La Portada | José Luis Vargas, la entrevista que anticipó su caída

José Luis Vargas sabía que el estallido estaba próximo, las presiones se habían intensificado. “(Quieren) evidentemente buscar que yo llegue a un momento en que les diga ‘aquí está la renuncia’, para que alguien más ocupe mi lugar por presiones. Eso es precisamente lo que no va a suceder en mi caso. Tengo la conciencia perfectamente limpia y tranquila, seguiré mis funciones le guste a quien le guste”.

No eran uno, ni dos, estaba entre varios fuegos que pretendían una sola cosa: el poder, advirtió José Luis Vargas Valdez. Y lo dijo a menos de 24 horas de que estallara la crisis al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en entrevista con ejecentral.

“Es evidente que hay una campaña de desprestigio, que pues en su momento no me preocupa porque creo que la verdad saldrá a flote”, aseveró.

Como quien predice su futuro sin saberlo, sólo dejando constancia de lo que pasa, Vargas Valdez habló de las pugnas internas del Tribunal, del conflicto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de los ataques por la reforma electoral y de los señalamientos que lo apuntan como “el magistrado de la 4T”.

Este miércoles, aquella que sólo era una idea se volvió realidad. José Luis Vargas Valdez no renunció, no hizo falta. Cinco de sus compañeros decidieron removerlo del cargo y nombrar en su lugar a Reyes Rodríguez Mondragón. El movimiento no fue menor, implica que el máximo Tribunal en materia electoral de México atraviesa por su peor crisis constitucional ya que ahora tiene a dos magistrados que se ostentan como presidentes.

Felipe de la Mata prendió la mecha. En plena sesión el magistrado solicitó someter a evaluación la gestión de José Luis Vargas Valdez. “Les quiero pedir de la manera más atenta y más respetuosa que estén a la altura de su investidura constitucional. Que no se esté intentando o provocando un golpe de Estado”, dijo el magistrado presidente para buscar contener lo irreversible.

Reyes Rodríguez, Indalfer Infante, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Janine Otálora —quienes en conjunto han suscrito una serie de pronunciamientos contra las decisiones y posturas de Vargas Valdez, al menos desde marzo pasado— llamaron a reanudar la sesión. Al no obtener respuesta, Otálora (como magistrada decana) convocó a una nueva sesión, a la que los cinco asistieron, y tuvieron que transmitirla en un canal alterno, el de la Escuela Judicial Electoral. Ahí nombraron a Reyes Rodríguez como nuevo presidente.

Luego del estallido, Vargas Valdez afirmó a ejecentral:

“Sigo siendo el presidente en funciones y es ilegal la presidencia de Reyes. Lo vamos a dirimir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay de otra, ellos están usurpando atribuciones”.

Más tarde, se dieron más detalles. Presentará ante la Corte una controversia dentro del Poder Judicial de la Federación, con base en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea quien se pronuncie sobre la legalidad de los actos de hoy.

Detrás de este conflicto, funcionarios cercanos al ámbito electoral aseguraron que a la mayoría de los cinco que desconocieron a José Luis Vargas Valdéz, se les vincula con el Partido Acción Nacional, especialmente a Reyes Rodríguez, a quien se le identifica con Roberto Gil Zuarth.

Los orígenes de la ruptura

Con un Tribunal de dos cabezas y como si se tratara de un capricho del destino, los dos magistrados que ahora se presentan como presidentes, quedaron enfrentados como ocurrió en noviembre de 2020. En ese tiempo, los siete magistrados duraron tres días discutiendo quién sería el próximo presidente. Finalmente Reyes Rodríguez obtuvo tres votos y Vargas Valdez cuatro.

La votación dividida sólo era reflejo del estado interno del Tribunal. Sin embargo, la falta de unidad viene de más atrás. El estallido del TEPJF comenzó a juntar pólvora desde 2018 y José Luis Vargas Valdez lo relató a ejecentral.

