La Portada | México, un paraíso para la trata de personas

La esclavitud está evolucionando. Mientras los grilletes se convirtieron en teléfonos inteligentes y la explotación de una persona a otra ocurre en latitudes distantes; los grupos criminales sofisticaron la manera de enganchar a más personas, menores de edad y jóvenes en su mayoría, para reclutarlos en sus filas o explotarlos de maneras inimaginables.

Es una de las muchas sofisticaciones de la trata de personas, que junto al narcotráfico y el tráfico ilegal de armas se consolida como uno de los negocios criminales más lucrativos en el mundo, pero cuya prevención y combate en México parece ir en sentido contrario.

Mientras el número de víctimas va en aumento, los recursos para prevenir y combatir la trata de personas en el país van disminuyendo. Además de la caída en las investigaciones, no hay los indicadores suficientes para conocer el impacto real de este crimen y su vinculación con la desaparición de personas.

De acuerdo a informes de inteligencia, los estados en los que el cruce de información entre desapariciones, trata de personas y poder criminal muestra un mayor crecimiento y expansión del delito de trata, tanto de mexicanos y mexicanas como migrantes, son Chiapas, Guerrero, Michoacán y Veracruz, en donde no se denuncian todos los casos; a diferencia de Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, que concentran más de la mitad de las denuncias de todo el país por este ilícito.

›Ante las lagunas y deficiencias pendientes en la legislación para mejorar la prevención y el combate del delito, las “áreas de oportunidad” que desde hace tres años (2020) detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en las políticas públicas contra la trata, ponen en riesgo no sólo la atención de las personas sobrevivientes sino la identificación de potenciales víctimas.

“De mantenerse el diseño e instrumentación de la Política Pública contra la Trata de Personas, bajo las condiciones actuales, se dificultará la identificación de la población susceptible de recibir atención por parte del Estado y, respecto de la atendida, que se conozca el efecto de las medidas implementadas en su beneficio, en términos del acceso a la justicia y del restablecimiento de su proyecto de vida”, advierte el informe de “Evaluación de la Política Pública Contra la Trata De Personas” de la ASF.

Sin embargo, dichas condiciones no sólo se mantuvieron, sino que empeoraron y con ellas también aumentó la cantidad de víctimas de alguna de las 11 modalidades de trata que se tienen identificadas, en su mayoría niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En las que tampoco se tiene claridad de cuántas se han convertido en leva para el crimen organizado y son considerados como desaparecidos.

El delito de trata de personas sólo es la fachada para los verdaderos fines criminales: mujeres obligadas a casarse o que son abusadas sexualmente por diversión o sometidas como servidumbre o para la prostitución. También, el trabajo forzado de jóvenes y adolescentes en actividades de sicariato y protección; en siembra y cosecha de drogas o producción en laboratorios; y también esconde tráfico de órganos.

Las víctimas se ubican entre nacionales y migrantes, en zonas en las que los grupos criminales tienen el control o prevalece la ausencia de autoridad, por lo que las denuncias son mínimas o tardan en concretarse.

El cruce de todos estos delitos, junto con los de desaparición o ausencia de personas y las operaciones de grupos criminales es una información que sólo se refleja en reportes de inteligencia, pero que las autoridades no cuantifican ni muestran en todo su entramado.

Es por ello que sólo se cuenta con los informes de organismos internacionales sobre el millonario negocio que representa el que sean al menos 50 millones de personas que son víctimas de estas formas de esclavitud moderna y las ganancias de traficantes de personas estimadas en 2021 en un global anual de al menos 150 mil millones de dólares.

Complicidades detrás de un crimen

La pandemia agudizó las condiciones de exclusión en las poblaciones más vulnerables a la trata de personas. El número de víctimas de la esclavitud moderna en México aumentó más de 37 % en los últimos tres años, al pasar de una tasa de 0.53 en 2020 a 0.72 víctimas por cada 100 mil personas con las que cerró 2022. La mayor cantidad de víctimas desde 2016.

El 34 % de seis mil 615 víctimas de trata que registra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional (SESNSP) de 2015 a junio de este año, se trataron de personas entre cero y 17 años, ellas 74 % fueron niñas y adolescentes, con mil 657, y

26 % restante correspondió a 583 varones.

Para Juan Martín Pérez García, coordinador de la organización Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe, el crecimiento de este “gran negocio” es posible por la complicidad criminal entre los tratantes y funcionarios públicos corruptos. Ubicando a México como “un paraíso de la trata de personas”.

El activista advirtió que existe un vínculo entre las fuerzas de seguridad y los grupos del crimen organizado en el reclutamiento forzado de infantes y jóvenes, así como con los incrementos en las desapariciones de mujeres y su relación con la esclavitud sexual y el alza en feminicidios.

“El reclutamiento no sólo lo hacen los grupos criminales sino también las fuerzas de seguridad. Lamentablemente no hay datos oficiales del reclutamiento forzado de adolescentes, que es una expresión de trata”, advirtió en entrevista con ejecentral.

