Exactamente el miércoles 26 de junio de 2019, Omar Gómez Trejo se convirtió en el responsable de investigar y litigar todos los juicios relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Representaba el mayor de los triunfos conseguido por los grupos independientes y defensores de derechos humanos que desde 2014 habían acompañado a los padres de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos, de Guerrero.
Su llegada era producto del acercamiento entre el subprocurador Alejandro Encinas con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el de la Montaña Tlachinollan.
Gómez Trejo no era ajeno al caso, al contrario, era el que más conocía el expediente desde 2015; incluso más que sus propios jefes del GIEI, pues como secretario técnico tenía entre sus responsabilidades darle seguimiento a los documentos, peticiones y hasta interrogatorios o visitas que se hacían para el caso, pues el grupo era coadyuvante del caso, con lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto quería mostrar imparcialidad y transparencia en el caso.
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Aunque era abogado por la UNAM y contaba con una maestría en Derechos Humanos por la Flacso, la experiencia de Gómez Trejo no estaba en el litigio penal ni mucho menos en la investigación de delincuencia organizada y todo lo que ello implica, en el uso de leyes especiales y herramientas de inteligencia o manejo de testigos de alto perfil criminal.
Así, las tareas de ministerio público serían muy nuevas para él, pues hasta entonces sólo había colaborado en la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en algunos países latinoamericanos y en México.
Antes, en varios de los momentos en que intervino frente a autoridades estatales o federales, en la gestión de Peña Nieto e incluso en la actual, lo describen como un hombre generalmente callado y obstinado, a veces arrogante. Incluso en varios de los interrogatorios que debía dirigir, quienes llevaban las preguntar eran los integrantes del GIEI, particularmente Carlos Beristain, a quien gustaba asistir a las principales declaraciones del caso.
El piso 13
Desde el principio, a Gómez Trejo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República se le asignó de una parte del piso 13 del edificio de la Glorieta de los Insurgentes, ubicado en el número 20, de la colonia Roma Norte.
No sólo fueron las instalaciones, también plazas de investigadores ministeriales, peritos y auxiliares. Incluso recursos para traslados a diferentes partes del país y el extranjero. Pero adicionalmente el acuerdo de creación de la Unidad, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial, se encargaría de todas las acciones de investigación y persecución de los delitos cometidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, hasta concluir todos los procesos penales vinculados con los eventos que originaron la desaparición de los 43 estudiantes
No fue el único acuerdo, el fiscal Gertz Manero emitió varios más, uno de ellos, el más importante, fue el publicado al año siguiente, el 26 de octubre de 2020, el número A/002/2020, que dotó a su oficina de la capacidad de realizar escuchas telefónicas y contar con un programa de testigos colaboradores, entre otras herramientas.
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“Desde que el Fiscal General, doctor Alejandro Gertz Manero, depositó su confianza en mi persona como titular de la UEILCA, una nueva etapa se decretó, empezaríamos saneando y planteando una nueva investigación, buscaríamos nuevas evidencias que nos condujeran al esclarecimiento de las irregularidades en la investigación que durante años se fueron replicando”, declaró entonces Omar Gómez Trejo.
Y es que justo en ese 2020, el fiscal consiguió los testimonios que se convertirían en el eje de su investigación, el del Gilberto López Astudillo (el principal líder del grupo criminal de los Guerreros Unidos y que participaría directamente en la desaparición de los estudiantes) y al menos tres de sus colaboradores cercanos, quienes forman parte de los pilares en los que hoy se sostiene Gómez Trejo, el GIEI y el subprocurador Alejandro Encinas, que se trató, el caso de Ayotzinapa, un crimen de Estado.
A diferencia de la transparencia que el GIEI impulsaba desde su formal incorporación tras el ataque a los normalistas, una de las primeras acciones que adoptó como fiscal Omar Gómez Trejo, fue ya no trasparentar el expediente, como se había establecido legalmente en 2015, al determinar que se trataba de un caso grave de violaciones a derechos humanos. Pero no sólo eso, ya no hubo conferencias de prensa para dar avances recurrentes; su lugar lo ocuparon lectura de comunicados, filtraciones y entrevistas selectivas a medios generalmente afines.
El nuevo rostro de la autoridad investigadora integró otro cambio. El GIEI ya no sólo parecía coadyuvante, como el acuerdo lo planteaba, sino encabezaba diligencias y hasta interrogatorios, de acuerdo a más de una decena de personas consultadas por ejecentral.
