La Portada | Oaxaca, la red del despojo

Desaparecer en Oaxaca, hasta el punto de no haber nacido o tener padres ficticios, es un riesgo real, latente y parece sistemático. Y es que todo el sistema de gobierno, desde las instancias federales, estatales y municipales se articulan en una red que es capaz de, literalmente, eliminar y sustituir los registros públicos de las personas, y con ello perder además de la identidad, el parentesco y el arraigo familiar con el fin de despojarlas de su patrimonio.

ejecentral entrevistó a víctimas y revisó documentos de denuncias y amparos de casos que siguen el mismo patrón, desde el interior de instituciones de gobiernos estatales y municipales desaparecen la identidad de personas para luego despojarlas de sus bienes, sean terrenos o casas, con ayuda de abogados y notarios.

Eso le ocurrió a los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez-Conzatti y Martínez, quienes han emprendido una batalla legal en contra de lo que han documentado ante las autoridades judiciales como “un acto de delincuencia organizada”, una red orquestada desde instancias como el Instituto de la Función Registral (IFREO) y el Instituto Catastral estatal y municipal de Oaxaca, dependientes de la Consejería Jurídica del Gobierno del estado, con la finalidad, no sólo de desaparecerlos y suplantar su identidad de manera formal, sino de despojarlos de sus propiedades.

Cada movimiento que involucró la intervención de servidores públicos clave en las instancias del catastro estatal, catastro municipal, del Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad, para consumar este despojo, además de las inconsistencias y errores que han cometido funcionarios y exfuncionarios de estas y otras dependencias ha sido documentado por esta familia.

Las pruebas que ha ido recabando y documentado Caleb en los últimos años ante las autoridades y que forman parte en amparos y carpetas de investigación, a las que este periódico tuvo acceso, advierten que los archivos tanto de su existencia como de la posesión de sus inmuebles fueron eliminados “de manera coordinada” de al menos tres archivos físicos, tres bases de datos, el sistema y la Base Nacional del Registro Civil de Oaxaca. Y en ello intervinieron una decena de funcionarios de la primera línea de esas instituciones, además de notarios y abogados.

Pero no es la primera vez que a alguien sufre algo similar en Oaxaca. Otro caso, de los más emblemáticos, ocurrió en 2018 (el mismo año en que desaparecieron y crearon actas de nacimiento y claves únicas de registro falsas de los hermanos Gómez-Conzatti), fue la desaparición de mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, a quienes el Registro Civil oaxaqueño, la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN) dieron por muertos, para despojarlos de sus tierras.

Así, bajo una suerte de ‘mafia’ entre notarios públicos y dependencias de gobierno, otros más denuncian despojos en la entidad con el mismo método, como el caso de Alfonso Corro Sánchez, que fue despojado de su terreno de unos 600 metros, ubicado en Santiago Huajolotitlán en Huajuapan Oaxaca, Alfonso Corro Sánchez, o el caso de la Arquidiócesis que también perdió una casa en el centro de Oaxaca con el mismo método. Pero incluso hace algunos años, lo mismo le pasó al IMSS.

“Así como a nosotros, a los comuneros les aplicaron el mismo método de desaparición, que en Oaxaca es la forma del crimen organizado para hacerse de inmuebles de la propiedad privada (…) Sé perfectamente que mi vida está de por medio en la defensa de mi patrimonio, pero más que eso del nombre y del honor de mi familia, porque todos tenemos familias y si yo no existo entonces ¿quién es el papá de mis hijos?”, sostuvo Caleb Gómez-Conzatti en entrevista con ejecentral.

Sobre su caso, tanto el Poder Judicial de la Federación, como la Fiscalía General de Oaxaca como la Fiscalía General de la República (FGR) les han dado la razón al dictaminar que las claves únicas de registro y las actas de nacimiento que les fueron creadas en suplantación de sus identidades son irregulares o hasta falsas, e incluso fueron creadas de manera dolosa.

