se ligan al equipo peñista; así como documentos y videos que lo acrediten.

Sin embargo, los funcionarios consultados sostuvieron que la FGR no es la única declaración que está buscando, también se analiza ofrecer beneficios a empresarios y exservidores públicos.

Desde los primeros meses de este año el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, advirtió que su oficina investigaba a miembros del que fuera el gabinete del expresidente, y que en caso de encontrar elementos contra Peña Nieto se investigaría. Algo que reiteró hace unos días a la agencia EFE.

›Por su parte, el diario estadounidense Wall Street Journal dio a conocer que una fuente le había confirmado las pesquisas contra Peña Nieto sobre Odebrecht y Agronitrogenados. Y en abril, el periódico El Universal reportaba que la Secretaría de la Función Pública (SFP) llevaba a cabo una revisión de la evolución patrimonial del exmandatario, la cual por procedimiento involucraba a su familia directa.

ejecentral ha confirmado, con documentos de la Fiscalía, que no sólo es una investigación y no sólo involucra al expresidente y su familia, sino a empresarios.

Desde el principio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que llevaría a cabo una consulta ciudadana para determinar si se investigaba a los expresidentes, procedimiento que hasta la fecha no ha llevado a cabo. El pasado 17 de abril sostuvo, en relación a la revisión de la SFP : “Bueno, no hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo, del gobierno que represento en contra del expresidente Peña Nieto, no existe ninguna investigación; puede haber denuncias en la fiscalía, de ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia”.

Pero este miércoles y a unas horas de la llegada de Emilio Lozoya, modificó su discurso cuando se le preguntó qué otros funcionarios, además de legisladores, estarían vinculados en actos de corrupción que conoce el exdirector de Pemex, a lo que respondió el Presidente que era necesario conocer la verdad de lo que había ocurrido:

“Qué bien que aceptó el señor Lozoya regresar y se comprometió a informar de cuál es esta situación, qué fue lo que sucedió. Nos interesa la verdad en todo porque tenemos que acabar con la corrupción, arrancar de raíz la corrupción y que no sea bien visto el que se dedique a sacar provecho al amparo del poder público”.

DATO. En febrero de este año, la SFP sostuvo que el monto de las irregularidades detectadas durante el sexenio peñista ascendía a más de 544 mil millones de pesos.

El derrumbe de un presidente

Un oficio de la FGR, suscrito por las instancias, y unidades de investigación, y policiales de delitos federales, con calidad de “extra urgente y confidencial”, fechado el pasado 14 de mayo —al que ejecentral tuvo acceso—, pone en evidencia un hecho histórico: por primera vez un extitular del Ejecutivo federal y sus familiares, son investigados como indiciados en la probable comisión de uno o varios delitos, en la integración de una carpeta de investigación.

A este documento se suman varias decenas en las que se ha pedido, a las autoridades de diversos estados del país, revisar los antecedentes, tramites y movimientos registrales; registros y/o folios mercantiles, actas constitutivas, propiedades, compraventa de inmuebles, constitución de empresas, y “todo lo relacionado” con el presidente Peña Nieto, de sus cuatro hijos Paulina, Nicole, Alejandro y Diego, y de su exesposa, Angélica Rivera.

Adicionalmente, la Fiscalía desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SEIDF) ordenó a la Policía Federal Ministerial que amplíen sus indagatorias sobre 11 empresas que se consideran vinculadas al también exgobernador del Estado de México. Uno de estos documentos es el oficio con terminación 10674/2020, que la dependencia envió en solicitud de dicha información a la Dirección General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de Morelos.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la Fiscalía cuenta con varias líneas de investigación y en ellas pretende probar que las operaciones de corrupción se llevaron a cabo de forma sistémica, de forma reiterada y estructuradas. Para ello, a sus pesquisas sumará los hallazgos de la UIF y la Función Pública, institución que reactivo varias indagatorias después de que una resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le permitiera continuar y resolver distintos procedimientos disciplinarios, incluyendo las irregularidades administrativas consideradas como graves.