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Fue hasta 2021 que el GIEI y el propio Encinas comenzaron a hacer públicas las diferencias con el fiscal Alejandro Gertz Manero y las dificultades que las Fuerzas Armadas anteponían para dar información. Sus quejas no fueron constantes, más bien esporádicas. Así es que desde junio de 2019 y hasta el 30 de septiembre de 2022, Gómez Trejo y su equipo tuvo toda la capacidad legal y técnica para hacer su trabajo, hasta que la confrontación se topó directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas. En el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cinco; claro, de alto grado, los otros 15 no sé, pero me imagino que son soldados…
“Cuando esto llega a la fiscalía, ese informe llega a la fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso, porque estaba de por medio detener al procurador y estaba de por medio detener a militares”, declaró en la mañanera del jueves 29 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aunque no se refirió por su nombre a Omar Gómez Trejo, a él hacía referencia.
Los delitos de Omar Gómez Trejo
Al convertirse en titular de la Unidad, Gómez Trejo adquirió todas las obligaciones y responsabilidades del caso. Uno de los primeros temas que debía atender era el del proceso que se seguía a más de un centenar de personas acusadas de participar directa o indirectamente en el caso, pues formaban parte de Guerreros Unidos o eran sus cómplices.
La Causa penal estaba a cargo del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, a cargo Samuel Ventura Ramos. Apenas tenía dos meses de haber llegado al cargo, era el 30 de agosto de 2019, cuando fueron absueltos Gildardo López Astudillo por secuestro; de Joaquín Lagunas Franco, Juan de la Puente Medina y Óscar Veleros Segura por delincuencia organizada.
La razón: al juez le pareció insuficiente la prueba de Protocolo de Estambul que sostenía que no habían sido torturados, y debía presentar la Fiscalía una prueba de audiometría a más tardar el 25 de febrero de 2019, y no se hizo.
Este fallo adelantaba lo que podría ocurrir si la oficina de Gómez Trejo no actuaba pronto y litigaba el caso y lo enmendaba. Para entonces, el juez consideraba que al menos la mitad de las pruebas estaban afectadas de nulidad, como el caso de varios de los testimonios que fueron obtenidos bajo tortura.
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Pero además Omar Gómez Trejo conocía las deficiencias del caso, porque el Centro Agustín Pro hizo un análisis minucioso de ello.
No significaba que se perdieran el resto de los juicios. Era necesario un litigio estratégico que simplemente obligaba al fiscal fortalecer las pruebas que sí eran válidas y recabar más testimonios útiles.
Adicionalmente, hacer válida en su litigio, la tesis de jurisprudencia que se publicó el 21 de junio de 2019, con aplicación obligatoria a partir del 24 de junio de 2019, y la que ordena a todos los juzgadores a que cualquier declaración valorada y obtenida por tortura debe dejarse sin efectos en la sentencia y debe reponerse el procedimiento, y ya no absolver a más acusados.
Sin embargo, a pesar de que en los siguientes meses Gómez Trejo junto con el GIEI convirtieron en testigos protegidos a varios delincuentes y obtuvieron más pruebas, aparentemente no robustecieron la causa penal, pues hasta la fecha el juez Ventura Ramos a absuelto, de diferentes delitos a 121 de los acusados.
Es decir, se le cayó el caso a Omar Gómez Trejo, cuando era su responsabilidad y la ley penal lo considera una omisión que se traduce en un delito.
Del pleno respaldo a la ruptura
El 26 de septiembre de 2019 prematuramente el subsecretario Alejandro Encinas adelantaba que el entonces recién nombrado primer fiscal especial para el caso Ayotzinapa, designado en el cargo el 28 de junio de ese año, contaba con “el pleno respaldo del señor fiscal (Alejandro Gertz) y de los padres y madres de familia, así como de toda la comisión presidencial”.
Dos días antes de su nombramiento como titular de la Unidad de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA), es decir el 26 de junio de 2019, el fiscal general Alejandro Gertz Manero emitió el acuerdo con el que se creó dicha unidad, cuyos lineamientos establecieron una serie de 18 facultades para Omar Gómez Trejo.
Pero a más de tres años de ese mandado, esos lineamientos fueron “rotos” por el titular de la FGR, como señaló este jueves Francisco Cox, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al inferir que fue el propio Gertz Manero quien boicoteó al hoy exfiscal.
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Desde la perspectiva del GIEI, la salida de Omar Gómez, derivado de la “ruptura” causada por la intromisión del fiscal Gertz en los trabajos de la unidad, implica una “consecuencia negativa” que trae consigo un retraso en la indagatoria de entre tres a cinco años.
