La Portada | Los cárteles andan en campaña

Es de noche, a bordo de una camioneta en movimiento varios hombres con el rostro cubierto con pasamontañas, portando armas largas y chalecos balísticos con las siglas “CJNG”, lanzan el mensaje: “Que se pinte verde San Luis Potosí. Únanse”. Se trata de un video de apenas 47 segundos en el que el sujeto que está grabando desde un teléfono celular deja en claro la intencionalidad de su video. “¡Que viva el Verde, que viva el PT, que viva la coalición y que viva San Luis Potosí!”.

Los casos se multiplican a lo largo y ancho del país. En otras imágenes aparecen unos hombres encapuchados, armados, que, junto a unas camionetas de carga, reparten despensas.

No es la primera vez que lo hacen, ni tampoco que graban un video presumiéndolo, pero sí es la primera ocasión en que los reportes mencionan que como parte de la estrategia estos grupos armados están recomendando a la población que voten por un candidato a quien esas agrupaciones criminales apoyan.

El video llegó a una oficina de inteligencia. Se ubica en una zona de Guanajuato, lugar que las fuentes consultadas no quisieron precisar, porque al comenzar a investigar el caso descubrieron que no era el único, sino que personas armadas estaban prácticamente en campaña en muchas formas, dependiendo de la región.

“Detectamos algunos videos en celulares de detenidos, otros que estaban circulando y que fueron reportados para que los bajaran de la red, y en otros hemos tenido fotografías de las mantas”, detalló un funcionario que desde hace varios años conoce de estos temas.

Los analistas descubrieron que además de la entrega de despensas y dinero en efectivo, los rostros de las “campañas” de los grupos criminales van desde la colocación de mantas, aparición de comandos intimidando los poblados que ni siquiera se difunden, pero que son operaciones en las que advierten sobre quién deben votar; amenazas de muerte, disparos a domicilios o vehículos, secuestros y asesinatos de candidatos.

Lo cierto es que se trata de una suma de hechos en los que queda al descubierto la probable intromisión o injerencia de grupos o integrantes de la delincuencia organizada en el actual contexto electoral, en el que a 11 días para las votaciones del próximo 6 de junio ya suman 88 políticos asesinados, 34 de los cuales eran aspirantes o candidatos con registro.

Por primera vez en la historia electoral de México, reconocieron los funcionarios, han observado un despliegue “amplio” y “cada vez más visible” de las organizaciones criminales en el país, que busca “incidir de forma directa” en el proceso electoral.

Los más visibles son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, pero a ellos se suman grupos regionales o mafias locales como los remanentes de la organización conocida como el Cártel de Santa Rosa de Lima, entre otras bandas y células delictivas.

Es muy triste que estas cosas sucedan y enviar nuestro pésame a los familiares (de Abel Murrieta), y acompañado del pésame también el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Un cáncer sin diagnóstico

En el pasado, los casos de violencia electoral con la intención de definir alguna elección se habían registrado en estados con un alto nivel de violencia y especialmente donde operaban Los Zetas, como ocurrió en Tamaulipas en 2010.

En otros casos, el apoyo económico o de insumos de estos grupos era fundamentalmente para luego tener protección de autoridades locales, como llegó a reportarse históricamente en algunos lugares de Veracruz, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sonora o Sinaloa. Ahora, aseveró un investigador estadounidense, “pensamos que sí buscan un control político en varias regiones, que es lo último que les faltaba”.

Para los analistas de inteligencia en México consultados por ejecentral, con la información que tienen por ahora no pueden adjudicarse todos los ataques directos a candidatos, tienen dos líneas de investigación: que se trata de mafias locales, que han crecido y tienen suficiente poder para intimidar; y la segunda que grupos políticos o económicos han utilizado sicarios a sueldo para eliminar a sus adversarios políticos.

“En estos últimos meses han cometido ataques bien planeados y dirigidos, pero hay otros en los que los atentados se ven claramente de manera improvisada”, comentó uno de los funcionarios de seguridad consultados.

Las autoridades federales sólo cuentan con la información que logran recabar y las que, a voluntad, les comparten sus pares locales. “No importa de qué ataque se trate, la orden es que se dejen las investigaciones en manos del estado y nosotros coadyuvar, así que no tenemos casi nada”, añadió.

Y nada es nada. Tres fuentes distintas coincidieron en que ninguna oficina de inteligencia ni de seguridad elaboró un análisis de riesgo previo de las elecciones, y tampoco han tenido información que les alertara sobre zonas peligrosas o sobre lo que podría ocurrir durante la jornada electoral el próximo domingo 6 de junio.

