La Portada | La revolución en el mercado de las ideas

Con un celular de media gama equipado con una memoria adicional de 64 gigabytes podrías tener una biblioteca de casi cuatro mil libros, más de lo que usarías en una licenciatura y maestría. Además alcanza para almacenar unas 16 mil canciones y cinco películas completas en alta definición. Un mundo de contenidos en la palma de tu mano al que tendrías acceso sólo después de pagar alrededor de 700 mil pesos en distintas plataformas digitales, una cantidad inaccesible para gran parte de la población en el país.

El 58% de la población trabajadora en México —unos 30.5 millones de personas— cobraron durante el año pasado 246 pesos al día, lo equivalente a dos salarios mínimos, por lo que tendrían que ahorrar íntegramente su sueldo por ocho años para poder pagar esta cantidad, algo imposible en el contexto socioeconómico del país, en donde la mayor parte de los ingresos se destina a cubrir necesidades básicas, por lo que los materiales educativos, la cultura y el entretenimiento son prácticamente un lujo.

Además, pagar una plataforma de contenidos —como Netflix, Amazon Prime, Spotify, Nintendo Online o Stadia— no significa comprar el producto en sí, en realidad se está adquiriendo el acceso a ellos por un tiempo limitado y bajo las condiciones que estas empresas decidan. Esto es una experiencia de consumo que hace 50 años no era concebible, pero que el sociólogo Jeremy Rifkin ya teorizaba hace dos décadas en su libro “La era del acceso”.

Rifkin predijo que la función clave de la economía se encaminaba a un cambio, al pasar de la época del intercambio de la propiedad, a un mundo en donde las experiencias, más que los objetos, se convertirían en mercancía autentica. Una visión que —incluso a principios de este siglo— parecía imposible, pero que hoy explica a la perfección la estrategia y funcionamiento de la mayoría de las plataformas de consumo legal de contenidos multimedia.

Sin embargo, existe otra forma de adquirir estos bienes culturales y de entretenimiento; apropiárselos a través de un mercado alterno: la piratería digital. Un dispositivo con acceso a internet y entrenamiento digital son las primeras herramientas necesarias para encontrar series, programas, películas, libros, videojuegos y hasta manuales especializados para componer cualquier aparato. Suena muy bien, el obstáculo es que se trata de una práctica ilegal, aunque socialmente aceptada, en muchos países.

El acceso es muy sencillo. La búsqueda puede comenzar a través de Google, rastreando por ejemplo una película y agregando “online”. Entonces se desplegará una lista de páginas que alojan distintos servidores con los cuales se puede comenzar a familiarizar y encontrar otros materiales. En redes sociales como Facebook y Twitter también pueden hallarse bienes culturales usando la barra de búsqueda de estas aplicaciones. En el caso de Telegram se pueden encontrar canales especializados en distribución de películas, series o libros dando click en la lupa que aparece en la aplicación y poner una palabra de lo que se necesita, por ejemplo, “libros”.

Se pueden seguir cuentas en redes sociales que hablen sobre cultura libre, cuyos administradores normalmente difunden servidores, páginas, cuentas y otros servicios en los cuales se difunden distintos bienes culturales sin costo alguno y a la vista de todos.

Para todos los gustos. Ya sean comics raros o videojuegos, las páginas de distribución de contenidos ofrecen todo tipo de material.

Esta nueva forma de piratería no sólo está en los libros. Hay sitios de internet, canales en chats y foros en Reddit que distribuyen películas, series y programas de televisión, e incluso hay grupos más especializados que difunden programas de computadora, antivirus, aplicaciones, software y manuales de reparación, todo bajo el paraguas de la cultura libre y con la premisa de que privatizar el conocimiento merma el avance de la sociedad.

El número de cuántas descargas se dan por año, cuántas personas se benefician, qué daños o beneficios pueden estar generando se desconoce; incluso las denuncias penales que pueden existir por estas acciones en una legislación protectora, pero limitada para la revolución que se experimenta en este momento en la red, en cuanto al intercambio de materiales, gran parte de ellos, indispensables para la educación y muchos más utilizados para la diversión.

Búsquedas valiosas. Los libros son uno de los materiales más solicitados por estudiantes y maestros.

Existe una amplia red de personas, organizaciones, colectivas y proyectos que defienden estas acciones. Pirateca, portal que difunde copias no autorizadas de textos bajo la premisa: “los libros no se roban, ¡se expropian!”, es el mejor ejemplo de este tipo de iniciativas en las que se cuestiona la privatización del conocimiento y la cultura a través de la apropiación y distribución de este tipo de materiales.

Estos proyectos sostienen que no se puede hurtar el conocimiento, ya que éste es una construcción colectiva a la que no se le pueden imponer restricciones monetarias porque de entrada, tiene diversos autores. Además explican que cuando se descarga de forma ilegal un libro, el objeto —que es el bien comerciable— no desaparece físicamente de un estante, lo que marca una delgada línea entre la acción de piratear, como parte de una ideología de libre acceso, y el simple hecho de robar.

