En medicina clínica existe un término para denominar al producto de la concepción que nace muerto. Se le llama óbito. El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es, en tal sentido, un óbito.
Pero a diferencia del óbito fetal, que al ser extraído adecuadamente no suele traer mayores complicaciones para la salud, el instituto creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó tras de sí uno de los peores desfalcos al presupuesto, un deterioro inédito en la salud de los mexicanos y una destrucción institucional como no se había visto en 80 años.
“El sistema mexicano de salud se creó en 1943 y no hay una sola administración, ni de lejos, que haya generado el nivel de destrucción institucional ni el nivel de daño a la salud que ha generado la administración del presidente López Obrador”, sostiene Octavio Gómez-Dantés, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública y coautor del libro Salud: focos rojos. Retroceso en los tiempos de la pandemia.
“El Insabi es con toda seguridad el fiasco más grande que ha habido en la venta de una política pública, al decir que iba a resolver los problemas de salud, al prometer que habría cobertura universal para todos los mexicanos, contra todas las enfermedades y con todos los medicamentos. Fue un gran engaño y un error muy cruel”, asegura, por su parte, Xavier Tello, experto en políticas públicas de salud y autor del libro La tragedia del desabasto.
La trampa de los números
Aunque la Cuenta Pública, que elabora la Secretaría de Hacienda muestra que el presupuesto que se ha inyectado al Insabi ha incluido importantes sumas de dinero, e incluso en el papel hay un incremento año con año, al revisar los detalles utilizando solicitudes de transparencia, tanto México Evalúa como México Cómo Vamos descubrieron que ese registro en realidad no reporta el dinero que se regresa a la Tesorería Federal, donde se pierde el rastro final de ese presupuesto no utilizado por el Instituto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para la creación del Insabi, institución que reemplazaría al Seguro Popular, que fue creado durante la administración del expresidente Vicente Fox. Oficialmente en 2020, año de la creación del Instituto, el organismo recibió recursos por 106 mil 227.1 millones de pesos, cuando el total de lo que se había destinado a la Secretaría de Salud fueron 128 mil 826 millones de pesos, muestran las cifras de Hacienda.
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Para 2021, conforme a información de la Cuenta Pública, al Insabi se le otorgó un presupuesto de 89 mil 301.3 millones de pesos, el cual supuestamente fue modificado con un incremento de 26.5 %, o de 23 mil 699 millones de pesos más, para un total de 113 mil millones.
Ya para 2022, la historia fue similar que la de un año previo, ya que el Congreso aprobó 103 mil 366.8 millones de pesos, pero durante el ejercicio se modificó su presupuesto y se le asignaron otros 11 mil 146.5 millones, o un 10.8 % más, lo que finalizó en un recurso total de 114.5 mil millones de pesos.
Pero las cifras contrastan con los datos que se han obtenido por medio de la Plataforma de Transparencia, sobre lo realmente ejercido y cómo se redujo drásticamente, año con año, la operación de este organismo que debe atender a los más pobres.
Saldo: 890 marginados cada 60 minutos
Antes de la creación del Insabi, había 20.1 millones de mexicanos que no tenían acceso a servicios de salud; para 2020, primer año de funcionamiento del instituto que sustituyó al Seguro Popular (y primer año de la pandemia de Covid-19), la cifra creció a 35.7 millones, la mayoría de ellos pertenecientes a los sectores más pobres del país.
Es decir, sólo en dos años, 15.6 millones de personas dejaron de tener garantías para la atención de su salud, una población equivalente a las de El Salvador, Costa Rica y Panamá juntos.
Así, en lugar de cumplir la promesa presidencial de atender la salud de todos los mexicanos, el fallido organismo privó de cuidados médicos a 21 mil 369 personas cada día, lo que equivale a que un promedio de 890 mexicanos cayeran en el desamparo social cada 60 minutos.
