La Portada | México-Puerto Rico, una ruta de operaciones negras

Comenzó hace casi cuatro años como un simple rastreo de dinero ilícito, posiblemente de drogas, pero al paso del tiempo, lo que descubrieron los agentes estadounidenses fue no sólo dinero de grupos criminales de una decena de países, sino una compleja red que lava dinero producto de actos corruptos que vincula a políticos, funcionarios, guerrilleros, empresarios y mafias internacionales de más de una decena de países, incluido México.

Pero eso no es todo. También una parte de los recursos se están utilizando para financiar lo que algunos llaman la revolución bolivariana y posiblemente el terrorismo internacional. Todo esto ocurre en un solo país: Puerto Rico.

En esta isla caribeña el dinero detectado circula en el sistema bancario legal y es utilizado para tratar de influir para que —una vez que se apruebe en el Senado estadounidense el proyecto de Ley 8393 (que ya fue votada en la Cámara de Representantes en diciembre pasado), que ordena para noviembre próximo un plebiscito vinculante para el gobierno federal— se discutan las opciones que excluyen el actual estatus de Estado Libre Asociado para que los puertorriqueños puedan elegir entre convertirse en estado, la independencia con asociación libre o independizarse.

A esto se suma un ingrediente más: la participación de las mafias rusas y rumanas; así como grupos terroristas que están lavando su dinero para destinarlo a operaciones en América Latina.

Esta es una trama tan compleja y tan grande que involucra operaciones geopolíticas de gran envergadura y que los organismos estadounidenses han colocado en sus prioridades de seguridad nacional, porque consideran que no sólo está siendo la coladera para ingresar millones de dólares a su sistema financiero, sino que existiría toda una intención de desestabilizar la región. En medio de esta red ha quedado atrapado México, en especial los funcionarios de la 4T.

Se ha descubierto que están implicadas tantas personas y entidades financieras, funcionarios de gobiernos y exfuncionarios de Venezuela, Nicaragua, Colombia, República Dominicana, Rusia, Rumania, Irán y México, principalmente, que los investigadores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) y la agencia de Alcohol Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) ya expandieron sus operaciones de inteligencia e investigación en Puerto Rico que comenzaron desde 2019, y lo hacen al margen de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), porque desconfían de sus agentes.

La ruta que llega a México, de acuerdo con toda la información recabada en exclusiva por ejecentral, no sólo involucra a grupos criminales que están lavando dinero, las oficinas estadounidenses tienen un listado de funcionarios y exfuncionarios que mantienen bajo investigación y que han participado en operaciones irregulares y que están investigando, especialmente de la Cancillería.

De las operaciones irregulares de mexicanos en la isla y los riesgos que representa Venezuela para el país, funcionarios de la Cancillería lo han advertido al gobierno federal, de acuerdo con documentos en poder de este periódico. Y de ellos se enteró la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues vigila los correos de los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ha hecho sus propios análisis, revelan diferentes oficios en poder de ejecentral y que aparecen en #GuacamayaLeaks.

Lo que no sabe el gobierno lopezobradorista es que los agentes estadounidenses descubrieron dos cosas más: las verdaderas operaciones que realizan algunos de los vuelos de las empresas venezolanas que transitan por México y por todo el continente hasta Irán.

Esta es apenas la primera parte de la historia de dos operaciones denominadas “Calle 13” y “Criollos de Caguas”, que tienen una dimensión no se había conocido en las últimas décadas en el continente americano y que se expondrá, en unas semanas, las primeras acusaciones ante jueces estadounidenses, de acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico, para desmantelar las estructuras financieras off shore que se ha montado en Puerto Rico.

Ser banquero es fácil

Puerto Rico, referente del tabaco, ron, beisbol y reggaetón, es esa isla paradisíaca del Caribe de tan sólo 9 mil kilómetros cuadrados y con poco más de 3 millones de habitantes. Y es allí que hay al menos 87 instituciones bancarias y financieras, de acuerdo a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF).

Y podrían crearse muchas más, pues por ahora es fácil y barato obtener una “licencia bancaria internacional”. De acuerdo con la Ley 273, cualquier extranjero puede solicitarla comenzando con 5 mil dólares y cumplir los requisitos de la “Ley de Secreto Bancario”, que pide tener solvencia económica y buenos antecedentes, entre otros elementos. Y una vez aprobado establecer un banco o cualquier otra Entidad Financiera Internacional, sólo requerirá un mínimo de 550 mil dólares; cuando en otros países de la región se requiere un capital mínimo de entre uno y cinco millones de dólares.