3 de las empresas vinculadas al expresidente contribuyeron a desviar más de 4 mdp en Salud, entre 2014 y 2019.

Las cuentas pendientes

Dentro del listado de personas morales que instó a indagar la Fiscalía General de la República entorno a Enrique Peña Nieto, y su familia, se encuentra el Grupo Higa, y varias de sus filiales, cuyo dueño, Juan Armando Hinojosa Cantú, además de ser identificado por las autoridades como un amigo cercano al exmandatario, se caracterizó por ser un asiduo contratista de sus administraciones, desde su gubernatura en el estado de México.

Mezcla Asfáltica de Alta Calidad (MAAC), Concretos y Obra Civil del Pacífico S.A de C.V., Eolo Plus S.A. de C.V., e Ingeniería Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V., son al menos una parte de las filiales del conglomerado del Grupo Higa que están en la mira de las pesquisas que conforman la carpeta de investigación 329/2020 de la FGR.

A lo largo de la trayectoria política de Peña Nieto, públicamente se ha mostrado en numerosos reportajes periodísticos la polémica vinculación que mantuvo con las empresas del tamaulipeco.

Entre los más representativos durante su sexenio fue el caso de la denominada “Casa Blanca”, de Lomas de Chapultepec. La ostentosa residencia valuada en alrededor de 86 millones de pesos, propiedad del matrimonio Peña-Rivera, cuyo registro legal estaba a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, filial de Higa.

Tras una revisión de los contratos obtenidos por el resto de las filiales mencionadas en el oficio de la Fiscalía General, destaca la empresa Mezcla Asfáltica de Alta Calidad (MAAC), la cual habría conseguido transacciones con la Junta de Caminos del Estado de México, en el primer año de la gubernatura de Peña Nieto, es decir entre 2005 y 2006, por 8 millones 341 mil pesos, en la compra de concreto asfáltico.

Otra filial de Grupo Higa indagada, y que también se benefició con contratos es Concretos y Obra Civil del Pacifico SA de CV., que en el oficio emitido por la Fiscalía se le mencionada como “Concreto y Obras del Pacífico SA”, la cual obtuvo en 2015, contratos con el Centro de Tabasco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por 66 millones 231 mil pesos, bajo el concepto de “reconstrucción de terracerías”.

Uno de los casos más importantes es el de Eolo Plus S.A. de C.V., compañía enfocada en el transporte aéreo comercial en la modalidad de taxi aéreo. La compañía fue contratada por las secretarías de Economía y Comunicación y Transportes; así como Banobras, Pemex, IMSS, NAFIN, Bancomext y Exportadora de Sal, durante el sexenio pasado; y a nivel estatal fue contratada por la Junta de Caminos del Estado de México, por un monto total de dichos convenios superior a los 79 millones de pesos.

La flotilla de aeronaves de Higa, disponibles en Eolo Plus estaba al servicio de la entonces familia presidencial. Un reportaje dio a conocer que en ella viajó la entonces primera dama y los hijos del mandatario; además ofreció sus servicios a Peña Nieto desde su etapa en la campaña electoral en busca de la presidencia en 2012. Diversas publicaciones documentaron que los costos por los traslados en taxi aéreo, que habría erogado el PRI para trasladar a su entonces candidato, oscilaron en los 3 mil dólares por hora.

Compadrazgos bajo la lupa

En el oficio de la FGR, se hace referencia a las empresas de uno de los compadres del expresidente, Roberto San Román Dunne, hijo del fallecido empresario Roberto San Román Widerkehfr, quien a través de sus empresas Constructora Urbanizadora Ixtapan SA de CV (CUISA), así como de Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan SA de CV, tuvieron un auge en contrataciones desde la llegada de Peña Nieto al gobierno del estado de México.

A tal grado fue su cercanía que, a los pocos meses de haber asumido como gobernador mexiquense, Peña Nieto compró a Román Widerkehr una residencia en el Club de Golf de Ixtapan de la Sal, valuada en más de 5.6 millones de pesos, la cual habría pagado al contado, y en la que después había dicho que pasaría sus días tras dejar la Presidencia.