El caso Puebla, donde se ratificó la gubernatura de Martha Érika Alonso, fue un cisma en el órgano y provocó la renuncia de la entonces presidenta del TEPJF, Janine Otálora, desde entonces el órgano no se ha recuperado, de hecho, la lucha interna se intensificó con la llegada de Vargas Valdez.

“Lo que ha venido pasando de 2018 a la fecha es una descomposición colegiada, todos hemos tenido algo que ver en ese proceso y evidentemente ese proceso (de Puebla) yo creo que fue un parteaguas. Fui un presidente del Tribunal designado pues casi, casi por descarte para poder generar la mayoría necesaria (dice al recordar cómo fue nombrado en el cargo) y también precisamente en ese proceso de toma de decisiones pues evidentemente mi expectativa era la unificación del Tribunal, cuestión que pues todavía no se ha podido lograr. Yo todavía tengo todavía esperanzas de que se pueda en algún momento generar. Es como un vuelo en avión que estamos pasando por la etapa de turbulencias, pero creo que el avión tendrá todas las características para poder aterrizar de manera ordenada”, dijo el magistrado.

›Cuando Vargas Valdez habla a este periódico sobre “turbulencias” en el Tribunal, se refiere a las diversas ocasiones en las que el bloque de cinco magistrados se ha pronunciado en contra suya desde marzo hasta la fecha. Todos esos enfrentamientos se relatan de forma detallada en las 26 fojas del acuerdo de remoción que emitió el TEPJF.

Diferir de forma unilateral sesiones clave como en los casos para resolver las candidatura de Morena para gobernador en Michoacán y Guerrero; exigir a sus pares expresar de forma anticipada el sentido de sus votos; señalar durante una sesión que él no votaba “en grupo o manada”; las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra, y por último acusar que cinco de los magistrados estaban intentando dar un golpe de Estado al solicitar que fuera revisado su desempeño, son solo algunos de los elementos que llevaron al estallido del máximo tribunal en materia electoral, la segunda sede de impartición de justicia más grande del país sólo por detrás de la Suprema Corte.

En su defensa, Vargas Valdez dijo a ejecentral que desde que él llegó a la presidencia ha tomado determinaciones que han tocado intereses dentro del órgano y están bajo investigación.

“En el momento en que tomo ciertas decisiones muy al inicio de mi presidencia, que tienen que ver con adelgazar áreas administrativas que estaban excedidas, con no permitir que cinco personas con el mismo apellido estén trabajando en la institución y otras cuestiones de esta naturaleza y empiezo a tomar decisiones en mi calidad de presidente con las atribuciones que la Ley me da en materia administrativa, pues automáticamente empiezan a haber obvios enojos de que estoy atentando contra ciertos intereses”, relató.

Incluso, cuando asumió el cargo, notó resistencia para que se le facilitara información sobre las entrañas del Tribunal.

“Cuando yo llego a esta silla (lo que quiero) es saber en qué estado me dejaron la institución y cuando empiezo a ver qué había mucha reticencia para darme las cuentas, para enterarme de cosas, pues es que tengo que empezar a hacer movimientos, a pedir despidos, incluso hubo una cantidad de filtraciones muy al inicio que evidentemente lo que buscaban era frenar esa decisión. Insisto, me ha costado, no ha sido una presidencia tersa”, sostuvo.

26 fojas abarcan los enfrentamientos entre Vargas Valdez y el bloque de cinco magistrados.

El otro fuego, la UIF

El magistrado Vargas Valdez habló de los fuegos en distintos flancos. “Dos fuegos me parece poco, creo que andamos como en muchos más”, sostiene, uno de ellos proviene desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), agencia que acumula casos emblemáticos, como la persecución al crimen organizado, el caso del exdirector de Pemex Emilio Lozoya y uno contra el gobernador Javier García Cabeza de Vaca.

Comandada por Santiago Nieto, la UIF desde hace un año y medio tiene en su contra una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Él, por su parte, califica esta acción como un embate personal, una obsesión.

