La Portada | Gertz y la Fiscalía que no fue

“Dicen que debo tener miedo, no, ténganme miedo a mí", soltó sonriendo el fiscal Alejandro Gertz Manero. Aunque el comentario lo hizo como parte de una charla, con personas que conoce hace más de dos décadas que mencionaban lo complejo del trabajo en la Fiscalía General de la República, les sorprendió su frase y la forma de decirlo.

Pero no era la primera vez que lo ha comentado y que sonríe al hacerlo. De hecho, se lo han escuchado decir en varias ocasiones en los últimos dos meses. Esa frase la ha soltado siempre en confianza, en pequeñas reuniones entre abogados, colaboradores o incluso cónclaves políticos. Para quienes le conocen, aseguran que habla en serio.

Y es que sí, el poder lo tiene. A Gertz Manero le tocó fundar la Fiscalía más poderosa que ha existido en México y que legalmente nació en diciembre de 2018. Su poder radica en las herramientas y alcances que tiene, en los recursos humanos y materiales de los que dispone, y por su autonomía, que prácticamente lo ha excusado de rendir cuentas.

El 18 de enero de 2019 que tomó protesta como el primer fiscal general de la historia, Gertz Manero prometió recuperar la confianza ciudadana, modernizar la institución, perseguir la corrupción, atender y defender el derecho de las víctimas “en lugar de defender sólo a los grupos de interés”.

Desde el principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo apoyó y dejó libre de construir la institución desde sus cimientos. La ley Orgánica de la Fiscalía sufrió mínimos (aunque sustanciales) cambios cuando la aprobó el Congreso, lo que le permitió al fiscal reestructurar toda la FGR y elegir a todo su personal de primera línea.

Tardó cuatro meses en elaborar un diagnóstico de la institución que había encontrado, y en mayo de 2019 apareció en todos los medios. Aseguró que en la PGR había corrupción; que no cumplió con su tarea más elemental de investigar y resolver delitos, porque el 95% de los casos que indagó no tuvieron justicia; no cumplimentó más de 21 mil órdenes de aprehensión y quedaron 300 mil expedientes rezagados.

Sólo que justo tres años después, el escenario es peor. El diagnóstico y las metas planteadas por Gertz Manero están muy lejos de cumplirse, al contrario, los propios indicadores de la institución advierten más un retroceso, y en paralelo una lista de ineficiencias y omisiones que se ponen en evidencia con los casos emblemáticos.

El fiscal perdió la oportunidad de fundar la gran fiscalía que necesitaba México, porque los indicadores, sostienen los especialistas, evidencian hasta ahora su fracaso.

Tomando como base el Plan de Persecución Penal Provisional que este diario dio a conocer en exclusiva el 11 de abril de 2019, en su reportaje “Alejandro Gertz Manero: justicia en estado crítico”, documento en el que fijó su estrategia, programas y hoja de ruta para la institución que fundaría encargada de investigar y perseguir los delitos federales, se puede observar cómo ya se cumplieron varios de los plazos previstos, sin resultados.

A tres años de su gestión, fuera y dentro del gobierno federal se ha discutido la salida de Gertz Manero de la FGR. Al interior, los investigadores se quejan de falta de recursos, de apoyo institucional y de coordinación con el resto de las instituciones federales y locales; ausencia de programas de trabajo, mecanismos de seguimiento y evaluación; así como entrenamiento y actualización constante. Afuera, la falta de transparencia, el uso personal de los recursos de la dependencia y la ausencia de resultados, son los motivos, pero hasta ahora, el presidente ha dicho internamente que, si bien no está satisfecho con el trabajo del fiscal, tampoco aceptará presiones para su salida.

Punto por punto

El primer ejemplo de los incumplimientos u omisiones que se derivan de ese primer diagnóstico resulta el que a la fecha no se ha dado a conocer el Plan de Persecución Penal Institucional y la Política Criminal con el que trabaja la institución, pese a que en el documento de Gertz Manero impuso hasta enero de 2020 como fecha crítica para presentar dichas bases.