A las instituciones tradicionales se suman otro tipo de entidades financieras que prestan una serie de servicios, incluidas las criptomonedas. De hecho, en los dos últimos cuatro años, Puerto Rico ha vivido un boom en estas monedas digitales, hasta el punto de que ha atraído a nuevos inversionistas, incluidos los criptomillonarios. Se calcula que hay más de un centenar de nuevos empresarios, de acuerdo a reportes de medios. La razón: las exenciones fiscales que les benefician y que plantea la Ley 60, que facilita a algunos inversores no pagar impuestos sobre ganancias de capital, si se convierten en residentes de la isla.

Pero Puerto Rico ha enfrentado varios casos de corrupción o de problemas en la liquidez de estas entidades bancarias. Y es que a pesar de que el sistema financiero está ligado directamente al estadounidense, al ser un estado libre asociado de la Unión Americana, cuenta con su propia legislación bancaria y no está sujeta a los mecanismos estrictos de supervisión y control que existe sobre la banca estadounidense.

Ya en 2021, como parte del caso Pandora Papers, la investigación multinacional del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), se mostró cómo algunos de estos bancos internacionales establecidos en Puerto Rico son utilizados de manera sospechosa para abrir cuentas y transferir dinero como parte de entidades y negocios offshore.

En los últimos meses, la OCIF ha hecho público el aumento a las revisiones sobre cumplimiento, multas y requisitos para que operen las instituciones financieras. Natalia Zequeira es la titular del organismo, a quien ejecentral buscó esta semana pero no fue posible localizarla, pero apenas este jueves reconoció al periódico El Vocero que, por ejemplo, las cooperativas y la banca internacional están obligadas por la ley a presentar informes sobre transacciones sospechosas, pero muchas no lo hacen.

La funcionaria explicó al periódico puertorriqueño que por eso ha incrementado el monto de las multas por más de un millón de dólares “la mayoría de esas multas son violaciones a la norma del lavado de dinero”. Sin embargo, también reconoció Zequeira que hay instituciones que ni siquiera tienen un sistema de monitoreo de transacciones sospechosas o lo hacen manual, en consecuencia “ha habido un sinnúmero de alertas sin contestar y de alertas mal contestadas”, cita El Vocero.

Antes, al anunciar que estaba trabajando en un proyecto de reformas legales, Zequeira reconoció, de acuerdo al diario Nuevo Día del pasado 24 de febrero: “Una persona con malas intenciones y 250 mil dólares puede lograr una licencia y así comenzaron los problemas. Vinieron corriendo como parte de una cultura de desarrollo económico y podían cumplir con esos requisitos con facilidad, lo que ahora queremos es que no sea tan fácil tener un banco aquí”.

Para Zequeira, quien participó en febrero un Simposio de Prevención de Lavado de Dinero organizado por la Asociación de Bancos de Puerto Rico, “la razón por la que la isla es de alto riesgo en lavado de dinero es por las cooperativas de ahorro y crédito y por la banca internacional, no por los bancos comerciales”.

Pero el problema que plantea Natalia Zequeira apenas es la punta de la madeja. Las agencias consideran que Puerto Rico es una de las fronteras más débiles de Estados Unidos y han descubierto, sostienen, cómo una serie de grupos están confluyendo para desestabilizar los intereses geopolíticos estadounidenses y, una de sus acciones es intervenir en el referéndum de noviembre próximo, impulsando el voto para mantener el estatus legal de la isla, para no tener la supervisión estadounidense.

“El problema que tenemos es que con las leyes bancarias tan laxas y disposiciones como la Ley para incentivar el traslado de inversionistas, la llamada Ley 22 aprobada en 2012, que es una invitación abierta al paraíso fiscal de Puerto Rico con exenciones de impuestos para prácticamente cualquier extranjero, se complica la identificación sobre cuál es el dinero legal y cuál el ilegal que ha estado llegando a Puerto Rico en los últimos años”, explicó uno de los agentes del Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés) que participa en las investigaciones.