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A consecuencia de la pandemia del coronavirus, la mayoría de los países del mundo perdieron años de esperanza de vida a por las secuelas en la salud y el empobrecimiento de la población. Sin embargo, los números de México y su malogrado esquema de salud superan cualquier merma, incluidas las de África.
Entre 2019 y 2021, el mundo perdió en promedio 1.8 años en la esperanza de vida. Visto por regiones, América perdió 2.5, Europa 2.1, América Latina 2.0, Asia 1.7 y África un año.
México, de tener una esperanza de vida de 74.2 años en 2019, pasó a 70.2 en 2021. Esto significa en apenas dos años, el país regresó a los números que tenía en 1990; es decir, entre la pandemia y las malas decisiones de política pública se perdieron 30 años de avances.
De esta forma, México es el séptimo país del mundo con mayor pérdida de esperanza de vida entre 2019 y 2021, sólo superado por Omán (5.5 años), Rusia (4.5), Botswana (4.4), Líbano (4.2), Bolivia (4.2) y Colombia (4.1).
Atraco presupuestal
Además del deterioro en la salud de los mexicanos y la pérdida de esperanza de vida, el Instituto de Salud para el Bienestar representó un desfalco presupuestario.
Antes de su creación, el Seguro Popular cubría 294 padecimientos de primer y segundo nivel de atención médica, y 66 padecimientos considerados catastróficos (llamados así por su elevado costo y el potencial que tiene para devastar las finanzas de una familia, principalmente aquellas de bajos recursos y sin seguridad social).
Para su financiamiento, desde su creación en 2004, las reglas de operación del Seguro Popular establecían que el gobierno federal se comprometía a aportar una cuota fija por cada beneficiario y además abonaba el 11% del presupuesto total a un fondo de gastos catastróficos para solventar las operaciones y tratamientos de alto costo de las personas más vulnerables.
Sin embargo, al aparecer el Insabi, las cosas se enturbiaron. No sólo se difuminó el catálogo de padecimientos a atender, sino que el presupuesto quedó sujeto a la voluntad de los legisladores. Adicionalmente, se eliminó la obligación de nutrir el fondo para gastos catastróficos y se le permitió al nuevo Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) regresar recursos a la Tesorería de la Federación.
Con estas nuevas reglas, se experimentó un desplome de las consultas médicas, al pasar de 83 millones en 2017 a 72 millones en 2018; de 66 millones en 2019 a 21 millones en 2020, y de ahí hasta los 17 millones de 2022. Esto es, la quinta parte de las consultas que se daban a finales del sexenio pasado.
Por otra parte, el gasto para atender enfermedades catastróficas colapsó en 90 %. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno fondeaba, en promedio, 10 mil millones de pesos para operaciones y tratamientos de alto costo. Esa cantidad cayó a 6 mil millones en 2019, a 5 mil millones en 2020 y hasta 2 mil 800 millones en 2021. El colmo del absurdo aconteció en 2022, cuando el gobierno sólo invirtió 51 millones de pesos en las enfermedades catastróficas de los mexicanos más pobres.
Las secuelas más despiadadas de este nuevo esquema de financiamiento es que la inversión en tratamientos de cáncer cervicouterino cayó de 100 millones de pesos anuales en el sexenio pasado a menos de 10 millones en 2021.
En materia de cáncer infantil, el gobierno de Peña Nieto destinaba en promedio 500 millones de pesos anuales, pero cayó a 15 millones en 2021.
Por insólito que parezca, pese a las manifestaciones de padres de niños con leucemia y otros padecimientos por la falta de medicamentos y tratamientos, la inversión fue de cero pesos.
“Nunca fue pensado en salvar vidas”
“El Insabi no fue una institución pensada en proveer servicios de salud. Fue creado con una sola intención: eliminar al Seguro Popular y hacerse de los recursos con el objetivo de fondear otros rubros de la 4T”, ataja Xavier Tello.