Pero la travesía legal que han emprendido los hermanos Gómez-Conzatti no ha sido sencilla. Ha traído consigo amenazas y una embestida de publicaciones difamatorias y acusaciones en su contra a través de diversos medios informativos y en redes sociales, las cuales también han ido documentado para fincar responsabilidades, pues los colocan incluso como los supuestos responsables de despojar de sus propiedades a su propia abuela de 100 años de edad, Victoria Conzatti.

Los hermanos han presentado, hasta ahora, dos denuncias penales ante la Fiscalía General del estado y dos más en la FGR, de las cuales, señala Caleb Gómez-Conzatti , “habrá que desglosar cuantas sean necesarias por los delitos que se lleguen a configurar: suplantación de identidad, despojo, falsedad de declaraciones, uso de documentos falsos, falsificación de CURPs, alteración de la Base Nacional y lo que resulte”.

Hoy cuenta con amparos en trámite y la suspensión definitiva de un juez que ordenó al Registro Civil que sus nombres los reescribieran en los libros oficiales, para que el Estado los siga reconociendo como Caleb Gómez-Conzatti, pero no se cumplió la sentencia. También siguen a la espera de un dictamen pericial en documentoscopía y grafoscopía por parte de la Fiscalía estatal que rectifique la falsificación de firmas que se utilizaron para quitarles una de sus propiedades, y con ello poder acusar formalmente a los responsables, en una indagatoria que involucra a funcionarios públicos, notarios y abogados, estos últimos presumen su relación con el gobierno estatal.

Sin embargo, Caleb Gómez-Conzatti

explicó a este diario que la Fiscalía ha retrasado más de cinco meses ese estudio y sospecha que “no lo quieren presentar por presiones de las más altas esferas políticas”, pues asegura que en la estructura que acusa de desaparecerlo a él y a sus hermanos se integra por funcionarios de los tres niveles de gobierno.

ejecentral buscó entrevistar a los funcionarios mencionados en este reportaje a fin de conocer con su postura respecto al caso de Caleb Gómez-Conzatti; no obstante de enviar mensaje a la particular del consejero jurídico José Octavio Tinajero; así como a la directora del Registro Civil Rosa Nidia Villalobo; el director del IFREO, Gilberto Gamboa Escobar, y el director del Catastro, Jorge Zárate, este último al igual que un representante de la Fiscalía General señalaron que estaban dispuestos en atender nuestra solicitud, sin embargo, al cierre de esta edición no hubo mayor respuesta de su parte.

Complicidades desde el poder

Durante más de 37 años el nombre de su registro aparecía como Caleb Gómez-Conzatti y Martínez, sus dos hermanos Herbé y Ashmar, y como sus padres Guadalupe Martínez Ramírez y Víctor Manuel Gómez-Conzatti. Pero en 2018 sus nombres ya no eran sus nombres, su padre ya no era su padre, y otros nombres ocupaban los números de folio de sus actas: José Antonio González Merlo, José Antonio Mendoza Merlo, José Antonio Merlo Reyes, todas fallecidas.

Luego los rebautizaron con nuevas actas, colocándoles nuevos nombres y años de nacimiento: Herbé Cenobio, Caleb Herculano y Ashmar Nepomuseno, todos de apellidos López Martínez. Su madre era la misma, pero su padre no, ahora era albañil y se llamaba Evodio Jacinto López Pérez.

Así, de un plumazo, simplemente desaparecieron formal y oficialmente del Registro Civil de Oaxaca. Luego, todas sus propiedades, un par de ellas en el centro de la capital. La articulación y capacidad para desaparecer a una persona de bases de datos oficiales como el Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad, así como los institutos catastrales sólo puede provenir de quienes dirigen y laboran en dichos organismos, denunció Caleb Gómez-Conzatti.

Con esa premisa, asevera en la entrevista, con nombre y apellido, a los probables responsables de haber desaparecido sus registros para sustituirlos por los de apellido Merlo, coincidentemente familiares del notario 135 y extitular del Registro Público de la Propiedad de Oaxaca en 2004, Jorge Merlo Gómez, quien ahora se ostenta como propietario de los inmuebles de los Gómez-Conzatti, según su denuncia, y que se ostenta en forma pública, de acuerdo a una decena de notas publicadas en medios locales, como abogado y amigo de la familia Murat.