“Es muy lamentable que hoy una institución del Estado mexicano esté obsesionada en perseguir al presidente del Tribunal Electoral y yo no lo puedo desasociar de una finalidad política. Sólo puedo atribuir (la investigación) a un ánimo personal, individual, por querer o esta silla que yo ocupo o influir en mis decisiones o pues algún tipo de cuestión que evidentemente no es institucional y que evidentemente no es lícita”, dijo el magistrado.

En febrero de 2020 la UIF presentó una denuncia contra Vargas Valdez por enriquecimiento ilícito. De acuerdo con el documento, en sus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 2013 —tres años antes de fungir como magistrado— a 2018 Vargas Valdez comprobó ingresos por 16 millones 744 mil 264 pesos, pero sus gastos fueron por 36 millones 487 mil 433 pesos.

Al respecto, Vargas Valdez emitió una respuesta de 11 cuartillas —dirigida a un diario que circuló la información de la denuncia—, donde sostenía que todo su patrimonio era lícito. A ejecentral reafirmó la postura de que no tiene motivo para ocultar el origen de sus ingresos.

Sin mencionar a Santiago Nieto, el magistrado lo señaló como el responsable de comandar esta investigación en su contra para dañarlo.

“Lo veo como una acción orquestada del titular de la UIF, sin duda, ¿cuál es la razón?, creo que habrá que preguntarle a él, ¿por qué la obsesión con un servidor? no lo sé, ¿por qué tiene tanto interés en el ámbito electoral y en este Tribunal? tampoco lo sé pero me lo puedo suponer.

En fin, creo que son cosas que él tiene que responder y también hay que señalar, insisto, todos esos abusos de atribución. En su momento habrá que analizar si también eso exige de mi parte presentar una denuncia porque me parece que sí hay abusos de atribución por parte de este servidor público”, explicó.

Esta declaración de Vargas Valdez se da luego de que la UIF impugnó en julio el no ejercicio de la acción penal concedida en favor del magistrado. Tras lo cual, la Unidad engrosó la denuncia señalando que veía también en el juez el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero, a través del uso de empresas fachada.

El dato. En julio pasado, Vargas Valdez, fue acusado de delito de enriquecimiento ilícito de más de 30 millones de pesos

De acuerdo con la Unidad que encabeza Santiago Nieto, un grupo de personas físicas y morales cercanas al magistrado “operaron instrumentos financieros y corporativos” para realizar transferencias bancarias y depósitos en las cuentas de un familiar, mismas que no fueron declaradas ante la autoridad hacendaria.

Al respecto el magistrado sostiene que carece de fundamento el señalamiento de la UIF. “Para poder acreditar el lavado de dinero se requiere un delito preexistente, es decir, que sea el que genera los recursos ilícitos.

En este caso el Ministerio Público en el documento que me notificó dice: José Luis Vargas no tiene enriquecimiento ilícito, entonces mi pregunta es ¿si no tengo enriquecimiento ilícito y mis recursos son lícitos cómo ahora me acusan de lavado de dinero?”.

El magistrado agregó que la agencia que encabeza Nieto no ha podido explicarle cuáles son los hechos concretos por los que ve el delito de lavado de dinero. “Aquí está el mundo al revés porque quien tiene la obligación de probar que hay algún ilícito es el señor de la UIF, no yo.

Yo he hecho declarado ante el SAT y en este caso ante la Contraloría mi declaración patrimonial la licitud de todos mis ingresos, él lo que no ha probado es dónde está la ilicitud que él manifiesta”, sostuvo.

El pasado 30 de julio un juez revocó el no ejercicio de la acción penal en favor de Vargas Valdez y ordenó reabrir la investigación.

Sobre ello, Vargas aseveró “me parece por lo menos sospechoso tener a una unidad del gobierno diciendo ‘sí, hay que seguir persiguiendo’ y que el juez acceda es todo lo que podría decir”.

Y de alguna manera lo fue, en la sesión en que fue relevado de su cargo, uno de los argumentos que utilizaron sus cinco compañeros magistrados fueron las indagatorias de la UIF.