El Cártel del Caribe

Los primeros resultados de las operaciones “Criollos de Caguas” y “Calle 13”, revelaron fuentes de inteligencia consultadas por ejecentral, muestran este entramado en el que se señalan a funcionarios cercanos al gobernador Pedro Pierluisi, pero también a congresistas y senadores, empresas boricuas, bancos, al menos un casino, agencias de vehículos de alta gama, brokers de yates y de propiedades de lujo, los llamados cashitos (el negocio de cambio de cheques) y las instituciones de banca cooperativa comunitaria, todos en operaciones de blanqueo de millones de dólares en los últimos años.

El eje de las indagatorias, de acuerdo a los documentos disponibles, son dos objetivos, por un lado la OCIF y el otro blanco un ciudadano de origen pakistaní de nombre Fahad Ghaffar, dueño del hotel y casino La Concha, un lugar de moda para la farándula y deportistas.

Los agentes de la CIA, FBI, ATF y DHS mantienen bajo investigación otras propiedades de Ghaffar, especialmente varios bancos locales que han incrementado exponencialmente en los últimos años su número de clientes a través del uso de las Fintech y de la implementación de sucursales virtuales en varios países de América Latina, así como la compra de instituciones bancarias quebradas para incorporarlas a su modelo de banca electrónica y digital.

Lo que han descubierto las agencias es que hay cuatro destinos turísticos del Caribe implicados en este entramado de corrupción y lavado de dinero: San Juan, Puerto Rico; Punta Cana, República Dominicana; Los Roques, Venezuela, y Cancún, México. A estos lugares se suman operaciones desde Colombia, Belice, Nicaragua, Brasil y Panamá.

A toda esta red le han denominado los estadounidenses el Cártel del Caribe.

La trampa “rusa” para wanda

Para los investigadores, esta estructura que identifican como “financiera-criminal” se refugió en Puerto Rico después de que Panamá y República Dominicana endurecieron sus medidas antilavado.

En un reporte interno de las agencias, producto de sus pesquisas, se señala que quien había dimensionado el peligro de lo que significa la vulneración del sistema financiero y la suma de intereses extranjeros para tratar a toda costa de mantener el status quo en la isla, es la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced.

Los investigadores estadounidenses la mencionan como una aliada en el desmantelamiento del entramado que descubrieron, pero no lo consiguió porque le pusieron una trampa a quienes investigaba, y que ahora la tiene enfrentando un juicio.

La también exsecretaria de Justicia puertorriqueña asumió la gubernatura en agosto de 2019, a la caída del gobernador Ricardo Roselló. Primero hizo en alianza política con el entonces presidente Donald Trump, con quien se reunió el 10 de febrero de 2020. Después del encuentro Vázquez Garced anunció que su gobierno recuperaría los fondos de ayuda del huracán María y a revisar los contratos gubernamentales, dos de las vertientes para el lavado de capitales a gran escala en los años recientes y que forman parte de las piezas que han incluido las agencias en sus investigaciones. En los expedientes, se destaca que la alianza Trump-Wanda fue vista como un riesgo para los intereses de Ghaffar de corrupción en la isla.

La funcionaria cambió al titular de la OCIF, hasta entonces George Joyner, quien forma parte de las investigaciones estadounidenses por la protección que ofrecía al llamado Cártel del Caribe.

Los documentos estadounidenses plantean que, los integrantes de la red de corrupción, al verse en riesgo con Vázquez Garced efectuaron una operación propia de la escuela rusa, el Kompromat. Le tendieron una trampa a su esposo, el juez Jorge Díaz Reverón, regalándole un auto de lujo BMW, hecho que después filtraron a la prensa local para desacreditar a la gobernadora, al tiempo que se le acusaba públicamente de recibir donaciones ilegales por haber despedido al titular de la OCIF. Los señalamientos le costaron la carrera por la reelección de la gubernatura e incluso, la llevaron al arresto el 4 de agosto de 2022.

Las agencias estadounidenses identifican a Fahad Ghaffar como el operador de esa trampa, lo cual quedó en evidencia cuando se desarrollaba el proceso de una demanda laboral interpuesta por el exgerente de empresas hoteleras llamado Enrique Díaz Pagán. Lo que se desconocía es que tras la declaración de una testigo, Astrid Robles, el FBI abrió una investigación directa contra Ghaffar y contra el gobernador de Puerto Rico, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, además de su hermana Caridad, por posible colusión.