“No existe evidencia que el Plan de Persecución Penal esté siendo implementado por la FGR, toda vez que sus resoluciones muestran un comportamiento inercial al de años previos. Lo que implica que la actual Fiscalía no cuente con un plan público que defina las prioridades. Esto deja un margen de discrecionalidad a la Fiscalía y permite un uso faccioso y político de la misma”, advirtieron en febrero de este año las organizaciones México Evalúa y Fundación para la Justicia, con el respaldo de decenas de organizaciones, colectivos y activistas que conforman el Colectivo contra la Impunidemia.

En la estrategia provisional, que firmó el propio Gertz Manero, el 14 de marzo de 2019, el recién nombrado primer fiscal general acusó a sus antecesores: el exprocurador Raúl Cervantes y el sucesor de ésta en calidad de encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, de ser responsables de la actuación aislada, carente de estrategia y esquemas de investigación de la entonces PGR.

›Lo cual llevó a Gertz Manero a concluir que “la institución no está contribuyendo a garantizar el Estado democrático de derecho, ni a preservar el cumplimiento irrestricto de su mandato constitucional porque no ejecuta su misión actual de procurar justicia federal de manera eficaz y eficiente”.

Sin embargo, la falta de transparencia para aclarar cómo es que el fiscal general pretendía o pretendió revertir las malas prácticas y omisiones de quienes lo antecedieron se mantiene como una incógnita.

Aunque el mencionado Plan de Persecución Penal (PPP) se presentó en enero de 2020, tal y como el proyecto provisional lo planteaba, sólo se presentó ante el Senado, sin la consulta ni participación de la sociedad civil, en contradicción con lo estipulado en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, respecto a que “deberá garantizar la participación ciudadana”. A la fecha ese plan no se ha hecho público de manera oficial.

›“Se nos presentó un Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General de la República, me gustaría hacer un extrañamiento a la misma Cámara porque este informe, además de estar fuera de tiempo está en desacuerdo con lo que establece la ley que aquí hicimos en esta sexagésima cuarta legislatura, ya que contradice las disposiciones legales que rigen el procedimiento para su elaboración”, manifestó desde febrero de ese año, Julen Rementería del Puerto, coordinador de la banca de Acción Nacional en el Senado, quien exhortó el devolver a la FGR el plan presentado a fin de que se conformara el Consejo Ciudadano que conociera y avalara el proyecto conforme a la ley.

“¿Dónde están los ciudadanos, dónde se escuchó a los ciudadanos para que opinaran respecto a este plan (de Persecución Penal)? No hay, ni existe este consejo y era responsabilidad de este Senado hacer que ese consejo existiera”, reclamó el senador panista, respecto a la presentación de un documento que, además de generar incertidumbre jurídica en cuanto a cuál era el plan y las directrices con las que se guiaría la operación de la Fiscalía, también implicó la violación de diversas disposiciones de la Ley Orgánica.

Así lo señalaron organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Impunidad Cero, y México Unido Contra la Delincuencia, entre otras, al publicar los “27 puntos cuestionables del Plan de Persecución penal del Fiscal General Gertz Manero presentando al Senado”.

Lo cierto es que, a más de dos años de esos cuestionamientos y exigencias, y tras la aprobación en abril de 2021 de la “nueva” ley de la FGR propuesta por el fiscal Gertz Manero en aras de una “mayor autonomía”, con la cual quedó abrogada la legislación de 2018 con la creación de la Fiscalía General, tanto el plan de transición de Procuraduría a Fiscalía General de la República, como el Plan de Persecución Penal ya no resultan vigentes.

