Los reflectores apuntaron a Guillermo Billy Álvarez Cuevas, director general de la Cooperativa Cruz Azul como el principal responsable del desvío millonario de recursos, pero detrás de él había un hombre alto, de vestir elegante, especializado en derecho, acostumbrado a moverse en diferentes círculos sociales y de poder, desde notarios, magistrados, jueces, empresarios, políticos hasta legisladores. Su nombre, Ángel Martín Junquera Sepúlveda.
“Hay una gran, gran responsabilidad por parte de los abogados que están en el sector público, mayor es, la responsabilidad que tenemos los que damos servicios a la sociedad, sean personas físicas, o personas morales, incluso personas sociales, Y somos realmente los custodios del estado democrático de derecho”, soltó Junquera Sepúlveda al referirse a los retos de los abogados de cara al cambio de gobierno, previo al arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Pero, mas que un “custodio del estado de derecho”, como se auto proclamó en el Foro IDC en septiembre de 2018, el actual presidente con licencia del Colegio Nacional de Abogados de México, resultó ser –de acuerdo a las investigaciones de las autoridades– el diseñador y operador de una red de corrupción para desviar, mediante empresas fachada y fideicomisos fraudulentos, miles de millones de pesos de la Cooperativa Cruz Azul, durante por lo menos los últimos ochos años.
Se trata de una investigación en la que las autoridades hacendarias y de la Fiscalía General de la República indagan a quien fungía como el asesor jurídico externo de la Cooperativa, presidida por Guillermo Billy Álvarez Cuevas, pero que construyó la forma de evadir impuestos, engañar a los cooperativistas y beneficiarse junto con la directiva cruzazulina. Por ahora calculan los investigadores, superaba los 100 millones de pesos mensuales.
Desde el pasado 29 de julio, se dio a conocer la orden de aprehensión que un juez federal giró contra del expresidente de la Cooperativa Cruz Azul y del equipo de fútbol de la Liga MX del mismo nombre, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, conocido como Billy; así como de su cuñado y exdirector jurídico de la Cooperativa Víctor Manuel Garcés Rojo; y de los actuales directivos financiero y jurídico de la misma, Mario Sánchez Álvarez y Miguel Eduardo Borrell Rodríguez.
Esta primera acusación también incluye al abogado externo de la Cooperativa, Ángel Martín Junquera. Todos ellos señalados por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), y delincuencia organizada.
Esta orden de captura apenas es el principio. Se revisan todas las operaciones del litigante, su familia, de todas las directivas del Cruz Azul, como empresa y como equipo de futbol, incluso la compra-venta de jugadores. Todo cometido, presuntamente, al margen de la cooperativa y de la ley.
Así, el buen manejo de su imagen, sus relaciones, su pública defensa de los derechos y convertirse en el presidente del Colegio Nacional de Abogados de México, además de tener uno de los más elegantes y caros despachos de abogados, Junquera y Forcada S.C., impidió ver su papel de artífice del presunto fraude. Esta es la historia de uno de los hombres clave para las autoridades, de acuerdo a documentos oficiales, quienes lo conocen y a fuentes cercanas al caso ejecentral logró reconstruir.
Cobrar por nada
Existen al menos dos investigaciones más que involucran a las directivas del Cruz Azul, a más de una decena de fideicomisos y empresas, tanto en México como en Estados Unidos y Centroamérica. Estas indagatorias involucran a los juristas Ángel Martín Junquera y Diego Ruiz Durán, también representante legal de Billy Álvarez.
A finales de julio, el abogado Ruiz Durán sostuvo públicamente en diversas entrevistas que las observaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda hizo sobre presuntos desvíos millonarios por parte de Guillermo Álvarez Cuevas al frente de la Cooperativa, carecían de sustento y contenían errores para sostener la acusación de desfalcos por más de 420 millones de pesos.
De acuerdo con información recaba por este periódico, a partir de lo que las autoridades han ido documentando, las acusaciones entorno a Martín Junquera Sepúlveda y Diego Ruiz Durán se refieren a esos fideicomisos creados desde 2013, cuya finalidad aparentemente era para generar beneficios en favor de los socios y trabajadores de la Cooperativa. Al menos en el papel.