Saltan los mexicanos

Las investigaciones contra el empresario americano de origen paquistaní Fahad Ghaffar llevan varios años. En sus resorts y agencias de autos, el FBI identificó un sistema para disfrazar pérdidas y darle valor agregado a dinero de procedencia sospechosa. La operación es sencilla, sostienen los agentes, se trata de un procedimiento de reventa de vehículos de alta gama y de la simulación de pérdidas cuantiosas de jugadores en los casinos.

Ghaffar, egresado de la Universidad de Virginia y se fue a radicar a Puerto Rico desde 2014, y se presentaba como socio de Paulson & Co aunque no lo era pero el empresario John Paulson se lo permitía. Se encargó de bienes raíces, por lo que de inmediato se vio beneficiado, como muchos otros, de la Ley 22 al no pagar impuestos, lo que le ha permitido aumentar su fortuna, aseguran los agentes estadounidenses .

El empresario estadounidense de origen paquistaní se asoció con el casino y con un banco denominado FaceBank, que se puso en la mira de las oficinas estadounidenses, porque ha tenido un vertiginoso ascenso en los últimos años. Y es precisamente este banco que ha crecido exponencialmente en su número de clientes, la mayoría de América Latina, a través del uso de las Fintech y sus sucursales virtuales.

Y es en esta línea de las investigaciones de las operaciones “Criollos de Caguas” y “Calle 13”, en la que comenzaron a saltar nombres de mexicanos, tanto de sospechosos de estar vinculados con cárteles; o con empresarios y funcionarios o exfuncionarios federales y estatales.

Al identificar el crecimiento de la población mexicana en Puerto Rico, que ha pasado a ser la segunda más grande en la isla después de la migración cubana, con casi 12 mil mexicanos viviendo permanentemente en San Juan y Ponce, los agentes del Departamento de Seguridad Interior estadounidense también identificaron que el turismo mexicano a los casinos puertorriqueños se ha puesto de moda en los últimos años, pero extrañamente estarían perdiendo cientos de millones de dólares anuales. En las investigaciones comenzó a documentarse cómo se trataba en realidad de un proceso sistemático ideado para legalizar el dinero que llega desde Venezuela utilizando cuentas abiertas sin controles por internet, que se retira en Puerto Rico para premeditadamente ingresar a las ganancias de los casinos.

Así que las autoridades centraron una de las líneas de la investigación en el casino La Concha, propiedad de Fahad Ghaffar, que estaría trabajando en el blanqueo de capitales con personajes ligados a un cártel mexicano, de acuerdo con los documentos.

En los materiales que permitió revisar el hackeo a documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), #GuacamayaLeaks, aparece un oficio fechado el 31 de enero de 2022, con el número BE-256, informando sobre The Belize Bank Limited, y firmado por un coronel desde Belice sobre un personaje llamado Jorge Luis Brizuela Guevara a quien señalan de haber “conformado una estructura” a través de varios bancos desde Belice hacia Puerto Rico.

“Las transferencias se realizan desde cuentas en dólares americanos o en Bitcoins, aperturadas en Belice o por cuentas aperturadas desde aplicaciones telefónicas de bancos en Puerto Rico por ciudadanos mexicanos, beliceños, guatemaltecos, colombianos y rumanos.

“Estas operaciones hechas aprovechando las FINTECH sirven para movilizar recursos de procedencia ilícita de las estructuras financieras de organizaciones criminales mexicanas”, señala el documento, que también menciona a grupos criminales hondureñas, colombianas y rumanas, radicadas en Belice y Guatemala.

Este documento fue enviado directamente a la oficina del secretario, el general Luis Crescencio Sandoval, y a la Sección Segunda del Ejército (inteligencia militar). Y de él tienen copia los investigadores estadounidenses, quienes testaron varios de los nombres, porque con aún blancos de investigación, en la que colabora México.

El oficio del militar mexicano concluye advirtiendo que “la fuente cerrada del banco The Belize Bank Limited” le ha informado una mujer procedente de Puerto Rico “en distintas ocasiones ha mantenido reuniones” con dos empresarios “en el hotel Ritz-Carlton del Mpio. Benito Juárez, Quintana Roo” y mencionó el nombre de un banquero puertorriqueño y de un “ciudadano americano de origen paquistaní”.

La investigación sobre Brizuela Guevara se mantiene abierta por parte de las agencias estadounidenses y mexicanas, pero ya han identificado que es una persona cercana a varios funcionarios en el país, algunos de ellos militares de alto rango.