De acuerdo con los artículos 11 y 12 transitorios en la ley, aprobada hace ya un año, se establece que el Plan Estratégico de Transición, enmarcado en el Noveno transitorio de la anterior legislación “queda sin efectos”; y se indica también que el titular de la FGR contará con un plazo de un año a partir de la publicación del decreto (que fue el 20 de mayo de 2021) para emitir el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, el cual “deberá ser presentado ante el Senado en el segundo periodo ordinario de sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del presente Decreto”, indica la publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que a la fecha esto se haya cumplido.

Más a la lista de pendientes

Una de las mayores exigencias de la sociedad civil y legisladores es que sigue sin cumplirse la apertura de la institución a la participación ciudadana en diferentes tareas, que se supone serviría como un termómetro para su funcionamiento.

Aunque la ley orgánica vigente establece la integración y funcionamiento del Consejo Ciudadano facultado para “opinar, dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia que presente la persona titular de la Fiscalía General, así como los programas anuales de trabajo y su implementación”, entre otras atribuciones que incluyen el emitir recomendaciones sobre el desempeño de la Fiscalía y sus áreas, a la fecha ni siquiera se ha publicado la convocatoria para conformarlo.

Ante tal omisión, la cual ni siquiera estuvo en consideración en el contexto del plan provisional con el que el fiscal buscaba reformar de fondo la institución, la falta de integración y designación del Consejo Ciudadano ha sido una de las diversas causas que ha motivado la promoción de diversos juicios de amparo por parte de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y promotoras del movimiento por una #FiscalíaQueSirva.

Pero los amparos también se han presentado contra la FGR por la omisión para conformar una Unidad Mixta de Investigación enfocada a casos de graves violaciones contra personas migrantes; otro recurso a fin de revisar el diseño, revisión, y aprobación del Plan de Persecución Penal, hoy concebido como el Plan Estratégico de Procuración de Justicia.

Y otro bloque de demandas de amparo han sido presentadas contra de las designaciones de la Fiscal de Derechos Humanos y la Fiscal Anticorrupción, a nivel nacional, al haberse omitido el proceso señalado por la ley, y en general en contra de la Ley de la Fiscalía aprobada el año pasado, con la que se abrogó la Ley de 2018, pues a pesar de haberse llevado a cabo un proceso de Parlamento Abierto, organizaciones y colectivos de familiares de víctimas, así como legisladores de oposición advirtieron sobre el retroceso que implicaba la nueva legislación bajo el pretexto de procurar la “autonomía” de la institución.

Estas críticas obedecen a un apartado que, por su interpretación, le ha permitido al fiscal Gertz Manero no coordinarse ni colaborar con las oficinas locales, y también atraer un número reducidísimo de casos. En la ley se estableció que las facultades de la FGR se limitarían a la resolución de asuntos del fuero federal, en clara negativa a colaborar con otras autoridades en la persecución de delitos; lo mismo que la presencia y el trabajo de la FGR como parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; así como en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata únicamente como “entidad autónoma”.

Funcionarios operativos consultados por ejecentral confirmaron que tienen órdenes de no atraer los casos de delitos comunes, salvo los que sean inevitables, de allí que las delegaciones de la FGR en los estados colaboren menos con autoridades locales.

Incluso la falta de colaboración se ha mostrado en no compartir con la Guardia Nacional o Fuerzas Armadas, investigaciones o supuestos materiales de inteligencia, lo que a su vez se ha traducido en que esas instituciones tampoco les compartan información.

Esfuerzos y recortes innecesarios

Las “serias debilidades en el registro de estadísticas confiables” en la extinta PGR que criticó el fiscal general hace tres años al asumir el timón de la FGR, cuando también apuntó hacia la falta de eficacia y eficiencia en las actuaciones de la entonces PGR, y la instauración de un eje de acción basado en una política criminal y persecución penal enfocados en mejorar el plan de trabajo y garantizar el acceso a los servicios de procuración de justicia, entre otros objetivos planteados en 2019, hoy en día se han convertido en lastres y compromisos incumplidas.