Zonas de fuego

Aparentemente sólo las autoridades electorales tienen una especie de mapa de riesgos que se elabora para organizar la logística de distribución de papeletas electorales, por ejemplo. La información que contiene la han recabado desde hace un año, con todas sus campañas, una de ellas el de las visitas a domicilios para los funcionarios electorales y los reportes que reciben de los organismos estatales, entre otras. La información se mantiene reservada.

Otros datos los aportan organizaciones civiles dedicadas a la defensa de derechos humanos, que reconocen que existen lugares a los que ya no pueden ingresar para llevar a cabo sus tareas, porque los grupos criminales lo prohíben.

Las autoridades federales sólo han ido elaborando reportes a partir de los ataques a candidatos, pero no han considerado las zonas de confrontación entre grupos criminales, ni tampoco han desplegado a investigadores para que nutran con información de inteligencia sobre zonas de silencio, aquellos lugares en apariencia tranquilos, pero que así permanecen por el control que ya ejercen estos grupos y en donde influirán en las elecciones.

De acuerdo a cuatro fuentes consultadas por este periódico, coinciden en que al menos en la mitad del territorio los grupos criminales podrían tener algún tipo de injerencia electoral, colocando a sus propios candidatos o impulsando a quienes podrán beneficiarlos.

Todos ellos coincidieron en que se trata de zonas en Sonora, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Puebla, estado de México, Morelos, Veracruz, Campeche, Guerrero, Michoacán y Nayarit.

“Son diferentes formas en las que están incidiendo estos grupos. Consideramos que hasta el día de la elección habrá más acciones violentas. Es muy claro que estos grupos quieren más poder y no parece que estén haciendo algo para evitarlo”, sostuvo el investigador estadounidense, quien reconoció que desde su país se está observando con detalle la elección.

54 por ciento de los asesinatos contra políticos se concentra en cinco estados: Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y Baja California.

Entre dos mafias

El caso más reciente de la violencia letal en el actual proceso electoral fue el de Alma Rosa Barragán Santiago, abanderada de Movimiento Ciudadano por la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, quien la tarde del 25 de mayo fue asesinada a tiros mientras encabezaba un mitin en una localidad de dicho municipio. Sobre el crimen, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la postura que ha adoptado su gobierno y ante estos hechos subrayó que hay una intención de la delincuencia organizada por inferir en el proceso electoral.

Ese mismo día se suscitó el secuestro de Omar Plancarte Hernández, candidato del partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán, y horas antes, en la noche del lunes de esta semana, Juan Gómez, candidato de Morena a la alcaldía de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, fue atacado con armas de fuego y logró salir ileso.

Sobre el caso de la candidata en Moroleón, el presidente López Obrador anticipó el martes pasado: “Es una situación lamentable porque se da en medio del proceso electoral, estamos en vísperas de las elecciones y sí es gente que quiere generar inestabilidad, sin duda es delincuencia organizada. Esto se da en Guanajuato, donde hay mucha confrontación, lamentablemente, entre grupos”.

Esta afirmación resulta contrastante, pues si bien Guanajuato encabeza actualmente la mayor cantidad de víctimas de homicidio doloso en el país, pues en lo que va del actual proceso electoral —es decir de septiembre de 2020 a abril de este año—, la entidad acumula 2 mil 721 víctimas de asesinato; pero no se ubica entre las entidades con más casos de atentados o crímenes contra candidatos.

De acuerdo con el seguimiento sobre el asesinato y agresiones en general en contra de políticos, aspirantes y candidatos que realiza la consultora Etellekt, en el proceso electoral 2017-2018, Guanajuato registró un total de cuatro muertes de políticos, mientras que los estados que resultaron más letales para la clase política fueron Guerrero, Oaxaca y Puebla, principalmente.

En el actual proceso, Guanajuato ya suma un total de siete políticos asesinados, ubicándose por debajo de Veracruz, que encabeza la mayor letalidad de violencia política con 16 asesinatos, seguido de Oaxaca y Guerrero, con 11 y ocho homicidios de políticos respectivamente.

“Muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe, y cuando hay abstención dominan los de la mafia las elecciones, ya sea la mafia de la delincuencia organizada, como se le llama o de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, lo mejor es votar, que nadie se quede sin participar”, sostuvo el presidente López Obrador en su mañanera del miércoles pasado.

Por día, 16 ataques

Para analistas especializados la convergencia señalada por el propio presidente López Obrador sobre actos criminales y violentos cometidos, por una parte, por bandas del crimen organizado, pero, también por lo que el mandatario denominó como la “delincuencia de cuello blanco”, ha tenido una particular relevancia a lo largo del actual proceso electoral.