“El Insabi nunca fue pensado para salvar vidas o universalizar la salud. Nunca fue pensado para que los pacientes tuvieran atención médica. Al Insabi se le colocó una directiva con gente completamente incapaz cuya misión era apoderarse de esos recursos, quitarle el presupuesto a los estados y tener un sistema centralizado”, agrega el experto.
Entre 2000 y 2015, recuerda por su parte Octavio Gómez-Dantés, el presupuesto de la Secretaría de Salud creció cuatro veces, lo que permitió ofrecer servicios de salud a más de 55 millones de personas.
“La razón por la que fracasó el Insabi es la misma por la que han fracasado tantas iniciativas en esta administración: fue un programa que se echó a andar sin un diagnóstico sólido, es una propuesta de salud que nació sin visión, sin reglas de operación y que quedó en manos de funcionarios que no tenían la más mínima experiencia en el campo de la salud; lo único que tenían básicamente eran afinidades ideológicas con el Gobierno de la 4T”, sentencia el investigador.
Ahora que las funciones del Insabi pasarán al IMSS-Bienestar, Gómez-Dantés advierte que se cumplirá la sentencia del exsecretario de Salud, Julio Frenk, quien vaticinó que se institucionalizará un “apartheid” de salud, en el que los trabajadores asalariados recibirán una atención más o menos digna en el IMSS ordinario y los pobres tendrán un trato de segunda en el IMSS-Bienestar.
Pacientes de primera y de segunda
Para comprender la magnitud de lo que implica la segmentación del sistema de salud en México, Sergio Meneses, investigador experto en sistemas de salud, explica que es como si hubiera escuelas públicas diferentes para los niños cuyos padres tienen un trabajo asalariado o no.
“Imagínate –propone Meneses– que tuviéramos escuelas públicas exclusivas para los hijos de los militares, otras para los hijos de los marinos, para los hijos de los petroleros, para quienes sus padres tienen un trabajo asalariado en una empresa privada y para quienes sus padres tienen un trabajo en una institución pública… y otras escuelas públicas, para los que sus padres no tienen un trabajo asalariado, como los campesinos o los padres que trabajan por cuenta propia…”
Algunas de esas escuelas públicas serían más precarias y con los grupos más llenos que otras, los profesores atienden a diferentes grupos a la vez, agrega Meneses y comenta que es un “buen paralelismo de lo que estamos viendo en el ámbito de la salud”.
Sobre la propuesta de que el IMSS-Bienestar atienda a los 75 millones de mexicanos que actualmente no tienen un trabajo asalariado y, por tanto, no tienen seguridad social, Meneses comenta que le hubiera parecido “una magnífica idea que el IMSS atendiera a esa población, pero no a través de un organismo diferente, ni brindándoles servicios diferentes”.
Si el IMSS hubiera decidido asumir la atención de estos 75 millones de personas afiliándolas a sus propios servicios se estaría avanzando en eliminar la segmentación, “pero por supuesto que esto requiere una gran inversión… buscar estrategias para incrementar la infraestructura”.
“Hubiera sido el camino que yo hubiera esperado y no profundizar la propia segmentación del sistema de salud”, concluye el experto.
Muerte materna, el botón de muestra
Previo a la creación del Insabi, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal gastó, en promedio, 2 mil 517.5 millones de pesos anuales para la atención del cáncer de mama a personas sin seguridad social, a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) que formaba parte del esquema de financiamiento del Seguro Popular.
En 2019, primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y último del Seguro Popular, la inversión para dicho padecimiento fue de mil 463 millones de pesos; es decir, cayó 40 %. Entre 2020 y 2021, el desplome fue mayor, al promediar sólo 668.5 millones anuales, esto es, la cuarta parte de lo que se invertía para las personas más pobres en la administración anterior.
El resultado: la tasa de mortalidad por cáncer de mama subió a 21.3 casos por cada 100 mil mujeres en 2022, cuando en 2018 era de 19.5 y en 2013 era de 16.7.