“Vemos a un fiscal (general) anclado en el pasado, en vez de desarrollar las atribuciones de la Fiscalía para avanzar y enfrentar a la delincuencia organizada, espera a que le lleguen las pruebas, que no hace como tal un trabajo de investigación y que entiende su rol estrictamente como de acusador, y no como que implica también el esclarecimiento de los hechos”, subrayó Chrístel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa.

Considerando que unas de las principales directrices de la persecución penal que planteó hace un trienio Gertz Manero, consideraba la “priorización de los esfuerzos institucionales” para que los recursos y capacidades de la Fiscalía se focalizaran “en aquellos que resultan prioritarios con base en las soluciones legalmente aceptables y las necesidades nacionales”, señala el plan de persecución penal provisional.

Lo cual, a decir de la investigadora, resulta totalmente contrario debido a “la baja capacidad investigativa y de litigio” que ha mostrado la institución, incluso hasta en casos mediáticos en los que las acusaciones se caen ante la insuficiencia de pruebas y el deficiente estándar probatorio y de investigación que tienen los agentes del Ministerio Público Federal”.

Con esta baja efectividad, señaló Rosales, los indicadores muestran que no ha habido cambios en cuanto a la persecución penal de la Fiscalía, pues “los casos que logran judicializarse son muy pocos y básicamente no requieren de esfuerzos investigativos, lo que refleja que las capacidades para atender delitos complejos, —como planteaba el plan temporal de Gertz— no se han fortalecido, ni se ha desarrollado un modelo de gestión que visibilice una priorización y atención diferenciada”.

En consecuencia, los casos de alto impacto que demandan un mayor esfuerzo de investigación quedan sin resolverse, advirtió la especialista.

Son cada vez más los casos mediáticos, denunciados por las organizaciones civiles y ciudadanía como asuntos de índole personal para el Fiscal general, en los que queda de manifiesto la priorización y el nivel de investigaciones, que en general se ha disminuido en un tercio, según las cifras de la Fiscalía; mientras se agudiza la saturación de asuntos, pues los casos de criminalidad común no se están resolviendo mediante los Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos (MASCP), cuyo personal, al igual que el de otras áreas de la dependencia ha registrado recortes.

Según la última actualización pública, desde finales de 2018 y al término de 2020, el personal de la FGR se redujo en alrededor del 9%, sin que a la fecha se conozca oficialmente la causa o motivos de esa reducción, así como las áreas o departamentos más afectados.

Sin considerar que, a finales del año pasado, este semanario dio cuenta del inédito despido masivo de al menos mil personas trabajadoras en la Fiscalía General y la meta advertida extraoficialmente en reducir el 20% de las plazas, en razón de una reestructuración por el recorte en el presupuesto de la institución, el cual decayó en un 7.5% entre 2018-2020.

Gertz Manero, comenta una funcionario de primer nivel del gobierno federal, prácticamente no asiste a su oficina en la Fiscalía, despacha desde sus múltiples domicilios, porque por seguridad —asegura— no debe mantenerse en un solo inmueble.

Ordena desde el teléfono a su grupo cerrado de colaboradores de confianza, que no superan los 10, relata, y nunca ha visitado las delegaciones de la fiscalía, ni siquiera las oficina de los agentes de investigación ni de inteligencia, porque cada titular de área, les ha dicho insistentemente, será el responsable de lo que se haga o deje de hacer.

No hay evaluaciones de personal ni de metas de trabajo; de los secuestros o rescates de su personal en misiones de investigación, son temas de los que se entera después, y son muy pocas las veces que ha enviado condolencias a las familias de quienes han perdido la vida en cumplimiento de su deber por la institución.

Un grupo de agentes, con varios años de trayectoria y reconocidos por varios casos sensibles, coinciden: “dentro no se le respeta por su trabajo, no ha construido una institución, la ha abandonado”.

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