Sin embargo, la construcción de estos instrumentos financieros les permitió, sostienen las indagatorias, apropiarse de bienes de Cruz Azul, o comprar y vender nuevos. Esos fideicomisos se construyeron con distintos montos y deberían incrementarse de manera paulatina, pero esto nunca ocurrió, sólo servían de puenteo para las operaciones de desvío de bienes y dinero de forma sistemática, sin informar a los cooperativistas ni a las autoridades hacendarias.
›La operación, según consta en documentos oficiales a los que este periódico tuvo acceso, se centró, en una parte, a través del retiro de bienes del patrimonio de la Cooperativa que supuestamente estaban en desuso o en condición de despreciados por la propia sociedad. También se adquirían diferentes bienes que se supone permitirían enriquecer los fideicomisos.
El segundo paso era realizar el avalúo sobre ellos, disponer su venta y, en estricto sentido, los recursos depositarse en el instrumento financiero, para capitalizarlo, pero el dinero nunca ingresó. Este fue el mecanismo ideado por los abogados Junquera Sepúlveda y Ruiz Durán.
Los testimonios y pruebas recabados por las autoridades plantean que la operación también contemplaban aquellos bienes de la Cooperativa que incluso estuvieran en uso, para que quedaran incorporados al patrimonio de los fideicomisos, y que con su posterior comercialización, a través de su venta o arrendamiento, se obtendrían los recursos para financiar los objetivos planteados, supuestamente en beneficio de los trabajadores, como apoyos escolares, jubilaciones o bienes y servicios.
Lo cierto es que, según la indagatoria en curso, esto no ocurrió. Y al menos desde 2013, desde que habrían iniciado estas operaciones, se acordó como contraprestación, por el concepto de honorarios profesionales, que Junquera Sepúlveda recibiera un pago variable de Billy Álvarez.
La fórmula era sencilla, el abogado recibiría el equivalente a un porcentaje del valor en que finalmente se comercializaron y valuaron cada uno de los bienes que fueron desincorporados; así como otro porcentaje de pago, por los montos de las rentas captadas de los fideicomisos.
Es decir que, sin el aval de que los objetivos por los que se hayan creado los fideicomisos se hubieran cumplido, el abogado Martín Junquera, y sus diversos representantes legales habrían obtenido, según lo estipulado en decenas de instrumentos contractuales entre su despacho y la Cooperativa, pagos mensuales por concepto de honorarios, de entre 8 y 10 millones de pesos; sumado al porcentaje por la comercialización de los bienes, monto que superaba, en conjunto, los 100 millones de pesos por mes, calculan las autoridades. Esto ocurrió en los últimos ocho años, al menos, por lo que el monto de lo posiblemente defraudado a los cooperativistas superaría los 10 mil millones de pesos, hasta ahora.
Las pesquisas plantean que de ese dinero que recibía el asesor jurídico de la directiva se repartía entre los directivos, particularmente de Guillermo Héctor Álvarez. El esquema entonces era sencillo, sostienen las indagatorias, Junquera Sepúlveda planteaba el esquema, lo acordaba la directiva, se hacían los papeles y colocaban como responsable de la administración al abogado. De allí que todas las directivas cruzazulinas estén bajo la lupa.
Estructura paralela
En los últimos años, Ángel Martín Junquera defendió las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto y fue un ferviente opositor de que se tipificaran los delitos de defraudación fiscal y la compraventa de facturas falsas como delincuencia organizada.
Aún sin conocer las indagatorias en su contra, en octubre de 2019, al participar en el Parlamento Abierto ante las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda del Congreso de San Lázaro, Junquera Sepúlveda externó su inquietud por la propuesta de reforma fiscal, porque era algo “triste y preocupante”, ya que su aprobación implicaría “sancionar a prácticamente todos los empresarios de este país, y a todos los usuarios de servicios que hoy el gobierno regula”, aseveró.
Durante su ponencia ante legisladores, el jurista recordó la creación de la unidad de investigación durante la gestión del entonces procurador fiscal de la Federación Javier Laynez Potisek, quien comenzó a cruzar la información para determinar “cuáles eran las acciones que realizaban los factureros. Y según lo fue manifestando en el gobierno anterior, tanto el procurador Laynez, como el procurador Diner (Max Alberto), lograron tener, porque así lo hicieron ante sus comparecencias ante el Congreso, lograron tener muchísima información”.
Al respecto Martin Junquera cuestionó: “¿Por qué no se ejecutó en contra de todos eso factureros, y por qué lo pocos que pudieron ser aprehendidos, salieron libres? Considero que lo que se debe hacer es un análisis profundo a la legislación fiscal y también a la legislación penal, pero no debemos dejar de lado el debido proceso”.