En el caso de los inmuebles, en los que los tres hermanos figuran como copropietarios, también desaparecieron del Instituto de la Función Registral estatal durante cinco días, aunque los responsables alegaron después una supuesta falla del sistema. Pero en realidad dichos bienes fueron también borrados del Instituto Catastral de Oaxaca, donde además se tiene registrada documentalmente la consulta del expediente de los hermanos Gómez-Conzatti, el 30 de diciembre de 2020, en cuyo sistema arroja también que se encontraba digitalizado y a nombre de los hermanos, un mes después “en enero de 2021 fue modificado sin documentos a nombre de Jorge Merlo Gómez”, a quien el propio Caleb señala como el “actor intelectual de todo y beneficiario final de los delitos que se han cometido en nuestra contra”.

Dentro de lo que Caleb sostiene que se trata de una “red de delincuencia organizada” incluye a Alejandro Vidaña Luna, notario 106 de Cosolapa, quien “ha obstaculizado las investigaciones y otorgó escrituras de compraventa falsas sobre nuestros inmuebles a favor de Jorge Merlo”; Cristhian Hernández Fuentes, exdirector del Registro Civil y Juan Gabriel Rodríguez Lara, Jefe de la Unidad Jurídica en contra de quienes la delegación estatal “no ha ejercido acción penal, aunque se tienen acreditados los delitos de desacato, declaraciones falsas y uso de documento falso”.

Jorge Zarate Medina, director de ICEO y José Antonio Lara Rodríguez, jefe de unidad de enlace con el municipio figuran también en la trama de despojo, de acuerdo a la denuncia, ya que a decir de Gómez-Conzatti: “han rendido informes falsos a la fiscalía, además de modificar el sistema e incluso amedrentan al personal que no quiere ‘cooperar’ para cometer estas tropelías”.

Pero a la cabeza de estos funcionarios y como superior jerárquico a cargo del IFREO e ICEO está José Octavio Tinajero Zenil, consejero Jurídico del gobierno del estado, quien a decir de Caleb desde el 30 de noviembre del 2020 está al tanto de las pruebas que acreditan que los registros de la identidad de los hermanos Gómez-Conzatti están en los índices de los informes del Registro Civil que estaba en los respaldos del Archivo Central. A pesar de contarle y documentarle el relato de corrupción, el representante legal del gobierno de Oaxaca no mostró interés.

“Es tal el descaro de Octavio Tinajero que cuando le presenté las pruebas, lo único que le preocupó es el por qué un juez me había dado un amparo para restituirme en los registros y hasta me lo preguntó dos veces; e incluso me dijo que si hubiera una contraparte sentada en la mesa tendría una historia diferente”, acusó Caleb.

No obstante, reiteró a este periódico, que lo que está probado en juzgados y la queja por su desaparición y despojo “es contra el Estado no contra un particular, pues está en un juzgado federal los actos de autoridad de haberme borrado, de haberme creado una segunda identidad, de haber borrado mis inmuebles y la única contraparte es el Estado, por eso hoy tengo una resolución firme que le obliga al Estado a seguir reconociéndome”.

Lo que más lamenta Caleb es que las investigaciones tanto en la Fiscalía estatal como en la FGR están “congeladas”, y desde agosto del año pasado se desahogó un dictamen pericial sobre las supuestas firmas de su padre Víctor Manuel Gómez-Conzatti en las escrituras del notario 106, Alejandro Vidaña Luna del municipio de Cosolapa, en las que supuestamente vendió en 2010 a 50 pesos el metro cuadrado los inmuebles cuyos registros y expedientes desaparecieron en el IFREO e ICEO, y que ahora reclama en propiedad Jorge Merlo.

›“Es el único dato de prueba que falta para fincar responsabilidad penal al notario 135 Jorge Merlo, pero como es evidente que dicho notario puede involucrar además a altos servidores públicos del Gobierno del estado, las presiones no deben ser pocas”, acusó Caleb.