Las agencias estadounidenses y la oficina de inteligencia militar mexicana confirmaron que Jorge Luis Brizuela es mexicano nacionalizado, pero es en realidad agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

La red venezolana

Gran parte del dinero que está siendo rastreado por las agencias norteamericanas proviene de Venezuela, país que modificó sus disposiciones legales para recibir las divisas que dejó de captar por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en la era Trump.

El gobierno chavista dejó de aplicar las leyes contra el lavado de dinero, y ahora cualquier extranjero puede llegar a ese país y hacer transacciones con criptomonedas o con dólares en efectivo, sin importar los montos. El soporte legal de esta disposición es el Decreto 3.569, aprobado el 1 de agosto de 2018, por la Asamblea Nacional de Venezuela, en el que se derogó el régimen cambiario estatal y sus ilícitos.

La investigación estadounidense está documentando cómo un porcentaje de esos recursos se “limpia” en Venezuela “en el negocio de la importación de alimentos y bienes de consumo que no se producen” en el país. Pero una mayor parte de esos recursos se estaría enviando a bancos puertorriqueños, “a través de cuentas virtuales”.

La operación, de acuerdo a las agencias, muestra que los cárteles mexicanos utilizarían como prestanombres “a personas y empresas venezolanas para depositar recursos en esas instituciones bancarias puertorriqueñas como Facebank, Italbank y Sol Coop Bank, para después, hacer movimientos domésticos a otros estados de la Unión Americana o transferencias a otros países del mundo”.

Una de las fuentes aseguró a este periódico que el 30 % de las transferencias anuales llevadas a cabo entre 2019 y 2022 desde Puerto Rico a otros estados de la Unión Americana “están sujetas a investigación”.

Guerrilla y dictaduras

En estas operaciones “Criollos de Caguas” y “Calle 13”, los agentes estadounidenses se toparon con otro elemento, que les obligó a abrir una nueva línea de investigación, el dinero de la guerrilla y de regímenes autoritarios de Latinoamérica, tras comenzar a revisar las operaciones de los bancos puertorriqueños Sol Coorp Bank y Facebank.

El Facebank ofrece “no tenemos fronteras ni límites y puedes contar con nosotros desde donde estés…”, y es real, porque opera sucursales virtuales para abrir cuentas de depósitos.

Pero sus bondades no sólo está en la virtualidad, sino que sólo se necesita una identificación oficial y para hacer el trámite a través de aplicaciones web.

Pero no sólo prestanombres de funcionarios y empresarios venezolanos utilizan esta vía, también el llamado Cártel de los Soles (integrado por militares de Venezuela); y también los grupos criminales mexicanos, como lo revelan los documentos de la Sedena, y los agentes del FBI identifican a miembros del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua,

guerrilleros colombianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sus disidencias y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), “estarían enviando millones de dólares, que después son retirados en territorio norteamericano”, sostuvo un agente.

De esta forma se puede saltar la prohibición estadounidense de hacer negocios con empresas venezolanas, porque en realidad se utiliza el sistema financiero puertorriqueño.

La institución que estaría recibiendo el mayor volumen de recursos son las sucursales de Facebank en Venezuela, detallan los documentos.

La trama México-Venezolana

Al preguntar a los agentes estadounidenses los nombres de funcionarios mexicanos que están dentro de sus investigaciones, y las de otros países, por participar en este tipo de operaciones consideradas irregulares, no quisieron revelarlos, lo cual ocurrirá, dijeron, cuando se formalice una acusación en las Cortes estadounidenses, lo cual ocurrirá, aseguran, “pronto”.

La red de vínculos de las operaciones “Criollos de Caguas” y “Calle 13”, se cruzó con otra investigación que seguía la CIA, por lo que se integró al rompecabezas de la “Conexión Puerto Rico”.

Se trata de los vuelos de las empresas venezolanas, financiadas por iraníes, a diferentes países latinoamericanos, Asia, Medio Oriente y hasta Rusia, que quedó al descubierto cuando se retuvo en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina, a uno de esos vuelos, caso del que dio detalles, durante varias semanas, ejecentral.

En los documentos revelados por #GauacamayaLeaks se ubican algunos documentos de la Sedena, uno de ellos indica que según los reportes de la Sección Segunda del Ejército en 2019 y 2020 se incrementaron los vuelos de Querétaro a Caracas, tanto de carga como de pasajeros, y que en varios de ellos se tiene la sospecha de que se podrían estar trasladando dólares en efectivo como parte de la carga.