En ese sentido, Juan Martín señaló que el crecimiento (del reclutamiento forzado) y al mismo tiempo la imposibilidad de conocer la dimensión se debe a la clara participación criminal de funcionarios y particularmente de fuerzas de seguridad con los grupos armados no estatales”.

Aunque desde 2011 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas instó al Estado mexicano a tipificar el crimen del reclutamiento forzado, a la fecha sólo el Congreso de Hidalgo aprobó el mes pasado la tipificación del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por los grupos delictivos.

Un delito en evolución

Otro rostro de la trata de personas que no es considerado de manera pública por el gobierno es el aumento en la cifra de personas desaparecidas, el cual estaría ligado directamente con el reclutamiento forzado, la esclavitud sexual, la explotación laboral y cualquier de las distintas modalidades de trata que persisten.

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indican que durante la actual administración, es decir del 1 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2023, alrededor de siete mil 98 personas, entre cero y 17 años, se reportaron como desaparecidas y no localizadas. Más de 52 %, equivalentes a tres mil 941, se trataron de niñas y mujeres adolescentes, y tres mil 110 (43.8 %) varones.

El dato anterior es coincidente con el aumento en el promedio mensual de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas en México, que según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) llegó a 27.1 entre diciembre de 2018 y mayo de 2023, cuando entre 2015 y noviembre de 2018 se ubicó en 15.3.

❝El impacto de la guerra contra el crimen, que ya se ha convertido en una guerra contra las infancias y juventudes de México tiene un vínculo directo entre la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes con la explotación y la esclavitud sexual (…) En la cultura patriarcal, las mujeres en una guerra se convierten en objetos o trofeos para la satisfacción sexual de los militares legales e ilegales❞, señaló Juan Martín Pérez.

Aunque en lo va que de la actual administración el 52 por ciento de las víctimas de trata del país se concentra en las entidades de la región Centro del país, en la región del Bajío, que incluye entidades como Guanajuato, Jalisco y Zacatecas donde se mantiene una fuerte presencia criminal, se han identificado una vinculación de los casos de mujeres desaparecidas con la incidencia de trata.

Sin embargo, desde la perspectiva de las Naciones Unidas, la pandemia resultó un impulso para que los tratantes sofisticaran sus métodos de enganche, e incluso modificaron los sitios de explotación a lugares más ocultos, lo cual complejiza e invisibiliza aún más el delito, dificultando que la sociedad lo identifique y denuncie.

“Ahora la modalidad de caza y pesca. De caza, donde a través de redes sociales van y buscan activamente a las personas víctimas; y de pesca, donde, por ejemplo, en el caso de la explotación laboral cuelgan anuncios con ofertas con salarios buenos y la gente llega directamente a ellos”, señaló Natalia Espinosa Trujillo, coordinadora del Área contra la Trata de Personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en México.

En entrevista con este periódico, Natalia Espinosa explicó que los tratantes están utilizando los medios digitales para captar a sus víctimas, lo cual les ha permitido mantener el control y explotar a las personas desde otro lado del mundo. Por ejemplo, el caso de la pornografía, en el que las personas usuarias no están físicamente donde está el o la tratante.

“Se ha sofisticado el delito, y aunque internamente existen bastantes estrategias de prevención, las personas tratantes han actualizado sus mecanismos para enganchar a las personas, así como para mantenerlas explotadas y poder negociar con los potenciales usuarios de estos servicios”, detalló.

A nivel regional, el Informe mundial sobre trata de personas 2022 de la UNODC identificó que de 2019 a 2021 el delito de trata de personas aumento 16 % en Norteamérica. El 76 % de la incidencia reflejó un flujo de trata doméstica, es decir, tratantes que provienen del mismo país.

“En materia de trata hemos identificado que 41 % de los tipos de organizaciones delictivas (de trata) son o pertenecen al crimen organizado, el resto no corresponden a organizaciones del crimen organizado”, refirió Natalia.

Mientras que a nivel global la trata con fines de explotación sexual se mantiene como la más predominante, Espinosa Trujillo subrayó el incremento en el número de casos de trata con fines de explotación laboral; y aunque las poblaciones más vulnerables se sigue la tendencia de niños, niñas y mujeres adolescentes.

Lo cual, dijo, “no forzosamente excluye a otros sectores de la población, pues a nivel Norteamérica también se detectó un incremento en el número de hombres víctimas de trata en este último informe mundial”.

Esfuerzos insuficientes

Aunque organizaciones como las Naciones Unidas o el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que en su informe sobre trata 2023 reconoció los “importantes esfuerzos” que el gobierno de México está realizando para abatir la trata; la falta de indicadores confiables y la reducción en recursos, se mantienen entre el incumplimiento de las normas mínimas clave para acabar con este flagelo.

Entre esas deficiencias, el reporte estadounidense indica que el gobierno mexicano no asignó fondos para la asistencia de víctimas que exige la ley; los servicios para su atención “fueron inadecuados en comparación con la magnitud del problema”; además de la “gran carencia de servicios para las víctimas hombres, las de trabajos forzados y las víctimas de zonas rurales”.