‘Mafia’ que despoja… después de la muerte

Por medio de un esquema que involucró la complicidad de funcionarios del Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad, del catastro, y la operación de abogados y notarios en la localidad de Santiago Huajolotitlán en Huajuapan Oaxaca, Alfonso Corro Sánchez fue despojado, sin saberlo, de su terreno en 2020, con escrituras que fueron entregadas a su nuevo propietario —un presunto licenciado de nombre Daniel Lenin Chávez López— por un poder notarial que ‘concedió’ supuestamente él y su esposa, fallecida en agosto de 2011.

“¿Cómo van a firmar y contar con un poder (notarial) de una persona fallecida? ¡Eso es lo grave! Son tan estúpidos que dicen que ese poder lo firmamos mi esposa y yo dos días antes de que ella falleciera, hasta para eso son idiotas. Mi esposa, diagnosticada con cáncer, estuvo tendida en cama, vomitando sangre días antes de morir y tengo los documentos que lo prueban, pero según ellos, les firmamos ese poder en 2011, que hicieron efectivo entre octubre-noviembre de 2020 cuando se presentan en Huajuapan piden que les hagan las escrituras y se las hacen”, denunció a este diario el ingeniero de profesión.

Fue a causa de un accidente en la que se fracturó el cráneo su nieta, en abril del año pasado, cuando Alfonso se enteró que el terreno que desde mayo de 1999 había adquirido su esposa ya no era de su propiedad; a pesar de que hasta 2021 él siguió pagando puntualmente el impuesto del predial y al intentar venderlo para costear la cirugía de su nieta, le avisan que ya no le pertenece.

Debido a que su esposa falleció intestada, ahora Alfonso ha emprendido un proceso legal para que a través de un juicio intestamentario –que puede prolongarse por varios años– él y sus hijos sean reconocidos como los herederos del terreno cuyas escrituras en favor de Lenin Chávez fueron emitidas por el notario de Huajuapan de León, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, quien asegura que el cuñado de Corro Sánchez le presentó un poder “firmado” por la señora María de Montserrat Chávez y el mismo Alfonso, el cual fue acreditado en la ciudad de Oaxaca el 25 de agosto de 2011 en el despacho del notario Omar Abacuc Sánchez Heras, dos días antes de que la señora muriera.

“Estoy tan desesperado, ¿cómo es posible que los notarios se hagan dueños de terrenos sin problemas, juicios, ni nada, así de la noche a la mañana y que todas las oficinas de gobierno permitan esa situación? Es injusto, es un robo”, acusó Alfonso quien lamenta que su caso ya ha pasado por tres abogados sin ningún avance y apenas en marzo próximo está prevista la audiencia inicial a la espera de que sea reconocido apenas como representante de su esposa.

“En (la comisión local) de Derechos Humanos me dieron totalmente la espalda diciendo que es un pleito entre particulares, aunque les dije que era un acto de notarios y funcionarios y me dijeron que no tenía nada que ver. Pero investigué y me di cuenta de que hay una una mafia en el Registro Civil, el Registro Público, todas estas dependencias inmiscuidas ahí y resulta que la escritura de mi esposa ya no aparece”.

Gobierno, juez y parte

El notario público 38, Omar Abacuc Sánchez Heras, quien junto a su colega el notario 106 Alejandro Vidaña Luna formaron parte de la lista de 23 notarios públicos a quienes el Sistema de Administración Tributaria (SAT) les suspendió sus cuentas y funciones, señalados de operaciones sospechosas, como el haber inscrito a personas y empresas denominadas “fantasma” o “fachada”, también forma parte de otro caso emblemático de despojo en la entidad.