“Condicionar el acceso a la cultura al capital económico del lector, lo único que hace es reforzar el clasismo inherente en nuestro sistema capitalista, alimenta la idea de que quien más dinero tiene merece mayor acceso a la cultura y quien menos tiene merece menor o nulo acceso a ella”, dice Pirateca en entrevista con ejecentral.

El dato. Algo cotidiano para usar torrents para descargar contenido puede ser penalizado en países como Alemania.

La batalla legal de la pirateria

Cuando Omar Salazar, venezolano radicado en la ciudad alemana de Cottbus, recibió una carta de la administración local, no imaginó que se trataba de una advertencia por descargar una película de forma ilegal a través de un torrent. Esta práctica, común en otros países, es tan vigilada y castigada en la nación europea, que puede acarrear multas y penas de prisión.

“En mi mente, la posibilidad de recibir un castigo por descargar algo de internet era algo que ni siquiera existía. En Venezuela es común que se haga, incluso en algunos trabajos es normal que te instalen programas especializados de forma ilegal, porque las licencias son muy caras, algo por lo que te encarcelarían en Alemania”, comenta Omar en entrevista para ejecentral.

La descarga de contenidos mediante torrents —enlaces que comunican a un usuario con servidores que alojan todo tipo de contenido— es una de las formas más comunes de compartir todo tipo de material, una evolución de los servicios punto a punto que ofrecían programas como Napster o Emule a finales de los noventa y que como estos, ha sido restringido en diversos países del mundo.

Un análisis hecho por este periódico sobre las legislaciones internacionales y los sitios de torrents, que son los mayores repositorios de todo tipo de contenidos, demuestra que la mayoría de los países tienen leyes para erradicar este tipo de piratería digital, pero en realidad, muy pocos actúan penalmente en contra de quien los utiliza.

Conocimiento para todos. Pirateca cree que la distribución de conocimiento no puede regirse con intereses monetarios

Europa es el campo de batalla entre dos posiciones encontradas respecto a los torrents, ya que mientras cinco países penalizan su uso, otros tres los permiten abiertamente siempre que estos sean para consumo personal. En este continente también existen otras tres naciones que eliminan o “apagan” cualquier sitio que tenga estos enlaces, pero eso no significa que castiguen a quien los utiliza, e incluso es una práctica común.

Japón es el único país fuera de Europa que tiene un marco penal en contra de quienes descargan torrents, pero la necesidad de probar que el usuario era consciente de que su acción era ilegal y que a pesar de ello realizó la descarga, crea un vacío jurídico que hace casi imposible que esta ley se aplique por completo, por lo que se reduce a una norma de ética social.

El dato. En México no existe una persecución activa contra los torrents

La situación es muy diferente en América, en donde la mayoría de los países con leyes en contra de la piratería pasan por alto este tipo de distribución, por lo que no existe una persecución activa para los usuarios. Incluso en Estados Unidos —que tiene una política de borrar este tipo de sitios— no existen castigos penales para quien utiliza este tipo de archivos.

Al igual que el resto de los países del continente, en México no existe una persecución activa en contra de los usuarios de torrents, aunque las reformas hechas para la entrada en vigor del Nuevo Tratado de Comercio de Norteamérica (T-MEC) imponen un marco más ajustado a este tipo de practicas, especialmente al permitir candados digitales previos, cobros excesivos y limitar el derecho a reparar o modificar aparatos electrónicos bajo la premisa de estar violando propiedad intelectual.

El dato. El sitio tiene presencia en redes sociales y mensajería instantánea

Entre el acceso libre y los derechos de autor

La posición de tener acceso libre al conocimiento y la información mediante la distribución gratuita de los contenidos se enfrenta a las legislaciones en materia de derechos de autor, que limitan la circulación de estos materiales en beneficio de quienes los crearon y las empresas comercializadoras. Sin embargo, para quienes distribuyen en la red, los materiales forman parte del capital cultural de un mercado de ideas que se vuelve más asequible gracias a las nuevas tecnologías de distribución.

Proyectos como Pirateca y otras organizaciones que se dedican a digitalizar y difundir todo tipo de materiales, han sido objeto de críticas centradas especialmente en la ilegalidad de esta práctica y la falta de ética al vulnerar los derechos que poseen los autores sobre los contenidos, una disonancia que enfrenta dos formas de concebir el mercado de las ideas.

Quetzalli de la Concha, abogada especialista en derechos de autor, señaló durante su última participación en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que “al comprar en el mercado informal está garantizado que estamos comprando piratería, y al hacerlo el dinero cae en un sótano donde hay secuestrados, armas y drogas” una postura que diversos expertos comparten especialmente cuando se trata de objetos materiales.

La especialista explicó que en 2020, en la pandemia, la lectura en pantalla creció 40%, mientras que la facturación de libros digitales sólo aumento 2%, cifras que —según de la Concha— muestran la “diferencia abismal entre el consumo legal e ilegal” en México. Este comentario fue retomado en un boletín de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que desató una ola de fuertes críticas.