Aunado a ello, el Departamento de Estado subrayó que “el gobierno no investigó, proceso, ni condenó a ningún funcionario cómplice; y continuaron de forma generalizada las prácticas fraudulentas de contratación para trabajar dentro y fuera de México, pero el gobierno no tomó medidas para hacer responsables a los reclutadores o agentes laborales”.

Considerando que la cifra negra (delitos que no se denuncian) en las víctimas de trata de personas en el país se estima en más del 99 %, según reveló en 2020, Salvador Guerrero Chiprés, titular del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, en suma, al declive en el número de investigaciones ha derivado en una dispersión de cifras que dificulta dimensionar su impacto.

Esa circunstancia implicó que ese año en su informe de evaluación, la ASF urgiera a las instituciones a consolidar las estadísticas al advertir que éstas “no sustentan las estimaciones que refieren la existencia de miles de mujeres, niños y hombres que a diario son vulnerados en nuestro país como consecuencia de las diversas modalidades de explotación en que se expresa la trata de personas”.

La última actualización de datos sobre las indagatorias iniciadas por trata iniciadas por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la FGR, que comprende desde febrero de 2008 al primer cuatrimestre de 2022, advierte que la cantidad de investigaciones ha ido a la baja, y de las mil 30 pesquisas en ese periodo, 13 % (142 casos) se iniciaron en esta administración.

La disminución de recursos para las políticas públicas contra la trata de personas, además de la desaparición de programas presupuestarios en la materia que desde 2017 se han agudizado paulatinamente, como el hecho de que entre ese año y 2020 el presupuesto ejercido se redujo en un 15.8 %, al pasar de 52 mil 186 a 43 mil 911 millones de pesos, lo cual también ha mermado los esfuerzos y la coordinación de las instituciones responsables del combate al delito y la atención de víctimas.

Remar contra corriente

Al advertir que “una sola víctima de trata es suficiente para que sea una tragedia”, la diputada federal, Claudia Selene Ávila Flores señaló la regulación del aspecto digital, por donde cada vez son captadas más víctimas; y el fortalecimiento de las fiscalías son parte de los desafíos pendientes por atender.

“Tenemos un enorme desafío para regular la parte digital y poder aminorar que estos delincuentes a través de las redes capten a sus víctimas. Hoy los niños con acceso a un celular, a una Tablet son aún más vulnerables; necesitamos forzosamente fortalecer a las fiscalías. No sólo en el combate a la trata de personas sino de todos los delitos”, añadió.

Tras asistir a la Cumbre Internacional contra la Trata de Personas 2023, que se llevó a cabo el 27 y 28 de julio pasados en la ciudad de Washington, Estados Unidos, Ávila Flores reconoció que el “crecimiento exponencial del crimen organizado” en el delito de trata impone redoblar los esfuerzos para erradicarla.

No obstante, señaló que algunas de las propuestas que en la Cámara de Diputados se han planteado para endurecer las sanciones contra los tratantes podría resultar contraproducentes, como el elevar a prisión preventiva oficiosa el tipo penal de trata de personas, ya que “abusar de esa medida puede bordear en la inconvencionalidad y la inconstitucionalidad”.

Entre las conclusiones a las cuales la legisladora refirió que se alcanzaron por unanimidad en el foro realizado en el Capitolio para reforzar el combate a la trata, incluyeron una mayor cooperación internacional; la necesidad de ajustes de los marcos legales, especialmente en el área digital, el análisis de los desafíos, revisión de las políticas públicas y las áreas de oportunidad que enfrenta cada país.

❝Tenemos que revisar la ley vigente para ver en qué debemos actualizar-la; plantearnos con celeridad los marcos legales para todo el ámbito digital (porque) si reformas las leyes o hay leyes de muy buena hechura, pero no las aplicas no vas a avanzar; o cuando llegan al Ministerio Público se les caen los casos porque no están fortalecidas las fiscalías❞, reiteró Ávila Flores.

Desde la perspectiva de diversas organizaciones civiles nacionales e internacionales, el sentido de las políticas públicas y las acciones de México para tratar de aminorar la incidencia de un delito del cual cada dos minutos cobra una víctima alrededor del mundo, son insuficientes e incluso van en retroceso.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, el sector más vulnerable junto a las mujeres jóvenes de ser víctimas de este delito, Juan Martín Pérez García recordó el incumplimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en 2018, siendo candidato, firmó los nueve compromisos para crear conciencia y promover los derechos de los niños en México de la iniciativa “México por la Niñez”.

“Fueron incumplidos y prácticamente en sentido contrario todas las decisiones que esta administración ha topado contrarios a los derechos de las niñas y niños. Tenemos más niñez desaparecida, sin datos oficiales; más adolescentes y jóvenes reclutados; recortes presupuestales; incrementos de las denuncias de trata y claramente complicidad de funcionarios corruptos del orden federal, estatal y municipal en todo el país”, lamentó el activista.