A decir de Alfonso Corro, el notario Sánchez Heras “es conocido prácticamente en todo el estado por dedicarse a hacer las tropelías, marrullerías y todo lo chueco”, con lo cual coincidió el señor Adán Ambrosio quien sostuvo que dicho notario es reconocido “por revivir muertos”, pues logró inscribir en los registro públicos una escritura duplicada y probablemente apócrifa para apoderarse de alrededor de 120 hectáreas de terrenos en agravio de más de 300 familias de la localidad de Cuilápam de Guerrero, ubicada al sur de los valles centrales de Oaxaca.

“Desde 1952 para acá no se hacían anotaciones marginales a la escritura de origen y fue hasta 2004 cuando empezaron a promover gente que trabajó en ese momento en el Registro Público y con influencias de gente del Gobierno que empezaron a buscar de cómo aprovecharse de los terrenos que desde el tiempo de la Revolución Mexicana tienen dueño y posesión”, subrayó Adán Ambrosio, uno de los propietarios del despojo del cual señala a los hermanos Manuel Alejandro Herrera Martínez y las hermanas Claudia y Mercedes Herrera, nietas de José Luis Herrera quien desde el periodo posrevolucionario vendió los terrenos a familias nativas Cuilápam, quienes en complicidad con el notario Omar Abacuc Sánchez consiguieron hacer un duplicado a su favor de las 120 hectáreas pertenecientes al rancho de San José.

La maniobra de despojo fue posible en la gestión de Maritza Escarlet Vásquez Guerra directora de notarías públicas durante la administración de Ulises Ruiz Ortiz, cuenta Ambrosio a ejecentral, luego de que dicha funcionaria, valiéndose de que no había registro de anotaciones marginales, consiguió un número de registro y con las nuevas escrituras las descendientes de José Luis Herrera lograron hipotecar los terrenos en 19 millones de pesos.

A decir de Adán Ambrosio, parte de ese monto de la hipoteca fue utilizado en beneficio de la también exdiputada y exsubprocuradora en Huajuapan, Maritza Escarlet Vásquez, para pagar su fianza luego de que en julio de 2012 fue detenida señalada de haber emitido certificados y documentación probablemente alterados o falsificados alterados a favor de un particular en un caso vinculado a los embargos de inmuebles de la empresa Novopan de México, cuyo monto superaba los 39 millones de pesos.

“Tenemos documentado donde el registro que la señora Maritza Escarlet sí le hipotecó al Gobierno las 120 hectáreas, entonces, hay una situación a todas luces fraudulenta entre el gobierno del estado, el Registro de la Propiedad, la que fue directora de notarias, el notario Abacuc Sánchez quien es el que se presta para esta situación pues es el que firmó estas escrituras y trabaja para estas señoras Claudia y Mercedes Herrera”, acusó.

Sobre su caso, Ambrosio señaló que, aunque él y el resto de los afectados por este despojo acudieron al registro público y promovieron la demanda de nulidad del registro y las escrituras que obtuvieron desde la gestión de Escarlet Vásquez al frente de las notarías públicas del estado, las nietas de Herrera reinscribieron las escrituras oficialmente en favor del gobierno estatal, lo cual asegura “no sabemos qué interés tiene el gobierno del estado sobre estas 120 hectáreas”.

Luego de que, en 2018, las hermanas Claudia y Mercedes Herrera acudieron a la comunidad de San José para medir y tratar de tomar posesión de los terrenos, los pobladores las detuvieron y la pusieron a disposición de la policía municipal de Cuilápam, “pero ellas voltearon la situación y nos acusaron de secuestro y a la fecha hay cinco compañeros que están vinculados a proceso por delitos que no cometieron”.

Así, señaló que es tal su influencia en la política local y su afán por querer apropiarse de esas tierras que en su denuncia acusan a personas que ya tiene varios años de haber fallecido; “hasta a mi abuelo que tiene 95 años lo acusaron de que ese día estuvo ahí e intentó violarlas, pero tenemos actas de defunción de las personas que fueron denunciadas y aun así hasta las vincularon a proceso (…)

“Este no es tema legal, pues si así fuera tenemos todas las de ganar, pero es un asunto político, de jueces, magistrados, notarios y abogados que demuestra la corrupción terrible que hay en Oaxaca”, sostuvo Ambrosio.