A las autoridades “no les gusta reconocer que el narco controla al país, ni que los políticos están matando a los políticos, con ayuda probablemente de grupos del narcotráfico y de otras bandas de la delincuencia organizada. Les gusta la impunidad (…) El problema es más grave y agudo de lo que parece, porque se trata de políticos que actúan criminalmente, un estado criminal de una clase política que ya se enquistó”, advirtió Rubén Salazar Vázquez, director de la consultora Etellekt.

Con base en el análisis de la consultora especializada en el análisis de riesgos y manejo de crisis, de las más de 665 agresiones que se han registrado en contra de políticos en el actual proceso, alrededor de 418 se han dirigido contra aspirantes y candidatos, lo cual se traduce en que para el mes en curso el promedio diario nacional de agresiones o casos de violencia política se ha incrementado al menos en 16 ataques al día.

Pero, según lo documentado por esta agencia, es en alrededor de 13 entidades, equivalente al 40% del país donde se ha podido denunciar o constatar la probable participación, directa o indirecta de grupos o cárteles del narcotráfico; no obstante que la propia secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que es “el partido del crimen”, en referencia a la injerencia del crimen organizado para tomar decisiones en el marco de las elecciones.

“Esto nos ha llevado a lo que el señor presidente ha llamado un partido que intenta también competir, que es el partido del crimen, establecen campañas de miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general: asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian”, señaló la titular de la SSPC el pasado 4 de marzo cuando dio a conocer la estrategia de protección a candidatos en el marco del contexto electoral.

16

agresiones

al día se registran en promedio en el actual proceso electoral.

El director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez aseveró que, “tan no fue una estrategia funcional que han perdido la vida más de 80 personas, hemos visto una serie de ejercicios importantes de violencia, y aún faltan los momentos más críticos. No hay estrategia, ni recursos para llevar a cabo una pobre estrategia”.

Y es que uno de los señalamientos críticos por parte de los especialistas entorno a la estrategia del gobierno federal, es que careció de un diagnostico o un análisis de riesgo de las condiciones de violencia e inseguridad en los estados y regiones del país, y que prácticamente está basada en las solicitudes de seguridad y protección que realizan los propios partidos y/o candidatos, sin tomar en cuenta el monitoreo o panorama completo de las condiciones.

“Decir que el crimen organizado pone y quita candidatos es algo muy grave porque entonces ¿qué está haciendo el gobierno y el presidente para prevenirlo? Lo que no se acaba de entender es que la dispersión del poder político detona una mayor diversificación, también, del crimen organizado y por ende mayores disputadas”, apuntó Salazar Vázquez.

Es muy lamentable lo de la candidata (Alma Rosa Barragán). Nuestro pésame a los familiares; se da en medio del proceso electoral y es gente que quiere generar inestabilidad; sin duda es delincuencia organizada”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Narcopolítica

Los casos de esta asociación, en la que converge la operación de la delincuencia organizada, ya sea por parte de bandas dedicadas al narcotráfico, pero también de grupos dedicados a otros delitos como el secuestro y la extorsión, el huachicol, la trata de personas y explotación sexual, entre otros, junto con grupos políticos, son evidentes ante el registro de una nueva agresión o asesinato de político o candidatos.

“No sólo hay delincuencia organizada y narcos, hay políticos detrás, hay narco porque arriba del narcotráfico hay políticos, hablamos de narcopolítica. Sí hay narco, pero en realidad son redes de protección de autoridades y políticos hacia estos grupos a quienes brindan protección institucional”, subrayó Rubén Salazar.

›Del 7 de septiembre de 2020, cuando oficialmente arrancó el actual proceso electoral hasta el 30 de abril pasado, los consultores refieren que hay un registro de 27 casos en los que se cuenta con algún tipo de evidencia sobre ataques o agresiones por parte de grupos o bandas dedicadas al narcotráfico, la mayoría de los casos se han ubicado en el estado de México, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, y Oaxaca; mientras que en Guerrero, Tamaulipas, Sonora y Puebla se han concentrado los casos en los que los propios partidos o candidatos han acusado al narcotráfico de amenazas.

Dentro de este fenómeno, los indicadores apuntan también a los estados en donde se advierte una situación más aguda en materia de violencia (se registran gran número de homicidios dolosos), y hay presencia de grupos criminales, tal es el caso de Baja California, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Tamaulipas o Zacatecas.