Y fue precisamente de Querétaro de donde voló, el 4 de julio de 2022, el avión Boeing 747 matrícula YV3531 de la empresa Emtrasur, aunque originalmente era de la iraní Mahan Air, que se encuentra en la lista de sancionadas como terroristas por el Departamento del Tesoro estadounidense, por ser considerado brazo económico de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En uno de los documentos, fechado el 7 de septiembre de 2022, con el número ES-256, elaborado por el personal de la Sedena en Venezuela, se reporta que la “Embajada de Israel señaló que en ese vuelo se movilizaba una fuerte cantidad de dinero en efectivo, componentes tecnológicos restringidos y un sistema de comunicaciones satelital adquirido ilegalmente”, señala el documento dirigido al secretario y a la Sección Segunda.

En el caso de esta aeronave, el gobierno estadounidense solicitó su incautación, aunque fueron liberadas la tripulación iraní y venezolana. Mientras, en otro documento del Ejército, fechado en junio de 2022, se asegura que la aeronave pasó todas las revisiones en el aeropuerto de Querétaro, incluso el del personal.

Y precisa: “Respecto al iraní Ghasemi Gholamreza Abbas FN: 22/11/1958, señalado en fuentes abiertas como un presunto miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, no se identifican alertas internacionales en su contra y el enlace operativo de TSC (Terrorist Screening Center) descartó su inscripción en lista de riesgos”.

La aeronave hizo dos escalas antes de llegar a Ezeiza, en territorio venezolano y paraguayo.

De acuerdo a las investigaciones estadounidenses, de los 197 mil 830 vuelos de pasajeros que se realizaron en 2021 a diferentes países, “se estima que el 40 % de los vuelos internacionales, de pasajeros y de carga, fueron a Caracas”.

En las pesquisas apareció un dato adicional y que ya forma parte del expediente legal que será presentado en las cortes estadounidenses, y es que hay funcionarios de la Cancillería mexicana al tanto del traslado de fuertes sumas de dólares a Venezuela, no sólo de carteles mexicanos sino de vuelos provenientes de Irán, y de los viajes que con pasaporte diplomático realiza Nicolás “Nicolasito” Maduro, hijo del presidente de la República Bolivariana, para enviar a México con la protección de la valija diplomática, lingotes de oro que estaría vendiendo a la delincuencia organizada mexicana, como otra vertiente para financiar al gobierno de su padre y burlar las sanciones de Estados Unidos.

Parte de ese dinero se estaría legalizando también desde Puerto Rico como “seguro de protección” de la familia gobernante chavista, en el esquema descubierto por las agencias norteamericanas, con la participación de varios bancos puertorriqueños mediante las cuentas abiertas sin control alguno desde el extranjero, pero que estarían operando como “cuentas domésticas” en la Unión Americana.

El FBI descubrió que el modelo se estaría replicando en el caso de la familia del general Daniel Ortega, en Nicaragua, pero también por parte de las guerrillas en Colombia, el ELN y las FARC.

Más líneas de investigación

El grupo de investigación integrado por agentes de la CIA, FBI, ATF y DHS, mantienen dentro de sus investigaciones al gobernador Pierluisi e incluso a la titular de la OFIC, Natalia Zequeira, para determinar si están involucrados en esta red de lavado de dinero, porque no han atendido de fondo el problema y sus declaraciones contradictorias.

“Frente al problema del ingreso de miles de millones de dólares cada año, cuyos orígenes no se pueden rastrear, Natalia (Zequeira) habla de regular a las bancas que quieran instalarse en el futuro en la isla, pero no habla de mayores controles a los bancos que ya están operando y tampoco cuestiona a los casinos y otros mecanismos que hacen vulnerable al sistema financiero”, dijo uno de los agentes.

Las líneas de investigación aún son más amplias, porque se toparon con operaciones que involucran intereses en distintos países, uno de ellos México, y que en este caso explicaría la ayuda a grupos en Latinoamérica e incluso operaciones rusas.

Uno de los agentes del FBI que participa en las operaciones aseguró: “Puerto Rico no es la puerta trasera, es en realidad una gran puerta frontal para blanquear los recursos que generan actividades ilícitas no sólo de narcos mexicanos y de la corrupción venezolana y nicaragüense, sino de la mafia rusa, así como de grupos delincuenciales de Argentina, Perú, Colombia, Guatemala y Honduras”.