Aunque en el oficio, las referencias de las empresas de los San Román vienen con el nombre de “Constructora Urbanizadora Widerkeher”, la vinculación de los San Román proviene de los apellidos de sus propietarios.

La Constructora Urbanizadora Ixtapan SA de CV entre 2009 y 2014 obtuvo contratos, desde la gubernatura de Peña Nieto, con el Instituto de Salud del Estado de México; y luego a nivel federal con la SCT, por un monto que ascendió a los 751 millones 980 mil 580 pesos.

De acuerdo con informes de transparencia revisados por este periódico, los San Román obtuvieron, entre 2005 y 2011, contratos por arriba de los 100 millones de dólares, sólo durante la gubernatura de Peña Nieto. A su llegada a la Presidencia, lograron afianzar al menos 11 contratos, principalmente a través de Constructora Urbanizadora Ixtapan S.A., por al menos 40 millones de dólares.

En caso de ser juzgado Peña Nieto, será con las leyes anteriores a las reformas sobre corrupción que consideraban otras penalidades y no incluía delitos de corrupción en sí mismo, sino delitos cometidos por servidores públicos.

Tratos con fantasmas

Bajo advertencia no hay engaño. En ese tono, el presidente López Obrador y la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, anunciaron el pasado 23 de junio, durante la conferencia matutina, un primer bloque de denuncias en contra de 43 empresas señaladas de “factureras”, que habrían defraudado al fisco por un monto de 55 mil 125 millones de pesos en contribuciones, a través de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias, desde 2010.

Dentro del esquema en el cual la Fiscalía a cargo de Gertz Manero está ligando al extitular del Ejecutivo federal, también se encuentran las operaciones de al menos cuatro empresas que en el listado de “definitivos”, están incluidas entre las que facturaron operaciones simuladas o inexistentes, pero que aun así celebraron contratos millonarios durante la anterior administración.

“Esto fue tolerado por muchos años y desde luego que participaron funcionarios públicos y les diría que algunos empresarios”, advirtió López Obrador en aquella conferencia desde Palacio Nacional.

En la indagatoria sobre el exmandatario priista se incluyen las empresas: Constructora Kedmex S.A. de C.V., que entre 2013 y 2017 obtuvo contratos por un monto total de 238 millones 220 mil pesos, con el Gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Desarrollo Social, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con la base de datos de Compranet, Constructora Kedmex, carente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), es una empresa del giro de las construcciones de ingeniería civil u obra pesada, cuya razón social quedó publicada en el Diario Oficial de la Federación, desde marzo del año pasado, dentro de la lista definitiva de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes del SAT.

›Con contratos que tan sólo entre 2013 a 2014 favorecieron a Kisa Importaciones S.A. de C.V., con más de 46 millones 233 mil pesos desde el gobierno del estado de México, entonces encabezado por Eruviel Ávila Villegas, para proveer a hospitales y unidades de salud de equipo médico, de laboratorio, mobiliario médico y administrativo.

Sin inscripción en el RUPC, Kisa Importaciones fue considerada en definitiva como empresa ‘facturera’, desde el 16 de diciembre de 2019.

En cuanto a Comercializadora Ramaja S.A. de C.V. —que también investiga la Fiscalía en relación a la posible red de corrupción de Peña Nieto—, de acuerdo con notas periodísticas habría entregado comprobantes fiscales falsos a más de 8 mil contribuyentes, incluyendo instituciones de salud del gobierno federal, y en al menos 11 estados más, por un monto de 100 millones 312 mil 331 pesos, sí contaba con registro en Compranet; sin embargo, el 20 de noviembre de 2019 quedó asentada como “contribuyente con operaciones presuntamente inexistentes”.

Otra de este tipo de empresas, bajo investigación por su posible vinculación con el expresidente, es la de Interacción Biomédica, S.A. de C.V., que entre 2015 y 2018 obtuvo contratos con el IMSS, el ISSSTE, y el Gobierno de Oaxaca por la cantidad de 21 millones 788 mil pesos. Desde el 26 de julio de 2017 apareció publicada en el DOF dentro de la lista definitiva de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes del SAT.