Si bien los cambios en el estilo de vida y un aumento en la proporción de mujeres en la fuerza laboral han incrementado los factores de riesgo, es un hecho que a partir de 2018 decayó el número de mastografías realizadas en México. Según datos del Cuarto Informe de Gobierno, mientras que en 2018 se practicaban 2.4 millones de revisiones mamarias, para 2022 sólo se realizaron 493 mil, una quinta parte.
Las ventajas de no sumarse al Insabi
Otra forma de analizar los efectos adversos que tuvo la creación del Insabi es comparar la evolución de los indicadores de salud que hubo en los nueve estados (Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, y Tamaulipas —todos ellos gobernados en su momentos por partidos distintos a Morena—) que durante los primeros dos años de operación no se afiliaron al instituto, con los restantes 23 estados que sí adoptaron el abortado esquema que suplió al Seguro Popular.
De acuerdo con datos del Coneval, en 2018, en los nueve estados disidentes había 5.4 millones de personas que no tenían acceso a servicios de salud, cifra que se elevó a 9.6 millones en 2020, lo que refleja un aumento de 73 %.
El caso más severo se registró en Michoacán, entonces gobernado por el perredista Silvano Aureoles, donde el aumento fue de 88 % (de 987 mil a 1.8 millones de personas); mientras que la situación menos grave la reportó Coahuila, en manos del priista Miguel Riquelme, donde el aumento fue de 70 %, al pasar de 402 mil a 686 mil personas sin atención médica.
La situación se tornó más grave en las 23 entidades que se adhirieron al Insabi, pues ahí la falta de acceso a servicios de salud se elevó, en conjunto, 80%, al pasar de 14.3 a 25.9 millones de personas.
De hecho, hubo estados donde la cifra de habitantes sin atención médica creció más del doble. Son los casos de Zacatecas (de 188.7 mil a 387.9 mil), Tlaxcala (de 179.2 mil a 372.1 mil), Tabasco (de 299.2 mil a 652.1 mil), Chiapas (de 939.7 mil a dos millones 072 mil), San Luis Potosí (de 251.2 mil a 560 mil), Oaxaca (de 650.7 mil a un millón 538 mil) y Guerrero (de 482.7 mil a 1.2 millones de personas).
Llama la atención que las entidades más afectadas por la desprovisión de servicios de salud, a pesar de haberse suscrito al Insabi, son las más pobres del país. En conjunto, la población desamparada médicamente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca pasó de 2 millones 073 mil personas en 2018 a 4.8 millones en 2020, un incremento de 132 %, muy superior a la media nacional.
Ahora, si se compara el exceso de muertes a consecuencia de la pandemia de Covid-19 entre las entidades que no se afiliaron al Insabi, con aquellas que sí adoptaron el esquema, también se pueden percibir diferencias.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, entre 2020 y 2022 se esperaban 702 mil 307 muertes en las nueve entidades que rechazaron el Insabi, pero se observaron 881 mil 613, lo que da un total de 179 mil 305 muertes no esperadas, lo que arroja un aumento de 26 %.
El caso más grave ocurrió en Baja California Sur, en aquel entonces gobernado por el panista Carlos Mendoza Davis, donde el exceso de muertes por la emergencia sanitaria fue de 52 %, en tanto que el evento más moderado tuvo lugar en Jalisco, en manos del emecista Enrique Alfaro, donde hubo 19 % de defunciones no esperadas.
En cambio, en el bloque de entidades que sí se apegaron al Insabi, el exceso de muertes fue de 29 %, ya que se esperaban un millón 648 mil 759 muertes y en realidad ocurrieron dos millones 120 mil 056.
Los sucesos más drásticos se reportaron en Ciudad de México, gobernada por la morenista Claudia Sheinbaum, donde el exceso de defunciones fue de 49 % (se esperaban 233 mil 558 muertes y acontecieron 347 mil 334); en el estado de México, en manos del priista Alfredo del Mazo (37 %) y en Baja California, por esos años gobernado por el morenista Jaime Bonilla (31 %).