“La sujeción a una causa de investigación por quien ocupa la titularidad de la presidencia del Tribunal, así como la imposibilidad de mantener el orden en la administración de la institución y en las sesiones públicas, compromete los principios que rigen la gestión de la función electoral al poner en riesgo la apariencia de imparcialidad en quien representa a la institución en toda clase de actos jurídicos y administra de forma destacada sus recursos humanos y financieros”, sostiene el documentos firmado por los cinco magistrados este miércoles para removerlo.

Los proyectiles lanzados sobre Vargas Valdez provienen también de la opinión pública. Sus posturas en casos como Michoacán y Guerrero, donde defendió no quitarles la candidatura a los morenistas Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio; decantarse por no frenar que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejara de hacer declaraciones de temas electorales en actos públicos; revocar la decisión de suspender las comparecencias matutinas en Hidalgo y Coahuila, estados donde había elecciones en octubre, han provocado que el magistrado sea percibido como un aliado de la Cuarta Transformación. Él lo negó.

“Analizando nuestras cifras, mis resoluciones en 80% de lo que va del sexenio han sido en contra de Morena”, apuntó.

“Parece un tanto contradictorio que si soy magistrado de la 4T, soy perseguido por la 4T, por una de sus agencias de investigación”.

Dos preguntas, ¿por qué no quería ser presidente del Tribunal Electoral? y ¿cuáles son los obstáculos que le han impedido durante su gestión en estos siete meses que se unifique el Tribunal?

Mire no quería precisamente porque veía que era muy difícil de recomponer los ánimos internos en el Tribunal, es decir, porque creo que al no haber habido liderazgos previos al mío que buscarán esa conciliación me pone a un escenario muy complejo y donde hay que decirlo donde yo también pues no en su momento no había actuado —porque no era en mi intención ser Presidente del Tribunal—, no había actuado como alguien que conciliara intereses, es decir, yo traía pues una visión de la Institución que a mí no me correspondía hacer esa función.

En el momento en que me corresponde digo esto la verdad es que es muy complejo porque ya están pues están muchos problemas enquistados y no va a ser fácil su solución y por eso es que yo llegando apelo a la institucionalidad, apelo a que hagamos un borrón y cuenta nueva, a que busquemos de cara a este proceso electoral generar pues un ambiente armónico, pero pues hubo una parte de empleados del Tribunal que no quiso acceder a esa petición y luego bueno en el inter se fueron generando otros problemas ya de esta presidencia pues que también nos hicieron, lo hizo más complejo esa posibilidad, pero insisto no pierdo la esperanza de que si se pueda llegar por el bien de la Institución.

¿Estas medidas que usted ha adoptado internamente para que se geste este que es uno de los fuegos al que está sometido?

Yo he aplicado un criterio, que me parece que al no ponernos de acuerdo creo que hay un criterio que es el que está previsto en la ley, es decir, cuáles son mis atribuciones como Presidente del Tribunal y cuáles son las atribuciones del pleno en otros aspectos ¿no? y esas atribuciones del pleno siempre las he respetado y las seguiré respetando, porque son las decisiones que principalmente nos corresponde tomar y decidir como órgano colegiado.

Pero la gran mayoría de los problemas que se han presentado tiene que ver por decisiones administrativas que es una atribución del Presidente pues estar a cargo de la parte administrativa del Tribunal y obviamente hay un hay un consejo superior que es la Comisión de Administración donde participa otro magistrado y donde participan tres consejeros de la judicatura que se toman ahí y las decisiones, la supervisión de la parte administrativa pero en el día a día pues le corresponde al presidente velar por lo que sucede.

¿Qué pasó?, que cuando empezó esta integración, pues hubo una tentación de varios de aquí de apoderarse de áreas como una cuestión para dejar que alguien más, en este caso es la primera presidenta Otálora, pudiera gobernar cuando llego yo y digo nos ponemos de acuerdo veo cuáles son sus atribuciones simplemente digo las voy a ejercer y eso evidentemente ha causado mucha molestia pero no, no me arrepiento porque es lo que está en la ley, es decir, creo que es lo que corresponde y además quien tiene la obligación de entregar las cuentas pues en ese caso soy yo.