En dichas entidades no hay una relación entre alta incidencia delictiva y ataques de políticos y candidatos. Esto puede deberse, coinciden los especialistas, a los acuerdos entre las autoridades, el poder político y la operación delincuencial.

“Prácticamente todo el país tiene una problemática de seguridad y de contexto electoral. Hay casos que preocupan como el de Sonora, donde la violencia política ha asumido una connotación muy relevante”, refirió Francisco Rivas.

Al respecto de las entidades con altos índices delictivos, no se focaliza una cuestión grave de violencia contra políticos, el director del ONC refirió que “hay una mayor compenetración de la delincuencia organizada, tiene que ver una relación de los candidatos a veces con la delincuencia; es difícil hipotetizar sobre estas situaciones, los hechos es que si bien no ha habido una gran agresión, por ejemplo en el caso de Sinaloa vimos el homicidio de un jefe policial y es un indicador importante porque la violencia no necesita ser ejercida contra los candidatos directamente para tener una incidencia en los resultados electorales”.

88

políticos,

34 de ellos aspirantes o candidatos han sido asesinados a 11 días de las elecciones.

Campañas de terror

El 22 de mayo pasado fue localizado el cuerpo de Arturo Flores Bautista, candidato a síndico regidor por Movimiento Ciudadano, y esposo de Sasilja Leticia Delgado, abanderada del mismo partido a la alcaldía de Landa de Matamoros, Querétaro. De manera preliminar la fiscalía general del estado informó que el crimen se debió a una presunta deuda de drogas, por lo que se descartó que el homicidio tuviera tintes políticos.

Sin embargo, uno de los detenidos como el principal sospechoso del homicidio de Flores Bautista fue Emmanuel Trejo Ramírez, hermano de Jonathan Trejo Ramírez, candidato del PRI a la misma alcaldía por la que contiende Leticia Delgado. Pese a ello, y que el cuerpo del emecista fue localizado en un terreno propiedad de Jesús Ponce, líder municipal del PRI, las autoridades reiteraron que el móvil se derivó de “una deuda por venta de drogas en San Luis Potosí”.

Los indicios de una supuesta acción del crimen organizado, con base en el modus operandi de algunos cárteles, se han presentado a lo largo del proceso ante la incredulidad, incluso de los propios agraviados.

Tal es el caso de Pedro Kumamoto Aguilar, candidato a la alcaldía de Zapopan, quien a inicios del mes recibió un mensaje amenazante en el que en una hielera con una ensangrentada cabeza de cerdo miembros cercanos de su equipo fueron acusados de pederastia. Sobre el hecho, el político independiente responsabilizó de su seguridad y la de su familia a su adversario político, Juan José Frangie, candidato a la misma alcaldía por MC.

Un caso similar se repitió el miércoles de esta semana, cuando a las afueras de la casa de seguridad de Octavio Pedroza Gaitán, candidato a la gubernatura por la coalición Sí Por San Luis, fue localizada una hilera con una cabeza de cerdo, con un mensaje amenazante, al cual el equipo de campaña del candidato del PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular respondió que, “nos quieren amedrentar, pero esto solo demuestra desesperación y estilo de gobernar: con intimidaciones y de la mano de la delincuencia”.

Aunado a esta escalada de violencia, la mañana de este miércoles, hombres armados abrieron fuego en contra José Alberto Alonso Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Acapulco por el partido Fuerza Por México, atentado del que el aspirante resultó ileso.

Peritos de la Fiscalía guerrerense registraron al menos ocho impactos de bala en la carrocería del vehículo en el que trasladaba el candidato conocido localmente como “El Güero Alonso”, quien fue internado en un hospital privado para atenderlo de la crisis nerviosa que sufrió. El dirigente del partido, Fernando Haces, sostuvo que en cuanto se encuentre en condiciones el candidato a la alcaldía ofrecerá su versión a los medios.

Pese a ser minimizados estos hechos por el gobierno que encabeza López Obrador, resultan un reflejo de la condición generalizada de inseguridad, “el país pasa por la peor crisis de violencia de la historia, pues si volteamos a ver los niveles de homicidios dolosos este es el sexenio más violento que hemos tenido”, afirmó el director del Observatorio Nacional Ciudadano.

Y muestra de ello, apuntó el activista, es que en lo que va del 2021 esta violencia homicida “se ha incrementado paulatinamente”. Y añadió: “Para los candidatos en particular estamos viendo un ejercicio sistemático de la violencia, una serie de homicidios y agresiones tanto en contra de los candidatos como contra sus equipos, y un aspecto preocupante son las amenazas y agresiones que se hacen entre candidatos y que evidentemente ponen en riesgo nuestra democracia”.

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