Andrea Islas, tesista y egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM, aseguró en entrevista para ejecentral que con base en ese argumento “la mayoría del estudiantado seríamos delincuentes. Es más, también el cuerpo docente, quienes nos han compartido una gran cantidad de PDFs, fotocopiados o escaneados de libros, a los que de otra manera jamás hubiéramos podido acceder”. Una realidad que reconocen muchos estudiantes en México, cuya única forma de adquirir estos materiales es a través de estos medios.

Sobre el comentario de Quetzalli de la Concha, Pirateca señaló que la digitalización y distribución de libros virtuales en internet aumenta la venta de copias físicas 35%, esto según un estudio realizado por los académicos Imke Reimers y Abhishek Nagaraj. Un dato que se refuerza con el último análisis de la firma brasileña Clearsale, en donde se demuestra que la venta online de textos en México creció 110% en los primeros meses de la pandemia.

Accesibilidad. Los sitios para descargar multimedia se encuentran con cualquier tipo de buscador

Un camino legal hacia el mercado de las ideas

La piratería no es la única forma de sacarle la vuelta a una legislación restrictiva, también existen alternativas como las licencias híbridas, el copyleft, los permisos públicos y otras formas de organización entre distribuidores y creadores que buscan un camino paralelo que pueda competir —aunque de momento parece imposible—, con los modelos de negocio tradicionales en los que se explota el derecho de autor.

Es así como nació la organización internacional Creative Commons, que busca promover el acceso e intercambio de cultura a través de diversas licencias de uso comunitario que no restringen los contenidos, y por el contrario buscan la participación del autor en un esfuerzo por aumentar la distribución de todo tipo de materiales.

Irene Soria, hacktivista y representante de Creative Commons México, profundiza aún más y señala que no solo es una cuestión de qué consumimos sino dónde. Es decir, por qué cuando pensamos en un buscador solo vemos Google, o cuando es mensajería imaginamos WhatsApp y no Signal.

“Si le tenemos que poner el apellido libre a la cultura entonces estamos diciendo que existe otra que no lo es, y que está siendo hegemónico. Los derechos de autor son recalcitrantes, anteponen un no a cualquier cuestión, y la cultura libre lo que apuesta es por los sí”, señala Soria en entrevista para ejecentral.

En una posición parecida se encuentra Anamhoo, transhackfeminista, quien comentó a este periódico lo importante que es cuestionar a las empresas y sus modelos de negocio, porque a pesar de que con las mercancías y accesos que venden recuperan su inversión, y obtienen una ganancia, se oponen a que esos bienes circulen de forma libre.

“La cultura libre, el conocimiento abierto, es la búsqueda de hacer lo que el ser humano ha hecho siempre y que forma parte de nuestro proceso evolutivo, que es compartir el conocimiento. Entonces cerrar este conocimiento es ir en contra de la humanidad misma”, asegura Anamhoo.

Para esta hackfeminista existen todo tipo de contenidos que ya no pasan por la intervención de empresas para su producción, por lo que las personas autoras son quienes deciden la forma en que se distribuye o se hace público. Una característica que según AestheticMuffin, desarrolladora de juegos independientes y activista de los derechos digitales, es indispensable para modelar otras plataformas de comercio transversales y “menos abusivas” respecto a los materiales de internet.

El dato. Pese a prohibir esta práctica, las legislaciones suelen variar en cada país

El precio de la pirateria digital

Aunque existen iniciativas que persiguen la distribución gratuita de la información y la cultura, un porcentaje importante de quienes se dedican a la piratería lo hacen con un fin económico que, según las últimas cifras de la American Chambers of Commerce de México (AmCham), representa una pérdida de 43 mil millones de pesos al año en todas las modalidades de esta práctica.

El estudio también muestra que, a diferencia de lo que pasa con la piratería no digital —en donde México se posiciona entre los primeros cinco lugares de producción—, el país es esencialmente consumidor de este tipo de productos, ya que la mayoría de los servidores que se utilizan para este fin están localizados en naciones con pocas o nulas sanciones para estos actos.

Noemí Báez, abogada especialista en derechos y marca, comentó a ejecentral que “las plataformas siguen evolucionando, lo que permite que surjan nuevas formas de comercializar ilícitamente todo tipo de contenido multimedia. Y es que existen desde aplicaciones para descargar música directamente de un video, hasta transmisión en vivo con material exclusivo”.

40 por ciento aumentó en 2020 la lectura de libros en pantallas de computadora, Tablet o celulares; pero la facturación de libros digitales sólo creció 2 por ciento

Éste último es un dato con el que coinciden los especialistas que elaboraron el reporte de la AmCham y al que insisten, debe prestarse especial atención, ya que ha ido perfeccionándose hasta lograr transmisiones en tiempo real de cualquier tipo de contenido, e incluso se ha convertido en una forma de vulnerar la seguridad de los usuarios, quienes pueden dar acceso a
software malicioso a cambio de observar estos materiales.

Con todos estos elementos en mente, la batalla por el acceso a los contenidos que forman el mercado de las ideas parece no estar plenamente definida, e incluso ha abierto brechas entre diversas legislaciones que terminan volviéndose invisibles en el amplio mundo de internet. Un acercamiento integral podría fundir las propuestas de derechos más abiertos con las regalías justas para reducir la desigualdad que permea en este ámbito.

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