Y es que a decir del grupo de expertos, además de que en agosto de este año se ordenó, por parte de la única persona facultada para hacerlo, en referencia del fiscal Gertz, que la unidad especial se quedara sin policías, también se amagó con la aplicación de auditorías, las cuales se anunciaron a partir de las 83 solicitudes de órdenes de aprehensión que pidió a un juez la unidad especializada.
“Tenemos un temor fundado de que haya represalias contra el personal de la UEILCA tras esa auditoría, lo que no queremos es que esa auditoría se traduzca en una cacería de brujas”, señaló el abogado Francisco Cox, al reiterar como “inexplicable” el anunció de la auditoría, la cual se ha prorrogado tres veces en el último mes.
Consecuencias del ‘desaseo’
Pese a contar con el respaldo del GIEI, quienes señalaron que las labores de Omar Gómez al frente de la unidad evidenciaron un trabajo ético en el que, a diferencia de las actuaciones de la entonces PGR, “no se ha torturado a nadie”, y su trabajo fue realizado “con pleno apego al estado de derecho y la ley”, según valoraron los expertos.
Las contradicciones e imprecisiones señaladas en la indagatoria de la comisión especial, dieron lugar a una serie de acusaciones e incluso advertencias de demandas penales en contra de quien antes de encabezar la comisión especial en la FGR fungió como director ejecutivo del GIEI.
En ese sentido, los abogados que forman parte de la defensa del general José Rodríguez Pérez y los otros tres elementos del Ejército señalados por delitos vinculados al caso Ayotzinapa, sostuvieron que independiente de que Omar haya dejado el cargo, tanto él como el subsecretario Encinas tienen una “responsabilidad con la justicia por la manera en la que han llevado esta investigación”, la cual calificaron de “desaseada” y carente de pruebas.
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Bajo un argumento similar, el exfiscal general de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera anunció también que procederá penalmente en contra de Gómez Trejo al cuestionar su actuar al frente de la unidad, debido a las “discrepancias” evidenciadas entre lo señalado en el informe de comisión presidencial que encabeza Encinas, con respecto a las solicitudes de órdenes de aprehensión que solicitó la unidad de la FGR, pero que fueron canceladas, entre las cuales se encontraba la del exfiscal.
“Voy a presentar una queja por lo que hace una responsabilidad de carácter administrativo, y voy a presentar una demanda por daño moral. Él (Omar Gómez) incurre en responsabilidad penal y administrativa al no haber subsanado los errores de las consignaciones llevadas a cabo por la anterior administración, obteniendo pruebas de carácter superveniente”, acusó Iñaki Blanco en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.
Desamparo presidencial
La confianza que presumía tener Omar Gómez tanto del fiscal general, así como del presidente Andrés Manuel López Obrador se fue mermando, al grado de que éste último incluso llegó a considerar que el exfiscal especial pretendió dinamitar el avance de la investigación del caso partir de los señalamientos en el informe de la Comisión Presidencial que presentó Alejandro Encinas el 18 de agosto.
“Cuando esto (el informe de la Covaj) llega a la Fiscalía, ese informe llega a la Fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso, porque estaba de por medio detener al procurador y estaba de por medio detener a militares”, señaló este jueves el mandatario.
Al hablar por tercer día consecutivo de la dimisión de Gómez Trejo, el presidente López Obrador señaló que pese a haber establecido un trabajo conjunto con la comisión de Encinas, el fiscal mantuvo otras interpretaciones.
“El reclamo del fiscal que sale que no fue tomado en cuenta. Él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas, yo daba por hecho de que habían participado todos, ¿si? Entonces, no les gustó que se actuara así ni les gustó el informe”, recalcó.
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El martes de esta semana, al confirmar la renuncia de Omar Gómez, el Presidente apuntó que las diferencias al interior de la propia FGR, así como con el Ejecutivo federal se detonaron porque el fiscal “no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, o sea, hubo diferencias en eso”, lo cual dijo él sí respaldó lo establecido en el informe de la Comisión.
Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas aseguró que la comisión buscará dar continuidad con los trabajos de la unidad con la persona que el fiscal general consideré para ocupar el cargo que dejó Omar. Y aunque señaló que no tenía ningún ‘candidato’, subrayó en que deberá reintegrarse toda la investigación que se vio afectada por las diferencias con el titular de la FGR señaladas por los expertos independientes.
“Yo espero que sea una persona adecuada y vamos a trabajar con quien se designe (…) A Omar todo mi respeto, mi reconocimiento, ha hecho una gran labor, creo que ha hecho una gran aportación en la investigación”, sostuvo el subsecretario tras el informe del GIEI, y al ser cuestionado sobre la probable actuación del fiscal general se limitó a contestar: “yo estoy igual que los del GIEI no voy a hacer opiniones personales”.