Junquera Sepúlveda remató su participación sobre la intención de la actual administración por tipificar como delincuencia organizada y prisión oficiosa los ilícitos inherentes a la defraudación fiscal, y el uso de facturas falsas: “Hoy me pregunto ¿cuál es la verdadera intención, someter vía fiscal a los contendientes, a los adversarios, o incluso el ciudadano de a pie, o buscar cumplir con lo elemental? (…) Llamo a los legisladores a hacer un estudio profundo a lo que sí debe modificarse, se respete el Estado de Derecho, la presunción de inocencia es fundamental”, sostuvo. Pero la reforma se consumó el 14 de octubre de 2019.
Exactamente 9 meses, y 18 días después de esa declaración, Junquera Sepúlveda, junto con los directivos de la Cooperativa Cruz Azul fueron señalados por delincuencia organizada y lavado de dinero, por la creación de empresas fantasma, para la triangulación de desvío de millones de pesos; asimismo es señalado de haber encabezado un esquema, que, mediante la creación probablemente fraudulenta de diversos fideicomisos, obtuvo ganancias por más de 10 mil millones de pesos.
Y las investigaciones adicionales, aún en la UIF y la Fiscalía, incluyen los delitos a los que él se opuso se modificaran, defraudación fiscal, facturación falsa, y adicionalmente fraude y lavado de dinero, entre otros.
Según la orden de captura, testimonios de funcionarios y exfuncionarios de la Cooperativa, dictámenes contables, cuyo análisis también se desprende de la indagatoria de la UIF, indican que entre 2011 y 2017, el líder de la Cooperativa, directivos y el abogado Junquera crearon una estructura paralela mediante la cual habrían desviado recursos de la Cooperativa más de 114 millones 198 mil pesos.
La información recabada por las autoridades para sustentar las ordenes de aprehensión, indica que las simulaciones de las operaciones, diseñadas y coordinadas por el abogado Junquera Sepúlveda, en conjunto con los otros imputados, implicó la utilización de al menos siete Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), con quienes se simulaban las transacciones para la movilización y ocultamiento de los recursos de la Cooperativa, a través de la apariencia de operaciones, y prestaciones de servicios que nunca se realizaron.
Antes de que se diera a conocer la orden de aprehensión en su contra, el 29 de julio pasado, Junquera Sepúlveda, abogado externo del director de la Cooperativa Cruz Azul, solicitó licencia a su nombramiento como presidente del Colegio Nacional de Abogados de México, a fin de atender las acusaciones en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.
“Me permito solicitar licencia en el ejercicio de mi cargo como presidente a fin de atender mi defensa respecto de asuntos en los que he sido señalado como probable responsable atendiendo a los principios de presunción de inocencia y debido proceso, y hasta en tanto se resuelvan los mismos declarando mi inocencia en forma definitiva.
Lo anterior con el fin de salvaguardar en todo momento la buena reputación y buen nombre del Colegio”, sostuvo el abogado, quien como representante y vocero del gobernador Jaime Bonilla, fungió como defensor de la llamada “Ley Bonilla”, con la cual el mandatario pretendió ampliar su administración de dos a cinco años; pero, que finalmente fue declarada por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un fraude constitucional.
Desde entonces se desconoce el paradero de Junquera Sepúlveda, quien no podrá ampararse para evitar la cárcel por los delitos que se le imputan, al igual que el resto de la directiva del Cruz Azul.
Cruz Azul A.C. ¿La otra caja chica?
Hay varias empresas bajo investigación, una de ellas Kenchy Enterprises S.A, creada en el año 2000 y donde aparece Beatriz Sepúlveda Vallejo como tesorera; además se rastrean sus bienes en Estados Unidos.
La caja de pandora que ha resultado ser la administración de la Cooperativa Cruz Azul, también contempla las operaciones que se han hecho en la gestión del Club Deportivo Social y Cultura Cruz Azul, A.C., que, si bien dejó de existir esa figura como tal desde el año 2015, millonarias transacciones para la compra y venta de jugadores siguen concretándose bajo dicha denominación que por sentencia judicial fue determinada como ilícita.
Se trata de otro de los focos de investigación en los que se está avocada la Unidad de Inteligencia Financiero, a cargo de Santiago Nieto, en que la se está revisando la posible administración fraudulenta de Cruz Azul A.C., pues tanto las operaciones del equipo de futbol con el mismo nombre, como de la Cooperativa se derivan de una misma razón social, y en consecuencia, Billy Álvarez, buscado por la FGR por lavado de dinero y delincuencia organizada, se ostenta como director general y presidente de la empresa cementera y el club deportivo.
Con base en lo consultado por diversas fuentes, la UIF estaría indagando las transacciones y disposición de recursos de ambas empresas, y que en el caso del equipo de futbol contemplan la adquisición, por montos económicos “inéditos” en la historia del equipo de futbol, concretados durante la temporada del torneo de clausura, en julio de 2018, y el de apertura en el mismo mes de 2019.
Por ejemplo, tras el despido de Pedro Caixinha como director técnico del Cruz Azul, y la llegada de Ricardo Peláez Linares como director deportivo del club cementero, se suscitaron las millonarias contrataciones de jugadores que, sin precedentes, implicaron una extraordinaria erogación de recursos para la transferencia de jugadores por parte de la Cooperativa, pero que se habrían realizado a través de la denominación como Asociación Civil.
Dentro de los objetos de estudio y primeros datos que recaban las autoridades financieras, se encuentra la adquisición del futbolista, Roberto Alvarado Hernández “El Piojo”, como parte de las transferencias negociadas por Ricardo Peláez en 2018, quien fue transferido por el club Celaya al Pachuca por un millón de dólares; posteriormente del Club de Fútbol Pachuca, fue transferido al Necaxa por el doble de la primera transferencia, es decir dos millones de dólares.
Pero su transferencia del club necaxista implicó al Cruz Azul la erogación de 10 millones de dólares, o sea 900 por ciento más de lo que había implicado que el mediocentro ofensivo, originario de Salamanca Guanajuato transitara del Celaya al Pachuca.
Otro caso bajo indagatoria resulta el del volante Orbelín Pineda Alvarado, quien formó parte de las transferencias del año pasado, también bajo la dirección deportiva de Peláez, de quien se indaga fue adquirido por las Chivas de Guadalajara por una mínima suma, en comparación de los 13 millones de dólares en lo que el equipo tapatío lo transfirió a la Maquina del Cruz Azul.
Los casos de Orbelín Pineda, como el de Roberto Alvarado, ambos futbolistas mexicanos, cuyos montos de transferencias rebasaron inexplicablemente los gastos históricos del club celeste, forman parte de los acuerdos por los que se concretó el alta de casi una treintena de jugadores en el equipo, entre 2018 y 2019.
A inicios de septiembre de 2019, Ricardo Peláez renunció al puesto de director deportivo del Cruz Azul, señalando públicamente a través de diversas entrevistas, que entre los motivos de su salida restaban el no haber contado facultades para designar al plantel profesional de jugadores, incluyendo la designación del director técnico, puesto que actualmente desempeña el uruguayo, naturalizado mexicano, Robert Siboldi.
Las autoridades indagan los reportes al SAT y las operaciones de todos los involucrados en la directiva cruzazulina, incluyendo familiares y el abogado Junquera Sepúlveda, el hombre alto, educado y elegante al que las autoridades identifican como la mente maestra detrás del fraude a la Cooperativa del Cruz Azul.
114 millones 198 mil pesos fue el monto de los recursos desviados en una estructura paralela que involucra al líder de la Cooperativa, directivos y el abogado Junquera, según la FGR.
“Estamos viendo una serie de hechos sin precedentes en nuestro país, donde estamos atentando contra el estado de derecho. Me queda claro que el presidente de la corte (Arturo Zaldívar) atentó contra el estado de derecho”, dijo Ángel MartÍn Junquera, sobre la denuncia que el presidente de la Corte hizo sobre la suspensión del magistrado Jorge Arturo Camero, en octubre de 2019.
Testimonios y dictámenes han servido para que las autoridades identifiquen la función de cada imputado en el esquema de desvío de recursos.
El 3 de octubre de 2019, ejecentral público cómo es que la derrota del equipo ha resultado fructífera para sus directivos.
La Máquina en aprietos
Por turbias operaciones financieras que involucraron la creación de empresas fachada, y fideicomisos fraudulentos para el desfalco multimillonario de recursos de la Cooperativa Cruz Azul, directivos, abogados y exfuncionarios están bajo la mira de las autoridades judiciales y hacendarias.
